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lunes, 16 de noviembre de 2026

Coljuegos destaca papel de las loterías

 “Fortalecer el sector es fortalecer la confianza; defender la legalidad y proteger el interés público; debemos seguir trabajando unidos para construir bienestar del país”

"Las loterías hacen gran aporte al país"

Coljuegos participó en el V Congreso Nacional de Loterías y Distribuidores de Colombia 2026, convocado por la Asociación Nacional de Loterías Estatales (ANDELOTE) y la Lotería de Boyacá. El encuentro reunió a gerentes de las diferentes loterías, empresas distribuidoras y autoridades con el objetivo de abordar los retos estructurales, las perspectivas de crecimiento y las oportunidades estratégicas de una industria que desempeña un rol fundamental en el bienestar social del país.

“Expresamos nuestro más sincero reconocimiento a ANDELOTE y a todos sus miembros, apoyar e impulsar a los distribuidores equivale a consolidar las loterías, lo cual protege y afianza la sostenibilidad social en toda Colombia”, indicó el presidente de Coljuegos, Jaime Vives Pinedo.

De igual manera, Vives Pinedo resaltó que cada billete vendido de forma legal es un aporte para el país ya que detrás de la venta de loterías no solo hay cifras comerciales, sino empresas comprometidas y, fundamentalmente, recursos estratégicos para la salud y el bienestar de millones de colombianos.

En este sentido, al corte de septiembre de 2026, los juegos territoriales alcanzaron un total acumulado bruto de transferencias por $462.819 millones de pesos, de los cuales las Loterías aportaron $184.028 millones.

La sostenibilidad de estos recursos recae en una extensa cadena productiva conformada por gerentes de entidades operadoras, redes de distribuidores y miles de loteros que diariamente comercializan este producto en todo el territorio nacional.

“Fortalecer el sector es fortalecer la confianza; defender la legalidad y proteger el interés público; debemos seguir trabajando unidos para construir bienestar para todo el país”, dijo Vives Pinedo.

 

domingo, 15 de noviembre de 2026

EL HAMA NO SE VENDE. SE RESCATA Y SE FORTALECE

Existen otras alternativas que deben explorarse y analizarse con rigor. Una de ellas es una alianza estratégica para el rescate financiero y la sostenibilidad institucional.


Heberto Tapias García*/Opinión/El Pregonero del Darién

La crisis actual del Hospital Alma Máter de Antioquia (HAMA) es, en esencia, una crisis financiera y de gestión. La cartera que deben las EPS, tanto las activas como las liquidadas, y los problemas de liquidez ayudan a explicar la situación. Es posible que existan otras causas que aún no han sido suficientemente examinadas.

Otros factores del sistema de salud y de la estructura financiera del hospital pueden haber contribuido al descalabro. Su condición de hospital universitario, las decisiones administrativas, los mecanismos de gobierno y las prácticas de gestión también merecen investigación. Lo prioritario hoy es encontrar una solución de fondo que garantice la existencia del hospital universitario.

El HAMA no es simplemente un hospital. Es un espacio universitario de docencia, investigación y extensión donde confluyen estudiantes y profesores de Medicina

y de otras áreas de la salud. Allí también participan las ciencias sociales, la economía, el derecho y la ingeniería. Su valor reside en que permite articular la formación académica con los problemas reales de la sociedad.

Una venta podría aliviar la situación financiera y traería consecuencias que el dinero no resuelve. La Universidad se desprendería de un patrimonio difícilmente recuperable.

También pondría en riesgo la naturaleza jurídica, la vocación pública y la función académica que distinguen al hospital. ¿Vale la pena resolver una crisis financiera a costa de perder un escenario propio para la formación de los estudiantes y para el desarrollo de sus funciones misionales?

Vender activos no equivale necesariamente a resolver los problemas estructurales que

condujeron a la crisis. Si no se recupera la cartera, si no se corrigen las deficiencias de gestión y si no se garantiza la sostenibilidad financiera, el problema podría persistir después de la venta. En ese caso se sacrificaría el patrimonio universitario

sin asegurar una solución duradera.

Existen otras alternativas que deben explorarse y analizarse con rigor. Una de ellas es una alianza estratégica para el rescate financiero y la sostenibilidad institucional del HAMA. En ella participarían la Universidad de Antioquia, la Fundación Universidad de Antioquia y uno o varios aliados privados con experiencia hospitalaria, capacidad de inversión y competencias de gestión. Esta alternativa implicaría sumar recursos y capacidades para recuperar la estabilidad del hospital y fortalecer su funcionamiento, sin venderlo ni ceder su control institucional. 

La alianza debería comenzar por una gestión decidida para recuperar las deudas de las EPS activas, intervenidas y liquidadas. Al mismo tiempo, requeriría capital fresco para

atender las obligaciones más urgentes. Entre ellas están ponerse al día con los salarios y las prestaciones del personal, normalizar los pagos a proveedores y garantizar los

medicamentos e insumos para la atención de los pacientes.

