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jueves, 30 de noviembre de 2023

Más apoyo para Victimas de Urabá

Exadministradores de fincas bananeras víctimas reciben vehículo para impulsar desarrollo socioeconómico.

Las victimas siguen recibiendo
 acompañamiento

La Unidad para las Víctimas entregó esta semana un camión a la Asociación de bananeros de Urabá, conocida como Asafibu en cumplimiento del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC).

 La entrega se hizo en un acto protocolario en la placa polideportiva Magnoil Ayala de Apartadó, donde el vehículo fue bendecido por un sacerdote de la Iglesia Católica, según las creencias de este colectivo y afianzando, así, la convicción de este, en el paso que están dando hacia el fortalecimiento económico y la mejora de sus condiciones de vida.

 Con este camión, valorado en 190 millones de pesos, Asafibu espera mejorar la capacidad para transportar y comercializar sus productos, destacando un camino hacia el desarrollo sostenible y la colaboración de efectiva entre la Unidad para las Víctimas y las demás entidades del Sistema de Atención y Reparación Integral a Víctimas (SNARIV).

 El camión, modelo 2024 con carrocería de estaca, tiene una capacidad para transportar alrededor de siete toneladas, generará utilidades para el sostenimiento del colectivo, aprovechando las oportunidades de comercialización que se generan en la subregión, entre estas la producción bananera.

 El representante legal de Asafibu, Uriel de la Ossa, recibió, de manos de la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Urabá-Darién, Leslie Paz Jaramillo, las llaves del vehículo. El dirigente demostró que le sobran fuerzas para seguir liderando las causas y metas que se ha propuesto la asociación, ya que su proyección incluye el legado a las nuevas generaciones, las familias de las y los 114 asociados.  

 “Este camión, para nosotros, es el inicio del sueño que hemos tenido de una gran empresa. Es un orgullo para mí haber liderado este proceso hasta aquí. Me siento satisfecho, contento, después de superar inconvenientes, han sido compensados hoy con este gran inicio. Como nuestra vocación es la agricultura, el campo, nos enfocaremos en la producción agrícola y este camión nos va a permitir transportarlos, y también se va a poder producir en otras cosas, con algún contrato que hagamos con alguna bananera”, explicó el presidente de la asociación, Uriel de la Ossa. 

Uriel de la Ossa, vocero de las
 victimas recibe el automotor.
Para Aidee Torres, otra integrante de Asafibu, recibir este camión va más allá de los beneficios tangibles. “El impacto que causa es la credibilidad que hay en los procesos que estamos trabajando. Es una señal de esperanza de que todo va por buen camino y que realmente vale la pena la espera y la lucha”, añadió. 

Por su parte, la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Urabá-Darién destacó que la entrega del camión “va a ser muy importante para la continuidad de su proceso de reparación y, sobre todo, para la construcción de esta perspectiva de la no repetición, ante todo para sus familias, sus hijos y sus hijas”, enfatizó.

 Es importante señalar que Asafibu es una organización constituida legalmente en 1987, pero su labor organizacional data de 1974 en los municipios de la subregión antioqueña, como Necoclí, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo, San Pedro de Urabá, Mutatá, San Juan de Urabá, Arboletes, y Vigía del Fuerte. En el 2013 iniciaron el proceso de reparación colectiva con la Unidad para las Víctimas.

 

viernes, 24 de noviembre de 2023

Victimas de Urabá recibirán 12 mil millones

Son millonarios recursos que ingresan a la economía regional, dinero circulante que impulsará el desarrollo desde diferentes frentes.

Numerosas familias serán
indemnizadas este fin de año
Mediante jornadas de entrega de indemnizaciones, programadas los meses de noviembre y diciembre, 1.606 víctimas del conflicto armado recibirán de la Unidad para las Víctimas alrededor de 12.000 millones de pesos con el cual podrán retomar sus proyectos, fortalecer emprendimientos y, de alguna manera, superar los daños causados por el conflicto armado.

Durante estos espacios, además de orientarlos hacia una adecuada inversión de los recursos, se les invita a conocer la oferta que las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) tienen dispuesta para esta población.

