jueves, 19 de noviembre de 2026

La injerencia política en la era de la desinformación

La indignación resulta insuficiente. Se necesitan medidas concretas para proteger la transparencia y la autonomía de las instituciones democráticas.


Heberto Tapias García*/Opinión/El Pregonero del Darién

 Durante buena parte del siglo XX, tomar el poder en América Latina exigía cuarteles, tanques y comunicados transmitidos en cadena nacional. Hoy, esa escena parece casi anacrónica. Ya no es indispensable tomarse un palacio de gobierno cuando es posible intervenir en la conversación pública que determina quién llega a él.

Las élites que antes recurrían a la fuerza militar para imponer sus intereses no han abandonado su vocación de dominio y control del poder; han cambiado sus instrumentos de intervención. Los actuales son menos estruendosos y mucho más difíciles de identificar y denunciar.

Una de las expresiones más visibles de esta transformación es la conversión de la manipulación política en un negocio. En distintos países de la región opera un mercado de consultores que ofrece a candidatos y gobiernos, particularmente de derecha, servicios especializados en análisis de tendencias, diseño de mensajes, manejo de redes de cuentas automatizadas y estrategias de polarización. Se trata de una actividad cada vez más organizada, que aprovecha las posibilidades de las plataformas digitales para incidir en la opinión pública y favorecer determinados proyectos políticos.

Las investigaciones periodísticas y académicas sobre granjas de bots, campañas de desinformación y financiación opaca de publicidad digital han documentado prácticas de esta naturaleza en Brasil, Argentina, México, Perú y varios países centroamericanos. La propaganda política tiene una larga historia; lo novedoso es su creciente profesionalización, su alcance transnacional y la capacidad de unos mismos operadores para intervenir simultáneamente en escenarios políticos de diferentes países.

Esta transformación se manifiesta, además, en la creciente confusión entre la asesoría política y el ejercicio efectivo del poder. Cuando un consultor deja de limitarse al diseño de estrategias electorales y comienza a intervenir en las decisiones de un gobierno, surgen interrogantes sobre la autonomía de sus instituciones y la propia soberanía nacional.

Los casos del argentino Fernando Cerimedo, en Bolivia, y de Carlos Suárez, en Colombia, ilustran la importancia de examinar el papel que pueden llegar a desempeñar estos operadores en los asuntos internos de un país. Las controversias y los señalamientos que rodean a ambas figuras plantean una pregunta de fondo: ¿quién ejerce realmente el poder cuando consultores, intereses privados y redes de influencia adquieren capacidad de incidir en las decisiones públicas sin estar sometidos a los controles institucionales?

A estas formas de intervención se suma la utilización de los mecanismos judiciales como instrumentos de confrontación política. En las dictaduras, la eliminación física y el encarcelamiento directo fueron procedimientos habituales para neutralizar a los adversarios. En democracias debilitadas, propósitos similares pueden perseguirse mediante procesos judiciales, inhabilitaciones y restricciones a la libertad de movimiento.

El término lawfare se ha incorporado al debate latinoamericano para describir el uso instrumental de la justicia con fines políticos. Las denuncias sobre estas prácticas provienen de sectores ideológicos diversos y obligan a examinar cada caso con independencia de quién resulte favorecido o perjudicado. En Bolivia han surgido señalamientos sobre el eventual uso de mecanismos de cooperación internacional y de acusaciones relacionadas con el narcotráfico y el terrorismo para promover investigaciones contra opositores. De comprobarse, estaríamos ante una grave desviación de instrumentos concebidos para combatir el crimen organizado y proteger la seguridad, utilizados con propósitos de persecución política.