Los recursos financieros, por sí solos, no resolverán la crisis. Se necesita mejorar la gestión administrativa, financiera y asistencial, corregir las deficiencias en los procesos de contratación y facturación, controlar las glosas y fortalecer el seguimiento de los pagos. El rescate debe ir acompañado de cambios que impidan reproducir las condiciones que llevaron al hospital a su situación actual.

La participación privada tendría que estar claramente delimitada. Su aporte debe traducirse en inversión, experiencia y capacidad de gestión. No puede comprometer el patrimonio estratégico ni subordinar la misión académica y social del hospital a intereses privados de rentabilidad. La Universidad debe conservar la orientación institucional del HAMA y garantizar su continuidad como escenario de formación, prácticas estudiantiles e investigación.

Para lograrlo, la alianza debe establecer compromisos verificables y reglas transparentes sobre el destino de los recursos y las responsabilidades de cada participante. También necesita mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas.

La figura jurídica deberá definirse mediante un estudio cuidadoso de la naturaleza institucional del hospital y de las condiciones legales aplicables. Conviene encontrar un mecanismo que combine inversión privada y capacidades de gestión con autonomía universitaria, responsabilidad pública y protección del patrimonio.

La crisis del Hospital Alma Máter debe llevar a la Universidad de Antioquia a tomar decisiones responsables sobre su futuro. No podemos aceptar que las dificultades financieras terminen justificando la pérdida de un patrimonio estratégico. Tampoco podemos admitir que la venta de sus activos se presente como la única salida. La Universidad debe asumir el liderazgo de la recuperación, esclarecer las causas de la crisis y convocar a quienes puedan contribuir a superarla.

El propósito debe ser inequívoco. Queremos recuperar financieramente el HAMA sin perderlo como patrimonio de la Universidad de Antioquia. No se trata de venderlo para salir de la crisis. Se trata de construir una alianza que aporte capital, experiencia y capacidades de gestión para rescatarlo y garantizar su sostenibilidad.

El HAMA debe seguir siendo un hospital al servicio de la salud, la educación pública y la sociedad. Salvarlo no significa conservar a cualquier costo la situación existente. Significa corregir lo que deba corregirse, recuperar su capacidad institucional y asegurar su futuro. La Universidad puede y debe buscar aliados privados, sin renunciar a su autonomía, a su responsabilidad pública ni a un patrimonio que pertenece a la comunidad universitaria.

*Analista y Profesor de la Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia.

 

viernes, 13 de noviembre de 2026

Coljuegos impone millonaria multa por rifas ilegales

Sanciona con $116 millones a Javier Arias Castañera por operación ilegal de rifas. También fue denunciado en la Fiscalía General de la Nación.

Esta sanción fue impuesta por Coljuegos tras acreditarse la operación y comercialización de una rifa dirigida al público a través de la red social de Instagram, sin la debida autorización de la Entidad.

Dicha sanción corresponde a una multa por el valor de $116.000.000, más los intereses moratorios que llegaren a causarse conforme a la normatividad vigente, y que deberán ser cancelados por el señor Javier Arias Catañeda, a favor de Coljuegos.

Además de la multa, la resolución establece que el Señor Arias no podrá operar juegos de suerte y azar durante los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la presente Resolución No. 20260004964 de 2026.

Durante la actuación administrativa, Coljuegos verificó que el sancionado no contaba con autorización vigente para operar juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas, motivo por el cual la entidad adelantó las etapas de investigación, formulación de cargos, presentación de descargos y alegatos de conclusión.

Es fundamental destacar que, actualmente Coljuegos continúa adelantando procesos en contra del Señor Javier Arias Castañeda, quien a pesar de estar sancionado continúa actuando por encima de la ley, ejerciendo la operación de rifas ilegales a través de sus redes sociales. Por este motivo, Coljuegos denunció formalmente ante la Fiscalía General de la Nación la presunta comisión del delito del Artículo 312 del Código Penal, y abre la invitación para realizar acciones conjuntas que permitan combatir la ilegalidad y proteger las rentas que van destinadas al financiamiento de la salud de los colombianos.

El cumplimiento de las reglas y el pago de los derechos de explotación no son un juego, ni son negociables bajo ningún concepto.

“Este proceso reafirma la lucha contundente de Coljuegos contra la ilegalidad en todas las modalidades de los juegos de suerte y azar, en esta entidad advertimos a los jugadores sobre posibles estafas, y resguardamos a toda costa los recursos que genera esta industria” afirmo Jaime Vives Pinedo, presidente de Coljuegos.




 

sábado, 27 de enero de 2024

La batalla por el sistema de salud

De acuerdo con ese informe, con corte a junio de 2023, el monto de reservas técnicas que las EPS deberían tener invertidas era de $18.7 billones, de los cuales, en inversiones liquidas, había apenas $6.3 billones.

Giovanni Jiménez/ Razón Pública/Análisis de la Noticia/El Pregonero del Darién.

Foto/ Ministerio de Salud
El ministro de Salud demanda a las EPS y cambia al presidente de la que tiene casi once millones de afiliados. Estos son los argumentos de las partes y los alcances del cambio en la Nueva EPS.

