Es aberrante el vapuleo a una institución cuya genealogía se remonta a 1941, con la fundación del Instituto Etnológico Nacional por Paul Rivet.
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Reconocer y garantizar los derechos colectivos de los pueblos étnicos. |
Análisis de la Noticia/Jaime Arocha*/RazonPublica/El Pregonero del Darién
Que la contrarrevolución cultural de El Tigre bien pueda incluir el cierre de los centros regionales del Caribe, del Pacífico y de La Amazonia/Orinoquia implicaría una pérdida muy severa, si se considera la urgencia de salvaguardar las entidades territoriales indígenas, los territorios ancestrales de los consejos comunitarios afro y las zonas de reserva campesina.
Pasamos de hacer de la dignidad una costumbre a hacer de la crueldad una costumbre. Como parte de esa batalla cultural, se modificó de forma exprés el manual del Instituto Colombiano de Antropología (ICANH) para justificar el nombramiento de abogados, economistas y administradores de empresas, dos semanas antes de que la reglamentación final se socializara con el sindicato. Para corregir la chambonada, el 10 de noviembre el presidente De la Espriella “desnombró” a Camilo Noguera como director, con la justificación de que ¡en el gobierno del tigre no se cambian los manuales de funciones para acomodar nombramientos!
Aun con la corrección, es probable que persista la trivialización de las investigaciones antropológicas, etnohistóricas y arqueológicas del ICANH, nombre actual de la institución que, en 1999, se fusionó con el Instituto de Cultura Hispánica y añadió la H de historia a su antigua denominación, ICAN.
Por qué importan la antropología, la etnohistoria y la arqueología
Las ciencias que menciono han privilegiado el estudio de aquellas sociedades que aún conservan teologías y liturgias que las hermanan con otros seres sintientes, como los árboles y las plantas. De ahí la relevancia que, en las mitologías indígenas, tienen la Anaconda-Vía Láctea y el Jaguar-Trueno, así como la Ananse-Araña y los antepasados que la gente de ascendencia africana deifica.
A partir de esos sistemas filosóficos y concepciones del mundo, unos y otros pueblos han liderado la preservación de nuestros bosques altoandinos, de las selvas tropicales húmedas de la Amazonia y del Pacífico, así como de las llanuras de la Orinoquia, entre otros espacios naturales de importancia estratégica para el país y para enfrentar la actual policrisis climática¹.
Quienes trabajan con esos pueblos y sobre ellos deben ser competentes en el trabajo de campo etnográfico, incluida la inmersión prolongada en el territorio ancestral de la respectiva comunidad.
Frente a asuntos del pasado, por una parte, se exige la competencia etnohistoriográfica, para la cual ese sumergimiento se realiza en documentos de archivo, y, por el otro lado, destrezas arqueológicas de compenetración con los restos de piedra, cerámica o metal abandonados por las gentes e incorporados a las capas de tierra y roca que el pasado acumula sobre los suelos.
Esos expertos tienden a identificarse con la noción de cultura que en 1871 formuló Edward Tylor, uno de los fundadores de ese ejercicio profesional que involucra a las disciplinas mencionadas: “… todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el ser humano como miembro de la sociedad”.
Estos expertos divulgan sus hallazgos e innovaciones en la Revista Colombiana de Antropología, que data de 1953 y reúne a profesionales altamente acreditados del país y del extranjero. Sus artículos pasan, antes de publicarse, por el escrutinio de un comité de alto nivel, del cual ha dependido la indexación que la revista atesora desde hace varios años. De ese equipo cualificado dependen los parques arqueológicos de San Agustín, Alto de los Ídolos y Alto de Piedras (departamento del Huila), Teyuna (Ciudad Perdida, Sierra Nevada de Santa Marta), Tierradentro (Cauca) y Santa María la Antigua del Darién.
Los orígenes: Paul Rivet, el Instituto Etnológico Nacional y la Sociedad Antropológica de Colombia.
Es aberrante el vapuleo a una institución cuya genealogía se remonta a 1941, con la fundación del Instituto Etnológico Nacional por Paul Rivet, médico francés que dirigía el Museo del Hombre en París cuando la Gestapo lo amenazó por su activismo en la resistencia. El presidente Eduardo Santos lo asiló en Colombia para que contribuyera a explorar una identidad nacional surgida de la reivindicación del aporte indígena, tarea que compartió con otros exiliados y con colegas de la Escuela Normal Superior, desde una neutralidad valorativa que contrastaba con la perspectiva crítica que esos mismos intelectuales asumían en el Instituto Colombiano Indigenista; ese conflicto entre paradigmas se repetiría con consecuencias disociativas.