El deterioro de la confianza ciudadana constituye un terreno propicio para la expansión de estas prácticas. Una sociedad que desconfía de los resultados electorales, de los jueces, de los medios de comunicación y de sus propias instituciones queda expuesta a quienes saben instrumentalizar esa desconfianza. Los candidatos cuyas propuestas o posiciones resultan contrarias a determinados intereses de la derecha pueden convertirse en blancos recurrentes de campañas de desprestigio. Para debilitar su imagen y restarles credibilidad, a veces basta con sembrar sospechas y mantenerlas en circulación. Cuando estas se generalizan, el daño puede estar hecho, incluso sin que las acusaciones lleguen a demostrarse.

Frente a este panorama, la indignación resulta insuficiente. Se necesitan medidas concretas para proteger la transparencia y la autonomía de las instituciones democráticas. Es necesario regular la publicidad política en las plataformas digitales, identificar a quienes financian las campañas y hacer públicos los recursos destinados a ellas. También se requieren controles sobre la contratación y actuación de asesores extranjeros que intervienen en los gobiernos. A estas medidas deben sumarse mecanismos de cooperación internacional que permitan rastrear los recursos financieros de las redes de manipulación que operan más allá de las fronteras nacionales. Ninguna autoridad judicial puede enfrentar eficazmente estructuras cuyos operadores, financiadores y beneficiarios se encuentran en jurisdicciones diferentes.

La formación ciudadana debe ocupar igualmente un lugar central. Es indispensable desarrollar capacidades para reconocer la desinformación, verificar contenidos y asumir una actitud crítica frente a la circulación masiva de mensajes, incluidos aquellos generados mediante inteligencia artificial. No basta con disponer de herramientas tecnológicas para identificar contenidos falsos; se necesita una ciudadanía capaz de cuestionar las fuentes, contrastar las informaciones y distinguir entre hechos, interpretaciones e intereses.

Las denuncias y los señalamientos que surgen en medio de controversias judiciales y políticas deben esclarecerse en los tribunales, con plenas garantías procesales y respeto por la presunción de inocencia. Corresponde a la justicia establecer las responsabilidades individuales, sin que las acusaciones de una parte se conviertan en juicios anticipados sobre la otra.

De igual manera, todavía no existe un consenso definitivo sobre la magnitud de la influencia de los bots y las campañas de desinformación en las decisiones electorales. Quienes cuestionan las denuncias sobre operaciones transnacionales advierten que estas pueden utilizarse para desacreditar resultados legítimos o poner en duda la voluntad ciudadana. Tales objeciones merecen consideración y refuerzan la necesidad de investigaciones independientes, transparencia y aplicación de las mismas reglas para todos.

Sin embargo, el problema trasciende las controversias judiciales y las disputas políticas de un gobierno. Lo que está en juego es la capacidad de las democracias latinoamericanas para preservar su autonomía frente a intereses económicos, operadores privados y redes de influencia que actúan al margen de controles democráticos efectivos. Se trata, en últimas, de proteger las instituciones, la voluntad ciudadana y la independencia de las decisiones políticas frente a poderes que pretenden incidir en la vida pública sin someterse a los mecanismos de representación, vigilancia y control propios de una democracia.

Los golpes de Estado tradicionales pretendían sustituir por la fuerza a un gobierno. Las nuevas formas de intervención persiguen objetivos más silenciosos y emplean mecanismos menos visibles. Pueden condicionar la llegada de determinados sectores al poder, incidir en las decisiones gubernamentales y debilitar a quienes ejercen la oposición. Su eficacia depende, en buena medida, de que sus mecanismos permanezcan ocultos y sus verdaderos responsables pasen inadvertidos.

Por eso, más allá de las preferencias políticas y de los resultados electorales, las sociedades deberían poder responder tres preguntas fundamentales: ¿Quién financia, quién decide y quién ejecuta? La transparencia sobre estos tres aspectos es indispensable para que la ciudadanía pueda reconocer los intereses que intervienen en la vida pública y exigir responsabilidades. Porque la democracia no se debilita únicamente cuando alguien pretende tomar el poder por la fuerza; también puede perder autonomía cuando otros consiguen ejercerlo sin haber recibido el mandato ciudadano y sin responder ante las instituciones.

*Analista y Profesor de la Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia.