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lunes, 21 de abril de 2025

¿Lucho Herrera con cementerio propio?

La noticia publicada por Noticias Uno que debió estremecer al país, transcurre sin pena ni gloria con un alto riesgo de prescripción bajo una justicia cada vez más coja y ciega.

La gran prensa tuvo como tapadera la muerte del Papa Francisco para hacerse de la vista gorda con la macabra noticia que involucra a la gloria del ciclismo colombiano Lucho Herrera, o el “Jardinerito de Fusagasugá”, (Luis Alberto Herrera Herrera) personaje que ya las nuevas generaciones no tienen ni idea de quien fue.

En la década de los 80s, cuando Pablo Escobar sacudía al país a punta de bombas y sicariato, el aliciente que tenían los colombianos eran los triunfos de Lucho en Francia, Italia o España donde no se bajaba del pódium.

Esos triunfos le permitieron nombre, fama y dinero a un hombre que venía de abajo, de las clases más humildes de Colombia, siempre mantuvo bajo perfil, se dedicó a los negocios incluyendo la ganadería, negocios en los que siempre lo mostraron los medios como exitoso.

Pero ese éxito también le traería problemas, las FARC lo secuestró por allá en marzo de 2000, plagio que duró 24 horas y por el cual uno de sus hermanos debió desembolsar la no despreciable suma de cuatro mil millones de pesos, como lo relata alias “El Negro Antonio” integrante de esa organización.

De acuerdo con los testimonios de dos paramilitares presos y confesos, alias, “Ojitos” y “Menudencias”, después de ese secuestro surgió una relación entre el famoso ciclista y el temido “Martín Llanos”, jefe de las Autodefensas Unidas del Casanare, quien termina ofreciéndole sus servicios criminales al “Jardinerito de Fusagasugá”

En su espeluznante relato a la justicia Luis Fernando Gómez, alias “Ojitos” cuenta como “Lucho Herrera” lo recibió en su casa y luego ofrecerle un refresco le entrega dos sobres, uno con las fotos de cuatro personas que tenían que recoger, supuestos milicianos de las FARC que lo iban a secuestrar y otro con cuarenta millones de pesos supuestamente para la compra de armas y motos.

Pero ya los paramilitares de acuerdo con los mismos testimonios habían llevado a “Lucho” al  Departamento del Meta donde lo presentaron con alias “Cascarón” o Àngel Rodrigo Daza donde sostuvieron una reunión con Martín Llanos. Allí sellarían la alianza y este grupo criminal quedaría a disposición del ya empresario ciclista.

Los mismos paramilitares descubrirían después que el “Jardinerito” los había engañado y que las hoy víctimas del monstruoso crimen de lesa humanidad no eran guerrilleros, ni milicianos, ni secuestradores sino modestos campesinos a quienes “Lucho” simple y llanamente los quería despojar de sus tierras para extender sus feudos. Eran sus vecinos, informa Noticias Uno pruebas y testimonios en mano.

Dicho noticiero presenta el testimonio de Andrés Fabián Rodríguez Torres, testigo y sobrino de una de las víctimas, relata que tanto su padre como su señora madre fueron empleados de “Lucho”, narra como llegaron supuestos agentes del DAS con gorras y brazaletes para llevarse por la fuerza a las víctimas.

Oscar Andrés Huertas Sarmiento, conocido en el mundo del crimen con el alias de “Menudencias” reconoció ante los jueces su participación en los homicidios, tal como lo narran otros testigos, incluso confiesa que las víctimas fueron sepultadas en la misma finca de “Lucho Herrera”, de acuerdo con la versión hecha pública este fin de semana por Noticias Uno.

“Metimos dos en el platón y dos en la parte delantera los inhumamos en la vía Novilleros a La Aguadita, en una finca sobre el borde de la carretera, los degollamos y luego los descuartizamos con machete” relata el criminal.

“No eran milicianos, era por tierra, cuenta el agresor quien reconoce el engaño del cual fueron objeto por parte del legendario ciclista”

Más de veinte años después la coja y ciega justicia comienza a reaccionar, a comienzos de este mes de abril, el Juzgado Cuarto Penal Municipal del Circuito de Fusagasugá, convalidó el aporte de los testigos, decretó una pena anticipada de 22 años de cárcel para alias “Ojitos” y ordenó que se investigue la conducta del señor Herrera Herrera.

“Compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación en contra de Lucho Herrera con el fin de que, en el evento de que no se haya adelantado investigación, se investigue la presunta participación en las conductas punibles de desaparición forzada agravada en concurso homogéneo y homicidio agravado” Dice el despacho judicial.

Las víctimas de esta siniestra historia, fueron identificadas como: Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuvisaldo Torres Vega.

Luis Alberto Herrera Herrera, “Lucho Herrera” o el “Jardinerito de Fusagasugá” es un hombre poderoso en esta región, fuera de dinero y popularidad como ciclista, goza del buen trato de la prensa, desde luego también como todo sindicado de la presunción de inocencia hasta no ser vencido en juicio.

Sin duda será un proceso complejo, pese al amplio acervo probatorio ya en manos de la justicia, aunque existe una alta probabilidad que si la Fiscalía General de la Nación no declara esta horrenda masacre crimen de lesa humanidad, se corre el riesgo de un vencimiento de términos. Amanecerá y veremos a un “Lucho” ya no en el recuerdo pedaleando por las carreteras de Europa, sino caminando hacia los despachos judiciales con el sol sobre sus espaldas y una gloria que lastimosamente y después de tantos años se desvanecerá dejándolo convertido en un ídolo de barro.