En 1945, el Instituto se fusionó con el Servicio Arqueológico Nacional y, en 1952, se convirtió en el Instituto Colombiano de Antropología (ICAN), con funciones de docencia que mantuvo hasta que, entre 1963 y 1966, las universidades de los Andes y Nacional abrieron sus programas de antropología.
Esos años no fueron fáciles por la falta de autonomía frente al Gobierno, y fue paradójico que la ampliación de funciones coincidiera con el unanimismo laureanista que expulsó a Milcíades Chaves y Juan Friede, figuras fundacionales de nuestro ejercicio profesional. Sin ser conservadores, habían recogido en los años 1940 el legado de los movimientos Bachué y Los Nuevos, para los cuales la identidad nacional ostentaba una sólida indianidad y no dependía únicamente de la supuesta superioridad de la raza blanca y de la tradición hispano-cristiana². El ICAN continuó con investigaciones antropológicas y arqueológicas acríticas, centradas sobre todo en los indígenas, hasta que entró en crisis el 26 de diciembre de 1967, cuando colonos llaneros masacraron a varias familias indígenas guahibo en la hacienda La Rubiera, en Arauca.
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| Hay un patrimonio cultural en riesgo |
Un grupo de antropólogos colombianos y extranjeros objetó esa neutralidad y fundó la Sociedad Antropológica de Colombia. Denunciaron el genocidio de los pueblos indígenas y exigieron su erradicación. Desde su órgano, Micronoticias Antropológicas, criticaron la pasividad del Gobierno ante el Instituto Lingüístico de Verano, cuya evangelización mediante biblias traducidas a lenguas indígenas podía derivar en etnocidio, y ofrecieron a los pueblos negros un canal para protestar contra la negativa del Estado y la academia a reconocer su diversidad étnica e incluirla en los programas de investigación del Instituto.
Las estaciones de investigación y el desvío hacia Ciudad Perdida
De este choque dependió que, en 1975, el ICAN abriera lo que llamó estaciones de investigación en la Chorrera, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Orinoquia y el Caribe (en San Basilio de Palenque). Duraron poco porque la dirección del instituto quedó obnubilada por el hallazgo del sitio arqueológico conocido como Buriticá 200, al que llamó Ciudad Perdida para equipararlo a Machu Picchu e imaginar una industria turística a su alrededor, y desvió la financiación de las estaciones hacia este nuevo proyecto.
El cierre de la estación del Caribe dejaba a los pueblos de ascendencia africana en la orfandad. De ahí los esfuerzos de las organizaciones de la base social afrocolombiana para que la reforma constitucional no solo hiciera visibles a sus pueblos y sus derechos, sino que también diera origen a una institución especializada en su investigación.
De ese proceso resultó el artículo 55 transitorio de la Constitución de 1991, que reconocía las especificidades histórico-culturales y los derechos territoriales, culturales y políticos de las comunidades negras, y establecía la creación de una Comisión Especial de Comunidades Negras para dar permanencia a la norma. Al ICAN le encomendó la secretaría técnica de esa comisión, encargada de documentar la etnicidad negra. En agosto de 1993, el presidente César Gaviria firmó la Ley de Negritudes, 70 de 1993, que establecía que el ICAN creara una entidad especializada para investigar a estas comunidades³. Tras treinta años de reclamos y manifestaciones, esa formalización solo se concretó como política de Estado en 2024, con la creación de los centros regionales del Caribe, del Pacífico, de la Amazonia y la Orinoquía .
Localizado en Santa Marta , el primero de esos centros regionales abre la opción de revivir los aportes que en el decenio de 1970 realizó la Estación de Investigaciones del Caribe, cuyas investigaciones etnográficas y lingüísticas fueron fundamentales para que la comunidad de San Basilio de Palenque definiera la singularidad de un espacio cultural que incluía una lengua criolla de base gramatical ki-kongo, lexificada en español y portugués; un sistema social organizado alrededor de grupos de edad, conocidos como Kuagros, y una liturgia fúnebre cuyos cantos sagrados hablan del retorno del alma a la Angola ancestral, entre otros rasgos nacidos de la lucha cimarrona en pro de la libertad. La definición de tal espacio fue tan contundente que, en 2005, la Unesco lo incorporó a la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad.