Pese a que la indemnización es un recurso anhelado por las víctimas, durante estas jornadas, se perciben y evidencian sentimientos encontrados en las y los destinatarios, ya que ningún recurso les puede reponer la pérdida de sus familiares y las afectaciones sufridas por causa del conflicto armado. No obstante, se muestran resilientes y expresan con esperanza la inversión que darán al dinero recibido, entre estas: adecuación o compra de vivienda, compra de ganado, fortalecimiento de emprendimientos, educación entre otros.

En ese sentido, la Unidad para las Víctimas acompaña estas jornadas con un acto de dignificación y reconocimiento de los hechos que no debieron ocurrir por parte del Estado. En este espacio, se les recuerda que existen las medidas de satisfacción a las que también tienen derecho.

La institución recordó que, todos
 los trámites son gratuitos.
Igualmente, a las víctimas, se les recomienda no atender a los mensajes de texto y WhatsApp en los cuales mencionan supuestos listados de convocados a recibir su indemnización, ya que personas inescrupulosas están utilizando estas tácticas con fines de lucro.

Se les recuerda que los trámites con la Unidad para las Víctimas son gratuitos y no requieren intermediarios, se invita a que utilicen los canales ofíciales e la entidad o se acerquen a los Puntos de Atención a Víctimas o al Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV) más cercanos.

martes, 14 de noviembre de 2023

Desplazados reciben insumos agrícolas

Se entregaron insumos para familias de los corregimientos El Tres, Pueblo Bello y vereda Paquemás en el distrito de Turbo.

Garantizando la seguridad alimentaria.
Las 120 familias beneficiadas en Turbo, Antioquia, recibieron herramientas e insumos agropecuarios que impulsarán sus huertas caseras, proyectos productivos de yuca, plátano, cacao y maíz, entre otras siembras, que hacen parte del sostenimiento productivo y la seguridad alimentaria de estas comunidades retornadas.

Estas entregas hacen parte de los Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitario (EEAC), que cobijan a familias de entes territoriales que tienen sus planes de retornos y reubicaciones, así como de reparación colectiva en fase de implementación, por las afectaciones generadas en colectivo a causa del conflicto armado interno.

Los montos en inversión de los EEAC ascienden a los 158 millones de pesos, en la línea agropecuaria. Por ejemplo, en el corregimiento de Pueblo Bello, los insumos impulsarán a 40 familias cultivadoras de cacao. En El Tres, por su parte, los insumos y herramientas fortalecerán a 30 familias productoras agropecuarias; en Paquemás se beneficiaron a 20 productores de plátano, yuca, maíz, y 30 familias implementarán las huertas caseras.

Turbo es el primer distrito en recibir de parte de la Unidad para las Víctimas estos insumos para el fortalecimiento de huertas caseras. Constan de semillas certificadas, herramientas y fertilizantes, que se estarán entregando en los demás municipios del Urabá antioqueño y el Darién chocoano.

Las victimas siguen recibiendo
 acompañamiento.
“Estos insumos, herramientas y abonos, nos llegan de manera oportuna, ya que, en este tiempo de lluvias, se hace propicio para cultivar y los abonos están muy costosos.

Esto nos da la oportunidad de preparar mejor los cultivos y así seguir adelante como lo hemos venido haciendo en Pueblo Bello”, dijo el vicepresidente del comité de Impulso de Pueblo Bello, Ramón García, al recibir los insumos en este corregimiento.

martes, 13 de junio de 2023

JEP ha vinculado a 28 generales por ´falsos positivos´

Del total, 23 ya han entregado versión en el marco de los seis subcasos priorizados por la Sala de Reconocimiento.  

 Fuente: JEP

Citados dos generales
Bogotá- junio de 2023. La Sala de Reconocimiento de la JEP citó a los generales (r) Luis Felipe Paredes Cadena y Hernán Giraldo Restrepo a entregar versión dentro del Subcaso Costa Caribe, que investiga ‘falsos positivos’, por hechos ocurridos entre los años 2005 y 2007. Se trata de dos antiguos comandantes de la Segunda Brigada y la Décima Brigada Blindada, ambas pertenecientes a la Primera División que, a su vez, estuvo bajo la responsabilidad de Paredes Cadena entre 2007 y 2009. 

