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sábado, 27 de enero de 2024

La batalla por el sistema de salud

De acuerdo con ese informe, con corte a junio de 2023, el monto de reservas técnicas que las EPS deberían tener invertidas era de $18.7 billones, de los cuales, en inversiones liquidas, había apenas $6.3 billones.

Giovanni Jiménez/ Razón Pública/Análisis de la Noticia/El Pregonero del Darién.

Foto/ Ministerio de Salud
El ministro de Salud demanda a las EPS y cambia al presidente de la que tiene casi once millones de afiliados. Estos son los argumentos de las partes y los alcances del cambio en la Nueva EPS.

Una batalla con noticias y actuaciones 

Al comenzar este año se vio alterada la tranquilidad del sector de la salud por dos motivos:

La acción popular que el ministerio interpuso contra 21 EPS por vulnerar el derecho a la salud al incumplir la Constitución y no dar claridad sobre el estado de las “reservas técnicas” que garantizan los pagos a los prestadores del servicio, y el nombramiento de Aldo Cadena como presidente de Nueva EPS en reemplazo de José Fernando Cardona.

Estos dos eventos no se pueden comprender en forma aislada, sino que, como afirmó Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) hacen parte de la batalla que ha mantenido enfrentados al gobierno nacional con las EPS desde hace más de un año. Esta batalla ha llenado de incertidumbre a los actores del sistema de salud y ha empezado a afectar la atención para todos los colombianos.

En el centro de la lucha está el deseo del gobierno de retomar el poder sobe el sistema de salud, no solo desde el punto de vista del aseguramiento, sino también desde el financiamiento. Para eso el gobierno se ha enfocado en al menos tres frentes:

La ley de reforma de la salud, cuyo paso por el Senado comenzó en enero con la designación de ponentes y la definición del cronograma de 14 audiencias públicas);

Las intervenciones sobre actores del sistema, por medio de acciones de vigilancia y control por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, y la toma del poder de la EPS más grande del país.

¿La plata alcanza o no alcanza?

En este marco se produjo la acción popular del ministerio, basada en el informe que presentó la Superintendencia de Salud en octubre del año pasado, donde se afirma que alrededor de veinte EPS no están cumpliendo el régimen de inversión de reservas técnicas definido en el Decreto 780 de 2016.

"La meta del gobierno seguramente será que la Nueva EPS protagonice el modelo alternativo de prestación de la salud que viene defendiendo el presidente Petro, independientemente de que el proyecto de reforma de la salud sea aprobado en el Congreso"

De acuerdo con ese informe, con corte a junio de 2023, el monto de reservas técnicas que las EPS deberían tener invertidas era de $18.7 billones, de los cuales, en inversiones liquidas, había apenas $6.3 billones. Lo anterior implica que $12.4 billones que las EPS deberían tener invertidas no lo estaban; las EPS con mayor saldo negativo son la Nueva EPS ($4.5 billones), Famisanar ($1.8 billones) y EMSSANAR ($1.5 billones), saldos estos que equivalen al 63% del valor total de las reservas no invertidas del sistema.

Para comprender el tema debo explicar qué son las reservas técnicas. En términos simples, son el respaldo financiero que las EPS deben constituir cuando una IPS les informa que prestó un servicio de salud a uno de sus afiliados, junto con la estimación de recursos necesarios para pagar atenciones a afiliados que no fueron reportadas por las IPS. En resumen, es la provisión de recursos que las EPS deben guardar para pagar a las IPS cuando estas presenten sus cuentas una vez han brindado los servicios de salud a los pacientes que los requirieron.

 El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo
 afirma que la UPC es suficiente para
 las atenciones en salud de acuerdo
con los cálculos hechos con base en los
reportes delas EPS/
Foto/Ministerio de Salud 
Por mandato legal, las EPS deben tener la totalidad de estos dineros a la vista contable, en inversiones de alta liquidez y seguridad, ya que con ellos se debe garantizar el pago oportuno a las IPS.

La pregunta sería entonces ¿por qué las EPS no tienen las inversiones líquidas que respalden la totalidad de las reservas técnicas causadas? Los argumentos de las EPS son varios, pero el principal es la insuficiencia de los dineros que reciben del gobierno para garantizar el Plan Básico de Salud (PBS); estos pagos se hacen por conducto de la Unidad de Pago por Capitación y de los llamados “presupuestos máximos”. Además de lo anterior, las EPS alegan las demoras en pagos por servicios no incluidos en el PBS y por servicios brindados durante la pandemia del Covid-19.

Según un análisis realizado por Numeris, en el 2022, la siniestralidad del régimen contributivo fue del 102.5%, o sea que los pagos por concepto de UPC habrían sido insuficientes para financiar las atenciones que requirieron los afiliados —y las EPS no habrían no tenido margen suficiente para constituir las reservas técnicas—. La situación en 2023 no habría sido muy distinta.

Sin embargo, el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo afirma que la UPC sí, basándose en el cálculo que hace el ministerio a partir de las cifras reportadas por las propias EPS.

Como se puede ver, no hay claridad sobre lo sucede en este aspecto neural para el sistema, puesto que cada una de las partes esgrime argumentos que respaldan sus posiciones. Peor todavía: no hay solución a la vista porque el dialogo está roto, y en el momento no hay espacio conjunto para análisis los datos con el fin de resolver la discrepancia.

Pero aun así cabe preguntarse si — aunque los argumento de las EPS fueran válidos— no estarían incurriendo en incumplimiento de una obligación legal —la liquidez de la inversión de reservas— incumplimiento que entonces deberían subsanar. La respuesta, probablemente, la tengan las instancias judiciales que resuelvan la acción popular interpuesta por el ministerio de Salud, un debate que tomará, probablemente, mucho tiempo.

Cambio de mando en la Nueva EPS

Tras catorce años de estar encabezada por José Fernando Cardona, la Nueva EPS pasó a manos de Aldo Cadena, quien ahora tiene el reto de guiar la EPS más grande del país y garantizar la atención en salud de alrededor de 10,8 millones de afiliados del régimen contributivo y el régimen subsidiado. Para eso dispondrá de unos ingresos anuales que rondan los $18 billones destinados a financiar la atención en salud que llevan a cabo 3.100 IPS, de las cuales un tercio son públicas y los restantes dos tercios son privadas.

La principal tarea de Cadena será lograr el equilibrio entre dos cursos de acción distintos. Por una parte, contratar y pagar la red de servicios de salud, dando además continuidad a proyectos estratégicos que hoy adelanta la Nueva EPS (como la automatización de algunos de sus procesos). Por otra parte, avanzar hacia el modelo de aseguramiento contrario al establecido en la ley 100 de 1993, según el discurso que adoptó como líder sindical y después como subsecretario y secretario de salud de Bogotá entre 2013 a 2014 en el gobierno del hoy presidente Petro. ¿Será que logra transitar por esta cuerda floja?