Urabá-abril de 2025.

 

 

miércoles, 29 de noviembre de 2023

Indígenas siguen ahondando en la verdad

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) presenta un informe sobre el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Medellín.

Parque principal de Pueblo Rico (Risaralda)
 Foto: Camilo Villamizar para CNMH.
Cómo fue la conformación, actuación y proceso de desmovilización del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), así como las violencias que ejerció contra la población civil, los daños que generó y las formas de resistencia que desarrollaron las comunidades, son las respuestas que brinda el informe Jaūriperabu: la enfermedad del susto. Testimonios de las violencias e impactos del ERG y las resistencias triétnicas en Chocó, Risaralda y Antioquia.

 Se trata del informe presentado por la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en cumplimiento de la sentencia proferida el 31 de julio de 2020 contra Olimpo de Jesús Sánchez Caro, alias Cristóbal Caro, o o Matacuras y otros 15 exintegrantes y aporta al esclarecimiento de los hechos relacionados con esta estructura, un grupo armado que operó durante quince años, principalmente en Antioquia, Chocó y Risaralda.

Portada del informe (Foto/CNMH)
 «Jaūriperabu: la enfermedad del susto» es un término embera que refleja el daño causado por el conflicto armado. No es un virus que invade los cuerpos, sino un mal que despoja del espíritu, somete al miedo y no permite vivir en paz. No solo afecta a los humanos, sino también a los animales, a las plantas, a los ríos y a la madre tierra. Es decir, que la comunidad en su conjunto con el territorio la padece, por las vidas arrebatadas, los sufrimientos sentidos, en un entorno generalizado de desconfianza y terror.

 De acuerdo con la investigación, el ERG generó graves hechos de violación a los derechos de la población civil como la masacre de Jingarabá en 1994, las tomas a Bagadó en 1997 y 2000 y los desplazamientos forzados masivos de Guaduas, Sabaleta, El Doce—Quebrada Borbollón y La Puria, entre otros. Desde 2003 empezó un período de declive a raíz de la conflictividad con otras guerrillas, el aumento de la ofensiva de la fuerza pública y las deserciones masivas; que lo forzaron a desmovilizarse bajo la ley de Justicia y Paz.

El impacto en las poblaciones

Esta guerrilla tuvo entre sus principales patrones de macrocriminalidad el homicidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, el reclutamiento ilícito, el secuestro y la violencia sexual, en especial la obstétrica. El secuestro es uno de los delitos con más víctimas registradas. El 17% de las víctimas fueron mujeres y el 82% hombres. Con respecto a la violencia sexual contra integrantes del grupo armado, 69% de las víctimas corresponden a niñas y adolescentes y el 31% a mujeres adultas. La principal característica fue la multiplicidad de estos delitos sobre una misma víctima. Por ejemplo, el 79% de los homicidios perpetrados por el ERG fueron, a su vez, desapariciones forzadas. Todo esto generó graves y múltiples daños, individuales y colectivos derivados del conflicto armado.

Comunidad Bajo Río Grande en el
Resguardo La Puria, El Carmen
de Atrato (Choco)-2022-(Foto
 Laura Escobar para CNMH)

Daños físicos y psicológicos, materiales y al proyecto de vida fueron los principales tipos de impactos individuales, que afectaron el bienestar de las víctimas, dejando huellas en la memoria, el sentir, el cuerpo, las proyecciones a futuro y sus lugares de arraigo. En la dimensión colectiva se encontraron los daños materiales y económicos, los socioculturales, los políticos y pueblos completamente arrasados.

El territorio y los resguardos indígenas

El informe también incluye dos capítulos adicionales: «Los territorios» expone un panorama general del conflicto armado en los municipios donde hizo presencia el ERG en los departamentos de Chocó, Antioquia y Risaralda; mientras que en «Los resguardos indígenas» se visibiliza la historia, las violencias de larga duración y las resistencias y afrontamientos que han llevado a cabo tres comunidades indígenas embera katio y chamí del Carmen de Atrato, Chocó: La Puria, El Doce—Quebrada Borbollón y Sabaleta, resguardos priorizados en la sentencia del Tribunal Superior de Medellín.

 Este informe es un primer caso de la aplicación del Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad, para casos de guerrillas desmovilizadas. La herramienta, creada por la DAV (CNMH), muestra su utilidad a la hora de esclarecer la verdad a partir de los aportes de las personas desmovilizadas. De esta manera, la verdad, para el caso de las comunidades afectadas, se convierte en una opción de reparación simbólica, pues el Jaūriperabu no es incurable, se puede sanar si se enfrenta al miedo y se repara el daño por medio de la cultura, de la resistencia, de la memoria y de la palabra para posibilitar la construcción de paz.

Quienes deseen más información sobre este tema, se pueden comunicar con: Ayda Ma. Martínez  al celular-3142434334.

martes, 19 de septiembre de 2023

Se nos olvida

Se nos olvidó la Colombia rural, la Colombia que sólo hace presencia en los noticieros para reseñar una masacre o una "minga desalmada".

 Juán Fernando Uribe Duque*/Opinión/El Pregonero del Darién.