 Cuerpos en Riosucio Caldas

 El Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef), de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, avanza en la recuperación de cuerpos en 53 puntos de interés forense ubicados en el cementerio El Carmen.

 Riosucio, Caldas- junio de 2023. En cumplimiento de su mandato constitucional de garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado, la JEP avanza en los trabajos de investigación, prospección y exhumación en Riosucio, Caldas, en donde la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad ha reportado 35 hallazgos forenses (partes de cuerpos esqueletizados). Esto, en el marco de las medidas cautelares adoptadas para proteger puntos de interés forense en donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada y de otros graves crímenes.

Avanza el reconocimiento de víctimas
 del conflicto armado en Colombia.

lunes, 13 de junio de 2022

Resguardo Indígena Cuti, con energía solar

Mediante la entrega de páneles solares, esta comunidad indígena que es sujeto de reparación colectiva espera avanzar en sus proyectos productivos.

En el resguardo Cuti, adultos y niños no ocultaron la emoción de ver por fin el tambo iluminado, un sueño que se hizo realidad después de casi tres años por medio de páneles solares entregados en el marco de la reparación colectiva.

49 familias se benefician de proyecto

La entrega la realizaron los aportantes al proyecto, Esperanza González; Dora Arango, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Elizabeth Granada Ríos, directora de la Unidad para las Víctimas en Urabá Darién; y delegados del ente territorial.

En el marco de estas entregas, se ha realizado un acompañamiento interinstitucional a la comunidad para el fortalecimiento de capacidades en el manejo y aprovechamiento de estos sistemas de energía solar, que contribuyen al desarrollo sostenible y amigable con el medio ambiente.

“Los páneles permitirán que ellos puedan fortalecer otros proyectos que se vienen implementando en el proceso de reparación colectiva. Es simultáneamente trabajar de la mano con el PNUD, la administración y demás entidades, pensando en la sostenibilidad, la capacidad instalada y los talleres de fortalecimiento que se requieren para el buen manejo, cuidado y aprovechamiento de este tipo de infraestructura”, explicó Elizabeth Granada Ríos, directora territorial.

Asimismo, en su intervención, la funcionaria hizo énfasis en el cuidado y seguimiento que se fortalecerán desde el esfuerzo conjunto entre entidades para brindar acompañamiento y la asistencia técnica que complementan el éxito del proyecto.

Ya los páneles están funcionando

Por su parte, Orlando Domicó, gobernador del Resguardo, hizo énfasis en la sostenibilidad y cuidado por parte de la comunidad a la infraestructura. “Estos páneles nos sirven para conectar los portátiles, máquinas de coser y otras dotaciones que la Unidad nos entregó. Pedimos a las entidades, como la alcaldía, que nos sigan acompañando y apoyando el Resguardo, que nos colaboren con el mantenimiento”, dijo.

Clínica veterinaria-Barrio Boston/Medellín
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Celular:3124002682/fijo:4874010

Los páneles solares beneficiarán alrededor de 49 familias indígenas Embera Katío, quienes se han recuperado a través del proceso de reparación colectiva de derechos territoriales.

La Unidad ha avanzado en la implementación de este Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) desde que se inició el proceso en 2014, permitiendo la entrega de la indemnización, recurso con el cual se construyó el tambo en 2020.

sábado, 7 de mayo de 2022

¿Es posible la paz sin verdad?

En testimonios escalofriantes, varios militares en Colombia reconocieron los ‘falsos positivos’, el asesinato de civiles en medio del conflicto. Al hacerlo, pusieron sobre el tapete la pregunta de qué significan la verdad, la justicia y la reparación en los crímenes de Estado en América Latina.

Por Cristian Ascencio/ editor de CONNECTAS

Análisis de la noticia/ El Pregonero del Darién

"Sin verdad no habrá paz"

Víctor Fernando Gómez tenía 23 años cuando se lo llevaron desde Soacha, un municipio humilde al sur de Bogotá, en agosto de 2008. Le ofrecieron un trabajo bien pagado y lo subieron a un bus como a otros 19 jóvenes. No se conocían entre ellos, pero tenían algo en común: eran pobres. Dos días después su cadáver apareció en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, a 645 kilómetros de la capital colombiana.  