Como en los últimos años la investigación etnohistórica ha revelado la existencia de otras sociedades cimarronas en las cuencas del Cauca y del Magdalena, así como en La Guajira, es muy probable que este nuevo centro de investigación permita profundizar el conocimiento sobre esos antiguos rebeldes, en asociación con las Universidades del Magdalena, La Guajira, Cesar, Cartagena y Córdoba. De relevancia contemporánea es la investigación titulada Geografías y memorias políticas de vidas negras en la Zona Bananera, que ese centro realiza en colaboración con la Universidad del Magdalena.
En cuanto al Pacífico, en 2025, el ICANH inauguró su Centro Regional en Tumaco, con el propósito de liderar, en primer lugar, procesos de reparación histórica por la esclavización que involucren a Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño; y, en segundo lugar, investigaciones locales y comunitarias que respondan a la pregunta “¿De qué vive la gente en el Pacífico colombiano?”; en tercer lugar, la Custodia técnica de la Reserva Arqueológica Tumaco-La Tolita; en cuarto lugar, la exhibición “Historias y memorias del litoral Pacífico Sur”, cuyo guion museográfico “fue cocreado durante dos años con las comunidades”; y, en quinto lugar, la Cátedra de Estudios del Pacífico.
Impresiona el conjunto de socios que ha convocado: las Universidades de Nariño, Nacional (sede Tumaco), Claretiana y del Cauca, el Instituto Colombo Alemán (CAPAZ), el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) (Ecuador) y la Justus-Liebig-Universität Giessen (Alemania). Entre los temas tratados y por tratar están los márgenes y las fronteras; la genealogía del Pacífico colombiano como región; el poblamiento y el extractivismo; las historias y experiencias transfronterizas del Pacífico sur colombiano y el norte ecuatoriano; el Tapón del Darién como frontera; y los desplazamientos, emplazamientos y colonizaciones armadas en ámbitos rurales.
En 2025, el ICANH abrió su Centro Regional Amazonia/Orinoquia en San José del Guaviare, el cual incluye el proyecto del Centro Comunitario de Investigación de la Lindosa, de enorme relevancia para la salvaguarda de las pinturas rupestres que albergan tanto esa serranía como los abrigos rocosos de Chiribiquete.
Lo que está en juego con el posible cierre de los centros regionales
Que la contrarrevolución cultural de El Tigre bien pueda incluir el cierre de estos tres centros implicaría una pérdida muy severa, si se considera la urgencia de salvaguardar las entidades territoriales indígenas, los territorios ancestrales de los consejos comunitarios afro y las zonas de reserva campesina. Esos pueblos étnicos enfrentan la revocatoria , en primer lugar, de la Resolución 0961 de 2026, “…por medio de la cual, se garantizaba la protección efectiva de más de 48 millones de hectáreas del Bioma Amazónico Colombiano frente a la entrada de nuevas actividades de minería a gran escala y de explotación de hidrocarburos”, y en segundo lugar de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) sobre las cuales ya había ocho solicitudes para extraer oro a las 24 horas de que se emitiera la respectiva resolución.
Además de la inmediata, el ICANH tiene una genealogía que se remonta a la Comisión Corográfica, primera iniciativa estatal para desentrañar las diversidades biológicas y culturales de las cuales somos parte privilegiada. Son casi 200 años de inmersión en universos complejos y ricos que aún están por aprehenderse. Si la batalla cultural avanza con la celeridad de estos tres meses, es posible que al final de su gobierno El Tigre haya aniquilado un patrimonio tan único. El golpe para para nuestra identidad como nación sería inconmensurable. Para los pueblos étnicos, una metamorfosis tan brutal tiene el nombre de daño cultural. Es objeto de juzgamiento por cortes internacionales. ¿Cómo será la condena cuando la víctima sea toda una nación? Oponerse al desguace del ICANH es oponerse al daño cultural.
Harari, Nuval Noah. 2016. Homo Deus: breve historia del mañana. Debate
²Friedemann, Nina S. de. 1984. Ética y política del antropólogo: compromiso profesional. En, Friedemann, Nina S. de y Arocha Rodríguez, Jaime. 1984. Un siglo de investigación social: antropología en Colombia. Bogotá, Etno, pags.:393-403
³Castro Hinestrosa, Rudecindo y Meza Ramírez, Carlos Andrés. 2017. Calle caliente: memorias de un cimarrón contemporáneo. Bogotá: ICANH. Ver capítulo 3 y Anexo 1.