Médico/Juán Fernando Uribe Duque
Parece que nos habituamos a creer que Colombia es un estrecho corredor andino que se prolonga hacia el litoral atlántico en donde se concentra toda la realidad y los pequeños visos de desarrollo, olvidando que de los casi millón y medio de kilómetros cuadrados más de un millón permanecen sin asistencia del Estado y en manos de terratenientes que han impuesto a sangre y fuego un feudalismo de latifundios, cultivos ilícitos, despojo y violencia.

Estamos convencidos que los problemas sólo atañen a las grandes ciudades y los pequeños centros urbanos a su alrededor. En los municipios el aparente pobre desarrollo no se da por los reglones de "la ganadería, el cultivo del café o la agricultura" como se enseñaba en los colegios, sino por los aportes económicos de sus habitantes que viven en las ciudades y que envían a los familiares remanentes con que pagar servicios, pintar la casita o surtir la tienda.

La actividad económica de los municipios sólo involucra a muy pocos ciudadanos, de ahí que los caseríos pintorescos sólo tengan una fachada bonita, tres o cuatro fincas grandes, dos gamonales, un cura rico y una población estancada medrando en el tiempo como si este se hubiera detenido en una estampa multicolor añorando una prosperidad bucólica pretendida en otra época.

Ese convencimiento de que todo ha mejorado, eso de "comparar con otros tiempos" y ver que existe un desarrollo significativo, es consecuencia natural del arrastre que produce la inercia de la tecnología: Ya hay teléfonos, claro y también alumbrado eléctrico, mejores servicios públicos. ¿Qué tal que no los hubiera en las atróficas cabeceras municipales o en los cordones de miseria y barriadas suburbanas? Es lo mínimo de esperar

Se nos olvidó la Colombia rural, la Colombia que sólo hace presencia en los noticieros para reseñar una masacre o una "minga desalmada", la de los grandes latifundios improductivos, la Colombia abandonada llena de biodiversidad, la que congrega en sus cuencas fluviales pueblos de inmensa cultura y pobreza, la que tiene la mitad del agua de la tierra. Esa Colombia solo existe para enmarcar el abandono, alimentar el saqueo, y propiciar una guerra sorda e interminable.

*Médico Pediatra.

jueves, 14 de septiembre de 2023

Hace un año

¿Qué sería de Colombia en cincuenta años de seguir cómo vamos? Un país en guerra, segregado, con el 40% de la población en crisis alimentaria.

Juán Fernando Uribe Duque*/Opinión/El Pregonero del Darién.

Médico/Juán Fernando Uribe Duque

(Gasolina y prioridades)

Es muy fácil culpar al actual gobierno del aumento del precio de la gasolina y tal vez del índice inflacionario que se avecina. En menos de dos meses ya los críticos se rasgan las vestiduras mientras los medios aliados a la oposición incendian y alimentan con ejemplos ridículos una supuesta falta de competencia e improvisación.

La Ministra de Minas y Energía es un claro ejemplo, donde por un error de dicción todo el mundo se le vino encima a sabiendas que es una funcionaria altamente capacitada y conocedora a plenitud de la realidad energética mundial.

Sucede que la conciencia cambió y el modelo conservacionista basado en energías limpias se impone exigiendo un decrecimiento en el manejo de recursos fósiles. Parece que nos negáramos a entender lo que la ciencia ya ha demostrado.

¿Qué sería de Colombia en cincuenta años de seguir cómo vamos? Un país en guerra, segregado, con el 40% de la población en crisis alimentaria, los recursos amenazados, una corrupción que ya llega a escenarios surrealistas donde se tienen que desalojar edificios para evitar ser destruidos en un efecto dominó por la amenaza de aquellos que fueron construidos por ladrones como castillos de naipes. Un país con una deuda fiscal cada vez más impagable, con un aparato industrial precario, con un índice de analfabetismo funcional de casi el 50%, sin conectividad, sin agua potable, plagado de concesiones mineras que amenazan bosques, páramos y acuíferos.

Una terrateniencia impía, deforestadora, en donde es más importante el bienestar del ganado que la población circundante sin tierra y comida, muchas veces padeciendo las inclemencias de un cambio climático que los inunda o los atropella con sequías e incendios.

Hablar de un narcotráfico salvaje sin control que todo lo permea y que aboga por ser legalizado para optar por una paz estable dentro de la tragedia social que engendró, es un interrogante que sólo acepta una solución: La paz, como tema de inobjetable importancia.

Colombia es un país extraño, tan hermoso como atípico, lleno de luz y sombras.

No es el desarrollo económico de una clase financiera lo que jalona el país, pues este sólo es un índice de la inequidad y el contrasentido de un neoliberalismo que raya con el límite de una inviabilidad sin retorno.

En una neocolonia como la nuestra, infradesarrollada y dependiente, ya las mentiras de una clase dirigente que se enriqueció robando, despojando y vendiendo al país a las apetencias de las multinacionales y de las capitales golondrinas, o lo que es peor, a los hartazgos por quedarse con nuestros recursos sin importar los daños ecológicos, no convence y no cotiza.

El gobierno ha sido claro y empático al establecer prioridades, y las más importantes, las básicas, son dos: Lograr la paz con el narcotráfico y atenuar el hambre de 22 millones de compatriotas.

El amor: Droga efectiva contra el narcotráfico

 El narcotráfico vino a empeorarlo todo. Además de los últimos coletazos de la violencia partidista, Pablo Escobar y su cultura de terrorismo y dinero fácil, arrasaron con lo poco que quedó de los valores familiares y el tejido social.