Pero esta vez no hubo de por medio alguna mafia criminal de las que abundan en el continente, ni actuaron los esbirros de una dictadura. A Víctor Fernando lo mataron miembros de las fuerzas armadas de una nación gobernada por un régimen democrático. En efecto, militares del Ejército colombiano se confabularon para secuestrar y asesinar jóvenes y hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate con el objetivo de cumplir las directrices de su comandancia, que medía el índice de efectividad por el número de enemigos muertos. Y de paso, en un aspecto más siniestro aún, para ganar algunos días libres. Hoy esas operaciones en las que murieron jóvenes inocentes se conocen como ‘falsos positivos’.

El pasado 27 de abril la madre de Víctor, Carmenza Gómez, subió al estrado a nombre de los familiares de víctimas de los ‘falsos positivos’, en una audiencia judicial con pocos precedentes en la historia mundial.  En ella, 10 integrantes del Ejército que participaron de los asesinatos confesaron públicamente sus crímenes y pidieron perdón. Sucedió en Ocaña, el lugar de los hechos, en medio del proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se trata de un tribunal especial que juzga a participantes del conflicto interno en desarrollo del acuerdo del Estado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Los que asumen responsabilidad y con sus testimonios aportan al esclarecimiento de los crímenes reciben a cambio sentencias reducidas en establecimientos no carcelarios. 

En la tarima adornada con flores y después de saludar a los magistrados, a los familiares de las víctimas e incluso a los procesados que estaban a tres metros de ella, Carmenza Gómez hizo una solicitud repetida constantemente durante la audiencia: “Hoy les digo a los señores procesados que ellos tienen hijos, hijas, familiares, que se pongan la mano en el corazón y que nos digan la verdad. Que no se echen al agua solamente ustedes y nos digan quién dio la orden”. 

Actualmente la búsqueda de la verdad es prioritaria tanto para los familiares de las víctimas (6.402 confirmadas) como para toda la sociedad colombiana, fracturada por una violencia de varios frentes: guerrillas de trasfondo ideológico, disidentes de las desmovilizadas Farc vinculadas con bandas de narcotráfico y crimen organizado y, como quedó demostrado por estos casos de ‘falsos positivos’, miembros del propio Ejército Nacional. 

En esa búsqueda de verdad ha habido avances. De hecho, en la investigación del Caso 03, como se llama en la JEP al asunto de los ‘falsos positivos’, las pesquisas lograron establecer que esos militares utilizaban reclutadores civiles para ofrecer trabajo a personas pobres, o que presuntamente tenían pocas redes familiares que los reclamaran, como por ejemplo personas en situación de calle. 

Esto ha significado dos primeros pasos fundamentales: que el Estado haya reconocido que hubo un asesinato sistemático de civiles inocentes cometido por miembros de la institución que debía protegerlos; y que ello haya conducido a limpiar el nombre de las víctimas. Porque no siempre hubo un reconocimiento y no siempre los familiares lograron convencer a las autoridades de que sus hijos y hermanos no tenían relación alguna con grupos armados.

“Se recuerda mucho cuando el expresidente Álvaro Uribe, bajo cuyo mandato ocurrieron la mayoría de los casos de ‘falsos positivos’, comentó ‘no estarían recogiendo café’, como dando a entender que en algo andarían metidos”, explica Oscar Carbonell, abogado especialista en Derechos Humanos y participante en procesos de justicia transicional en Colombia. Carbonell sostiene incluso que la sociedad colombiana tendió a avalar la violencia del Estado a cambio de seguridad. “Eso actualmente creo que ya no es así, e incluso en las candidaturas presidenciales no se ve que el discurso de seguridad sea muy usado para ganar votos”.

Por ello, para Carbonell hay aspectos positivos en el proceso colombiano, a pesar de no abordar el problema en toda su magnitud. El más importante es que se reconoce la existencia de los ‘falsos positivos’. “Esto manda un mensaje a la sociedad. Un mensaje de que no es válido hacer la política con la muerte”.

