jueves, 19 de noviembre de 2026

El Rincón de Miguel Ángel

¡Pero hay lamparitas que pueden durar 100 mil horas encendidas! Pero esas no se pueden hacer porque el problema es el mercado.


Miguel Ángel Echeverri/Cultura/El Pregonero del Darién

 Apartes del discurso del expresidente uruguayo José Mujica en la Conferencia Río+20.

"El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política.

El hombre no gobierna hoy a las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado gobiernan al hombre. Y a la vida. Porque no venimos al planeta para desarrollarnos solamente, así, en general.

Venimos al planeta para ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida y esto es lo elemental. Pero si la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un “plus” y la sociedad de consumo es el motor, -porque, en definitiva, si se paraliza el consumo, se detiene la economía, y si se detiene la economía, aparece el fantasma del estancamiento para cada uno de nosotros- pero ese hiper consumo es el que está agrediendo al planeta. Y tienen que generar ese hiper consumo, cosa de que las cosas duren poco, porque hay que vender mucho. Y una lamparita eléctrica, entonces, no puede durar más de 1000 horas encendida. ¡Pero hay lamparitas que pueden durar 100 mil horas encendidas! Pero esas no se pueden hacer porque el problema es el mercado, porque tenemos que trabajar y tenemos que sostener una civilización del “úselo y tírelo”, y así estamos en un círculo vicioso.

Estos son problemas de carácter político que nos están indicando que es hora de empezar a luchar por otra cultura.

No se trata de plantearnos el volver a la época del hombre de las cavernas, ni de tener un “monumento al atraso”. Pero no podemos seguir, indefinidamente, gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar al mercado.

Por ello digo, en mi humilde manera de pensar, que el problema que tenemos es de carácter político. Los viejos pensadores –Epicúreo, Séneca o incluso los Aymaras- definían: “pobre no es el que tiene poco sino el que necesita infinitamente mucho, y desea más y más”. Esta es una clave de carácter cultural."



La injerencia política en la era de la desinformación

La indignación resulta insuficiente. Se necesitan medidas concretas para proteger la transparencia y la autonomía de las instituciones democráticas.


Heberto Tapias García*/Opinión/El Pregonero del Darién

 Durante buena parte del siglo XX, tomar el poder en América Latina exigía cuarteles, tanques y comunicados transmitidos en cadena nacional. Hoy, esa escena parece casi anacrónica. Ya no es indispensable tomarse un palacio de gobierno cuando es posible intervenir en la conversación pública que determina quién llega a él.

Las élites que antes recurrían a la fuerza militar para imponer sus intereses no han abandonado su vocación de dominio y control del poder; han cambiado sus instrumentos de intervención. Los actuales son menos estruendosos y mucho más difíciles de identificar y denunciar.

Una de las expresiones más visibles de esta transformación es la conversión de la manipulación política en un negocio. En distintos países de la región opera un mercado de consultores que ofrece a candidatos y gobiernos, particularmente de derecha, servicios especializados en análisis de tendencias, diseño de mensajes, manejo de redes de cuentas automatizadas y estrategias de polarización. Se trata de una actividad cada vez más organizada, que aprovecha las posibilidades de las plataformas digitales para incidir en la opinión pública y favorecer determinados proyectos políticos.

Las investigaciones periodísticas y académicas sobre granjas de bots, campañas de desinformación y financiación opaca de publicidad digital han documentado prácticas de esta naturaleza en Brasil, Argentina, México, Perú y varios países centroamericanos. La propaganda política tiene una larga historia; lo novedoso es su creciente profesionalización, su alcance transnacional y la capacidad de unos mismos operadores para intervenir simultáneamente en escenarios políticos de diferentes países.

Esta transformación se manifiesta, además, en la creciente confusión entre la asesoría política y el ejercicio efectivo del poder. Cuando un consultor deja de limitarse al diseño de estrategias electorales y comienza a intervenir en las decisiones de un gobierno, surgen interrogantes sobre la autonomía de sus instituciones y la propia soberanía nacional.