Otra función de Cadena será respetar el gobierno corporativo que ha guiado la gestión de Nueva EPS desde su creación y ha sido garantía de la continuidad de los procesos.

"Pero aun así cabe preguntarse si — aunque los argumento de las EPS fueran válidos— no estarían incurriendo en incumplimiento de una obligación legal —la liquidez de la inversión de reservas— incumplimiento que entonces deberían subsanar"

En síntesis, el nuevo presidente de la principal EPS tendrá que equilibrar la garantía del derecho fundamental a la salud con la sostenibilidad financiera necesaria para la supervivencia de la empresa. Al cumplir estas tareas, Cadena despejaría las dudas que causó su nombramiento.

Estas dudas se refieren sobre todo a la injerencia de Cadena como secretario de salud sobre la junta directiva de la EPS bogotana Capital Salud, entidad que, para finales de 2015, acumulaba pérdidas del orden de los $600 mil millones.

Giovanni Jiménez
Para lograr el nombramiento de Cadena, el gobierno nacional jugó a fondo sus cartas políticas, porque designa apenas dos de los cinco miembros de la junta directiva, y los restantes son escogidos por las cajas de compensación (Colsubsidio, Cafam, Compensar, Comfenalco Antioquia, Comfenalco Valle del Cauca y Comfandi) como socias mayoritarias.

Aunque Cadena fue elegido por unanimidad, se sabe que la decisión no fue fácil y que tomó varios intentos durante casi todo el 2023.

La meta del gobierno seguramente será que la Nueva EPS protagonice el modelo alternativo de prestación de la salud que viene defendiendo el presidente Petro, independientemente de que el proyecto de reforma de la salud sea aprobado en el Congreso.

Lo anterior sería posible gracias al poder económico y la cobertura nacional que esta entidad tiene, porque cubre los 32 departamentos del país. Por tanto, la gestión de Aldo Cadena, seguramente, se orientará a diseñar experimentos sobre lo que podría ser el futuro del sistema de salud.

Pero de no actuar con prudencia, esta experimentación podría implicar altos costos políticos para el gobierno, más todavía cuando la presidencia de José Fernando Cardona dejo buenos resultados en la atención de pacientes.

Bajo estas circunstancias, el fracaso de la Nueva EPS no le sería imputado a Aldo Cadena sino al gobierno de Gustavo Petro.

En conclusión, en el año que comienza es de prever que continúen la zozobra y la incertidumbre de todos los actores del sistema de salud, en el marco de los juegos de guerra entre el gobierno nacional y las EPS, donde los pacientes llevan más que perder: las víctimas colaterales que sufren las consecuencias de todas las guerras.

*Profesor titular de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Área Académica de Salud, doctor en Ciencias Sociales Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales y odontólogo de la Universidad Nacional de Colombia.

lunes, 15 de enero de 2024

2024 será la prueba de fuego de la ‘Paz Total’

Con un panorama complejo y tras un cierre de año estrepitoso, el gobierno intenta replantear la denominada ‘Paz Total’. ¿Cuáles deberían ser las prioridades?

Sebastián Zuleta* Razón Pública/Análisis de la Noticia/El Pregonero del Darién.

Las fichas del gobierno en
 busca de la paz total.

Los cambios en la ‘Paz Total’

La salida del gobierno del ex comisionado de Paz, Danilo Rueda, confirmó lo que la mayoría de la sociedad colombiana y la comunidad internacional habían advertido: la ‘Paz Total’ no va por buen camino y no tiene un horizonte claro. 

La ausencia de una estrategia de negociación con grupos armados ilegales, la imposibilidad de crear un marco jurídico para el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales, la pérdida de control territorial del Estado a manos de organizaciones armadas de diversa índole y el aumento en la mayoría de los índices de violencia precipitaron la salida de Rueda. 

El insólito episodio ocurrido en el preludio de las elecciones regionales en el corregimiento de El Plateado, Argelia, Cauca, puso en conocimiento de la opinión pública un desafortunado comunicado suscrito por los jefes de las delegaciones negociadoras del gobierno nacional y del EMC-FARC donde anunciaban que delegados de ambas partes harían presencia en la instalación de la jornada electoral en Popayán y después en El Plateado. 

Dicho comunicado, como vino a ser conocido horas después, estuvo precedido por la suscripción de un ‘acuerdo confidencial’ con el gobierno. Se estableció que el EMC-FARC se retiraría del casco urbano del corregimiento para que los militares pudieran entrar a El Plateado en el día de elecciones y vigilar su desarrollo. 

"El aumento de la violencia en diversas regiones, la expansión del control territorial y de la gobernanza criminal por parte de las organizaciones armadas, así como la ausencia de respuestas por parte del gobierno, son las principales razones por las cuales la denominada ‘Paz Total’ atraviesa una profunda crisis"

La negativa del ejército de retirarse provocó indisposición y presión por el EMC-FARC, lo que obligó a los militares a abandonar el corregimiento. Tanto el ministro de defensa como el Presidente de la República afirmaron desconocer dicho pacto, motivando la salida del cargo de Danilo Rueda.

En su lugar, Otty Patiño —quien fungía como jefe de delegación del gobierno en las negociaciones con el ELN— fue nombrado como nuevo Alto Comisionado para la Paz. 

En los primeros pronunciamientos, Patiño ha afirmado que es consciente de la necesidad de replantear algunos aspectos de la ‘Paz Total’, empezando por delimitar el alcance y promover la construcción de confianza con las comunidades que han percibido como “la paz en lugar de traer mayor seguridad, está trayendo mayor inestabilidad y mayor inseguridad”.

En otras palabras, resulta evidente que la tarea del nuevo Comisionado es mostrar resultados positivos en el marco de la ‘Paz Total’ tanto en materia de seguridad, como de acuerdos para el reducir la violencia y finalizar el conflicto con algunas de estas organizaciones.

Prioridades para el redireccionamiento 

En diversos pronunciamientos, el nuevo Comisionado de Paz ha sido claro en afirmar que la seguridad y el control territorial deben ir de la mano con las negociaciones de paz.

De entrada, esto marca una nueva orientación en comparación con los planteamientos previos sobre la ‘Paz Total’, donde la provisión de seguridad, el papel de las fuerzas armadas y la protección de las comunidades frente a las acciones de los grupos armados eran, si acaso, secundarios.

Esa suerte de ‘estado de excepción’, que implican las actuales negociaciones con estas organizaciones en sus áreas de influencia, le restó credibilidad y legitimidad a la ‘Paz Total’ frente a las comunidades. El aumento de la violencia en diversas regiones, la expansión del control territorial y de la gobernanza criminal por parte de las organizaciones armadas, así como la ausencia de respuestas por parte del gobierno, son las principales razones por las cuales la denominada ‘Paz Total’ atraviesa una profunda crisis.

Por eso el diseño de una estrategia de negociación con los grupos armados ilegales debe ser la prioridad fundamental del gobierno para el 2024. 