Verdad y reparación

Jaime Castillo vivía en condición de calle y se dedicaba a limpiar autos en Bogotá. El 10 de agosto de 2008 lo convencieron de viajar y dos días después apareció muerto en Ocaña, supuestamente en un enfrentamiento con la Brigada 15 del Ejército. Pero su familia recién encontró su cadáver en octubre y se enteró de que le habían disparado en la espalda y en las piernas. Posiblemente lo hicieron correr para después acribillarlo.

La dolorosa búsqueda de la verdad

Jacqueline Castillo, hermana de Jaime, ese mismo mes se unió a las madres de los jóvenes de Soacha para buscar la verdad de lo sucedido. No le calzaba la historia oficial. “Pero en la justicia ordinaria no hubo avances. Solo cuando se abre el proceso de la Justicia Especial para la Paz (en 2017) tuvimos más esperanzas de saber la verdad sobre quienes dieron la orden de matarlos”. Jacqueline explica que en las audiencias de Ocaña “por lo menos hubo reconocimiento de militares, que dijeron que reclutaron a estos muchachos con falsas promesas de trabajo y que los asesinaban para dar resultados. Pero no se han atrevido a decir cuál general daba la orden para cometer esos crímenes”.

Cecilia Arenas, hermana de Mario Alexander Arenas, otra de las víctimas de Soacha, estuvo presente en la audiencia de Ocaña. “Lo tomamos de una manera no violenta, porque violencia con violencia no podemos seguir. De pronto esperaban que nos volviéramos locas, y no ha sido así. Es demostrar a esos señores otra cosa distinta de nosotras”.  Sobre la audiencia de Ocaña, Cecilia manifiesta que “es un paso muy grande, un paso agigantado. Nunca se había hecho una audiencia pública con altos mandos”. Se refería a que en la audiencia declaró el general en retiro Paulino Coronado y el coronel en retiro Álvaro Tamayo.

Para las víctimas, no deja de ser
un alivio, conocer la verdad

A pesar de ello, cree que al final del proceso no lograrán saber toda la verdad y además está consciente que no habrá cárcel para los victimarios. Aunque para ella “una reparación que valga la pena es que no siga habiendo ‘falsos positivos’, porque sabemos que esto sigue pasando; y que el general Mario Montoya (el comandante del Ejército en la época) reconozca en un acto público que la embarró”. 

Para Michael Reed-Hurtado, académico de la Universidad de Georgetown y director operativo del Centro Guernica, especializado en Derechos Humanos, en el proceso de la JEP en Colombia hay varios retos aún, ya que las confesiones limpian de responsabilidad a la institución castrense. Esto, para Reed-Hurtado “no es una explicación satisfactoria de esta cadena industrial de asesinatos”. 

En Latinoamérica

En medio del horror, el proceso de paz en Colombia dio un paso más allá en una región como Latinoamérica, donde dictaduras y guerras internas han dejado víctimas en cada rincón. De hecho, ninguno de los demás países que vivieron situaciones semejantes llegaron al punto de reunir en una audiencia a las víctimas y a los victimarios para que éstos confesaran sus crímenes y pidieran perdón. 

En Chile, al terminar la dictadura del general Augusto Pinochet, se conformó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida también como Comisión Rettig. En el informe final de esa comisión se establecieron recomendaciones, como compensaciones para las víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familias. De hecho, se instituyó el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos, para las víctimas de la dictadura. También hubo condenados por crímenes contra los derechos humanos que sí pagaron con cárcel, pero en un penal con mayores condiciones de comodidad (Punta Peuco), lo cual hasta el día de hoy recibe críticas.

En Argentina, Guatemala, El Salvador y Perú también hubo comisiones para esclarecer los hechos. En Perú, por ejemplo, la Comisión de Verdad y Reconciliación estableció que 69 mil personas habían muerto o desaparecido por acción de grupos subversivos o de instituciones del propio Estado. Sofía Macher, excomisionada de ese organismo, explicó que uno de los puntos que más rescata de ese proceso “es haber llevado a la esfera pública esos crímenes que se habían negado sistemáticamente, además de haber escuchado a las víctimas”.