Una batalla con noticias y actuaciones 

Al comenzar este año se vio alterada la tranquilidad del sector de la salud por dos motivos:

La acción popular que el ministerio interpuso contra 21 EPS por vulnerar el derecho a la salud al incumplir la Constitución y no dar claridad sobre el estado de las “reservas técnicas” que garantizan los pagos a los prestadores del servicio, y el nombramiento de Aldo Cadena como presidente de Nueva EPS en reemplazo de José Fernando Cardona.

Estos dos eventos no se pueden comprender en forma aislada, sino que, como afirmó Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) hacen parte de la batalla que ha mantenido enfrentados al gobierno nacional con las EPS desde hace más de un año. Esta batalla ha llenado de incertidumbre a los actores del sistema de salud y ha empezado a afectar la atención para todos los colombianos.

En el centro de la lucha está el deseo del gobierno de retomar el poder sobe el sistema de salud, no solo desde el punto de vista del aseguramiento, sino también desde el financiamiento. Para eso el gobierno se ha enfocado en al menos tres frentes:

La ley de reforma de la salud, cuyo paso por el Senado comenzó en enero con la designación de ponentes y la definición del cronograma de 14 audiencias públicas);

Las intervenciones sobre actores del sistema, por medio de acciones de vigilancia y control por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, y la toma del poder de la EPS más grande del país.

¿La plata alcanza o no alcanza?

En este marco se produjo la acción popular del ministerio, basada en el informe que presentó la Superintendencia de Salud en octubre del año pasado, donde se afirma que alrededor de veinte EPS no están cumpliendo el régimen de inversión de reservas técnicas definido en el Decreto 780 de 2016.

"La meta del gobierno seguramente será que la Nueva EPS protagonice el modelo alternativo de prestación de la salud que viene defendiendo el presidente Petro, independientemente de que el proyecto de reforma de la salud sea aprobado en el Congreso"

De acuerdo con ese informe, con corte a junio de 2023, el monto de reservas técnicas que las EPS deberían tener invertidas era de $18.7 billones, de los cuales, en inversiones liquidas, había apenas $6.3 billones. Lo anterior implica que $12.4 billones que las EPS deberían tener invertidas no lo estaban; las EPS con mayor saldo negativo son la Nueva EPS ($4.5 billones), Famisanar ($1.8 billones) y EMSSANAR ($1.5 billones), saldos estos que equivalen al 63% del valor total de las reservas no invertidas del sistema.

Para comprender el tema debo explicar qué son las reservas técnicas. En términos simples, son el respaldo financiero que las EPS deben constituir cuando una IPS les informa que prestó un servicio de salud a uno de sus afiliados, junto con la estimación de recursos necesarios para pagar atenciones a afiliados que no fueron reportadas por las IPS. En resumen, es la provisión de recursos que las EPS deben guardar para pagar a las IPS cuando estas presenten sus cuentas una vez han brindado los servicios de salud a los pacientes que los requirieron.

 El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo
 afirma que la UPC es suficiente para
 las atenciones en salud de acuerdo
con los cálculos hechos con base en los
reportes delas EPS/
Foto/Ministerio de Salud 
Por mandato legal, las EPS deben tener la totalidad de estos dineros a la vista contable, en inversiones de alta liquidez y seguridad, ya que con ellos se debe garantizar el pago oportuno a las IPS.

La pregunta sería entonces ¿por qué las EPS no tienen las inversiones líquidas que respalden la totalidad de las reservas técnicas causadas? Los argumentos de las EPS son varios, pero el principal es la insuficiencia de los dineros que reciben del gobierno para garantizar el Plan Básico de Salud (PBS); estos pagos se hacen por conducto de la Unidad de Pago por Capitación y de los llamados “presupuestos máximos”. Además de lo anterior, las EPS alegan las demoras en pagos por servicios no incluidos en el PBS y por servicios brindados durante la pandemia del Covid-19.

Según un análisis realizado por Numeris, en el 2022, la siniestralidad del régimen contributivo fue del 102.5%, o sea que los pagos por concepto de UPC habrían sido insuficientes para financiar las atenciones que requirieron los afiliados —y las EPS no habrían no tenido margen suficiente para constituir las reservas técnicas—. La situación en 2023 no habría sido muy distinta.

Sin embargo, el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo afirma que la UPC sí, basándose en el cálculo que hace el ministerio a partir de las cifras reportadas por las propias EPS.

Como se puede ver, no hay claridad sobre lo sucede en este aspecto neural para el sistema, puesto que cada una de las partes esgrime argumentos que respaldan sus posiciones. Peor todavía: no hay solución a la vista porque el dialogo está roto, y en el momento no hay espacio conjunto para análisis los datos con el fin de resolver la discrepancia.