Ha quedado demostrado que la ausencia de una estrategia de negociación y la adopción de un enfoque donde la dinámica de la negociación va marcando el horizonte estratégico de la ‘Paz Total’ es errado y políticamente costoso para un gobierno que atraviesa una profunda crisis de gobernabilidad a menos de dos años de haber asumido el poder. En otras palabras, ha quedado en evidencia que la improvisación es la peor estrategia de negociación.

Foto: Facebook: Alto Comisionado
para la Paz - La negociación con
 el ELN y el EMC está en crisis
 debido a la debilidad de los ceses
 al fuego, la falta de claridad y de
 resultados concretos, entre otras cosas
En segundo lugar, las crisis que atraviesan los procesos de negociación por la debilidad de los denominados ‘ceses al fuego’, la falta de claridad, la incapacidad de acotar agendas de negociación y la ausencia de resultados concretos que aumenten la confianza de la ciudadanía en dichos procesos exigen una revisión a fondo que le permita al gobierno retomar el control de las negociaciones. 

Algunas preguntas que valdría la pena plantear son: ¿Existe voluntad de paz en estos grupos?, ¿tiene el gobierno la capacidad para adelantar negociaciones exitosas?, ¿qué se requiere para alcanzar una correlación de fuerzas positiva que le permita al gobierno mostrar resultados en materia de paz?, ¿cuáles son los criterios para otorgarle reconocimiento político a unas organizaciones armadas y a otras no?, ¿con quién se debe negociar y a quién se le deben ofrecer un sometimiento a la justicia?, entre otras.

En tercer lugar, el gobierno debe avocarse a crear un marco jurídico para el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales. 

Como es tradición en Colombia, el primer año de un gobierno está marcado por la influencia que éste ejerce sobre el Congreso para adoptar las principales reformas de su agenda. 

En el caso del actual gobierno, el primer año terminó con un balance deficitario y, de ahora en más, el costo político de tramitar cualquier reforma vía Congreso será muy alto. 

La imposibilidad de lograr la aprobación de un marco jurídico para el sometimiento a la justicia en el primer año de gobierno ha limitado seriamente el alcance de la ‘paz total’. Por el momento el gobierno no cuenta con herramientas para propiciar acercamientos y eventuales negociaciones con ciertas organizaciones armadas, como podrían ser las AGC, las ACSN o aquellas que operan en contextos urbanos.

Ahora el gobierno debe apelar al realismo y al pragmatismo para redefinir los contornos de la ‘Paz Total’. La tozudez de los hechos demuestra que, difícilmente, durante los dos años y ocho meses que le quedan al actual gobierno, se va a lograr un acuerdo para el desarme y desmovilización de organizaciones armadas. 

Dicho en otras palabras, es muy improbable que bajo las condiciones actuales el gobierno logre sacar adelante los cambios o reformas que algunos de estos grupos arguyen como motivación principal para mantenerse en armas. 

En este escenario, el gobierno debe enfocarse en acelerar y profundizar la ejecución del Acuerdo de 2016 con las extintas FARC-EP, disminuir la violencia presente y sentar las bases para una verdadera política de paz que cuente con las estrategias y herramientas que permitan dejar encaminados procesos de diálogo y negociación, y eventualmente, en un futuro no muy lejano, las organizaciones armadas opten por la finalización del conflicto.

Los próximos meses son críticos 

La prisa y los errores estratégicos han marcado la primera fase de la ‘Paz Total’. Por eso los limitados resultados a la fecha. El proyecto de “paz total” que hemos visto tiene serias falencias, entre ellas, el desconocimiento de los interlocutores en las negociaciones, así como sus incentivos o motivaciones, y no tiene una orientación clara para consolidar unas negociaciones con perspectiva de éxito. 

"Es muy improbable que bajo las condiciones actuales el gobierno logre sacar adelante los cambios o reformas que algunos de estos grupos arguyen como motivación principal para mantenerse en armas"

Además, perdió el norte sobre el propósito inicial de los diálogos y negociaciones y desaprovechó la confianza inicial de la ciudadanía. Por el momento se ve muy distante la meta de pacificar el país. 

Las señales que ha enviado el flamante Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, son positivas. Es fundamental que cuente con todo el apoyo institucional que le permita redirecciconar la ‘Paz Total’ hacia objetivos más realistas y alcanzables. 

Es esencial que el gobierno desideologice el tema de la paz. Los frecuentes llamados para obtener la paz deben pasar de la retórica a la práctica, lo cual requiere un gobierno abierto a dialogar, concertar y trabajar conjuntamente con quienes percibe como sus contrincantes ideológicos. 

No es posible lograr el éxito en un proceso de paz dejando de lado a quienes no piensan de la misma manera ni a quienes no se sienten representados por la agenda del actual gobierno. 

La actual crisis de gobernabilidad que tiende a profundizarse puede encontrar en la búsqueda de la paz un nuevo aliento que le permita al gobierno pasar a la historia como un capítulo positivo en el largo y difícil camino de lograr una paz estable y duradera.

Sebastián Zuleta
*Consultor independiente en mediación y resolución de conflictos, profesor universitario, ex-asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Candidato a PhD (EHS), magíster en Derecho Internacional (Universidad de los Andes), magíster en Protección Internacional de los Derechos Humanos (Universidad de Deusto) y magister en Acción Humanitaria Internacional (Universidad de Uppsala).

jueves, 11 de enero de 2024

Gobierno vs. Congreso: ¿qué pasará con las reformas?

Cómo y por qué el sistema político colombiano dificulta las reformas de Petro. Cuáles son las opciones del gobierno, cómo responderían los congresistas y qué tan radicales serían las reformas.

Juan Pablo Milanese y Juan Albarracín Dierlo**/ Análisis de la Noticia/Razón Pública/El Pregonero del Darién.

El difícil camino de las reformas

 No basta con ganar la Presidencia.

Los gobiernos latinoamericanos de la pospademia se han caracterizado por su   ambición de lograr cambios sociales, y el de Colombia no ha sido la excepción. Pero en los sistemas democráticos, hacer cambios suele ser menos sencillo de lo que parece. 

Como dice Guillermo O’Donnell, cuando goza de buena salud, un sistema democrático implica la difícil coexistencia entre tres principios organizativos: el mayoritario, el liberal y el republicano.

El componente mayoritario se deriva de las elecciones y es el mandato que estas ofrecen a los ganadores. En las democracias presidenciales, tienden a ser los presidentes quienes reclaman para sí el manto de la “voluntad popular,” especialmente cuando son elegidos de manera directa y por mayoría. 

El componente liberal se refiere a los derechos y libertades de la ciudadanía que ningún gobierno tiene la potestad de infringir, o solo puede hacerlo con límites muy precisos. 

El componente republicano alude a la separación de los poderes del Estado y la existencia efectiva de un sistema de frenos y contrapesos. 