Y es que tanto familiares como expertos coinciden en que saber la verdad no significa que necesariamente se alcanzará justicia, reparación y reconciliación, pero sin verdad, definitivamente no se logrará nada de ello. Como resumió Jacqueline Castillo, “para mí no es reparación tenerlos encerrados 40 o 50 años (a los militares que mataron a sus familiares). Sí es importante que nos miren a los ojos, que nos digan qué fue lo que pasó y que nos cuenten la verdad”.

Cristian Ascencio

*Miembro de la Mesa Editorial de CONNECTAS y del #CONNECTASHub. Fue editor en el periódico El Mercurio de Antofagasta. Integró la primera promoción del Programa de Formación Intensiva de Editores organizado por CONNECTAS. Participó en reportajes colaborativos transnacionales reconocidos, como “Las mujeres carne de cañón del Narcotráfico”, “El nuevo éxodo latino” y “Las últimas prisioneras de los nazis en América Latina”.

martes, 18 de enero de 2022

Más de 60 mil millones recibieron las víctimas en Urabá

Al cierre de la vigencia anual, dentro de los principales avances se evidencia, la entrega de más de $64.399 millones, representados en 6.283 indemnizaciones.

Apoyo a las víctimas

En cumplimiento de los procesos misionales enmarcados en la implementación de la política paz con legalidad de la Unidad para las Víctimas, se recibieron en los 14 puntos de atención y centro regional alrededor de 267.790 solicitudes de atención humanitaria, oferta, registro,  entre otras peticiones enmarcadas en la asistencia, atención y reparación direccionadas a las 325.846  víctimas registradas en esta territorial con los requisitos de ley para acceder a las medidas de atención y reparación establecidas en la Ley.

 Durante el 2021, la entrega de atención humanitaria a víctimas de desplazamiento forzado se realizó mediante la identificación de carencias de cada uno de los hogares y la colocación de giros en municipios PDET para mitigar las condiciones de su subsistencia mínima en alojamiento y alimentación a alrededor de 19.928 hogares y la entrega de 33.438 giros.

En la incidencia y participación de los líderes en la implementación de la política pública, en el 2021 se destacó la elección de 236 líderes de mesas municipales con una equilibrada participación desde el enfoque diferencial y de género, y el liderazgo de las mujeres que coordinarán 10 de las 14 mesas elegidas para el periodo 2021-2023.

Reparación Colectiva

 En la territorial Urabá Darién hay 50 sujetos de reparación colectiva, 40 étnicos, 9 comunidades campesinas y una organización.

 En el 2021 se adelantaron acciones significativas en 20 colectivos, de los cuales 14 se encuentran en fase de implementación, uno en la caracterización e identificación del daño causado por el conflicto, tres en etapa de diseño y formulación del plan integral de reparación colectiva (PIRC) y 2 colectivos en la etapa inicial de alistamiento.

La tarea continúa

Retornos y Reubicaciones

Además de la asistencia técnica a los 14 municipios en la implementación y actualización de los planes de retornos y reubicaciones, se logró la entrega de cuatro esquemas especiales de acompañamiento comunitario a comunidades focalizadas.

Además, se entregaron 163 esquemas especiales de acompañamiento familiar aportando a la sostenibilidad y la viabilidad de las unidades productivas de familias desplazadas.

Prevención y Atención a Emergencias.

En el componente de proyectos orientados al suministro de materiales y/o mobiliario en físico para la construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria, en municipios PDET se hizo la entrega de materiales para la construcción de 10 obras de arte en vías terciarias de Acandí con una inversión de $ 233.491.182 millones de pesos.

sábado, 15 de julio de 2017

Otros valores agregados de la paz

No solamente el turismo, la fauna, sino el valor de la tierra se recupera y se valoriza, a medida que la paz se va aclimatando, se va generando confianza.

Por: Carlos Julio Mazo Ospina-Especial para ELPREGONERO DEL DARIÉN

Pese a la persistencia de un grupo de colombianos de “volver trizas” los acuerdos de paz logrados entre el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las FARC, los beneficios en materia de tranquilidad, de disminución de los asaltos a poblaciones, de muertes de hombres y mujeres de la fuerza pública y población civil, son evidentes. Solamente el hospital Militar de Bogotá puede ser el punto de partida para un juicioso análisis sobre este tema. 97% de disminución en la atención a militares y policías por causas del conflicto, esto lo deberíamos estar celebrando todo los colombianos.