Pero aun así cabe preguntarse si — aunque los argumento de las EPS fueran válidos— no estarían incurriendo en incumplimiento de una obligación legal —la liquidez de la inversión de reservas— incumplimiento que entonces deberían subsanar. La respuesta, probablemente, la tengan las instancias judiciales que resuelvan la acción popular interpuesta por el ministerio de Salud, un debate que tomará, probablemente, mucho tiempo.

Cambio de mando en la Nueva EPS

Tras catorce años de estar encabezada por José Fernando Cardona, la Nueva EPS pasó a manos de Aldo Cadena, quien ahora tiene el reto de guiar la EPS más grande del país y garantizar la atención en salud de alrededor de 10,8 millones de afiliados del régimen contributivo y el régimen subsidiado. Para eso dispondrá de unos ingresos anuales que rondan los $18 billones destinados a financiar la atención en salud que llevan a cabo 3.100 IPS, de las cuales un tercio son públicas y los restantes dos tercios son privadas.

La principal tarea de Cadena será lograr el equilibrio entre dos cursos de acción distintos. Por una parte, contratar y pagar la red de servicios de salud, dando además continuidad a proyectos estratégicos que hoy adelanta la Nueva EPS (como la automatización de algunos de sus procesos). Por otra parte, avanzar hacia el modelo de aseguramiento contrario al establecido en la ley 100 de 1993, según el discurso que adoptó como líder sindical y después como subsecretario y secretario de salud de Bogotá entre 2013 a 2014 en el gobierno del hoy presidente Petro. ¿Será que logra transitar por esta cuerda floja?

Otra función de Cadena será respetar el gobierno corporativo que ha guiado la gestión de Nueva EPS desde su creación y ha sido garantía de la continuidad de los procesos.

"Pero aun así cabe preguntarse si — aunque los argumento de las EPS fueran válidos— no estarían incurriendo en incumplimiento de una obligación legal —la liquidez de la inversión de reservas— incumplimiento que entonces deberían subsanar"

En síntesis, el nuevo presidente de la principal EPS tendrá que equilibrar la garantía del derecho fundamental a la salud con la sostenibilidad financiera necesaria para la supervivencia de la empresa. Al cumplir estas tareas, Cadena despejaría las dudas que causó su nombramiento.

Estas dudas se refieren sobre todo a la injerencia de Cadena como secretario de salud sobre la junta directiva de la EPS bogotana Capital Salud, entidad que, para finales de 2015, acumulaba pérdidas del orden de los $600 mil millones.

Giovanni Jiménez
Para lograr el nombramiento de Cadena, el gobierno nacional jugó a fondo sus cartas políticas, porque designa apenas dos de los cinco miembros de la junta directiva, y los restantes son escogidos por las cajas de compensación (Colsubsidio, Cafam, Compensar, Comfenalco Antioquia, Comfenalco Valle del Cauca y Comfandi) como socias mayoritarias.

Aunque Cadena fue elegido por unanimidad, se sabe que la decisión no fue fácil y que tomó varios intentos durante casi todo el 2023.

La meta del gobierno seguramente será que la Nueva EPS protagonice el modelo alternativo de prestación de la salud que viene defendiendo el presidente Petro, independientemente de que el proyecto de reforma de la salud sea aprobado en el Congreso.

Lo anterior sería posible gracias al poder económico y la cobertura nacional que esta entidad tiene, porque cubre los 32 departamentos del país. Por tanto, la gestión de Aldo Cadena, seguramente, se orientará a diseñar experimentos sobre lo que podría ser el futuro del sistema de salud.

Pero de no actuar con prudencia, esta experimentación podría implicar altos costos políticos para el gobierno, más todavía cuando la presidencia de José Fernando Cardona dejo buenos resultados en la atención de pacientes.

Bajo estas circunstancias, el fracaso de la Nueva EPS no le sería imputado a Aldo Cadena sino al gobierno de Gustavo Petro.

En conclusión, en el año que comienza es de prever que continúen la zozobra y la incertidumbre de todos los actores del sistema de salud, en el marco de los juegos de guerra entre el gobierno nacional y las EPS, donde los pacientes llevan más que perder: las víctimas colaterales que sufren las consecuencias de todas las guerras.

*Profesor titular de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Área Académica de Salud, doctor en Ciencias Sociales Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales y odontólogo de la Universidad Nacional de Colombia.

sábado, 23 de diciembre de 2023

Vargas Lleras, Caballo de Troya

El médico Luis Alfonso Ossa B., se sumó a la alarma que causó en diversos sectores de la opinión, la inclusión de Vargas Lleras en la comisión que reformará la justicia.

 Luis Alfonso Ossa/ Opinión/El Pregonero del Darién

Médico/Luis Alfonso Ossa B.
“¿Debemos los colombianos demócratas, los que elegimos al Pacto Histórico para que liderara el gobierno del cambio, esperar una auténtica reforma a la justicia emanada de la tumultuosa comisión de sabios (34 miembros) que acaba de nombrar el gobierno para que emprenda esa reforma? ¿y no se les hace sospecho que Germán Vargas Lleras, un adalid de la oposición abierta al gobierno, haya aceptado sin “chapaliar” hacer parte de esa comisión? 