En pocas palabras, aunque los cambios son posibles en los sistemas democráticos, tienden a ser lentos y complicados porque responden a un equilibrio donde las fuerzas mayoritarias son controladas por otros sectores con capacidad de veto —la dimensión republicana— y  por leyes / derechos que en principio no pueden modificar los gobiernos —la dimensión liberal—. 

Democracias delegativas 

En este contexto, los gobiernos con grandes ambiciones de cambio suelen impacientarse ante este tipo de equilibrios, porque tienen la presión y la esperanza de mostrar resultados en muy poco tiempo.

Ante esta situación, el mismo O’Donnell señaló la tendencia “delegativa” de muchas democracias latinoamericanas: los presidentes reclaman su legitimidad mayoritaria para empujar su agenda usando poderes unilaterales, como decretos con rango de ley o decretos de emergencia. También es común que este tipo de gobiernos empleen elementos plebiscitarios formales —formas de democracia directa— o informales —llamados “a la calle” para que la gente se movilice—.

Los límites de Petro 

El presidente Petro ha preferido acudir a la dimensión mayoritaria tanto en su discurso como en la práctica. Sus recurrentes llamados a la movilización popular en defensa de la agenda gubernamental son una muestra de ello.

"Aunque los cambios son posibles en los sistemas democráticos, tienden a ser lentos y complicados porque responden a un equilibrio donde las fuerzas mayoritarias son controladas por otros sectores con capacidad de veto —la dimensión republicana— y por leyes que en principio no pueden modificar los gobiernos —la dimensión liberal"

Sin embargo, la capacidad que tiene quien ocupa la presidencia colombiana de hacer uso de mecanismos institucionales para actuar unilateralmente, o inclusive definir la agenda del poder legislativo, es bastante limitada si la comparamos con otros países de la región. 

Por ejemplo, en Colombia no existen los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) argentinos o las medidas provisorias brasileñas. Si bien la Constitución ofrece instrumentos de concentración de poder durante Estados de Excepción, estos son mucho más limitados que las herramientas mencionadas.

Esto hace que los gobiernos colombianos sean mucho más dependientes de las Cortes o del Congreso, al que muchos analistas llaman erróneamente una “notaría del ejecutivo”, para realizar su agenda. Sin ir más lejos, la Corte Constitucional fue un obstáculo insalvable a la hora de usar poderes de emergencia para atender la situación en La Guajira.

Necesidad de las coaliciones

Si el gobierno quiere que parte de su ambiciosa agenda de reformas vea la luz, tendrá que trabajar en conjunto con el Congreso.

Foto: Facebook: Gustavo Petro -
En su discurso y en la práctica, el
presidente Petro ha resaltado
la dimensión mayoritaria.
De hecho, la combinación entre escasos poderes constitucionales (que le impide actuar unilateralmente) y la condición de gobierno minoritario exige la formación de coaliciones para poder gobernar.

Estas coaliciones se crean mediante la distribución de recursos que solo el ejecutivo es capaz de ofrecer. Existen recursos de distinta naturaleza, entre los cuales cabe destacar la negociación política, comúnmente conocidas como negociaciones programáticas. Por otra parte, están de recursos como obras y puestos públicos, que son fundamentales para la supervivencia política de los legisladores y los gobernantes locales.

 La “mermelada”.  

Aunque esta es una práctica criticada con frecuencia, el uso de “mermelada” tiende a ser normal en el ejercicio de gobierno, en Colombia y en cualquier sistema democrático. Independientemente de su ideología, normalmente los políticos de la oposición tienden a criticar estas prácticas, pero la usan una vez en el poder. La “mermelada” suele ser considerada una forma de corrupción, pero no necesariamente son lo mismo.

El futuro de las reformas

Este panorama nos obliga a ser cautelosos a la hora de evaluar el escenario legislativo al que se enfrentará el gobierno en 2024.

Para empezar, el mantenimiento de una agenda de reformas tan ambiciosa como la de salud, la pensional y laboral sería difícil incluso en mejores circunstancias, es decir con una mayoría más sólida en el Congreso y mejores índices de aprobación presidencial.

Seguramente en más de una oportunidad surgirá la tentación de patear el tablero, apostándole a la unilateralidad. No obstante, la alternativa transaccional parece la más viable.

Pero importa señalar que es altamente improbable que el gobierno se encuentre con un Congreso que rechace sistemáticamente todos sus proyectos.

Las bancadas han mostrado disposición a hacer acuerdos con el gobierno, incluso aquellas que progresivamente se declararon en independencia después de haber pertenecido a la coalición oficialista. 

Estos acuerdos, sin embargo, no serán a cualquier precio. Los tiempos de docilidad legislativa propios del comienzo de los periodos presidenciales se acabaron a principios de 2023. La agenda seguramente avanzará y algunos de los proyectos serán sancionados, pero a un costo cada vez mayor para el gobierno: más concesiones programáticas y más “mermelada”. 

Las elecciones municipales y departamentales de octubre reconfiguraron el escenario político, estableciendo coaliciones regionales mucho más nítidas que comenzarán a formular demandas mucho más específicas con vistas a las elecciones de 2026.

El gobierno tiene dos opciones: 

Adoptar una estrategia de confrontación, apostándole a las débiles herramientas para decidir unilateralmente que la Constitución le ofrece y enfrentándose, seguramente, a una Corte Constitucional que puede tumbarlas;

Negociar las reformas con el Congreso. Esta es la más razonable, aunque menos satisfactoria para una administración y, sobre todo, para un presidente como Petro, que prefiere la dimensión mayoritaria de la democracia y se percibe como el depositario de la voluntad popular. 

"Seguramente en más de una oportunidad surgirá la tentación de patear el tablero, apostándole a la unilateralidad. No obstante, la alternativa transaccional parece la más viable"

El gran desafío para el gobierno será construir una narrativa donde las decisiones resultantes de estos acuerdos sean percibidas como una victoria. Este es un punto crucial, ya que los resultados de este tipo de procesos suelen ser cambios políticos visiblemente más tímidos que las expectativas de sus impulsores y sus seguidores.

En otras palabras, pese a la oportunidad que tuvo el presidente durante el primer año para negociar sus reformas y lograr concesiones “progresistas” que probablemente ningún otro presidente hubiera logrado, las posibilidades son mucho más limitadas ahora. Pero aún hay chances. Todo dependerá de su flexibilidad y la de su base de apoyo y de la disposición que ambos tengan de aceptar resultados más modestos que los esperados.

Juan pablo Milanese y
Juan Albarracín Dierlo
* Doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Bolonia (Italia), jefe del Departamento de Estudios Políticos y profesor asociado del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Icesi de Cali. ** Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame, profesor asistente de la universidad de Illinois, Chicago.

miércoles, 29 de noviembre de 2023

Seguridad y paz: mentiras y verdades a medias

El deterioro de la seguridad comienza por un diagnóstico equivocado del problema y por la falta de trabajo en equipo de las autoridades nacionales y locales que deben enfrentarlo. Esta es la situación.