Los casos del argentino Fernando Cerimedo, en Bolivia, y de Carlos Suárez, en Colombia, ilustran la importancia de examinar el papel que pueden llegar a desempeñar estos operadores en los asuntos internos de un país. Las controversias y los señalamientos que rodean a ambas figuras plantean una pregunta de fondo: ¿quién ejerce realmente el poder cuando consultores, intereses privados y redes de influencia adquieren capacidad de incidir en las decisiones públicas sin estar sometidos a los controles institucionales?

A estas formas de intervención se suma la utilización de los mecanismos judiciales como instrumentos de confrontación política. En las dictaduras, la eliminación física y el encarcelamiento directo fueron procedimientos habituales para neutralizar a los adversarios. En democracias debilitadas, propósitos similares pueden perseguirse mediante procesos judiciales, inhabilitaciones y restricciones a la libertad de movimiento.

El término lawfare se ha incorporado al debate latinoamericano para describir el uso instrumental de la justicia con fines políticos. Las denuncias sobre estas prácticas provienen de sectores ideológicos diversos y obligan a examinar cada caso con independencia de quién resulte favorecido o perjudicado. En Bolivia han surgido señalamientos sobre el eventual uso de mecanismos de cooperación internacional y de acusaciones relacionadas con el narcotráfico y el terrorismo para promover investigaciones contra opositores. De comprobarse, estaríamos ante una grave desviación de instrumentos concebidos para combatir el crimen organizado y proteger la seguridad, utilizados con propósitos de persecución política.

El deterioro de la confianza ciudadana constituye un terreno propicio para la expansión de estas prácticas. Una sociedad que desconfía de los resultados electorales, de los jueces, de los medios de comunicación y de sus propias instituciones queda expuesta a quienes saben instrumentalizar esa desconfianza. Los candidatos cuyas propuestas o posiciones resultan contrarias a determinados intereses de la derecha pueden convertirse en blancos recurrentes de campañas de desprestigio. Para debilitar su imagen y restarles credibilidad, a veces basta con sembrar sospechas y mantenerlas en circulación. Cuando estas se generalizan, el daño puede estar hecho, incluso sin que las acusaciones lleguen a demostrarse.

Frente a este panorama, la indignación resulta insuficiente. Se necesitan medidas concretas para proteger la transparencia y la autonomía de las instituciones democráticas. Es necesario regular la publicidad política en las plataformas digitales, identificar a quienes financian las campañas y hacer públicos los recursos destinados a ellas. También se requieren controles sobre la contratación y actuación de asesores extranjeros que intervienen en los gobiernos. A estas medidas deben sumarse mecanismos de cooperación internacional que permitan rastrear los recursos financieros de las redes de manipulación que operan más allá de las fronteras nacionales. Ninguna autoridad judicial puede enfrentar eficazmente estructuras cuyos operadores, financiadores y beneficiarios se encuentran en jurisdicciones diferentes.

La formación ciudadana debe ocupar igualmente un lugar central. Es indispensable desarrollar capacidades para reconocer la desinformación, verificar contenidos y asumir una actitud crítica frente a la circulación masiva de mensajes, incluidos aquellos generados mediante inteligencia artificial. No basta con disponer de herramientas tecnológicas para identificar contenidos falsos; se necesita una ciudadanía capaz de cuestionar las fuentes, contrastar las informaciones y distinguir entre hechos, interpretaciones e intereses.

Las denuncias y los señalamientos que surgen en medio de controversias judiciales y políticas deben esclarecerse en los tribunales, con plenas garantías procesales y respeto por la presunción de inocencia. Corresponde a la justicia establecer las responsabilidades individuales, sin que las acusaciones de una parte se conviertan en juicios anticipados sobre la otra.

De igual manera, todavía no existe un consenso definitivo sobre la magnitud de la influencia de los bots y las campañas de desinformación en las decisiones electorales. Quienes cuestionan las denuncias sobre operaciones transnacionales advierten que estas pueden utilizarse para desacreditar resultados legítimos o poner en duda la voluntad ciudadana. Tales objeciones merecen consideración y refuerzan la necesidad de investigaciones independientes, transparencia y aplicación de las mismas reglas para todos.