Pero no hemos celebrado aún, porque aun grupo de enemigos del gobierno con gran poder al interior de los medios de comunicación, se han empecinado en decir todo lo contrario y basados en un sartal de mentiras han llevado a los ciudadanos, no al optimismo, sino al escepticismo.

Basta solo con mirar en nuestro ámbito regional para ver otros beneficios de esta paz en construcción, por ejemplo, el valor de la tierra en sectores neurálgicos como San José de Apartadó, como un solo ejemplo, se ha recuperado considerablemente, la gente está comprando y vendiendo a buenos precios, antes nadie quería invertir su dinero en esa zona, el turismo hacia Urabá, pese a no tener mayores atractivos distintos al mar, ha aumentado, el tráfico por unas carreteras antes tierra de nadie hoy es fluido y tranquilo.

Y eso que apenas estamos comenzando la transición de la guerra, la muerte y la desesperación a un respiro de tranquilidad, autoridades ambientales del resorte nacional han reportado que lograron finalizar expediciones a sitios que antes ocupaban las FARC, logrando incluso identificar nuevas especies de animales.

En municipios como Carepa, con más de 20 mil habitantes afectados por la violencia, en su mayoría desplazados llegados de otras latitudes, el futuro gobierno tiene que ser muy audaz a la hora de la formulación de proyectos para beneficiar a estas poblaciones, muy dinámico para canalizar recursos de la cooperación internacional y dejar de estar buscando excusas torpes para cubrir la pereza y la negligencia administrativa para no hacer nada.

Estas víctimas de la violencia están ávidas de empleo digno, de vivienda, de oportunidades, están cansados de tanta promesa, de tanta mentira, quieren pasar de los discursos lastimeros a los hechos reales, y eso solo lo puede jalonar un alcalde con capacidad gerencial, con experiencia administrativa, porque como dicen los ciudadanos del común “Ya estamos hartos de alcaldes buenas personas” necesitamos es compromisos y hechos tangibles para recuperar el tiempo perdido que no es poco.

martes, 16 de mayo de 2017

"Que nos lleven la indemnización al cementerio"

Como la realidad supera la ficción, doña Saturnina murió esperando la ayuda del gobierno y hoy sus hijos van por el mismo camino. Angustiosa carta al Presidente Santos.

Gabriel Sánchez Ramos-sobreviente

Crónicas del Camino-Por Wilmar Jaramillo
Velásquez- de EL PREGONERO DEL DARIÉN

Gabriel Enrique Sánchez Ramos tiene 56 años, aunque parece de 70, con los achaques que lo azotan no da para más, padece hipertensión, artrosis, es diabético y para colmo, en un accidente de trabajo perdió uno de sus ojos, su vida ha sido un calvario desde niño, cuando le asesinaron a balazos su padre, Luís Alfonso Sánchez, en la vereda El Algodón de Turbo, luego le desaparecerían a dos de sus hermanos, hasta ver morir a su señora madre en medio de la angustia y la ilusión de recibir una precaria indemnización como víctima de la violencia, sin contar su paso por el entonces Ejército de Liberación Nacional (EPL) y el atentado a balazos a una de sus hermanas en Apartadó, durante la guerra.

Doña Saturnina de Jesús Ramos Gómez, su señora madre, había presentado la documentación exigida ante la Oficina de Víctimas, por la desaparición forzada de dos de sus hijos, Rafael y Santander Ramos (hermanos por padre) y padeció el viacrucis que viven casi ocho millones de colombianos, clamando en las oficinas del estado por una ayuda que no llega, enferma, agotada y apaleada por la vida, se fue a morir a Medellín, en octubre del año pasado, en medio de un desamparo aterrador.

Rafael cuenta que entre el 85 y el 90 sus hermanos medios trabajaban en fincas, e independientes, vendían mercancías, vivían en Nueva Colonia, Turbo, y que un día salieron y no regresaron jamás. Otros dos hermanos han fallecido de muerte natural.