¿No será acaso que se convertirá allá adentro en un Caballo de Troya para garantizar una vez más el fracaso de otro intento de reformar la justicia, con mayores veras cuando es un gobierno de izquierda quien intentaría hacerlo esta vez?”, dijo el médico sobre este particular.

Ojo a los ingenuos que piensan que involucrar a Vargas Lleras en una comisión de expertos para Reformar la Justicia es garantía de que finalmente se elabore una buena propuesta para cambiar la justicia. ¿Acaso este Señor no es parte fundamental del engranaje del poder que acepta cambiarse, pero bajo la condición de que siga igual?

Esa comisión de alto nivel debe contar entre sus componentes, con talento humano independiente de los dueños del poder, podría permitirse la participación de algunos expertos internacionales que ofrecerían más garantía de independencia que este Señor, profundamente interesado en que la justicia en lo fundamental no cambie, para que se garantice que las prebendas de los detentadores del poder se mantengan incólumes. Concluyó el galeno.

El Toyo

Luego de conocer la apropiación de recursos para la continuidad de las obras viales en Urabá, y el compromiso de llevarlas a feliz término por el actual gobierno y tras los duros cuestionamiento del gobernador Gaviria Correa, sobre los supuestos peligros de desfinanciación de estos trabajos, el médico Ossa dijo:

“Gobernador Gaviria, ¿no cree usted que debería ser mínimamente elegante y rectificar sus declaraciones al respecto hace algunos días, cuando no solo cuestionó al gobierno del Pacto Histórico frente a un eventual abandono de los recursos para esta obra, sino que puso en serias dudas el futuro de la obra, en tanto que podría terminar siendo eventualmente abandonada por el gobierno nacional?

Torpeza

“¡Qué torpeza la de esa burocracia Barranquillera!

 Mientras en el mundo  los gobiernos diseñan políticas que estimulan la inversión en la generación  de energía fotovoltaica, estos torpes burócratas se  les ocurre atravesar semejante mula muerta a lo que es prácticamente una tarea impuesta por el cambio de  matriz energética en el mundo que obliga a producir cada vez más energía limpia, y la fotovoltaica indudablemente  es una de las opciones  de mayor factibilidad, la misma que   pone ahora en peligro la aberrante decisión del gobierno  en Barranquilla”

Si se pronuncio el médico Luis Alfonso Ossa, al conocer la noticia en el sentido que la administración de Barranquilla impondría un impuesto a este tipo de energía. El propio presidente Gustavo Petro, también rechazo esta medida.

Crisis en la salud

Luego de las denuncias públicas del sector hospitalario de Antioquia ante la falta de giros de las EPS, a la red pública y los duros cuestionamientos del gobernador Aníbal Gaviria Correa, al presidente Petro, el médico Ossa le respondió:

“Y por qué no le dicen a Aníbal Gaviria que ayude antes de irse, para que por lo menos Savia Sud, de la cual él es Presidente de su Junta Directiva, le pague lo que le debe al Hospital General y al Hospital Alma Mater de Antioquia”

Clínica veterinaria-Barrio Boston/Medellín
Calle 54 N. 36-14/Primer piso
Celular:3124002682/fijo:4874010

lunes, 11 de diciembre de 2023

Reforma a la salud: ganadores y perdedores

Una victoria aplastante del gobierno en la Cámara de Representantes que deja claros ganadores, claros perdedores, silencios estratégicos, claridades necesarias y preguntas no resueltas.

 Iván Jaramillo*/análisis de la noticia/Razón Publica/ El Pregonero del Darién.

Foto: Ministerio de Salud - Los trabajadores
 de la salud serán grandes ganadores
 de la reforma, pues harían parte de un
 proceso de formalización que se
les ha negado por 30 años.

La decisión de la Cámara y sus críticos

Contra viento y marea el gobierno consiguió la aprobación de su proyecto de reforma de la salud por el 80% de los votos de la Cámara.

Aunque la aprobación en el Senado será más difícil porque las ‘fuerzas’ para el Pacto Histórico son menos favorables, el gobierno Petro tiene el efecto psicológico de la reciente y aplastante victoria. Además, el gobierno cuenta con la presidencia de la Comisión Séptima del Senado en cabeza de la indígena Martha Peralta Epieyú. Estos factores podrían mantener el éxito de la reforma.

Sin embargo, de lograr la aprobación en el Senado, quedaría pendiente la revisión de la Corte Constitucional, la carta que reservan César Gaviria y todos los opositores del proyecto. Pero debido a que la Cámara votó con mayoría absoluta algunos artículos, es poco probable que prospere una inconstitucionalidad general del proyecto.

Por fuera del Congreso la batalla se da entre los gremios de los trabajadores de la salud que apoyan la reforma como la Junta Médica Nacional y la Cumbre social y política liderados por Ana María Soleibe y Carolina Corcho, y del otro lado los gremios de las EPS que no la aprueban como la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) y Gestar Salud, liderados por Ana María Vesga y Carmen Eugenia Dávila. Otros gremios mientras tanto ganan en silencio y actúan como espectadores.