Sin embargo, el problema trasciende las controversias judiciales y las disputas políticas de un gobierno. Lo que está en juego es la capacidad de las democracias latinoamericanas para preservar su autonomía frente a intereses económicos, operadores privados y redes de influencia que actúan al margen de controles democráticos efectivos. Se trata, en últimas, de proteger las instituciones, la voluntad ciudadana y la independencia de las decisiones políticas frente a poderes que pretenden incidir en la vida pública sin someterse a los mecanismos de representación, vigilancia y control propios de una democracia.

Los golpes de Estado tradicionales pretendían sustituir por la fuerza a un gobierno. Las nuevas formas de intervención persiguen objetivos más silenciosos y emplean mecanismos menos visibles. Pueden condicionar la llegada de determinados sectores al poder, incidir en las decisiones gubernamentales y debilitar a quienes ejercen la oposición. Su eficacia depende, en buena medida, de que sus mecanismos permanezcan ocultos y sus verdaderos responsables pasen inadvertidos.

Por eso, más allá de las preferencias políticas y de los resultados electorales, las sociedades deberían poder responder tres preguntas fundamentales: ¿Quién financia, quién decide y quién ejecuta? La transparencia sobre estos tres aspectos es indispensable para que la ciudadanía pueda reconocer los intereses que intervienen en la vida pública y exigir responsabilidades. Porque la democracia no se debilita únicamente cuando alguien pretende tomar el poder por la fuerza; también puede perder autonomía cuando otros consiguen ejercerlo sin haber recibido el mandato ciudadano y sin responder ante las instituciones.

*Analista y Profesor de la Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia.

 

miércoles, 18 de noviembre de 2026

19 de noviembre: Día de la Mujer Emprendedora

En el acceso a productos de ahorro e inversión, las mujeres tienen unaparticipación destacada: son titulares del 56% de las cuentas de ahorro.

Mujeres caficultoras, emprendedoras

En Colombia, miles de mujeres encuentran en pequeños negocios una oportunidad para generar ingresos, fortalecer la economía de sus hogares y construir mayor autonomía. En el marco del Día Internacional de la Mujer Emprendedora,

que se conmemora mañana 19 de noviembre, Bancamía, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, presenta un panorama sobre cómo están accediendo las microempresarias al financiamiento, el ahorro y la inversión, a partir de las cifras de los emprendedores que atiende en todo el país.

Actualmente, las mujeres representan el 56% del total de microempresarios atendidos por la entidad. De este grupo, el 32% vive en zonas rurales y el 18% se encuentra en

situación de pobreza. Sus actividades productivas se concentran principalmente en el

comercio al por menor, el comercio al por mayor y la agricultura. Además, tienen una

participación superior al 50% en la cartera de microcréditos productivos del banco, cuyo monto total ya supera los $2,4 billones.

El comportamiento de pago de las emprendedoras que atiende Bancamía registra un

Índice de Cartera Vencida (ICV) total de 4,8%, cifra inferior al indicador general del banco (5,2%) y al registrado por los hombres (5,5%).

Es el caso de Sandra Cuchimba, caficultora de 37 años, residente en el corregimiento de Belén, municipio de La Plata (Huila), donde trabaja desde hace 20 años en una finca de hectárea y media dedicada al cultivo y comercialización de café en grano.

“Yo nací acá en La Plata, y este oficio lo heredé de mi papá. Mi producto lo vendo al granel en el pueblo”, relata Sandra. Tras años de trabajar como recolectora de café asalariada, dio el salto para consolidar su propia unidad productiva de café.

 

El nuevo rumbo amenaza un patrimonio científico y cultural

Es aberrante el vapuleo a una institución cuya genealogía se remonta a 1941, con la fundación del Instituto Etnológico Nacional por Paul Rivet.

Reconocer y garantizar los derechos
 colectivos de los pueblos étnicos.

Análisis de la Noticia/Jaime Arocha*/RazonPublica/El Pregonero del Darién

Que la contrarrevolución cultural de El Tigre bien pueda incluir el cierre de los centros regionales del Caribe, del Pacífico y de La Amazonia/Orinoquia implicaría una pérdida muy severa, si se considera la urgencia de salvaguardar las entidades territoriales indígenas, los territorios ancestrales de los consejos comunitarios afro y las zonas de reserva campesina.