Después de haber permeado todos los estamentos de la sociedad y de haberse impuesto como la forma ideal de salir de la pobreza en las clases marginadas, el narcotráfico se tomó el Estado nombrando presidentes y definiendo toda la política colombiana, al crear, además, una guerra fingida contra sí mismo y una imagen que bajo múltiples disfraces ha definido la economía y la cultura popular: música, moda, todo enmarcado dentro de un machismo grotesco aunado a la degradación de la figura femenina y a la apatía por el formalismo laboral, y que hizo del emergente un peligroso resentido social muchas veces despojador de tierra y tirano de las barriadas.

"El problema degeneró en una persecución que fortaleció el negocio y a sus mafias trayendo violencia, corrupción y pobreza"

El campo se llenó de sangre una vez los paramilitares del narcotráfico entraron a desplazar y a disputar con una guerrilla igualmente narcotraficante los territorios y las rutas como es el caso actual de Arauca, Nariño, el Cauca, la zona del Catatumbo y el Putumayo.

El narcotráfico convirtió al nuevo guerrillero en narcotraficante desvirtuando políticamente los antiguos ideales luego de la renuncia de los primeros líderes ya cansados y viejos.

Con el advenimiento de la cocaína, las drogas sintéticas y últimamente los opiodes como el Fentanilo - usado en anestesia-, el problema alcanza connotaciones dramáticas ya que los adictos van en aumento: 30 millones en USA y otros tantos en Europa sin contar el nuevo mercado que se abre a los países suramericanos, África y el corredor asiático.

Desde la guerra de Vietnam y con el surgimiento de la contracultura y el uso de la marihuana, las drogas psicodélicas como el LSD, los hongos psilocibínicos y el peyote, se inició en la administración del presidente Nixon una guerra equivocada contra el narcotráfico producto de la demanda y esta, a su vez, fruto de una drogadicción desmesurada.

Como consecuencia de esa guerra absurda en la que nunca se consideró la recuperación personal del consumidor y sí tomado como un simple delincuente, el problema degeneró en una persecución que fortaleció el negocio y a sus mafias trayendo violencia, corrupción y pobreza en los campos que dejaron de producir alimentos para convertir, a gran parte del campesinado, en cosecheros y esclavo de los laboratorios clandestinos.

Continuar reprimiendo el narcotráfico con las mismas medidas de erradicación, captura o aspersión con glifosato, sólo trae ruina y dolor. En cincuenta años de una guerra impuesta y equivocada lo único que se ha conseguido es fortalecer el negocio y acabar con el tejido social postrando al campo con miles de muertos y otros tantos acabando su vida en las cárceles.

Se debe iniciar un plan a largo plazo para prevenir la adicción y tratar de recuperar al adicto que encuentra en el uso compulsivo de la droga, el sucedáneo para soportar una soledad que de no ser superada con la creación de tejido social y mejores condiciones de vida, lo llevará cada vez más al aislamiento y la depresión.

Cada país, cada sociedad, debe convivir con sus dolores y sus vicios, reprimirlos es permitir el fortalecimiento de las mafias y consolidar la institucionalidad de un narcoestado. No está de más recordar la composición del Congreso con un 60% de parlamentarios relacionados con las diferentes agencias delincuenciales, y en una época no lejana, el 35% paramilitar.

Se impone la recuperación de los adictos con un trabajo tendiente a fortalecer la familia y crear así una nueva generación de colombianos dentro de un sólido tejido social que les brinde protección y afecto.

Drogas como la cocaína y la marihuana deben entrar en la vía de la legalización suprimiendo los componentes adictivos y conservando su valor terapéutico. Ya la marihuana es ampliamente socorrida en terapias contra el dolor, así mismo la cocaína y en sí los derivados de la hoja de coca deben retomar su valor diferente al meramente adictivo, incluso pueden convertirse en renglón importante de la economía al lado del café, las frutas y las flores.

Seguir la guerra es dividir al país entre "buenos y malos" y eso no es otra cosa que condenarnos a muerte.

*Médico Pediatra.

martes, 29 de agosto de 2023

La democracia local amenazada

La consolidación de grupos armados y el aumento de ciertos tipos de violencia han hecho que el propio Registrador hable de suspender las elecciones de Octubre ¿Tiene sentido esta idea?

Armando José Mercado Vega*Razón Pública/ Análisis de la Noticia/El Pregonero del Darién.

Yefer Gamboa Palacios,
 alcalde de Nuquí.

La violencia reciente en Colombia

El viernes 25 de agosto, Yefer Gamboa Palacios, alcalde de Nuquí, Chocó, tuvo que abandonar el municipio debido a las amenazas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Ya son 13 los alcaldes que han sufrido la misma situación.

"Además de expandir su presencia territorial, estos grupos poco a poco han aumentado su control sobre la vida comunitaria de poblaciones urbanas y rurales en muchos municipios"

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), si analizamos los nueves meses anteriores a la fecha de las elecciones en los últimos diez años hay un aumento de hechos violentos contra líderes y lideresas.

De la misma manera, la Defensoría del Pueblo Colombiano, en la Alerta Temprana de las Elecciones Regionales N°030-23, identificó un total de 184 conductas vulneradoras contra personas que intervienen en el proceso electoral entre el 1 de enero y el 9 de agosto del presente año. Un aumento sostenido a medida que se acerca la fecha de las elecciones.

