viernes, 24 de junio de 2016

Alcalde de Unguía se cae en la Corte Suprema

A la luz de los expertos este fallo, implicaría el llamado a elecciones, para nombrar a un nuevo mandatario, al quedar en firme la condena de 96 meses de prisión y la inhabilidad por el mismo tiempo que le ha sido impuesta, al actual gobernante.

El actual alcalde del municipio de Unguía, en el departamento del Chocó, Cayetano Tapia Romero, acaba de perder en última instancia ante la justicia, un pela jurídica que lo condenó a 96 meses de prisión y al pago de una millonaria suma de dinero
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El fallo de última instancia conocido por el periodismo de EL PREGONERO DEL DARIÉN, da cuenta que el entonces alcalde por el año 2004 y 2005, Cayetano Tapia Romero, junto con su tesorero, Jorge Emilio Hernández Sáenz y la almacenista, Rufina Perea Romero, se apropiaron de recursos de este municipio, utilizando una modalidad de facturación ficticia, las cuales eran pagadas con cheques, que luego eran cambiados y el dinero entregado al mandatario, quien fue premiado por su pueblo, al elegirlo alcalde para la actual vigencia, aun estando bajo proceso penal.


Pero estos funcionarios no obraron en solitario, en el expediente se lee que junto a ellos los siguientes comerciantes “unieron voluntades” para cometer el ilícito: Jaime García Rodríguez, Juan Arturo Gómez Tobón, Héctor Cano Lastra, Rosalba Martínez de Sierra, Emir Hinestroza Tapia, Natividad López Durango, Juan Antonio Ramírez y Javier Giraldo Botero.

Los procesos penales que se iniciaron por un anónimo que llegó a las autoridades, se ventilaron, primero, en el Juzgado de Descongestión de Penas de Quibdó y pasaron por apelación a la Sala Única del Tribunal Superior de la capital chocoana, en estas dos instancias los encardaron perdieron sus alegatos y fueron declararos responsables de los delitos imputados a cada uno por separado y proporcionalmente a su participación en los mismos.

Pero tres de ellos, justamente los funcionarios públicos con su alcalde a la cabeza, Cayetano Tapia Romero, su tesorero, Jorge Emilio Hernández Sáenz y su almacenista, Rufina Perea Romero, acudieron por medio de su defensa a casación ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, sala penal, en busca de anular lo actuado en las instancias anteriores.

Luego de un prolongado proceso que culminaría el pasado primero de junio de los presentes, dicha sala, tras un amplio estudio y prolongado proceso penal, le dio la razón a los despachos judiciales de Quibdó en sus primeros fallos y ratificó la condena e inhabilidades para estos tres procesados.

Miremos que dice la Corte Suprema:

“Primero: Inadmitir las demandas presentadas por los defensores de Cayetano Tapia Romero, por una parte, y Rufina Perea Moreno y Jorge Emilio Hernández Sáenz, por otra, contra la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2015 por la Sala Única del Tribunal Superior de Quibdó.

Segundo: Casar de oficio, en forma parcial, la sentencia impugnada, en el sentido de fijar la pena de multa en $105.433.623 que debe pagar cada uno de los procesados:

Tercero: En lo demás la sentencia se mantiene incólume.

Cuarto: Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Lo insólito de este prologado proceso, es que los enjuiciados alegaban errores en las cuentas que les indilgaban haber utilizado para cometer el ilícito y la Corte les dio la razón, en su fallo les hizo el respectivo descuento, quedado la multa así

“Así las cosas, a los $105.785.872 tasados por el Tribunal, procede descontar $352.249, para un valor definitivo de $105.433.623, el cual corresponde tanto al monto de la cuantía de lo ilícitamente apropiado como al de la multa imponible a los servidores públicos enjuiciados”. En síntesis, doce años de peleas en los tribunales hasta llegar a la última instancia en la sala de Casación Penal de Corte Suprema de Justicia, le sirvió a los implicados para obtener un beneficio de $352.249.

Otras implicaciones

Pero este fallo tiene otras connotaciones para Cayetano Tapia Romero y para los habitantes de Unguía, este señor es el actual alcalde popular en ejercicio de esta localidad, lo que indudablemente y a la luz de los expertos, implicaría el llamado a elecciones, para elegir a un nuevo mandatario, al quedar en firme las condena de 96 meses de prisión y la inhabilidad por el mismo tiempo que le ha sido impuesta a Tapias Romero.

Vale recordar que Tapias Romero se constituyó en el primer alcalde electo y condenado por corrupción en el país, para la actual vigencia de gobernantes locales. Aun así, ganó otra vez por mayoría con 1.781 personas, es decir el 37,79 %, votaron por él. 

(Foto-Periódico Siglo XXI).