“Al morir mi mamá, nuevamente presentamos la documentación para que nos entreguen la indemnización pero nada que lo hacen, yo creo que al paso que vamos al gobierno la va tocar llevarnos la ayuda al cementerio, porque al menos yo, creo que me voy a morir esperando como mi madre” dice, Rafael en medio del escepticismo total.
Doña Saturnina de Jesús Ramos Gómez- fallecida

“Yo estoy afectado de diabetes, artrosis, ya no puedo trabajar, lo último que me ocurrió fue perder el ojo derecho al golpearme con un martillo accidentalmente, soy padre de cinco hijos y vivo arrimado donde una hermana” cuenta este hombre marcado por el infortunio.

Cuando se puso en vigencia la ley de víctimas su señora madre presentó la documentación en busca de la reparación, la cual le fue aceptada, incluso los recursos aparecen en el sistema como girados, pero ella nunca recibió un peso, murió esperando la indemnización, tenía 76 años, padecía artritis, se cayó en su habitación y se partió la cadera, la operaron y la mandaron para la casa; de Urabá la enviaron a Medellín para su recuperación y allí la afectó una neumonía que la mató. Estaba esperando la plata para comprarse una silla de ruedas y seguir su recuperación, pero esto nunca fue posible.
Nora Ramos Gómez- Sobreviviente
Gabriel se enroló en su época, con el entonces Ejército Popular de Liberación, se desmovilizó durante un proceso de paz, pero la guerra desatada por las FARC y luego por el paramilitarismo, no le permitió desarrollar ningún proyecto productivo, por el contrario, su hermana Nora Ramos Gómez, fue tiroteada en el barrio Primero de Mayo de Apartadó, mientras esperaba un bus para irse a una finca bananera a trabajar.

“Todo ha sido tan fatal, que en medio de esta angustia, soledad y desamparo he tenido la intención en varias ocasiones hasta de quitarme la vida” dice Gabriel, mientras confía que la siguiente y angustiosa carta, le llegue al presidente de la república como última opción:

“Mayo de 2017

Carta al señor presidente comandante y jefe de Colombia

En el nombre de Dios y de todos los colombianos, lo saludo, espero que de salud se encuentre bien, usted y su familia.

Después de este corto saludo, le expreso mi súplica y ruego, yo Gabriel Sánchez Ramos, sea escuchado, mi familia y yo hemos sido víctimas de la guerra que atravesó a Urabá y no se me han tenido en cuenta mis denuncias como desplazado desde el año 1992, después de la entrega de armas del EPL, fui objetivo militar de la disidencia que quedó en Pueblo Nuevo, Necoclí, Antioquia, al mando de alias “Pitalúa”. Tuve suerte que me escapé dejando a mi familia.

Llegué a Apartadó con el ánimo de trabajar, pero fui objetivo del Quinto Frente de las FARC, Nora Ramos Gómez, fue víctima, baleada quedó sufriendo, mi madre fue víctima de la guerra, le desaparecieron dos hijos, Santander y Rafael Hernández Ramos.

Mi madre murió esperando esa ayuda de la Unidad de Víctimas y no llegó.

En el año 2004, fui objetivo de las autodefensas de Apartadó y me tocó salir a otro vecino país, el comandante alias “Alfonsito” ordenó que me mataran, en el 2006 regresé a Apartadó.

Señor presidente Comandante y jefe, yo Gabriel Enrique Sánchez Ramos con cédula: 71360180, ahora soy víctima de la enfermedad, azúcar, colesterol, artrosis en los huesos y columna, mi súplica y ruego que yo hago a usted, que se apodere de esa oficina de la Unidad de Víctimas en Bogotá por medio de su intervención esa ayuda llegue pronto para hacerme un tratamiento, estoy desempleado, sin vivienda, me ha tocado pedir algunas veces, señor tanto es el desespero, que he pensado en el suicidio si no obtengo respuesta suya, los mandatarios locales se hacen los sordos en estos casos, mi esperanza está en usted, por amor a Dios

Gabriel Sánchez Ramos CC: 71360180
Nora Ramos Gómez CC: 39312680
Mi madre fallecida, Saturnina de Jesús Ramos Gómez CC: 22161893”
Carta trascrita del mano escrito que reposa en nuestro archivo.
Los últimos días de doña Saturnina, esperando la ayuda  que  nunca llegó