Mostrando entradas con la etiqueta verdad. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta verdad. Mostrar todas las entradas

miércoles, 29 de noviembre de 2023

Indígenas siguen ahondando en la verdad

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) presenta un informe sobre el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Medellín.

Parque principal de Pueblo Rico (Risaralda)
 Foto: Camilo Villamizar para CNMH.
Cómo fue la conformación, actuación y proceso de desmovilización del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), así como las violencias que ejerció contra la población civil, los daños que generó y las formas de resistencia que desarrollaron las comunidades, son las respuestas que brinda el informe Jaūriperabu: la enfermedad del susto. Testimonios de las violencias e impactos del ERG y las resistencias triétnicas en Chocó, Risaralda y Antioquia.

 Se trata del informe presentado por la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en cumplimiento de la sentencia proferida el 31 de julio de 2020 contra Olimpo de Jesús Sánchez Caro, alias Cristóbal Caro, o o Matacuras y otros 15 exintegrantes y aporta al esclarecimiento de los hechos relacionados con esta estructura, un grupo armado que operó durante quince años, principalmente en Antioquia, Chocó y Risaralda.

Portada del informe (Foto/CNMH)
 «Jaūriperabu: la enfermedad del susto» es un término embera que refleja el daño causado por el conflicto armado. No es un virus que invade los cuerpos, sino un mal que despoja del espíritu, somete al miedo y no permite vivir en paz. No solo afecta a los humanos, sino también a los animales, a las plantas, a los ríos y a la madre tierra. Es decir, que la comunidad en su conjunto con el territorio la padece, por las vidas arrebatadas, los sufrimientos sentidos, en un entorno generalizado de desconfianza y terror.

 De acuerdo con la investigación, el ERG generó graves hechos de violación a los derechos de la población civil como la masacre de Jingarabá en 1994, las tomas a Bagadó en 1997 y 2000 y los desplazamientos forzados masivos de Guaduas, Sabaleta, El Doce—Quebrada Borbollón y La Puria, entre otros. Desde 2003 empezó un período de declive a raíz de la conflictividad con otras guerrillas, el aumento de la ofensiva de la fuerza pública y las deserciones masivas; que lo forzaron a desmovilizarse bajo la ley de Justicia y Paz.

El impacto en las poblaciones

Esta guerrilla tuvo entre sus principales patrones de macrocriminalidad el homicidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, el reclutamiento ilícito, el secuestro y la violencia sexual, en especial la obstétrica. El secuestro es uno de los delitos con más víctimas registradas. El 17% de las víctimas fueron mujeres y el 82% hombres. Con respecto a la violencia sexual contra integrantes del grupo armado, 69% de las víctimas corresponden a niñas y adolescentes y el 31% a mujeres adultas. La principal característica fue la multiplicidad de estos delitos sobre una misma víctima. Por ejemplo, el 79% de los homicidios perpetrados por el ERG fueron, a su vez, desapariciones forzadas. Todo esto generó graves y múltiples daños, individuales y colectivos derivados del conflicto armado.

Comunidad Bajo Río Grande en el
Resguardo La Puria, El Carmen
de Atrato (Choco)-2022-(Foto
 Laura Escobar para CNMH)

Daños físicos y psicológicos, materiales y al proyecto de vida fueron los principales tipos de impactos individuales, que afectaron el bienestar de las víctimas, dejando huellas en la memoria, el sentir, el cuerpo, las proyecciones a futuro y sus lugares de arraigo. En la dimensión colectiva se encontraron los daños materiales y económicos, los socioculturales, los políticos y pueblos completamente arrasados.

El territorio y los resguardos indígenas

El informe también incluye dos capítulos adicionales: «Los territorios» expone un panorama general del conflicto armado en los municipios donde hizo presencia el ERG en los departamentos de Chocó, Antioquia y Risaralda; mientras que en «Los resguardos indígenas» se visibiliza la historia, las violencias de larga duración y las resistencias y afrontamientos que han llevado a cabo tres comunidades indígenas embera katio y chamí del Carmen de Atrato, Chocó: La Puria, El Doce—Quebrada Borbollón y Sabaleta, resguardos priorizados en la sentencia del Tribunal Superior de Medellín.

 Este informe es un primer caso de la aplicación del Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad, para casos de guerrillas desmovilizadas. La herramienta, creada por la DAV (CNMH), muestra su utilidad a la hora de esclarecer la verdad a partir de los aportes de las personas desmovilizadas. De esta manera, la verdad, para el caso de las comunidades afectadas, se convierte en una opción de reparación simbólica, pues el Jaūriperabu no es incurable, se puede sanar si se enfrenta al miedo y se repara el daño por medio de la cultura, de la resistencia, de la memoria y de la palabra para posibilitar la construcción de paz.

Quienes deseen más información sobre este tema, se pueden comunicar con: Ayda Ma. Martínez  al celular-3142434334.

sábado, 1 de julio de 2023

JEP rechaza a Sor Teresa Gómez y Jorge Visbal

Sus manifestaciones ante la JEP revelaron poca intención de hacer nuevos aportes de verdad.

Jorge Visbal Martelo.
Bogotá- En vista de que no realizaron aportes exhaustivos, inéditos y representativos a la verdad sobre sus vínculos con estructuras paramilitares, la JEP rechazó las solicitudes de sometimiento de Sor Teresa Gómez Álvarez, en calidad de tercero civil, y de Jorge Aníbal Visbal Martelo, como agente del Estado no integrante de la fuerza pública y tercero civil.

 La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas encontró que Sor Teresa integró orgánicamente el grupo paramilitar dirigido por la Casa Castaño como miembro no armado de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), mas no como tercero colaborador. Esta condición excluye a Gómez Álvarez de la competencia de la JEP, que se reserva a excombatientes de las Farc-EP, miembros de la fuerza pública y terceros civiles. La sala también tomó esto en consideración para su rechazo y le negó el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada.

 Además de esto, las magistradas y magistrados integrantes de la Subsala Especial B, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, encontraron que los relatos verbales y escritos de Gómez Álvarez evidenciaron una falta de compromiso con el Sistema Integral para la Paz, pues hizo manifestaciones revictimizantes y justificaciones de sus acciones, a pesar de contar con condenas penales vigentes.

 Gómez Álvarez fungió como administradora y testaferro de la estructura paramilitar, a través de la cual realizó despojos de tierras en la región de Urabá, a cuyas víctimas desplazadas por paramilitares les compraba predios por menor precio, a nombre propio y de Funpazcor, una fundación creada por los hermanos Castaño Gil. Estos predios despojados eran luego traspasados y legalizados a través del Fondo Ganadero de Córdoba.

Sor Teresa Gómez Álvarez
En lo que respecta a Visbal Martelo, quien fue senador y presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), la sala consideró que su nivel de participación e incidencia en asuntos relacionados con el conflicto armado en zonas ganaderas del país, por sus roles desempeñados durante un tiempo considerable, no se compadecen con su escaso aporte a la verdad. La magistratura esperaba obtener, a través de los testimonios de Visbal Martelo, mayor información sobre crímenes cometidos en Córdoba por grupos armados ilegales y otros graves hechos de repercusión regional y nacional.

 Según la resolución, los aportes de Visbal Martelo no fueron más allá de lo conocido por la justicia ordinaria. Contrario a esto, se develó su intención de desarrollar una estrategia defensiva para controvertir las pruebas suministradas por la justicia ordinaria. En este sentido, la JEP ordenó remitir las copias de su expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que se reactive allí la actuación por el delito de concierto para delinquir agravado, por el cual había sido condenado en primera y segunda instancia en calidad de autor, y que estaba suspendida mientras se definía su situación ante la JEP.

 La Subsala Especial B de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas aclaró que ante ambas decisiones proceden recursos de reposición y apelación.

lunes, 10 de abril de 2023

Las víctimas, epicentro de la búsqueda de la verdad

Hasta el 17 de marzo de 2023, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP había acreditado a 6.283 víctimas individuales y a 332.328 personas que integran el sujeto colectivo de víctimas.

Las víctimas en el centro de atención
Bogotá- de abril de 2023. Las víctimas, como epicentro de la búsqueda de la verdad y la justicia, son las protagonistas de cada una de las acciones, investigaciones y decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz. En la conmemoración del 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado interno, la JEP reafirma su compromiso y deber de garantizar su participación y su voz en la justicia transicional con enfoque restaurativa.

Las víctimas en la JEP tienen voz en el proceso restaurativo, al narrar sus experiencias, daños y formas de afrontamiento por los hechos sufridos en el conflicto armado, y al conocer, cuestionar y reflexionar sobre los aportes de verdad de los presuntos responsables. De esta forma, las víctimas contribuyen a la construcción de acciones reparadoras, según sus propios sentidos y significados.

A la fecha, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha realizado 174 diligencias de construcción dialógica de la verdad, coordinación interjurisdiccional y de diálogo intercultural con autoridades indígenas y comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y palanqueras (NARP).

La JEP, en la búsqueda de la verdad
En noviembre de 2020, la JEP publicó el Manual para la Participación de las Víctimas ante la Jurisdicción. Este documento es una herramienta técnica y práctica para que las víctimas, sus abogados y las organizaciones aclaren sus dudas y conozcan las vías disponibles para participar en todos los procedimientos de la JEP.

Debe subrayarse que en la Jurisdicción las víctimas pueden presentar informes con su visión de lo que les sucedió en el conflicto armado, tienen acceso a abogados gratuitos, a acompañamiento psicosocial antes, durante y después de los procedimientos, a estar informadas de todo lo que pase en los casos y a solicitar medidas de protección, si lo consideran necesario.

Hasta el 17 de marzo de 2023, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP había acreditado a 6.283 víctimas individuales y 332.328 personas que integran 275 sujetos colectivos de víctimas. En total son 338.611 víctimas acreditadas en los siete primeros macrocasos abiertos  por la JEP.

                                

En los primeros meses de 2023, las víctimas han presentado sus observaciones frente a lo dicho por los comparecientes en el Caso 01: 'Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP' y en el Caso 03: 'Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado'.

 Durante 2022, la JEP realizó tres audiencias de reconocimiento de verdad por parte de los comparecientes -con participación activa de las víctimas- y dio a conocer los tres primeros autos de Resolución de Conclusiones en los casos 01 y 03. Estos dos casos, el Caso 01 con 3.309 víctimas y el Caso 03 con 1.502 víctimas, son en los que la JEP ha acreditado un mayor número de víctimas individuales.

 La Jurisdicción ha recibido 948 informes de organizaciones de víctimas e instituciones del estado. Así mismo, 11.183 víctimas han recibido asesoría jurídica por parte de la Jurisdicción y 7.406 víctimas individuales han sido representados ante procesos judiciales de la JEP. La Jurisdicción ha adoptado hasta ahora 76.366 decisiones judiciales.

En el Caso 05, que 'Prioriza la situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca', la Sala de Reconocimiento ha acreditado a 178.149 personas que integran sujetos colectivos de víctimas; en el Caso 02, que prioriza la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño), la sala ha acreditado a 109.216 personas que integran sujetos colectivos de víctimas y en el Caso 04, 'Situación territorial de Urabá', la sala ha acreditado a 44.963 personas que integran sujetos colectivos de víctimas.

Los casos 08, 09 y 10, abiertos en el segundo semestre de 2022, están en el proceso de acreditación de víctimas y contrastación de la información para iniciar con la etapa de citación a versiones voluntarias a los comparecientes que serán vinculados.

sábado, 7 de mayo de 2022

¿Es posible la paz sin verdad?

En testimonios escalofriantes, varios militares en Colombia reconocieron los ‘falsos positivos’, el asesinato de civiles en medio del conflicto. Al hacerlo, pusieron sobre el tapete la pregunta de qué significan la verdad, la justicia y la reparación en los crímenes de Estado en América Latina.

Por Cristian Ascencio/ editor de CONNECTAS

Análisis de la noticia/ El Pregonero del Darién

"Sin verdad no habrá paz"

Víctor Fernando Gómez tenía 23 años cuando se lo llevaron desde Soacha, un municipio humilde al sur de Bogotá, en agosto de 2008. Le ofrecieron un trabajo bien pagado y lo subieron a un bus como a otros 19 jóvenes. No se conocían entre ellos, pero tenían algo en común: eran pobres. Dos días después su cadáver apareció en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, a 645 kilómetros de la capital colombiana.  

Pero esta vez no hubo de por medio alguna mafia criminal de las que abundan en el continente, ni actuaron los esbirros de una dictadura. A Víctor Fernando lo mataron miembros de las fuerzas armadas de una nación gobernada por un régimen democrático. En efecto, militares del Ejército colombiano se confabularon para secuestrar y asesinar jóvenes y hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate con el objetivo de cumplir las directrices de su comandancia, que medía el índice de efectividad por el número de enemigos muertos. Y de paso, en un aspecto más siniestro aún, para ganar algunos días libres. Hoy esas operaciones en las que murieron jóvenes inocentes se conocen como ‘falsos positivos’.

El pasado 27 de abril la madre de Víctor, Carmenza Gómez, subió al estrado a nombre de los familiares de víctimas de los ‘falsos positivos’, en una audiencia judicial con pocos precedentes en la historia mundial.  En ella, 10 integrantes del Ejército que participaron de los asesinatos confesaron públicamente sus crímenes y pidieron perdón. Sucedió en Ocaña, el lugar de los hechos, en medio del proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se trata de un tribunal especial que juzga a participantes del conflicto interno en desarrollo del acuerdo del Estado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Los que asumen responsabilidad y con sus testimonios aportan al esclarecimiento de los crímenes reciben a cambio sentencias reducidas en establecimientos no carcelarios. 

En la tarima adornada con flores y después de saludar a los magistrados, a los familiares de las víctimas e incluso a los procesados que estaban a tres metros de ella, Carmenza Gómez hizo una solicitud repetida constantemente durante la audiencia: “Hoy les digo a los señores procesados que ellos tienen hijos, hijas, familiares, que se pongan la mano en el corazón y que nos digan la verdad. Que no se echen al agua solamente ustedes y nos digan quién dio la orden”. 

Actualmente la búsqueda de la verdad es prioritaria tanto para los familiares de las víctimas (6.402 confirmadas) como para toda la sociedad colombiana, fracturada por una violencia de varios frentes: guerrillas de trasfondo ideológico, disidentes de las desmovilizadas Farc vinculadas con bandas de narcotráfico y crimen organizado y, como quedó demostrado por estos casos de ‘falsos positivos’, miembros del propio Ejército Nacional. 

En esa búsqueda de verdad ha habido avances. De hecho, en la investigación del Caso 03, como se llama en la JEP al asunto de los ‘falsos positivos’, las pesquisas lograron establecer que esos militares utilizaban reclutadores civiles para ofrecer trabajo a personas pobres, o que presuntamente tenían pocas redes familiares que los reclamaran, como por ejemplo personas en situación de calle. 

Esto ha significado dos primeros pasos fundamentales: que el Estado haya reconocido que hubo un asesinato sistemático de civiles inocentes cometido por miembros de la institución que debía protegerlos; y que ello haya conducido a limpiar el nombre de las víctimas. Porque no siempre hubo un reconocimiento y no siempre los familiares lograron convencer a las autoridades de que sus hijos y hermanos no tenían relación alguna con grupos armados.

“Se recuerda mucho cuando el expresidente Álvaro Uribe, bajo cuyo mandato ocurrieron la mayoría de los casos de ‘falsos positivos’, comentó ‘no estarían recogiendo café’, como dando a entender que en algo andarían metidos”, explica Oscar Carbonell, abogado especialista en Derechos Humanos y participante en procesos de justicia transicional en Colombia. Carbonell sostiene incluso que la sociedad colombiana tendió a avalar la violencia del Estado a cambio de seguridad. “Eso actualmente creo que ya no es así, e incluso en las candidaturas presidenciales no se ve que el discurso de seguridad sea muy usado para ganar votos”.

Por ello, para Carbonell hay aspectos positivos en el proceso colombiano, a pesar de no abordar el problema en toda su magnitud. El más importante es que se reconoce la existencia de los ‘falsos positivos’. “Esto manda un mensaje a la sociedad. Un mensaje de que no es válido hacer la política con la muerte”.

Verdad y reparación

Jaime Castillo vivía en condición de calle y se dedicaba a limpiar autos en Bogotá. El 10 de agosto de 2008 lo convencieron de viajar y dos días después apareció muerto en Ocaña, supuestamente en un enfrentamiento con la Brigada 15 del Ejército. Pero su familia recién encontró su cadáver en octubre y se enteró de que le habían disparado en la espalda y en las piernas. Posiblemente lo hicieron correr para después acribillarlo.

La dolorosa búsqueda de la verdad

Jacqueline Castillo, hermana de Jaime, ese mismo mes se unió a las madres de los jóvenes de Soacha para buscar la verdad de lo sucedido. No le calzaba la historia oficial. “Pero en la justicia ordinaria no hubo avances. Solo cuando se abre el proceso de la Justicia Especial para la Paz (en 2017) tuvimos más esperanzas de saber la verdad sobre quienes dieron la orden de matarlos”. Jacqueline explica que en las audiencias de Ocaña “por lo menos hubo reconocimiento de militares, que dijeron que reclutaron a estos muchachos con falsas promesas de trabajo y que los asesinaban para dar resultados. Pero no se han atrevido a decir cuál general daba la orden para cometer esos crímenes”.

Cecilia Arenas, hermana de Mario Alexander Arenas, otra de las víctimas de Soacha, estuvo presente en la audiencia de Ocaña. “Lo tomamos de una manera no violenta, porque violencia con violencia no podemos seguir. De pronto esperaban que nos volviéramos locas, y no ha sido así. Es demostrar a esos señores otra cosa distinta de nosotras”.  Sobre la audiencia de Ocaña, Cecilia manifiesta que “es un paso muy grande, un paso agigantado. Nunca se había hecho una audiencia pública con altos mandos”. Se refería a que en la audiencia declaró el general en retiro Paulino Coronado y el coronel en retiro Álvaro Tamayo.

Para las víctimas, no deja de ser
un alivio, conocer la verdad

A pesar de ello, cree que al final del proceso no lograrán saber toda la verdad y además está consciente que no habrá cárcel para los victimarios. Aunque para ella “una reparación que valga la pena es que no siga habiendo ‘falsos positivos’, porque sabemos que esto sigue pasando; y que el general Mario Montoya (el comandante del Ejército en la época) reconozca en un acto público que la embarró”. 

Para Michael Reed-Hurtado, académico de la Universidad de Georgetown y director operativo del Centro Guernica, especializado en Derechos Humanos, en el proceso de la JEP en Colombia hay varios retos aún, ya que las confesiones limpian de responsabilidad a la institución castrense. Esto, para Reed-Hurtado “no es una explicación satisfactoria de esta cadena industrial de asesinatos”. 

En Latinoamérica

En medio del horror, el proceso de paz en Colombia dio un paso más allá en una región como Latinoamérica, donde dictaduras y guerras internas han dejado víctimas en cada rincón. De hecho, ninguno de los demás países que vivieron situaciones semejantes llegaron al punto de reunir en una audiencia a las víctimas y a los victimarios para que éstos confesaran sus crímenes y pidieran perdón. 

En Chile, al terminar la dictadura del general Augusto Pinochet, se conformó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida también como Comisión Rettig. En el informe final de esa comisión se establecieron recomendaciones, como compensaciones para las víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familias. De hecho, se instituyó el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos, para las víctimas de la dictadura. También hubo condenados por crímenes contra los derechos humanos que sí pagaron con cárcel, pero en un penal con mayores condiciones de comodidad (Punta Peuco), lo cual hasta el día de hoy recibe críticas.

En Argentina, Guatemala, El Salvador y Perú también hubo comisiones para esclarecer los hechos. En Perú, por ejemplo, la Comisión de Verdad y Reconciliación estableció que 69 mil personas habían muerto o desaparecido por acción de grupos subversivos o de instituciones del propio Estado. Sofía Macher, excomisionada de ese organismo, explicó que uno de los puntos que más rescata de ese proceso “es haber llevado a la esfera pública esos crímenes que se habían negado sistemáticamente, además de haber escuchado a las víctimas”.