Entre los críticos del proyecto figura la exministra Cecilia López, quien con los exministros Ocampo y Alejandro Gaviria lideran el equipo de los disidentes. La exministra López describe así la situación:

“Solamente hubo cuatro congresistas, entre ellas Katherine Miranda y Catherine Juvinao, que fueron muy conscientes de que la reforma a la salud se trata de la vida y la calidad de vida de más de 50 millones de colombianos. El resto la aprobó como se ha hecho históricamente: sin discusión y esperando alguna cosa del Gobierno”.

"Las EPS dejarán de ser intermediarias financieras, pero conservarán la facultad de direccionar los servicios para los afiliados, recibir y ejercer la auditoria sobre las facturas"

La consideración de la exministra es demasiado simplista, porque eso significaría que el 80 % de los representantes son muy ignorantes o, peor aún, corruptos.  Estas son afirmaciones prepotentes de López quien, por cierto, cuando tuvo la dirección del Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS) se negó a establecer la cobertura familiar y a facilitar la entrada de los independientes, con lo cual habríamos conseguido coberturas del 40 % o más en seguridad social.

Es claro que en el avance de la reforma hay algo más que limitaciones mentales y económicas por parte de los congresistas.

Los ganadores

En primer lugar, gana el presidente Petro quien en forma tozuda se ha empecinado en sacar esta reforma pese a que va en contra del 80% de la población que según las encuestas aprueban el actual sistema. Pero el principal objetivo es otro: se trata quitarles a los particulares el manejo de los recursos públicos de la salud y utilizar los 84 billones de pesos que ejecuta el sector.

No sobra decir que para lograr este éxito el presidente debió ‘cambiar de opinión’ y mantener con vida a las EPS que se transformarán en Gestoras de Salud y Vida.

El triunfo del gobierno en la Cámara
de representantes fue aplastante.
Al lado de Petro gana el ministro de Salud, Alfonso Jaramillo, en conjunto con los ponentes Alfredo Mondragón y Martha Alfonso, quienes han sido capaces de torear a los casi 182 representantes, neutralizando al 20 % y conquistando al 80 %. Un éxito que ha contado con las bravatas del ministro Jaramillo o con la brusquedad de Mondragón, y con la sabiduría y dulzura de la joven profesora Martha Alfonso. Junto a ellos también gana Carolina Corcho.

Por su parte gana la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y, por ende, su director Félix Martínez.

Esta entidad se consolida como el gran banco de la salud, como pagador único con capacidad de auditar directamente al SOAT y aleatoriamente toda la facturación de las EPS, como un aparato con aumento progresivo de sus capacidades.

Gana también el Superintendente Nacional de Salud, Ulahy Beltrán, quien se apropió de las denuncias del analista Vicente Calvo y demostró que las EPS no eran aseguradoras porque incumplían totalmente con las Reservas Técnicas y el Régimen de Inversión exigido por los acuerdos de Basilea para todas las aseguradoras. Las EPS deben 23 billones de pesos a las IPS y además tienen embolatados 12 billones de pesos de reservas técnicas que deberían tener invertidas en títulos valor. Esta denuncia dio el golpe de gracia al supuesto aseguramiento privado de las EPS.

Los más favorecidos con la reforma serán los prestadores de servicios de salud, los proveedores de medicamentos y, en general, las denominadas IPS. Las clínicas y hospitales recibirán en forma más oportuna los pagos, librándose de la intermediación de las EPS que resulta morosa y costosa.

En forma muy especial ganarán los trabajadores de la salud que entrarán en un proceso de formalización que les ha sido negado desde hace 30 años. Después de tantos impedimentos que favorecieron la precarización laboral del sector, ahora se quiere recomponer a través de un tipo de carrera para los funcionarios de salud.

También ganarán los salubristas defensores de la atención primaria y la estrategia de un sistema preventivo y predictivo con énfasis en promoción de la salud con equipos extramurales de profesionales itinerantes.

Finalmente ganan los afiliados porque se eliminan los trámites previos para el acceso a los servicios.

No obstante, por el momento no se registrarán mejoras inmediatas en el acceso, la calidad y la cobertura de los servicios, excepto quizás en los municipios apartados.

Los perdedores

En este proceso de reforma quienes pierden son ante todo las EPS, especialmente las del régimen contributivo encabezadas por la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI). Las del régimen subsidiado no tanto, porque tienen un baipás financiero desde la ADRES.

No obstante, las EPS de ambos regímenes pierden el manejo autónomo de las redes de servicios. Ahora las secretarías de salud tendrían el control, el diseño y la gestión prioritaria.

Las nuevas Gestoras de Salud y Vida podrán usar las redes organizadas territorialmente, pero no determinarlas como si fueran de su propiedad.

Según el exministro Mauricio Santamaría, las EPS se hicieron para “manejar la plata”. Pero en la reforma desaparece el manejo directo de los recursos financieros, lo que les permitía hacer inversiones y lucrarse de los rendimientos. Ahora corresponderá a la ADRES manejar las reservas técnicas y el régimen de inversiones convirtiéndose en el asegurador social en sustitución de las EPS.

