domingo, 5 de junio de 2016

Funcionarios saltando a brincos la ley

Pese a las reglamentaciones y a los llamados de la Defensoría del Pueblo, la gran mayoría de los funcionarios públicos, se siguen burlando de la tutela y del derecho de petición. Aprovechan que la Procuraduría es un saludo a la bandera y la alcahuetería de los jueces que es peor.

Por: Wilmar Jaramillo Velásquez
Columnista
EL PREGONERO DEL DARIÉN


No deja de sorprenderme, ni dejo de citar la frase del gran Víctor Hugo: “La Justicia es una telaraña para proteger al fuerte y enredar al débil”. La gran mayoría de los funcionarios públicos creen que administran su propia empresa privada o su negocio particular, su fuente individual para apropiarse del presupuesto público y el ciudadano de a pie, el que no lleva recomendación, el que no lleva la tarjetica del jefe o el capo de la política local, el que no tiene quien anuncie su llegada con una llamada previa, les importa un pito.
Yo me pregunto ingenuamente, ¿si un empleado público, no tiene nada que temer, no esconde nada y está actuando correctamente, cumpliendo su deber ajustado a la ley, cuál es el problema para responder un derecho de petición, cuando en la mayoría de casos tiene apoyo jurídico, cuando es solamente dar clip a un archivo e incluso lo puede enviar por internet, sin gastar impresión ni mensajería?
El ciudadano colombiano logró una de sus mejores conquistas tras la Constitución del 91, enmarcadas en el derecho de petición y la tutela para hacer valer sus derechos fundamentales, un logro que se ha venido quedando en el papel, por culpa de unos jueces perniciosos y aliados de la corrupción, por culpa de unos procuradores provinciales que uno no sabe para qué diablos los nombran, fuera de cobrar jugosos sueldos, viaticar y calentar silla, porque no sirven absolutamente para nada más.
Hace pocos días fue fortalecido el derecho de petición e incluso puede ser verbal, ya no se requiere ni siquiera citar los formalismos de ley, para que el funcionario lo resuelva, está reglado también que si el peticionario es un periodista, se le dará prioridad en la respuesta, pero nada de esto ocurre, el funcionario se niega a responder la mayoría de las veces, y cuando le da la gana de hacerlo, no responde lo que se le pregunta, no solamente se cree dueño y señor de un cargo que es público, sino que abusa y viola la ley de frente y con sobrada impunidad.
Después nos preguntamos por que se congestionan los juzgados; solamente diez mil incidentes de desacatos de tutela esperan ser resueltos por los jueces, gran parte de ellos por derechos de petición negados en todo el país, y pese a que la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Mauricio González, definió que los jueces tendrán diez días para aplicar las sanciones por desacatos a tutelas, lo que antes quedaba al libre albedrío del juez, tres o cuatro años, es decir a la libre impunidad, tampoco se está cumpliendo, seguimos siendo país de leyes y leguleyos.
Con esa tolerancia, léase impunidad de los jueces, la tutela simplemente estaba perdiendo sus efectos de salvaguarda de los derechos fundamentales y fomentando la congestión en los despachos judiciales.
Pero miremos el modus operandi, un ciudadano invoca un derecho de petición y este le es negado, entonces acude al incidente de desacato por medio de la tutela, cuando el juez llama al funcionario infractor, este responde extemporáneamente lo que debió responder en los tiempos de ley, luego el juez le dice al ciudadano, léase víctima, que la causa que motiva el incidente de desacato ya fue superada y archiva, cuando la falta disciplinaria ya fue cometida, además está tipificada como falta grave, sancionada con suspensión o destitución de acuerdo al caso.
Ahora, cuando el peticionario en el escrito de desacato le pide al juez que compulse copias de lo actuado a la procuraduría competente, para que esta investigue y sancione al funcionario en cuestión, el juez no lo hace y si por alguna excepción lo hace, en la Procuraduría cae en un abismo de impunidad peor, porque mientras el patrón se ha dedicado a ponerle el palo en la rueda al proceso de paz, a impulsar su campaña presidencial desde su despacho y a perseguir las libertades constitucionales ciudadanas, sus socios en la provincia no matan una mosca y ahora responden con una frasecita que no produce sino rabia:“ el despacho se inhibe de abrir investigación en contra del funcionario”… Yo me quedo con la frase de Víctor Hugo: “La Justicia es una telaraña para proteger al fuerte y enredar al débil”.