Por Hugo Acero/Análisis de la Noticia/Razón Pública/ El Pregonero del Darién.

Seguridad en apuros.

Inseguros sobre la seguridad

Para lograr resultados sostenibles en materia de seguridad y paz, no basta con saber si las acciones están mejorando o empeorando momentáneamente la situación, si las cifras de violencia y delincuencia están aumentando o disminuyendo, si los ciudadanos se sienten seguros o inseguros.

En vez de eso, se necesita el diagnóstico acertado y detallado sobre los problemas reales que afectan la seguridad y la paz ciudadana: solo a partir de este diagnóstico es posible diseñar la respuesta y saber si lo que se está haciendo mejora o más bien empeora la situación futura del país.

Ni guerrillas, ni paramilitares

El primer punto tiene que ver con la caracterización que se está haciendo sobre los varios grupos armados que operan en Colombia. Tanto el gobierno, como expertos y medios de comunicación siguen tratando al ELN, las disidencias “’Estado Mayor Central” y “Segunda Marquetalia” como guerrilleros, subversivos con ideologías políticas que pretenden toma el poder del Estado.

Pero en la realidad estos grupos, en los últimos años, han tenido una intencionalidad fundamentalmente económica hacia las rentas criminales, comenzando por su dedicación al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión o el secuestro.

Pese a ese cambio en la criminalidad, las autoridades siguen concentrando sus esfuerzos en grupos u organizaciones de tercer nivel, una estrategia que deja de lado las unidades y cabecillas

Además, en la gran mayoría de los casos, los enfrentamientos armados (incluso con la fuerza pública) se deben a disputas por estas y otras rentas criminales. Atrás, muy atrás, quedaron la revolución y “la toma del poder en representación del pueblo”.

Verdad que al ELN se le puede conceder todavía la orientación política en algunas de sus acciones, pero en la práctica sus frentes están metidos de lleno en el narcotráfico y demás rentas criminales.

Las disidencias expiden proclamas y discursos para lograr reconocimiento político, pero todas sus acciones se dirigen a defender las rentas criminales que manejan. Son grupos de narcotraficantes con discurso político, no grupos guerrilleros que “representen los intereses del pueblo.

El Clan del Golfo (hoy autodenominado “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”) o Los Pachencas (hoy “Autodefensas Conquistadoras de la Sierra”) siguen siendo considerados por algunos como paramilitares, con características ideológicas y operativas similares a las de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Pero, otra vez, estos grupos se dedican exclusivamente a beneficiarse del narcotráfico y demás rentas criminales, a pesar de su esfuerzo para ser reconocidos como actores políticos.  No se parecen por eso a las “autodefensas” que combatían a los guerrilleros y decían defender el Estado colombiano.

Si no se tiene claro a quiénes hay que enfrentar o con quiénes se está dialogando, no son posibles la seguridad ni la Paz Total.

Bajo las circunstancias anteriores, quizás tenga algún sentido adelantar una negociación política con el ELN. Pero se puede asegurar que de lograrse un acuerdo de paz con este grupo habrá más disidencias de las que se dieron con las FARC, dada la fragmentación de este grupo, su dedicación al lucro de las rentas criminales y al hecho de que algunos frentes —lo más guerreristas— no están sentados en la mesa de negociación.

Con los demás grupos sólo existe la posibilidad de un generoso sometimiento a la justicia.

Por eso necesitamos una política de paz más realista y una política de seguridad fuerte, que lleven a estos grupos a dialogar o a someterse como corresponde.

Foto: Procuraduría - La ideología política
 del Estado Mayor Central, Segunda
Marquetalia y ELN en los últimos
 años es fundamentalmente económica y se
 basa en rentas criminales como la minería ilegal.

Desconfianza ciudadana 

A los crecientes problemas de violencia y delincuencia, se suma el deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y justicia.

Hoy la confianza ha caído a los niveles más bajos de los últimos veinte años, de acuerdo con la encuesta Invamer Gallup de octubre de 2023 (los resultados más favorables se habían registrado en 2010):

Las Fuerzas Armadas, que siempre tuvieron los niveles más altos de confianza, cayeron del 81% de favorabilidad en 2010 a 61% en octubre de 2023;

La Policía Nacional cayó de 79% a 45%;

La Fiscalía pasó del 59 % a 36%;

El sistema judicial, de 34% a 17%;

La Corte Constitucional, de 57% a 38%;

La Corte Suprema, de 56% a 30%.

Fuente: Encuesta Invamer Gallup Pool 2000 a octubre de 2023

La ciudadanía ha perdido confianza en las instituciones de seguridad y justicia, lo cual deslegitima y dificulta su labor para recuperar la seguridad. Los encuestados creen que este es el principal problema de Colombia (con un 29%) y por encima del desempleo (28%), la corrupción (15%) o el mal funcionamiento del gobierno (11%).

Además de la escasa confianza ciudadana, las instituciones de seguridad y justicia no trabajan en equipo, como se hace evidente en los debates públicos entre la Presidencia y la Fiscalía General de la Nación. El desconocimiento público de las decisiones del poder judicial por parte del presidente, sus malas relaciones con la Procuraduría o la Defensoría, al igual que con los gobernadores y alcaldes, muestran unas instituciones divididas y en confrontación que beneficia tan solo a los delincuentes.

La desconfianza ciudadana y la falta de trabajo en equipo son pruebas de que la violencia y delincuencia no se deben apenas a los delincuentes, sino al comportamiento inadecuado de las instituciones responsables de garantizar la seguridad y la justicia en el plano nacional y en las regiones o ciudades.

Si el Ejecutivo y las demás instituciones de seguridad y justicia no se esfuerzan en serio para aumentar la confianza ciudadana con su trabajo y sus buenos resultados, si no mejoran la coordinación interinstitucional y el trabajo en equipo, bajo el liderazgo del presidente, será todavía más difícil aumentar la seguridad ciudadana o avanzar hacia la Paz Total que promueve el gobierno.

 Nuevas criminalidades, nuevos desafíos

Necesitamos reconocer que ya no estamos ante la delincuencia de finales del siglo pasado, que se podía enfrentar con más policías en las calles: no estamos ante delitos de oportunidad (de “papayazo”) o que se cometen por necesidades insatisfechas de la población.

Hoy nos hallamos ante organizaciones delincuenciales cada vez más organizadas, algunas de ellas verdaderas mafias ligadas al narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas, el secuestro, la extorsión, el comercio de armas y otras rentas criminales; organizaciones y acciones que deben enfrentarse con más inteligencia e investigación criminal.

"Pese a ese cambio en la criminalidad, las autoridades siguen concentrando sus esfuerzos en grupos u organizaciones de tercer nivel, una estrategia que deja de lado las unidades y cabecillas que de verdad manejan el narcotráfico, el lavado de activos y las otras rentas criminales, como la trata y el comercio de armas"

Los esfuerzos se concentran en bandas locales (algunas de origen venezolano, como El Tren de Aragua y Los Maracuchos), como si fueran las verdaderas mafias, cuando son obreros de tercer nivel en el manejo de las rentas criminales como microtráfico, extorsión, trata de personas o sicariato.

Por supuesto que se debe seguir luchando contra las organizaciones criminales de tercer nivel, pero sin ignorar que “el trabajo de campo” es efectuado por    grupos y cabecillas de alcance más delimitado.

Ante esta compleja situación hay que fortalecer la inteligencia y la investigación criminal para mejor atacar la cadena criminal y sus finanzas. Hay que identificar, perseguir y detener los mandos altos y medios de las organizaciones criminales. Con esto se haría más difícil el recambio de los mandos de estos grupos cada vez que caen sus cabezas.

Las disidencias expiden proclamas y discursos para lograr reconocimiento político, pero todas sus acciones se dirigen a defender las rentas criminales que manejan.

Por ejemplo, a Bogotá la droga no llega kilo a kilo, sino en toneladas que se almacenan, una parte para la distribución en la ciudad y en la región, otra para la exportación a través del aeropuerto o en camino hacia los puertos, especialmente de la costa caribe. Estas actividades no son efectuadas por el grupo local, sino por “patrones” que no aparecen en su organigrama. Igual sucede con las finanzas y el lavado de activos.

La misma situación se presenta en ciudades epicentro como Medellín, Cali y las ciudades portuarias, Buenaventura, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena.

Hugo Acero

Cifras ciertas y confiables  

Finalmente, preocupan tres temas todavía no aclarados que afectan la seguridad de los ciudadanos.

Uno, la diferencia entre las cifras de homicidios que registra el Ministerio de Defensa y las del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (especialmente en las grandes ciudades, donde el Instituto maneja cifras más confiables).

Dos, los cambios en la Encuesta de Calidad Vida del DANE que afectan uno de los logros más importantes en materia de seguridad: la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana que genera información crucial en estas materias.

Tres, la denuncia del fiscal General sobre la disminución del personal de investigación criminal de la Policía Nacional.

Todo lo anterior no permite que las autoridades, los centros especializados, los expertos independientes y los ciudadanos en general, cuenten con información certera para diseñar estrategias y acciones contundentes ante los crecientes problemas de violencia y delincuencia.

Estas son mentiras y verdades a medias que afectan la actuación de las autoridades, benefician a los delincuentes y no permiten mejorar la seguridad de los ciudadanos y del Estado.

Hugo Acero*Sociólogo de la Universidad Nacional, asesor presidencial de las Consejerías de Paz y de Seguridad Nacional 1993-1995, Exsubsecretario de seguridad de Bogotá 1995, 2003 y Secretario de Seguridad de Bogotá 2021-2022, experto en temas de seguridad, justicia y manejo de crisis.

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martes, 17 de octubre de 2023

Por qué los palestinos no tendrán un Estado

El título de este artículo no es una afirmación basada en el deseo o en otros sentimientos, sino el resultado simple y realista de examinar los eventos que se han dado entre los bandos y el desarrollo de los últimos sucesos.

Francisco Thoumi* Análisis de la noticia/ Razón Pública/El Pregonero del Darién.

Un estado palestino está lejano.

Una idea no cumplida

En 1948, cuando se creó el Estado de Israel, las Naciones Unidas dividieron a Palestina en dos creando el Estado de Israel y uno Palestino. Estos últimos sintieron que los poderes coloniales los habían engañado, declararon y perdieron la primera guerra contra Israel.

Después de 75 años ese sueño de dos Estados no ha avanzado. Cada bando culpa del fracaso al otro bando.

En busca de la tierra prometida

La discriminación y el antisemitismo en Europa dio origen al movimiento sionista, que indujo al pueblo judío a regresar a “su tierra prometida” y a crear un Estado judío.

"Los judíos tenían y siguen teniendo una enorme capacidad de organización y de lograr el apoyo de los poderes del mundo lo que no se puede decir de los palestinos"

El Holocausto durante la segunda guerra mundial produjo una justificada paranoia judía que reforzó ese movimiento. Además, la necesidad de evitar su repetición hizo que el pueblo judío desarrollara una gran capacidad para obtener el firme apoyo en los países más poderosos, especialmente de Estados Unidos.

 Un pueblo sin Estado

En la década de 1940 los palestinos se encontraban bajo el Mandato Británico, y era un grupo bastante premoderno y dividido, con capacidad muy limitada para organizarse como nación. Al final de la segunda guerra, cuando el documento constitutivo de Naciones Unidas declaró que cada pueblo tendría derecho a su propio Estado, hubo quienes creían que los palestinos eran un grupo de tribus primitivas que no tenían la identidad, cohesión, educación ni organización suficientes para ser un pueblo.

Este fue un argumento del sionismo acogido por los países poderosos, especialmente por Estados Unidos, pero también por los europeos occidentales como la Gran Bretaña

Debo notar aquí que el palestino no es el único pueblo al que se le ha negado el derecho a tener su propio Estado. Por ejemplo, grupos más cohesionados como los kurdos, los uigures, los drusos tampoco han podido tener un Estado.

Una vez creada la Organización para la Liberación Palestina (OLP) Estados Unidos se negó a tener contacto oficial con ella hasta finales de 1973, después de la Guerra del Yom Kippur. Hasta ese momento Estados Unidos vetó cualquier párrafo de los documentos del sistema de Naciones Unidos que incluyera las palabras “Palestina” y “Pueblo”.

Durante el momento de deliberación de la ONU sobre el reconocimiento del Estado de Israel, muchos líderes palestinos, casi todos tribales, bravuconeaban con que “iban a echar al mar a los invasores judíos”. Esto lo afirmaban sin tener cómo hacerlo, pero dejó una marca indeleble entre los judíos que repiten esa frase frecuentemente.

Ni el Estado ni el pueblo de Israel han dicho nunca que va a desaparecer a los palestinos, pero han confiado en la estrategia de los hechos cumplidos, avanzando gradualmente en “colonizar” el territorio ocupado por palestinos, limitando su acceso al agua, aislando sus viejos asentamientos, y arrinconando a los palestinos en un área cada vez menor.

Además, Israel ha creado un estamento militar y policivo extraordinariamente fuerte.  A esto se suma el que la extrema derecha siempre ha soñado con tener todas las tierras que bíblicamente les fueron prometidas por Dios.

 Las ventajas del pueblo judío

Muchos argumentan que el enfrentamiento ha sido entre dos pueblos que justamente claman el derecho a la misma tierra. Pero este no ha sido un enfrentamiento entre iguales.

Los judíos tenían y siguen teniendo una enorme capacidad de organización y de lograr el apoyo de los poderes del mundo —lo que no se puede decir de los palestinos—. Los primeros son globalizados, y cosmopolitas, mientras que los segundos pueden tener otras cualidades, pero no las necesarias para manejar la situación de manera exitosa.

