viernes, 5 de mayo de 2017

Exfuncionarios de Corpourabá aceptaron cargos

Por los mismos hechos tiene orden de captura la extesorera de Corpourabá, Aracelly Alzate Aristizábal. Entre el 2010 y el 2016 se habrían apropiado de más de 2.600 millones de pesos de la Corporación.


El Tiempo- redacción-medellín
Luego de dos días de audiencia, tres exempleados del área financiera de la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible de Urabá (Corpourabá) aceptaron esta tarde los cargos que les imputó la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación en provecho propio y falsedad ideológica en documento público. 

Los investigados se habrían apropiado indebidamente de dineros públicos por un valor de 2.648 millones de pesos.

Esta investigación la realizó en ente acusador luego de la denuncia, en mayo del 2016, de Corpourabá por malos manejos dentro de la institución dentro de un proceso de control interno.

Se trata de Amed Ríos Linares, excontador, Diana Cristina Pineda Valderrama, exjefe de presupuestos y Faris del Carmen Vergara Martínez, exsecretaria del área financiera, quienes entre el 2010 y el 2016 se habrían apropiado de estos dineros paulatinamente, según la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia.

Los investigadores de la Fiscalía establecieron que los servidores públicos utilizaban documentos de contratos legales destinados al suministro o a la prestación de servicios para reelaborar contrataciones ficticias y de esta manera defraudar el patrimonio público de la entidad. 

"Los pagos se hacían por transferencias bancarias a las cuentas de los procesado o a un grupo de particulares que después les devolvían el dinero y se quedaban con una parte", informó la Fiscalía.

Las irregularidades se dieron a conocer por medio de un correo anónimo que recibió Corpourabá el 2 de marzo de 2016. Los investigados salieron de sus cargos entre noviembre y diciembre del mismo año.

Los tres fueron cobijados con medida de aseguramiento en su lugar de domicilio por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías.

La investigación será remitida a los Jueces Penales de Circuito de Apartadó (Antioquia) para avalar el allanamiento y emitir la respectiva sentencia condenatoria.