miércoles, 17 de julio de 2013

Las autoridades deben actuar

Las graves denuncias publicadas por este medio de comunicación, tanto en la edición de Junio, como en la presente de julio, deben motivar a las autoridades competentes a iniciar las investigaciones correspondientes y aplicar la ley con todo rigor. Se está jugando con el patrimonio de todos los habitantes de Carepa.


Si bien es casi que un crimen denunciar los ilícitos, en una sociedad carcomida por la corrupción y donde el delito si paga, al menos sería un poco elegante que las autoridades tanto penales como de control, se tomaran la molestia de investigar y sancionar de manera oportuna y ejemplar, las denuncias que ha hecho este medio informativo en sus dos últimas ediciones, ya que el acerbo probatorio que se incluye en los informes son más que suficientes para convertirse en cabeza de proceso, tanto fiscal como disciplinario y penal.

Un alcalde no puede burlarse de su pueblo de una manera tan soberbia y arrogante, de desmontar su Plan de Desarrollo y seguir cubierto bajo el manto de la impunidad. Tampoco las autoridades citadas se pueden hacer de la vista gorda cuando el Instituto Municipal de Deportes ha sido saqueado de la manera más vergonzante, como lo pudo constatar la propia Contraloría General de Antioquia en un documento de 25 páginas, cuya lectura produce náuseas. Estamos seguros que en otra región, ya el alcalde Agapito Murillo, estaría privado de la libertad o en su defecto suspendido del cargo; sabemos que la justicia cojea y que siempre ha sido para los de ruana, pero hoy los tiempos han cambiado, el control político y social, está en manos de la comunidad, la cual cuenta con modernos medios para hacerse sentir.

Hemos escuchado que algunos sectores de la sociedad civil y democrática de Carepa, están promoviendo una gran marcha por la dignidad del municipio y en contra de la corrupción. De ser cierto, sería la primera de esta naturaleza y pasaría a la historia de Urabá, escrita en letras de molde.

Los esfuerzos hechos por el honorable Concejo Municipal, en otras épocas, para aprobar la estampilla que capitalizaría el IMDER, o que al menos le serviría de paliativo a las enormes afugias económicas que padece, se han perdido, los dineros de los locales que este ente posee y que tiene en arriendo, se manejan como una fritanga de barrio, no hay contaduría, no hay soportes de nada y la plata entra y sale de los bancos como si fuesen propiedad privada de los funcionarios públicos.

Lo que la Contraloría General de Antioquia encontró en este Instituto es repugnante y no se puede quedar en el papel, porque la frustración para las gentes de bien de Carepa, que son su gran mayoría, sería enorme y la desconfianza en sus autoridades sería mayor de la que hoy existe.

La verdad es que no alcanzaría la edición completa de este periódico para denunciar las irregularidades cometidas en la alcaldía de Carepa y que a diario llegan a nuestras oficinas. Pero la pregunta que se hacen los ciudadanos de a pie en este municipio es, ¿dónde estaba el alcalde durante la vigencia del año 2012, cuando se cometieron todas estas irregularidades en el IMDER?, ¿acaso él no es el nominador y presidente de la junta directiva? ¿Será entonces como cabeza de la administración municipal y representante legal del municipio, responsable solidario en estas anomalías? ¿Por qué prescindió del asesor que destapó la olla podrida y no actuó con mano firme?
 
Son dos hechos bastante notorios los que se han registrado desde la administración pública de este municipio, ambos sustentados y documentados cabalmente, el primero, basado en informes de la propia alcaldía, lo que no deja espacio para la duda o para afirmar que al mandatario se le está calumniando y el segundo, teniendo como base a la Contraloría General de Antioquia, fuente oficial irrefutable en materia fiscal.

Nuevamente volvemos a insistir que lo público, público es y por tanto el control legítimo lo pueden hacer los medios de comunicación y los ciudadanos del común, sin necesidad de ostentar título o rango alguno. Es simplemente un derecho legal y constitucional y el servidor público, siempre estará expuesto a este control, que en el caso que nos ocupa, le causa tanta urticaria al gobernante.



No busco solidaridad, pido respeto



Tras las agresiones verbales en mi contra hechas por el señor alcalde de Carepa, Agapito Murillo y los hostigamientos de los cuales he sido objeto por parte de su cuerpo de seguridad. No pido solidaridad, sino respeto por la profesión.