Por otro lado, el pueblo judío ha producido más científicos y premios Nobel per cápita que cualquier otro pueblo y su nivel educativo es muy alto. La tradición de pensamiento crítico es muy fuerte entre los judíos. Además, su éxito en el sector financiero es notable, y más importante, tiene un nivel de cohesión muy alto lo que le permite actuar en grupo.  Cada grupo social está definido por su propia historia.

 La pesadilla de Gaza

La seguridad definida por Israel ha sido y es un asunto existencial que no puede ser negociado, aunque para eso sea necesario deshumanizar a los palestinos que se encuentran en Gaza y en la Cisjordania.

Durante mucho tiempo Israel ha dominado a la Franja de Gaza, hasta convertirla en una especie de prisión pues el gobierno israelita controla cada ingreso o salida de la franja, su provisión de agua y electricidad, la disponibilidad de medicamentos, la entrada de alimentos y productos de uso común, etc.

Con 2,3 millones de personas viviendo en 365 kilómetros cuadrados, la Franja de Gaza es considerada una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Su densidad de población de 6.300 personas por kilómetro cuadrado es de un unas 15 veces más por kilómetro cuadrado que los 423 por kilómetro cuadrado en Israel.

Una abrumadora mayoría de la población de Gaza es joven, con una edad media de 18 años, lo que implica que los niños menores de 15 años tienen al menos el 50%. Dieciséis años de bloqueo terrestre, aéreo y marítimo israelí han paralizado su economía y confinado el movimiento de su pueblo dentro y fuera del enclave.

Los residentes de Gaza necesitan un permiso especial para cruzar a Israel y Egipto. Por lo general, es para tratamiento médico urgente, pero es muy difícil de obtener. El enclave también tiene una de las tasas de desempleo más altas del mundo, con un 45%.

El acceso a la educación y al tratamiento médico es muy precario, después de años de ataques aéreos contra escuelas y hospitales.

Aún dentro de Israel, los ciudadanos árabes israelitas no tienen los mismos derechos que los judíos: Israel se creó como un Estado judío donde no fuera posible discriminar o expulsar a los judíos, como ocurrió en los países cristianos de Europa. Es claro que Israel se define como una democracia, pero no acepta el pluralismo cultural donde judíos y palestinos sean iguales. Es una democracia entre judíos, en un Estado judío.

Muchos argumentan que Israel ha establecido en Gaza un tipo de apartheid parecido al que existió en África del Sur. La comparación no me parece adecuada. Yo tuve la oportunidad de visitar Soweto, el gran barrio segregado en Johannesburgo en 1981 y —si me viera forzado a escoger entre los dos como sitio para vivir— no hay duda de que habría elegido a Soweto.

Allí no había restricciones al movimiento, aunque si represión política. Tenía servicios públicos, transporte, supermercados, y su infraestructura era más pobre que los barrios de blancos, pero no era comparable con Gaza.

Foto: Wikimedia Commons -
 Israel ha creado un estamento militar y
 policivo extraordinariamente fuerte.

El dilema ético

No necesito repetir ni subrayar el horror ante, los 1200 asesinatos de civiles indefensos, los secuestros criminales que ha dejado el ataque de Hamas contra Israel, porque los medios internacionales lo han hecho de manera insistente.

 Pero estoy de acuerdo con Robert Reich (judío estadounidense, ex ministro de trabajo durante el gobierno de Obama) cuando afirma el 12 de octubre: “La claridad moral exige que el mundo condene las atrocidades cometidas por los militantes de Hamas como un mal sin paliativos.

Pero esto no hace moralmente justificables los ataques aéreos de represalia contra Gaza que hasta ahora han matado a 1.417 palestinos, incluidos 447 niños, y herido a 6.368, según el Ministerio de Salud de Gaza. O el asedio de una ciudad de 2,1 millones de habitantes que llevan días sin electricidad, agua ni comida.

"Los desarrollos de los últimos días eliminan cualquier posibilidad de avanzar hacia la meta de tener dos Estados"

Los heridos en Gaza que necesitan cuidados intensivos ahora no tienen camas que puedan albergarlos, y el número de heridos supera la capacidad de los hospitales. El Comité Internacional de la Cruz Roja advierte que «sin electricidad, los hospitales corren el riesgo de convertirse en morgues».

Pero, la reacción de muchos israelitas como el ministro Israel Katz es responder: “nadie tiene derecho de venir a darnos lecciones de moral”.

El 11 de octubre Yonahan Plesner, el presidente del Instituto Israelí de Democracia, en una entrevista para el programa Newshour del PBS, afirmó[1] refiriéndose a la reacción del gobierno israelí: “No hay opción. Esto nos llevó a un juego de suma cero. Son ellos o nosotros”, es decir, hay que forzarlos a irse.

No hay posibilidad de una convivencia entre vecinos. Netanyahu declaró que todo miembro de Hamas era un hombre muerto. La reacción de otros miembros del gobierno ha sido igualmente agresiva.

Ninguna posibilidad

Como resultado, más de 300.000 personas en Gaza quedaron sin hogar durante los primeros tres días de la guerra nueva. Y el 12 de octubre el gobierno israelita ordenó a 1.1 millones de residentes del norte de Gaza que desalojaran sus viviendas y se dirigieran hacia el sur, donde los cruces fronterizos con Israel y Egipto están bloqueados.

Israel ha anunciado un ataque por tierra, mar y aire a la Franja de Gaza. Ojalá que esto ocurra sin mucha destrucción, pero lo más probable será una crisis humanitaria y un éxodo palestino.

Ahora Israel no tolerará la existencia de un estado Palestino y su preferencia comprobada es desplazar a los palestinos hacia lugares como Egipto u otros países que acepten recibirlos.

Francisco Thoumi
Los desarrollos de los últimos días eliminan cualquier posibilidad de avanzar hacia la meta de tener dos Estados.

Otro tema importante sobre el cual no se escucha mucho es la posible reacción del gobierno israelí hacia el poco más de 2 millones de sus ciudadanos, o sea 21%, que son árabes en los que no podrían confiar. Este asunto presentaría otro dilema ético.

Al final, la vieja tierra Palestina será un Estado judío democrático, para los judíos que irónicamente “echarán al mar” o al desierto externo a los palestinos.

*Francisco Thoumi-Cofundador de Razón Pública.

[1]PBS NewsHour | Israeli and Palestinian leaders on escalation of violence | Season 2023 | PBS

martes, 29 de agosto de 2023

La democracia local amenazada

La consolidación de grupos armados y el aumento de ciertos tipos de violencia han hecho que el propio Registrador hable de suspender las elecciones de Octubre ¿Tiene sentido esta idea?

Armando José Mercado Vega*Razón Pública/ Análisis de la Noticia/El Pregonero del Darién.

Yefer Gamboa Palacios,
 alcalde de Nuquí.

La violencia reciente en Colombia

El viernes 25 de agosto, Yefer Gamboa Palacios, alcalde de Nuquí, Chocó, tuvo que abandonar el municipio debido a las amenazas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Ya son 13 los alcaldes que han sufrido la misma situación.

"Además de expandir su presencia territorial, estos grupos poco a poco han aumentado su control sobre la vida comunitaria de poblaciones urbanas y rurales en muchos municipios"

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), si analizamos los nueves meses anteriores a la fecha de las elecciones en los últimos diez años hay un aumento de hechos violentos contra líderes y lideresas.

De la misma manera, la Defensoría del Pueblo Colombiano, en la Alerta Temprana de las Elecciones Regionales N°030-23, identificó un total de 184 conductas vulneradoras contra personas que intervienen en el proceso electoral entre el 1 de enero y el 9 de agosto del presente año. Un aumento sostenido a medida que se acerca la fecha de las elecciones.

Conductas vulneradoras contra personas en el proceso electoral

Mes

# de Conductas

Enero

6

Febrero

4

Marzo

10

Abril

15

Mayo

37

Junio

39

Julio

55

Agosto

18

Fuente: Defensoría del Pueblo (2023).

Estos hechos violentos son, en su mayoría, responsabilidad de grupos armados organizados o grupos criminales organizados. Aunque el aumento en los índices de violencia justo en época electoral y preelectoral por parte de grupos armados no es algo exclusivo de Colombia.

Guillermo Trejo y Sandra Ley han identificado el mismo fenómeno en México desde el 2000 debido a los cárteles que, tras perder la protección estatal que tenían durante el régimen del PRI, se vieron en la necesidad de crear sus propios ejércitos para defenderse, presionar o intimidar a los nuevos gobiernos locales —además de competir con otros cárteles para mantener su gobernanza criminal en los territorios.

Gobernanzas criminales

Según la Alerta Temprana de la Defensoría, del 2022 al 2023 los grupos armados aumentaron su presencia en más municipios a lo largo y ancho del territorio colombiano.

Además de expandir su presencia territorial, estos grupos poco a poco han aumentado su control sobre la vida comunitaria de poblaciones urbanas y rurales en muchos municipios, consolidando gobernanzas armadas.

Cantidad de municipios en los que están los grupos armados

2020

2021

2022

2023

AGC

124

134

200

331

Disidencias FARC

163

153

171

299

ELN

190

165

176

231

Fuente: Fundación Ideas para la Paz (FIP) y Defensoría del Pueblo.

Pero la expansión territorial y el establecimiento de gobernanzas armadas no necesariamente implican un aumento en todos los tipos de violencia.

Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), si se compara el último año del gobierno de Duque con el primero de Petro, los homicidios disminuyeron un 1,5 % a nivel general y un 14 % en las zonas Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Se redujeron los ataques por parte de los grupos armados a la infraestructura y bienes en un 45 % y contra la Fuerza Pública en 47 %, así como los homicidios de líderes y lideresas sociales en un 13 %. Sin embargo, poco cambiaron los desplazamientos forzados, que disminuyeron un 3 % y las masacres que decrecieron un 2 %.

Incluso se habla de suspender
 las elecciones.
El mismo informe de la FIP señala que algunas otras formas de violencia han aumentado. Por ejemplo, la extorsión aumentó un 15 % y el secuestro un 77 %. A su vez, la confrontación entre grupos armados aumentó el 85 %.

De hecho, los indicadores de impacto humanitario mantienen niveles preocupantes. Un aumento del confinamiento en un 24 % y el homicidio de excombatientes se mantiene en sus altos niveles.

¿Cómo explicar los cambios en la violencia?

En medio de la propuesta de Paz Total y ceses al fuego, algunos grupos parecen haber disminuido sus ataques contra agentes del Estado, al mismo tiempo que aumentan los choques con otros grupos ilegales por el control hegemónico de territorios y poblaciones.

Una vez logrado cierto control —y dada además la disminución de los ingresos producto de la coca— algunos grupos diversificaron sus fuentes de ingreso más allá del narcotráfico y microtráfico. Por eso el aumento en las extorsiones y secuestros.

Y de aquí a la interferencia armada en la jornada electoral no había más que un paso.  Por ejemplo, las AGC han informado en sus comunicados que respetarán las campañas de todos los candidatos en los territorios que controlan.

Por su parte, parte de las disidencias de las FARC dijeron que no permitirán actividades relacionadas con el clientelismo, compra y venta de votos, y demás actos que corrompan el certamen. Anuncian que aplicarán la llamada Ley 003 de Anticorrupción expedida por las FARC-EP en el 2000.

Hay que insistir en que, aunque un grupo armado no constriña de manera directa al elector, su sola presencia causa temor entre los candidatos, las organizaciones que los apoyen y los pobladores que piensen manifestar su apoyo electoral abiertamente.

Un escenario probable y preocupante sería que los grupos armados pasen de una lógica de control territorial y social a una lógica de captura del Estado en lo local. Eso se haría a través del apoyo o rechazo a ciertas candidaturas locales y con el propósito de cooptar las instancias de representación locales.

¿Suspender elecciones?

Ante esta situación, el registrador nacional sugirió que, en caso necesario, podrían suspender de las elecciones del próximo 29 de octubre en territorios como el Cauca, fuertemente afectados por la violencia.

Esta declaración produjo rechazo por parte del gobierno a través del ministro del Interior, y también fue rechazada por algunos académicos y analistas.

Primero hay que identificar los distintos tipos de respuestas que puede desplegar un gobierno ante una situación que perturbe de manera masiva y sistemática una jornada electoral, como un desastre natural, una crisis humanitaria o sanitaria, o un hecho de violencia colectiva como una guerra.

En Colombia hemos tenido distintos tipos de respuestas. Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, en ocasiones se suspendieron las elecciones por motivos relacionados con las guerras civiles que libraron liberales y conservadores.

 Aunque un grupo armado no constriña de manera directa al elector, su sola presencia causa temor entre los candidatos, las organizaciones que los apoyen y los pobladores que piensen manifestar su apoyo electoral abiertamente.

Así mismo a lo largo del siglo XX fue usual que en zonas de intenso conflicto armado, los presidentes nombraran gobernadores o alcaldes militares, deponiendo a las autoridades civiles locales para afrontar la situación. No obstante, estas opciones son respuestas muy poco democráticas.

Antes de pensar en suspender elecciones, la Registraduría Nacional y todas las instituciones deben hacer el máximo esfuerzo conjunto y coordinado para garantizar los derechos políticos y las libertades civiles de todos los colombianos.

Hay que recordarle al registrador “del siglo XXI” que la propuesta de suspender elecciones parece más una propuesta del siglo XIX.

Armando José Mercado

*Politólogo, magister en Conflicto Social y Construcción de Paz, profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) e investigador en el Grupo Regional de Memoria Histórica (GRMH-UTB) de la misma universidad