Conductas vulneradoras contra personas en el proceso electoral

Mes

# de Conductas

Enero

6

Febrero

4

Marzo

10

Abril

15

Mayo

37

Junio

39

Julio

55

Agosto

18

Fuente: Defensoría del Pueblo (2023).

Estos hechos violentos son, en su mayoría, responsabilidad de grupos armados organizados o grupos criminales organizados. Aunque el aumento en los índices de violencia justo en época electoral y preelectoral por parte de grupos armados no es algo exclusivo de Colombia.

Guillermo Trejo y Sandra Ley han identificado el mismo fenómeno en México desde el 2000 debido a los cárteles que, tras perder la protección estatal que tenían durante el régimen del PRI, se vieron en la necesidad de crear sus propios ejércitos para defenderse, presionar o intimidar a los nuevos gobiernos locales —además de competir con otros cárteles para mantener su gobernanza criminal en los territorios.

Gobernanzas criminales

Según la Alerta Temprana de la Defensoría, del 2022 al 2023 los grupos armados aumentaron su presencia en más municipios a lo largo y ancho del territorio colombiano.

Además de expandir su presencia territorial, estos grupos poco a poco han aumentado su control sobre la vida comunitaria de poblaciones urbanas y rurales en muchos municipios, consolidando gobernanzas armadas.

Cantidad de municipios en los que están los grupos armados

2020

2021

2022

2023

AGC

124

134

200

331

Disidencias FARC

163

153

171

299

ELN

190

165

176

231

Fuente: Fundación Ideas para la Paz (FIP) y Defensoría del Pueblo.

Pero la expansión territorial y el establecimiento de gobernanzas armadas no necesariamente implican un aumento en todos los tipos de violencia.

Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), si se compara el último año del gobierno de Duque con el primero de Petro, los homicidios disminuyeron un 1,5 % a nivel general y un 14 % en las zonas Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Se redujeron los ataques por parte de los grupos armados a la infraestructura y bienes en un 45 % y contra la Fuerza Pública en 47 %, así como los homicidios de líderes y lideresas sociales en un 13 %. Sin embargo, poco cambiaron los desplazamientos forzados, que disminuyeron un 3 % y las masacres que decrecieron un 2 %.

Incluso se habla de suspender
 las elecciones.
El mismo informe de la FIP señala que algunas otras formas de violencia han aumentado. Por ejemplo, la extorsión aumentó un 15 % y el secuestro un 77 %. A su vez, la confrontación entre grupos armados aumentó el 85 %.

De hecho, los indicadores de impacto humanitario mantienen niveles preocupantes. Un aumento del confinamiento en un 24 % y el homicidio de excombatientes se mantiene en sus altos niveles.

¿Cómo explicar los cambios en la violencia?

En medio de la propuesta de Paz Total y ceses al fuego, algunos grupos parecen haber disminuido sus ataques contra agentes del Estado, al mismo tiempo que aumentan los choques con otros grupos ilegales por el control hegemónico de territorios y poblaciones.

Una vez logrado cierto control —y dada además la disminución de los ingresos producto de la coca— algunos grupos diversificaron sus fuentes de ingreso más allá del narcotráfico y microtráfico. Por eso el aumento en las extorsiones y secuestros.

Y de aquí a la interferencia armada en la jornada electoral no había más que un paso.  Por ejemplo, las AGC han informado en sus comunicados que respetarán las campañas de todos los candidatos en los territorios que controlan.

Por su parte, parte de las disidencias de las FARC dijeron que no permitirán actividades relacionadas con el clientelismo, compra y venta de votos, y demás actos que corrompan el certamen. Anuncian que aplicarán la llamada Ley 003 de Anticorrupción expedida por las FARC-EP en el 2000.

Hay que insistir en que, aunque un grupo armado no constriña de manera directa al elector, su sola presencia causa temor entre los candidatos, las organizaciones que los apoyen y los pobladores que piensen manifestar su apoyo electoral abiertamente.

Un escenario probable y preocupante sería que los grupos armados pasen de una lógica de control territorial y social a una lógica de captura del Estado en lo local. Eso se haría a través del apoyo o rechazo a ciertas candidaturas locales y con el propósito de cooptar las instancias de representación locales.

¿Suspender elecciones?

Ante esta situación, el registrador nacional sugirió que, en caso necesario, podrían suspender de las elecciones del próximo 29 de octubre en territorios como el Cauca, fuertemente afectados por la violencia.

Esta declaración produjo rechazo por parte del gobierno a través del ministro del Interior, y también fue rechazada por algunos académicos y analistas.

Primero hay que identificar los distintos tipos de respuestas que puede desplegar un gobierno ante una situación que perturbe de manera masiva y sistemática una jornada electoral, como un desastre natural, una crisis humanitaria o sanitaria, o un hecho de violencia colectiva como una guerra.

En Colombia hemos tenido distintos tipos de respuestas. Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, en ocasiones se suspendieron las elecciones por motivos relacionados con las guerras civiles que libraron liberales y conservadores.

 Aunque un grupo armado no constriña de manera directa al elector, su sola presencia causa temor entre los candidatos, las organizaciones que los apoyen y los pobladores que piensen manifestar su apoyo electoral abiertamente.

Así mismo a lo largo del siglo XX fue usual que en zonas de intenso conflicto armado, los presidentes nombraran gobernadores o alcaldes militares, deponiendo a las autoridades civiles locales para afrontar la situación. No obstante, estas opciones son respuestas muy poco democráticas.