Pasamos de hacer de la dignidad una costumbre a hacer de la crueldad una costumbre. Como parte de esa batalla cultural, se modificó de forma exprés el manual del Instituto Colombiano de Antropología (ICANH) para justificar el nombramiento de abogados, economistas y administradores de empresas, dos semanas antes de que la reglamentación final se socializara con el sindicato. Para corregir la chambonada, el 10 de noviembre el presidente De la Espriella “desnombró” a Camilo Noguera  como director, con la justificación  de que ¡en el gobierno del tigre no se cambian los manuales de funciones para acomodar nombramientos!

Aun con la corrección, es probable que persista la trivialización de las investigaciones antropológicas, etnohistóricas y arqueológicas del ICANH, nombre actual de la institución que, en 1999, se fusionó con el Instituto de Cultura Hispánica y añadió la H de historia a su antigua denominación, ICAN.

Por qué importan la antropología, la etnohistoria y la arqueología

Las ciencias que menciono han privilegiado el estudio de aquellas sociedades que aún conservan teologías y liturgias que las hermanan con otros seres sintientes, como los árboles y las plantas. De ahí la relevancia que, en las mitologías indígenas, tienen la Anaconda-Vía Láctea y el Jaguar-Trueno, así como la Ananse-Araña y los antepasados que la gente de ascendencia africana deifica. 

A partir de esos sistemas filosóficos y concepciones del mundo, unos y otros pueblos han liderado la preservación de nuestros bosques altoandinos, de las selvas tropicales húmedas de la Amazonia y del Pacífico, así como de las llanuras de la Orinoquia, entre otros espacios naturales de importancia estratégica para el país y para enfrentar la actual policrisis climática¹. 

Quienes trabajan con esos pueblos y sobre ellos deben ser competentes en el trabajo de campo etnográfico, incluida la inmersión prolongada en el territorio ancestral de la respectiva comunidad. 

Frente a asuntos del pasado, por una parte, se exige la competencia etnohistoriográfica, para la cual ese sumergimiento se realiza en documentos de archivo, y, por el otro lado, destrezas arqueológicas de compenetración con los restos de piedra, cerámica o metal abandonados por las gentes e incorporados a las capas de tierra y roca que el pasado acumula sobre los suelos. 

Esos expertos tienden a identificarse con la noción de cultura que en 1871 formuló Edward Tylor, uno de los fundadores de ese ejercicio profesional que involucra a las disciplinas mencionadas: “… todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el ser humano como miembro de la sociedad”. 

Estos expertos divulgan sus hallazgos e innovaciones en la Revista Colombiana de Antropología, que data de 1953 y reúne a profesionales altamente acreditados del país y del extranjero. Sus artículos pasan, antes de publicarse, por el escrutinio de un comité de alto nivel, del cual ha dependido la indexación que la revista atesora desde hace varios años. De ese equipo cualificado dependen los parques arqueológicos de San Agustín, Alto de los Ídolos y Alto de Piedras (departamento del Huila), Teyuna (Ciudad Perdida, Sierra Nevada de Santa Marta), Tierradentro (Cauca) y Santa María la Antigua del Darién.

Los orígenes: Paul Rivet, el Instituto Etnológico Nacional y la Sociedad Antropológica de Colombia.

Es aberrante el vapuleo a una institución cuya genealogía se remonta a 1941, con la fundación del Instituto Etnológico Nacional por Paul Rivet, médico francés que dirigía el Museo del Hombre en París cuando la Gestapo lo amenazó por su activismo en la resistencia. El presidente Eduardo Santos lo asiló en Colombia para que contribuyera a explorar una identidad nacional surgida de la reivindicación del aporte indígena, tarea que compartió con otros exiliados y con colegas de la Escuela Normal Superior, desde una neutralidad valorativa que contrastaba con la perspectiva crítica que esos mismos intelectuales asumían en el Instituto Colombiano Indigenista; ese conflicto entre paradigmas se repetiría con consecuencias disociativas. 