Las EPS dejarán de ser intermediarias financieras, pero conservarán la facultad de direccionar los servicios para los afiliados, recibir y ejercer la auditoria sobre las facturas. La auditoría podrá manejarse por el método in house con personal propio o subcontratar la auditoria con las 30 empresas especializadas que están debidamente registradas en las Cámaras del Comercio y que en los hechos cumplen con esta tarea bajo contrato de las propias EPS.

A su vez están perdiendo el Centro Democrático y Cambio radical. También pierden los jefes de los partidos, especialmente del partido Liberal, Conservador y de la U.

En general pierden los políticos que derivan sus gabelas y comisiones como intermediarios entre las EPS y las IPS para conseguir contratos privilegiados y agilizar el pago de sus facturas.

"Existe sí el peligro del desborde de los costos producto del giro directo, el fraude, la facturación sin control, la ausencia de controles previos y el debilitamiento de los concurrentes"

La ADRES manejará directamente el flujo de recursos. No obstante, el poder de las EPS para ordenar los servicios y hacer las auditorias les permitirá conservar en gran medida el manejo de las redes y el poder efectivo sobre el sistema.

Los silenciosos  

Veinte exministros y viceministros firmaron una carta alertando sobre los peligros de la reforma, pero ninguno le ha dado la cara a Carolina Corcho. Paradójicamente, entre los ministros está Beatriz Londoño, quien se inventó el baipás financiero y estableció y validó el giro directo a las IPS desde el año 2012. El mismo baipás que hoy se convierte en el instrumento principal que permitirá destruir el poder de las EPS.

Además, entre los no firmantes se encuentran grandes ausentes como el exministro Juan Pablo Uribe, líder de la Fundación Santafé, Olga Lucia Zuluaga, líder de ACCESI, y Juan Carlos Giraldo, jefe tradicional de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACCH).

Contrariamente a la algarabía de ACEMI, este grupo que es dueño real de la infraestructura de salud del país, ha preferido mantener un perfil bajo y guardar silencio. Es claro que la reforma los favorece, pero por ahora no les conviene decirlo y entrar en conflicto con las EPS.

Llama también la atención el silencio de la EPS Salud Total, que es de las más grandes del país con 4,2 millones de afiliados y es propiedad de la familia Wilches. Además de no manifestarse contra la reforma, es la única EPS que no se queja por la insuficiencia de la UPC ya que en 15 años ha logrado acumular inversiones en títulos valor por 2,5 billones de pesos como consecuencia del buen manejo de los recursos que le gira el Estado del cual carece la gran mayoría de las 28 EPS con licencia.

¿Qué queda pendiente?

El problema de la reforma no es la plata porque esta se limita principalmente a redistribuir las mismas sumas que hoy se están invirtiendo. Pese a las lágrimas de ACEMI, con los 84 billones de hoy es más que suficiente.

Existe sí el peligro del desborde de los costos producto del giro directo, el fraude, la facturación sin control, la ausencia de controles previos y el debilitamiento de los concurrentes. En definitiva, a la reforma le falta un plan anticorrupción.

Para evitar estos peligros el Senado deberá redefinir todo el sistema de auditoría de cuentas, exigir la revisión obligatoria de todas las facturas y profesionalizar el ejercicio de los auditores y de las firmas auditoras, garantizando su independencia para poder conseguir, como dice Alejandro Gaviria, una “explosión controlada”.

Iván Jaramillo*
Da la impresión que las EPS se han quedado sin argumentos y lo único que dicen es que la reforma no les gusta porque desarticula el sistema en múltiples actores, pero no se entiende entonces para qué quieren seguir existiendo como Gestoras de Salud y Vida si su función precisamente seria articular las partes del todo para poder conducir como lazarillos a los usuarios ciegos por un sistema que de por si es complicado. Precisamente para eso se les pagara el 8% de los recursos disponibles.

* Magister en Administración Pública del CIDE (México), director administrativo de la Asamblea Constituyente, secretario general del Fondo Nacional Hospitalario, coordinador del Programa de Consolidación del Sistema Nacional de Salud, docente universitario y consultor internacional.

martes, 28 de noviembre de 2023

La salud ¿un servicio?

El caso de Sánitas es muy ilustrativo: su parte privada florece por venta del servicio, mientras la referente a la atención pública quiebra hospitales y clínicas.

Por: Juán Fernando Uribe Duque/Opinión El Pregonero del Darién.

 Médico/Juán Fernando Uribe Duque
El estar o tratar de estar sano, es un derecho básico como el disponer del aire para respirar. No es un servicio. Si se considera un servicio se debe pagar por él, por su calidad y presteza. En tal caso es un negocio, y en una economía capitalista - como todas- debe generar ganancias.

Por el contrario, en una Estado con rentabilidad social y buen manejo de las finanzas que lo soportan, el objetivo sería brindar un servicio de carácter público de buena calidad sin que por ello arroje pérdidas económicas.