Antes de pensar en suspender elecciones, la Registraduría Nacional y todas las instituciones deben hacer el máximo esfuerzo conjunto y coordinado para garantizar los derechos políticos y las libertades civiles de todos los colombianos.

Hay que recordarle al registrador “del siglo XXI” que la propuesta de suspender elecciones parece más una propuesta del siglo XIX.

Armando José Mercado

*Politólogo, magister en Conflicto Social y Construcción de Paz, profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) e investigador en el Grupo Regional de Memoria Histórica (GRMH-UTB) de la misma universidad

miércoles, 28 de diciembre de 2022

Médico Ossa se pronuncia ante publicación

“Lo grave es la indiferencia de la clase dirigente de la región que, se hace la boba porque cree que no es con ellos” dijo el galeno.

El médico Luis Alfonso Ossa se pronunció ante la columna de opinión publicada por nuestro director, en la cual nuevamente insiste por el deterioro social de Apartadó y Urabá en general, específicamente con el tema de las pandillas o jóvenes en conflicto, que crecen como amenaza social y al orden público, sin soluciones a la vista.

Aquí la opinión del dirigente regional sobre este particular:

Por: Luis Alfonso Ossa B.

Luis Alfonso Ossa B.

Creo que el planteamiento que el periodista  Wilmar Jaramillo hace en el periódico el Pregonero del Darién es bastante delicado y muy preocupante, y si bien el panorama expuesto en su artículo es de suma gravedad, debería servirnos como alerta máxima para que gobernantes, en unión con todas las demás entidades  de la sociedad,  entiendan que es perentorio comenzar a hacer correctivos fundamentales que, por lo menos relenticen ese proceso de descomposición violenta que nuestra sociedad padece, el mismo  que aceleradamente proseguirá si no le ponemos contención  entre todos.

El llamado de atención del Pregonero debería llevarnos a tomar como propósito para los años venideros la tarea de convocar a todas las llamadas fuerzas vivas a que sumemos esfuerzos para construir con urgencia el dique social que frene esta tragedia que velozmente está creciendo en la Región de Urabá.

Lo grave es la indiferencia de la clase dirigente de la región que se hace la boba porque cree que no es con ellos. Ya veremos que hacen cuando el grado de descomposición social les desvalorice sus propiedades y sus empresas comiencen a venirse al piso porque no haya fuerza laboral que las mantenga.

viernes, 17 de junio de 2022

Aumenta violencia contra la comunidad LGBT

En Colombia ser homosexual se castigaba con tres años de cárcel, siendo uno de los países más atrasados en el campo de las libertades y derechos.

Por: David Pereañez / Comunicaciones/Facultad Nacional de Salud Pública/EL Pregonero Del Darién.

En junio se celebra el mes del orgullo LGBT en el mundo a modo de resaltar el papel de la diversidad, la tolerancia y el respeto. Es bueno recordar algunos datos claves de la historia LGBT en Colombia, además de hablar sobre la grave coyuntura de violación de derechos que sufre esta comunidad.

En 1980 se eliminó la homosexualidad como delito en el código penal colombiano: Hace 42 años ser homosexual era castigado con 3 años de cárcel, en ese momento Colombia era uno de los pocos países de Latinoamérica que aún condenaba la homosexualidad.

En Colombia, desde 2007, se reconoce una unión marital de hecho entre parejas homosexuales y en 2016 se reglamentó el matrimonio igualitario, sin embargo, esta unión aún tiene una alta estigma en Colombia, además las barreras para poder legalizar este matrimonio siguen siendo muy altas, lo que convierte esta unión en una opción de difícil acceso para las parejas homosexuales.
Situación similar ocurre con la adopción por parejas del mismo sexo, que fue aprobada en el 2015, pero que sigue siendo discriminada. Hasta ahora, desde que se reglamentó la adopción por parejas homosexuales 70 niños han sido adoptados por este tipo de parejas.

Violación de derechos y discriminación

En este 2022 las cifras de vulneraciones de derechos contra la comunidad LGBT son preocupantes, solo en los primeros 5 meses de 2022 ya han sido asesinadas 25 personas LGTB en Colombia, siendo Antioquia el departamento donde han ocurrido más casos. Hasta ahora han sido asesinados 9 hombres gais y una mujer trans.



Pero no solo son los asesinatos lo que preocupa, ya que entre 2021 y 2022 se han denunciado 248 casos de violencia o discriminación en contra de personas LGBT. Recordemos que durante el 2020 se realizaron denuncias de 517 de vulneraciones de derechos contra esta población.

Según Colombia Diversa, en las últimas dos décadas se han reportado 2.500 actos de violencia contra la comunidad LGBT, de los cuales el 90% quedó en la impunidad.

La Facultad está desarrollando diferentes actividades por el mes de las diversidades sexuales. A través de cineforos, conversatorios y activaciones, ha llevado temáticas de sumo interés para la comunidad académica en torno al acceso a los servicios de salud de la población LGBTI, las masculinidades no hegemónicas, la lucha contra los estereotipos, entre otras.

lunes, 14 de febrero de 2022

La guerra en el Chocó de la que nadie está hablando

Asesinatos, desplazamientos, disputas territoriales y miles de personas confinadas: esta es la guerra que sufren los chocoanos ante el silencio de los medios y la inacción de las autoridades.

Un proceso de paz  que se
diluyó en la violencia

Por: Elizabeth Dickinson*/ Razón Pública

Chocó bajo fuego/Análisis de la noticia

“Nuestro desafío es sobrevivir el día hasta la noche”, dice una lideresa juvenil en Quibdó, contando como su ciudad está bajo fuego.