Wilmar Jaramillo Velásquez - Columnista EL PREGONERO DEL DARIÉN


Cuando opté por ser periodista, lo primero que asumí, era que se trataba de una profesión de alto riesgo y cada que un colega cae asesinado por la barbarie de la intolerancia, de la ignorancia, o cada que un colega es perseguido, censurado, echado de los medios por mantener firme sus principios éticos y morales, me doy cuenta que el riesgo es cada día mayor y que el poder en manos no aptas para ejercerlo, trae consigo hechos funestos que agravan y ponen en riesgo, tanto la vida del periodista como la libertad de expresión, derecho fundamental.

También supe que el camino era en solitario, con muy pocas excepciones por eso, cuando nuestro periódico EL PREGONERO DEL DARIÉN, hizo algunas denuncias públicas, sobre irregularidades en la administración municipal de Carepa, estaba seguro que la tarea era mucho más difícil, no esperé solidaridad de un gremio, primero que no existe, segundo que suele acomodarse fácilmente a la miel del poder y tampoco me sorprendió que corrieran presurosos a abrirle los micrófonos al señor alcalde de Carepa, para que lanzara toda clase de improperios en mi contra, que le concedieran una réplica, cuando ellos no se habían atrevido a publicar una sílaba sobre lo que estaba ocurriendo y está ocurriendo en Carepa, micrófonos y páginas en los periódicos se abrieron generosos al mandatario, dueño transitorio de un poder efímero, pero ningún acucioso periodista tuvo la altura, la gallardía, el decoro, el profesionalismo de consultar la otra parte que era el PREGONERO DEL DARIÉN y por ende su director.

Se olvidaron que la confrontación de fuentes no es un favor, sino un derecho de los ciudadanos, la réplica la debió hacer el señor alcalde ante este periódico, porque fue quien tuvo el valor de publicar los escandalosos hechos. Nadie se atrevió a confrontar la información para establecer si este periódico estaba mintiendo. Puede más el cheque oficial que la verdad.

Un periodista quien se identificó como redactor de “La Chiva”, me localizó en la ciudad de Neiva y vía celular me hizo una entrevista, me alertó sobre los términos utilizados por el mandatario y me hizo un par de preguntas más, fue todo lo que conocí frente a los hechos.
Pero insisto, no pido, ni busco la solidaridad de nadie, pero si pido respeto por una profesión tan hermosa la cual escogí como proyecto de vida, que tantos colegas ha dejado en el camino, víctimas de la irracionalidad, que tantos exilios ha costado, que tantas tristezas y amarguras nos deja, pero que también, nos llena de satisfacciones y esperanza, cuando una persona de bien, una institución o un funcionario honrado, nos escribe, o nos aborda para pedirnos no que desmayemos en la terea que hemos emprendido.

Para terminar, el señor alcalde Agapito Murillo en persona, le ha prohibido a uno de nuestros distribuidores en Carepa, la entrada al edificio público a entregar el periódico. “No lo quiero ver por allí entregando ese periódico”, le dijo tajantemente, no sabemos que irá hacer, ¿lo retendrá, lo irá a agredir, le mandará sus escoltas para que hagan el trabajo sucio? queremos verlo en persona.

Señor alcalde usted es un hombre intolerante por naturaleza, pero Usted no ha comprado el municipio, usted es un inquilino de paso por ese edificio y en poco tiempo será otro ciudadano de a pie. Usted que tiene doble personalidad, la que manejó para conseguir los votos, para ser alcalde y la que le muestra hoy a la ciudadanía. Muy respetuosamente lo quiero invitar para que se reúna con los cinco abogados que dice tener para meterme a la cárcel, para que ellos personalmente le expliquen, que usted está cometiendo un delito, al atentar contra la libertad de expresión, un derecho fundamental que ganamos todos los colombianos, bajo el imperio de nuestro estado de derecho, que tanto le incomoda a usted.
A quienes me han llamado y aconsejado para que me calle, porque el peligro me acecha, les quiero repetir nuevamente, que no tengo miedo y vuelvo a citar las palabras del nuestro insigne Jorge Luís Borges, cuando alguien osó amenazarlo: “vivo solo y yo mismo abro la puerta”.