En 1945, el Instituto se fusionó con el Servicio Arqueológico Nacional y, en 1952, se convirtió en el Instituto Colombiano de Antropología (ICAN), con funciones de docencia que mantuvo hasta que, entre 1963 y 1966, las universidades de los Andes y Nacional abrieron sus programas de antropología. 

Esos años no fueron fáciles por la falta de autonomía frente al Gobierno, y fue paradójico que la ampliación de funciones coincidiera con el unanimismo laureanista que expulsó a Milcíades Chaves y Juan Friede, figuras fundacionales de nuestro ejercicio profesional. Sin ser conservadores, habían recogido en los años 1940 el legado de los movimientos Bachué y Los Nuevos, para los cuales la identidad nacional ostentaba una sólida indianidad y no dependía únicamente de la supuesta superioridad de la raza blanca y de la tradición hispano-cristiana². El ICAN continuó con investigaciones antropológicas y arqueológicas acríticas, centradas sobre todo en los indígenas, hasta que entró en crisis el 26 de diciembre de 1967, cuando colonos llaneros masacraron a varias familias indígenas guahibo en la hacienda La Rubiera, en Arauca.

Hay un patrimonio cultural en riesgo

Un grupo de antropólogos colombianos y extranjeros objetó esa neutralidad y fundó la Sociedad Antropológica de Colombia. Denunciaron el genocidio de los pueblos indígenas y exigieron su erradicación. Desde su órgano, Micronoticias Antropológicas, criticaron la pasividad del Gobierno ante el Instituto Lingüístico de Verano, cuya evangelización mediante biblias traducidas a lenguas indígenas podía derivar en etnocidio, y ofrecieron a los pueblos negros un canal para protestar contra la negativa del Estado y la academia a reconocer su diversidad étnica e incluirla en los programas de investigación del Instituto.

Las estaciones de investigación y el desvío hacia Ciudad Perdida

De este choque dependió que, en 1975, el ICAN abriera lo que llamó estaciones de investigación en la Chorrera, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Orinoquia y el Caribe (en San Basilio de Palenque). Duraron poco porque la dirección del instituto quedó obnubilada por el hallazgo del sitio arqueológico conocido como Buriticá 200, al que llamó Ciudad Perdida para equipararlo a Machu Picchu e imaginar una industria turística a su alrededor, y desvió la financiación de las estaciones hacia este nuevo proyecto.  

El cierre de la estación del Caribe dejaba a los pueblos de ascendencia africana en la orfandad. De ahí los esfuerzos de las organizaciones de la base social afrocolombiana para que la reforma constitucional no solo hiciera visibles a sus pueblos y sus derechos, sino que también diera origen a una institución especializada en su investigación. 

De ese proceso resultó el artículo 55 transitorio de la Constitución de 1991, que reconocía las especificidades histórico-culturales y los derechos territoriales, culturales y políticos de las comunidades negras, y establecía la creación de una Comisión Especial de Comunidades Negras para dar permanencia a la norma. Al ICAN le encomendó la secretaría técnica de esa comisión, encargada de documentar la etnicidad negra. En agosto de 1993, el presidente César Gaviria firmó la Ley de Negritudes, 70 de 1993, que establecía que el ICAN creara una entidad especializada para investigar a estas comunidades³. Tras treinta años de reclamos y manifestaciones, esa formalización solo se concretó como política de Estado en 2024, con la creación de los centros regionales del Caribe, del Pacífico, de la Amazonia y la Orinoquía .

Localizado en Santa Marta , el primero de esos centros regionales abre la opción de revivir los aportes que en el decenio de 1970 realizó la Estación de Investigaciones del Caribe, cuyas investigaciones etnográficas y lingüísticas fueron fundamentales para que la comunidad de San Basilio de Palenque definiera la singularidad de un espacio cultural que incluía una lengua criolla de base gramatical ki-kongo, lexificada en español y portugués; un sistema social organizado alrededor de grupos de edad, conocidos como Kuagros, y una liturgia fúnebre cuyos cantos sagrados hablan del retorno del alma a la Angola ancestral, entre otros rasgos nacidos de la lucha cimarrona en pro de la libertad. La definición de tal espacio fue tan contundente que, en 2005, la Unesco lo incorporó a la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad. 

Como en los últimos años la investigación etnohistórica ha revelado la existencia de otras sociedades cimarronas en las cuencas del Cauca y del Magdalena, así como en La Guajira, es muy probable que este nuevo centro de investigación permita profundizar el conocimiento sobre esos antiguos rebeldes, en asociación con las Universidades del Magdalena, La Guajira, Cesar, Cartagena y Córdoba. De relevancia contemporánea es la investigación titulada Geografías y memorias políticas de vidas negras en la Zona Bananera, que ese centro realiza en colaboración con la Universidad del Magdalena.

En cuanto al Pacífico, en 2025, el ICANH inauguró su Centro Regional en Tumaco, con el propósito de liderar, en primer lugar, procesos de reparación histórica por la esclavización que involucren a Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño; y, en segundo lugar, investigaciones locales y comunitarias que respondan  a la pregunta “¿De qué vive la gente en el Pacífico colombiano?”; en tercer lugar, la Custodia técnica de la Reserva Arqueológica Tumaco-La Tolita; en cuarto lugar, la exhibición “Historias y memorias del litoral Pacífico Sur”, cuyo guion museográfico “fue cocreado durante dos años con las comunidades”; y, en quinto lugar, la Cátedra de Estudios del Pacífico. 

Impresiona el conjunto de socios que ha convocado: las Universidades de Nariño, Nacional (sede Tumaco), Claretiana y del Cauca, el Instituto Colombo Alemán (CAPAZ), el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) (Ecuador) y la Justus-Liebig-Universität Giessen (Alemania). Entre los temas tratados y por tratar están los márgenes y las fronteras; la genealogía del Pacífico colombiano como región; el poblamiento y el extractivismo; las historias y experiencias transfronterizas del Pacífico sur colombiano y el norte ecuatoriano; el Tapón del Darién como frontera; y los desplazamientos, emplazamientos y colonizaciones armadas en ámbitos rurales.

En 2025, el ICANH abrió su Centro Regional Amazonia/Orinoquia en San José del Guaviare, el cual incluye el proyecto del Centro Comunitario de Investigación de la Lindosa, de enorme relevancia para la salvaguarda de las pinturas rupestres que albergan tanto esa serranía como los abrigos rocosos de Chiribiquete.

Lo que está en juego con el posible cierre de los centros regionales

Que la contrarrevolución cultural de El Tigre bien pueda incluir el cierre de estos tres centros implicaría una pérdida muy severa, si se considera la urgencia de salvaguardar las entidades territoriales indígenas, los territorios ancestrales de los consejos comunitarios afro y las zonas de reserva campesina. Esos pueblos étnicos enfrentan la revocatoria , en primer lugar, de la Resolución 0961 de 2026, “…por medio de la cual, se garantizaba la protección efectiva de más de 48 millones de hectáreas del Bioma Amazónico Colombiano frente a la entrada de nuevas actividades de minería a gran escala y de explotación de hidrocarburos”, y en segundo lugar de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) sobre las cuales ya había ocho solicitudes para extraer oro a las 24 horas de que se emitiera la respectiva resolución.

Además de la inmediata, el ICANH tiene una genealogía que se remonta a la Comisión Corográfica, primera iniciativa estatal para desentrañar las diversidades biológicas y culturales de las cuales somos parte privilegiada. Son casi 200 años de inmersión en universos complejos y ricos que aún están por aprehenderse. Si la batalla cultural avanza con la celeridad de estos tres meses, es posible que al final de su gobierno El Tigre haya aniquilado un patrimonio tan único. El golpe para para nuestra identidad como nación sería inconmensurable. Para los pueblos étnicos, una metamorfosis tan brutal tiene el nombre de daño cultural. Es objeto de juzgamiento por cortes internacionales. ¿Cómo será la condena cuando la víctima sea toda una nación? Oponerse al desguace del ICANH es oponerse al daño cultural.