Según la gobernación, durante las primeras semanas de este año fueron asesinados catorce jóvenes en la ciudad de Quibdó, y al menos 60.000 personas estuvieron confinadas en la zona rural aledaña, según estimativos de organizaciones humanitarias.

Los habitantes de la capital del Chocó viven entre barreras invisibles, robos, reclutamiento y extorsión. Como dicen ellos mismos, “los niños tienen que ir derecho de la casa al colegio y al revés, porque muchos jóvenes se pierden por el camino o son reclutados por grupos armados”.

Una ciudad bajo el fuego

La tragedia que sufre el departamento apenas aparece en los medios de comunicación. Y las autoridades no dan respuesta.

En el área de Quibdó y en otras zonas del departamento, la vida diaria está sujeta a una violencia de baja intensidad, pero de alto impacto. Cinco años después de la firma del Acuerdo con las FARC, la promesa de tranquilidad sigue lejos de cumplirse para esta región tan duramente afectada por el conflicto de las últimas décadas. En definitiva, la guerra está de vuelta en el Chocó y esto ha producido la peor crisis humanitaria de los últimos quince años, según cifras de la Defensoría del Pueblo.

“Lo que más me preocupa es el silencio de las comunidades”, explica una dirigente de la región. La tragedia que sufre el departamento apenas aparece en los medios de comunicación. Y las autoridades no dan respuesta.

Foto: Twitter: Crisis Group - Las comunidades quedaron en medio de un fuego cruzado, pero esta vez no hicieron lo que antes habían hecho —abandonar sus tierras para engrosar el número de desplazados— sino que ahora optaron por encerrarse.

El ELN contra el Clan del Golfo

Para los grupos armados, el Chocó es atractivo por sus rutas fluviales (lo cruzan tres ríos), por su frontera con Panamá y por el fácil acceso a los dos océanos. La escasa presencia de las instituciones facilita los movimientos clandestinos. Y aunque esta realidad no ha cambiado desde la firma del Acuerdo, según un analista de la zona, “nunca ha habido tantos hombres armados como ahora”.

La reconfiguración del conflicto en Chocó empezó pocos meses después de firmarse el Acuerdo. Algunos desplazados volvieron a sus tierras y festejaron la navidad de 2016, pero la violencia no tardó en volver:

En 2017, el ELN pasó de tener presencia en seis municipios a controlar diecinueve. Su expansión fue “prácticamente simultánea” a la dejación de armas por parte de las FARC.

La pobreza, carne de
cañón para la guerra

Al mismo tiempo, el Clan del Golfo se lanzó a controlar las rutas fluviales, desde su base en Urabá, Antioquia. Al principio, los miembros del Clan entraron por las zonas históricas de despliegue: Carmen del Darién, Río Sucio y Bojayá. Vestidos con uniformes camuflados o negros, se tomaron pueblo tras pueblo, hasta controlar la subregión de Darién y una gran parte del Atrato. Desde allá, arrancaron hacia la subregión del Baudó.

La pelea por el control territorial entre el ELN y el Clan del Golfo se está calentando cada vez más. Desde agosto han aumentado los choques entre ambos grupos en zonas rurales del departamento, más específicamente en la subregión de San Juan.

El Clan parece tener la ventaja militar y hoy en día manda en gran parte de la zona rural del departamento y en casi todos los cascos urbanos.  Tan pronto el Clan consigue el control militar de un territorio procede a consolidar su presencia económica y social utilizando una mezcla de violencia y ofertas tentadoras: entrega salarios y regalos a cambio del silencio de la comunidad; amenaza, desplaza o mata a líderes o activistas que ponen en duda su autoridad. Por otra parte, el ELN se aferra al territorio que le queda y también recurre a la mano dura.

Un paisaje opacado por la muerte

El confinamiento

Las comunidades quedaron en medio de un fuego cruzado, pero esta vez no hicieron lo que antes habían hecho —abandonar sus tierras para engrosar el número de desplazados— sino que ahora optaron por encerrarse.

“Hemos logrado, al menos, que la gente se quede en el territorio para defenderlo”, nos dijo un líder campesino. “Pero hay días cuando toda la comunidad tiene que rebuscarse la comida, porque claro, el mercado se acaba”.

Al principio, el confinamiento fue una herramienta de resistencia, pero después los grupos armados empezaron a usarlo para sus propios intereses. Por ejemplo, cuando el Clan del Golfo entra a una vereda controlada por el ELN, los guerrilleros ordenan que la comunidad se confine para usarla como escudo humano y evitar la toma del pueblo.

Chocó, paraíso olvidado

Quibdó se ha vuelto un campo de batalla. Durante años, la ciudad ha recibido olas de desplazados y por eso proliferan los barrios informales.

A veces, uno de los dos grupos instala minas alrededor de la vereda, para impedir que entren sus rivales. Sin acceso a sus cultivos, a los ríos y al transporte, pronto la comunidad se enfrenta a una crisis alimentaria, de salud, e incluso cultural, ya que se pierden las formas de vida tradicional.

La guerra unilateral del Estado

La fuerza pública se ha dedicado a debilitar al ELN en lugar de proteger a las comunidades. A su vez, la muerte de los líderes de la guerrilla ha hecho que se degrade su relación con las comunidades.

Falta mucha voluntad política

Por ejemplo, según la Defensoría del Pueblo, una crisis de liderazgo en el ELN habría contribuido a la ruptura del pacto que repartía San Juan e Istmina entre los grupos armados presentes. Hoy en día, el sur del Chocó está viviendo el resultado de esta ruptura. Desde agosto de 2021, el conflicto se extendió hacía el extremo sur, donde el ELN tenía su último refugio en la región de San Juan. En esas zonas de influencia del ELN, el grupo se ha impuesto sobre las Juntas de Acción Comunal (JAC), recluta niños desde los doce o trece años y su violencia cotidiana está normalizada.

Precisamente por eso, la llegada del Clan del Golfo se ha basado en purgas, amenazas a líderes y señalamientos de las comunidades.

La violencia “invisible” en la ciudad

Mientras tanto, Quibdó se ha vuelto un campo de batalla. Durante años, la ciudad ha recibido olas de desplazados y por eso proliferan los barrios informales. Esto ha sido una oportunidad para los delincuentes: las extorsiones, las vacunas, el sicariato, el microtráfico y los robos son el pan de cada día.

En su intento por controlar esta ciudad, tanto el ELN como el Clan del Golfo se alinearon con bandas criminales: con “los Mexicanos” y “los Urabeños” respectivamente. Según la iglesia católica, al menos 214 jóvenes fueron asesinados en Quibdó en 2021, pero organizaciones de la sociedad civil aseguran que hay un subregistro.

Una riqueza mal aprovechada

“Los Mexicanos son caóticos. Amenazan, desplazan y matan”, explica un religioso de un barrio estrato 1 y 2 de la ciudad. “Con el Clan no hay extorsión, sino una provisión de seguridad. Paran la delincuencia y evitan que haya homicidios, porque eso hace ruido, y el ruido llama la atención de las autoridades. Su interés es mantener la calma”. Según él, el Clan del Golfo pide tres cosas de la comunidad a cambio de imponer la calma: un aporte de entre 5.000 y 8.000 pesos por hogar cada ocho días, acceso a las casas del barrio para los miembros del grupo y silencio.

Por eso la violencia no desaparece, sino que se vuelve invisible. Los niños y niñas son reclutados, desde los ocho o nueve años, como “campaneros”: vigilantes del barrio que informan sobre cualquier novedad.

Se rumorea mucho sobre la violencia sexual, pero nunca hay certezas, porque una denuncia de violación trae como consecuencia una amenaza de muerte. Además, muchas mujeres dependen económicamente de sus compañeros sentimentales, por lo que tienen que tolerar abusos sexuales contra ellas o sus hijas.

Entre la vida y el peligro.

Algo parecido sucede en las zonas rurales, donde los miembros del Clan del Golfo aparentan ser un ejército de ocupación benévolo.

En la navidad de 2021, el Clan organizó un “concurso de luces” y asignó un presupuesto para decoración a cada pueblo. El ganador recibió una vaca como premio. Según las comunidades, el Clan celebra torneos de fútbol y hace que los ladrones hagan labores comunales como castigo.

Con promesas de salarios de alrededor un millón de pesos mensuales, el Clan es el empleador preferido de la localidad y puede escoger gente con experiencia. Una fuente de seguridad confirma que un gran porcentaje de los miembros del Clan han prestado servicio militar.

“Los grupos armados han vuelto a ser el Estado, la autoridad”, dice una oficial humanitaria. “Uno siempre está entre la vida y el peligro”.

El Clan también les cobra impuestos a las principales empresas de la zona —minería y extracción de madera—. También cobra a los cultivadores de coca —y al parecer controla la coca directamente —, cuya siembra se ha extendido hacia zonas donde nunca antes había habido, como en el Medio y Bajo Baudó y en Bojayá.

“Han logrado dos cosas que ningún Estado ha sido capaz de hacer: imponer impuestos y ofrecer justicia”, explica un analista regional. Aun así, el precio que pagan las comunidades es supremamente alto.

Elizabeth Dickinson

Las autoridades étnicas que pretenden mantener sus culturas y sistemas de autogobierno están particularmente expuestas. Tanto el ELN como el Clan del Golfo han dificultado el contacto de las autoridades étnicas locales con sus contrapartes departamentales. Amenazan a los líderes hasta desplazarlos e instalan líderes cercanos a sus propios intereses en los Consejos Comunitarios y las Juntas de Acción Comunal. Los líderes indígenas que se han resistido a tener cultivos ilícitos en sus resguardos también han recibido amenazas.

Algunos oficiales humanitarios aseguran que la situación de confinamiento es aún más grave de lo que parece. La inseguridad alimentaria es el riesgo más visible, pero la falta de acceso a los cultivos, los ríos y las plantas de medicina tradicional también implican una pérdida de tradiciones y formas de vida que no se recupera fácilmente. Además de la pérdida de líderes, por asesinatos o desplazamientos, esto ha resultado en que la comunidad tenga cada vez menos capacidad de actuar.

Frente a todo lo anterior, el Estado se limita a acciones superficiales: por ejemplo, persigue a los grandes líderes del ELN, pero admite que es imposible controlar los ríos o incluso muchos cascos urbanos pequeños.

“Los grupos armados han vuelto a ser el Estado, la autoridad”, dice una oficial humanitaria. “Uno siempre está entre la vida y el peligro”.

Elizabeth Dickinson*Analista senior para Colombia de International Crisis Group, donde se enfoca en el seguimiento del conflicto y la puesta en marcha del Acuerdo de Paz.