Y es que tanto familiares como expertos coinciden en que saber la verdad no significa que necesariamente se alcanzará justicia, reparación y reconciliación, pero sin verdad, definitivamente no se logrará nada de ello. Como resumió Jacqueline Castillo, “para mí no es reparación tenerlos encerrados 40 o 50 años (a los militares que mataron a sus familiares). Sí es importante que nos miren a los ojos, que nos digan qué fue lo que pasó y que nos cuenten la verdad”.

Cristian Ascencio

*Miembro de la Mesa Editorial de CONNECTAS y del #CONNECTASHub. Fue editor en el periódico El Mercurio de Antofagasta. Integró la primera promoción del Programa de Formación Intensiva de Editores organizado por CONNECTAS. Participó en reportajes colaborativos transnacionales reconocidos, como “Las mujeres carne de cañón del Narcotráfico”, “El nuevo éxodo latino” y “Las últimas prisioneras de los nazis en América Latina”.

lunes, 10 de octubre de 2016

El Periodismo no es altavoz de mentiras

En la Colombia de hoy, el periodismo debe reinventarse. Emitir comprobando verdades y odios, e informar consultando a las comunidades sobre su derecho a una representación justa son dos actitudes urgentes.

Columna de Opinión:

Por: Omar Rincón-crítico de televisión

La representante uribista María Fernanda Cabal expresó públicamente acusaciones gravísimas sin comprobar y con sus deseos de odio, venganza y muerte.

Yolanda Ruiz, directora de noticias de RCN Radio, decidió no emitir estas acusaciones porque consideró que la representante estaba “haciendo una denuncia de una gravedad inmensa (y si) tiene pruebas, las debe presentar ante las autoridades competentes, o, de lo contrario, es una calumnia, que está penalizada, que está castigada”, conceptuó.

Y complementó que “las declaraciones de la representante nos demuestran hasta dónde ha llegado el nivel del debate público en Colombia (…), donde van calumnias por aquí y por allá, mentiras, falsedades, y pareciera que los medios lo único que hacemos es reproducir esas calumnias, y no pasa nada”.

Llama la atención al decir que “no puede ser que (…) los periodistas sigan reproduciendo lo que dicen los dirigentes sin tener una capacidad de mesura”.

Su actitud debería convertirse en criterio del periodismo de paz. No se puede seguir siendo ‘altavoces’ de mentiras, falsedades, odios y desinformaciones en nombre del “equilibrismo de fuentes” o de esa “falsa neutralidad” de los medios.

Hay que recordar que el periodismo es acerca de la verdad, y si una fuente miente y el periodista se da cuenta de que esto es así, no debe emitirse esa voz. Y tampoco se debe emitir el fomento de odio y del matar como acción política; por lo tanto, debe abstenerse de emitir esas voces del odio y la venganza.

Verificar la verdad de las fuentes, contextualizar la información y asignarle criterio es buen periodismo. Y también el consultar a la comunidad su derecho a la representación va con el periodismo de calidad.

Omar Rincón-crítico de televisión

Los líderes de la Asociación Campesina del río Guayabero exigieron a la periodista de ‘Los informantes’ María del Rosario Arrázola explicaciones sobre su trabajo. Le preguntaron si había informado previamente de su trabajo a la junta de acción comunal con el “fin de salvaguardar la integridad de los habitantes”, que ya se había visto afectada por culpa de la estigmatización que han sufrido por parte de Caracol y RCN, según informa ‘La Silla Vacía’. El método de retener al grupo periodístico fue denunciado como ataque a la libertad de expresión.

Surge la reflexión para los periodistas, que como lo dice el Acuerdo de Paz, hay que “construir la democracia de abajo hacia arriba” como modo de transformar el hacer política en Colombia.

Y esto significa que la libertad de expresión no es solo el acceso a nuevos medios, sino el derecho a una representación responsable y respetuosa, y a la autonomía sobre la propia imagen y el derecho de “ser contados” adecuadamente.

No es un nuevo periodismo, es el de siempre pero hecho con criterio de verdad, responsabilidad y paz.