Harari, Nuval Noah. 2016. Homo Deus: breve historia del mañana. Debate
²Friedemann, Nina S. de. 1984. Ética y política del antropólogo: compromiso profesional. En, Friedemann, Nina S. de y Arocha Rodríguez, Jaime. 1984. Un siglo de investigación social: antropología en Colombia. Bogotá, Etno, pags.:393-403
³Castro Hinestrosa, Rudecindo y Meza Ramírez, Carlos Andrés. 2017. Calle caliente: memorias de un cimarrón contemporáneo. Bogotá: ICANH. Ver capítulo 3 y Anexo 1.

Nueva audiencia por masacres en Apartadó

Los encuentros con la justicia están previstos entre el 23 y el 26 de noviembre en el Parque de Los Encuentros de este municipio.

Foto/Razón Pública

32 comparecientes y dos más en calidad de testigos se harán presentes en esta audiencia en la que las víctimas ocuparán sitial especial. Se trata de  una audiencia de seguimiento al Régimen de condicionalidad, verdad y reconocimiento en el territorio de Urabá en cumplimiento de obligaciones del Estado Colombiano derivadas de la solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Este proceso se vincula con los macrocasos conjuntos 03 y 04, y tiene programada la realización de la audiencia para los días 23 al 26 de noviembre de 2026, en la que se abordarán siete (7) hechos de masacres ocurridas en la región del Urabá antioqueño, los cuales se suman a la audiencia previa realizada por el hecho de "La Resbalosa".

La audiencia se llevará a cabo de manera presencial en el Parque de los Encuentros de Comfenalco,  en Apartadó – Antioquia, la cual convoca a 31 comparecientes y a 2 comparecientes en calidad de testigos.

Allí se ventilarán casos como la masacre conocida como de “Jueves Santo”, ocurrida el 27 de marzo de 1997, la masacre de La Cristalina registrada el 26 de diciembre de 2005, la masacre del Guineo Bajo ocurrida el 12 de enero 2006, la masacre de Los Mandarinos del 7 de junio de 1997 y el caso de Arenas Bajas, protagonizada el 23 de diciembre de 2007.

Los comparecientes tienen claro que de no aceptar los cargos, se verían enfrentados a penas de hasta veinte años.

Foto/Canal 7

martes, 17 de noviembre de 2026

EPM en Urabá recibe Sello Verde

Ha promovido alianzas para la protección del agua, los ecosistemas y la biodiversidad, así como espacios de articulación para avanzar hacia un Urabá más sostenible.

La Sede de EPM en Apartadó, es amigable
 con el medio ambiente

EPM recibió de Corpourabá el reconocimiento Sello Verde por su aporte a la sostenibilidad de Urabá, en especial por la implementación del Modelo de Integración Territorial (MIT) Urabá.

La protección de cuencas y bosques, el cuidado de la biodiversidad, la movilidad sostenible, la construcción responsable y el trabajo conjunto con las comunidades hacen parte de las acciones por las que Corpourabá reconoció a EPM con el Sello Verde. El Sello Verde destaca la contribución de EPM al desarrollo sostenible del territorio, la conservación de su riqueza natural y el bienestar de sus habitantes.

Este reconocimiento pone en valor una visión en la que el desarrollo de infraestructura y la prestación de servicios públicos avanzan de la mano de la protección de la biodiversidad, el cuidado del agua, la acción climática y la generación de valor para las comunidades.

Entre las iniciativas destacadas se encuentra el proyecto Conexión Urabá – Nueva Colonia – Apartadó a 110 kV, que incorporó la instalación de desviadores de vuelo para reducir riesgos para las aves en un territorio por el que transitan cerca de 650 especies. A esta gestión se suma el trabajo realizado con la Universidad de Antioquia para la restauración de un área del bosque Tulenapa, en Carepa.

Una amplia actividad ambiental

También se destaca la gestión ambiental de la Nueva Sede Urabá de EPM, concebida como una construcción sostenible y amigable con el entorno. Además de generar espacio público para el encuentro ciudadano, su desarrollo priorizó la conservación y protección del guadual existente.

El trabajo reconocido por Corpourabá comprende además la apuesta de EPM por la movilidad sostenible de Urabá, mediante la estación de Gas Natural Vehicular (GNV) y la Estación de Carga Vehicular ubicadas en Apartadó. Otro de los frentes destacados es el programa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA). A través de diferentes convenios desarrollados durante 10 años entre EPM, Aguas Regionales EPM y Corpourabá, se han adelantado acciones orientadas a proteger cuencas hídricas y promover la reforestación en los municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo.

Esta iniciativa ha incorporado componentes de innovación social, como el convenio suscrito con la comunidad indígena Ibudó Las Playas para contribuir a la protección ambiental de su territorio colectivo.

El reconocimiento también contempla los aportes del programa Aldeas, mediante el cual se ha dado una nueva vida a la madera madura proveniente de los embalses de EPM. En Urabá, esta iniciativa ha permitido entregar 227 viviendas, 13 escuelas y dos espacios de encuentro comunitario, vinculando sostenibilidad ambiental con mejores condiciones y oportunidades para las comunidades.

La actividad de EPM es muy diversa

 

LA ALOCUCIÓN ABELARDIANAL

La Constitución de 1991 diseñó un sistema de frenos y contrapesos, precisamente para evitar que la soberbia de un solo hombre se convirtiera en ley.

 

Teresa Consuelo Cardona/Opinión/El Pregonero del Darién


La alocución presidencial de los 100 días debió ser un acto de rendición de cuentas y un ejercicio de transparencia, pero fue un guión de autoelogio interpretado por un héroe de pacotilla, un monólogo histriónico diseñado para las cámaras donde el mandatario, más ocupado en el aplauso fácil y en el efecto dramático que en la gerencia del Estado, decidió pisotear los límites del poder que juró defender y triturar lo que alcanzó del Estado Social de Derecho.

Toda la alocución giró en torno al ego del personaje principal. En lugar de ofrecer respuestas técnicas y humanas a las comunidades que aún esperan la llegada de los recursos del Fondo Milagro, el libreto que le escribieron se enfocó en la frase armada para redes y el tono de arenga guerrerista.

El show mediático es un mecanismo deliberado para sustituir las funciones constitucionales.

La Constitución de 1991 diseñó un sistema de frenos y contrapesos, precisamente para evitar que la soberbia de un solo hombre se convirtiera en ley. Pero el discurso presidencial volvió a evidenciar una peligrosa alergia al principio de separación de poderes.

Desde la presidencia se emiten juicios sumarios, se rotula de criminales a opositores y se dictan sentencias morales o amenazas de fuerza sin el debido proceso, para instalar una lógica de peligro mortal sobre cualquier ciudadano. Hoy el blanco es el adversario político o el periodista alternativo. Mañana, cualquier ciudadano del común que cometa el "error" de disentir, de protestar o de exigir cuentas con datos en la mano. Adela gobierna desde el patíbulo discursivo, amenazando con "dar de baja" o linchar mediáticamente a quien lo cuestione, y con ello, destruye las garantías judiciales. Si la ley se subordina al capricho del héroe de caricatura, la vida y la honra de todos quedan a merced del azar de su puntería.

En la narrativa del héroe de pacotilla siempre hay villanos a los que culpar por su propia incompetencia. Por eso, el blanco de los ataques fueron también los medios alternativos, los veedores ciudadanos y las voces que denuncian la lentitud en la atención a los damnificados. En cambio sobre la Fundación que recaudó con su visto bueno, cayeron la sombras.

Descalificar el periodismo independiente como "odiador" o "cómplice" busca intimidar a quienes ejercen la labor constitucional de fiscalización. Es un intento por asfixiar la libertad de expresión y acostumbrar a la opinión pública a que la verdad presidencial es la única permitida.

Frente a este desborde autoritario, frente a la ineficacia institucional disfrazada de épica barata y frente al peligro latente de que la arbitrariedad presidencial toque la puerta de cualquier hogar por el simple hecho de pensar distinto, la ciudadanía no puede guardar silencio.
La defensa de la Constitución, de la separación de poderes y de los derechos fundamentales se juega en la calle, con la dignidad y la movilización pacífica. Este 19 de noviembre, todas las voces libres, el periodismo alternativo, los sectores sociales y la ciudadanía indignada nos manifestaremos. ¡A las calles a demostrar que Colombia no es el feudo de ningún caudillo de pacotilla y que la Constitución se respeta!