El caso de Sanitas es muy ilustrativo: su parte privada florece por venta del servicio, mientras la referente a la atención pública quiebra hospitales y clínicas.

Conclusión: en un sistema capitalista los sobrantes del negocio privado cuando se administran recursos públicos, no alcanzan para la prioridad asistencial de la población contributiva; en otras palabras, el negocio en que convirtieron la salud es rentable cuando se vende, y se convierte en pérdida cuando se trata de prestar a la población pobre.

El negocio con los pobres es bueno "hasta cierto punto"... El caso de Sánitas es muy ilustrativo: su parte privada florece por venta del servicio, mientras la referente a la atención pública quiebra hospitales y clínicas.

viernes, 25 de agosto de 2023

La queja de las EPS

Quienes hemos sido médicos del sector público, sabemos de los ruegos absurdos que tuvimos que hacer para que nos recibieran un paciente moribundo por no tener "contrato".

Juán Fernando Uribe Duque*/Opinión/El Pregonero del Darién.

Médico/Juán Fernando Uribe Duque
Con la proximidad de la reforma a la salud, tres de las llamadas EPS que superviven se toman la vocería de sus compañeras de naufragio para pedir a gritos el salvavidas al gobierno, pues dicen no tener el dinero suficiente para seguir funcionando a partir de septiembre; pero antes si tuvieron con que inaugurar hermosas clínicas y servicios costosos para sus clientes privados: pólizas, planes complementarios y medicina prepagada.

El gobierno es enfático en decir que a través del ADRES los desembolsos están al día y que la queja no tiene fundamento más allá del simple afán por llamar la atención y generar malestar ante el país y los trece millones de afiliados. El negocio peligra y si bien hay unas más competentes y honestas que otras, el desfalco en que se ha convertido la salud en Colombia, no está exento de quiebras y bandidaje.

De las más de cien EPS creadas a partir de la Ley 100 del 93, solo subsisten menos de diez entre ellas las tres quejosas con una cauda de 400.000 muertes evitables víctimas del "Paseo de la muerte” sólo por el hecho de no tener contrato con determinada empresa, a pesar de existir el recurso médico. Y todo por el temor a la glosa y el no pago. Quienes hemos sido médicos del sector público y de los servicios de urgencias, sabemos de los ruegos absurdos que tuvimos que hacer para que nos recibieran un paciente moribundo por no tener "contrato".

"Si te lo recibo me meto en un problema”, nos decían.

Anécdotas tristes abundan y muchos de mis colegas tendrán a flor de labios las más representativas.

Después de cerrar muchas de las EPS, de enriquecer a sus administradores y quebrar hospitales dejando en la calle a cientos de servidores como enfermeras, conductores, camilleros, médicos, bacteriólogos y técnicos -como también personal de oficios generales-, ahora se rasgan las vestiduras porque el negocio y las vitrinas se les están cayendo. 

Muchos dicen que Saludcoop prosperó tanto que pudo construir sus propias centrales de producción de implementos médicos, sus laboratorios y farmacias, compitiendo por el paquete de pacientes privados abriendo servicios y además diversificándose con inversiones en otros reglones de la economía como el turismo, clubes de golf, propiedad raíz, etc. Al parecer la envidia de los poderosos no lo toleró y condenó a su gerente al ostracismo y a la cárcel. Peleas entre comerciantes esquilmadores del erario.

El grueso de tutelas y quejas por mala atención se ubica precisamente en estas tres intermediarias que se disputan el ponqué de los dineros del Estado. De los cien billones anuales administrados por estos monstruos de la intermediación, el gobierno les ha ofrecido cinco, pero ni aun así eso les sirve: ¡lo quieren todo!! Mientras tanto en las zonas apartadas, en los pueblos y veredas, allí donde no llega nadie, el sólo carnet no te garantiza sino la muerte.

*Médico Pediatra.

jueves, 10 de agosto de 2023

“Implosión Controlada”

He decidido hacer este escrito después de leer el libro “La explosión controlada” que escribió el exministro de educación, Alejandro Gaviria.

 Carolina Corcho Mejía */ Revista La Raya/El Pregonero del Darién

Carolina Cocho Mejía-
Exministra de salud.
Dado al interés público que suscita el tema de la reforma a la salud que se discute en el Congreso, publicamos un extenso reportaje con la exministra Carolina Corcho, a la revista La Raya, donde además desvirtúa muchos de los argumentos del también exministro, Alejandro Gaviria, en su reciente libro.

Desde mi salida del Ministerio de Salud no he hecho ninguna referencia escrita o mediática a lo sucedido en el gobierno, por un principio de prudencia y lealtad frente al primer mandatario, quien me encomendó un cargo de confianza de primer nivel en el Estado

No obstante, dadas las declaraciones y la publicación de este libro, en donde se me alude en un capítulo entero dedicado al proceso de la reforma a la salud, es mi deber dar claridad sobre lo que sucedió, además porque este es un tema de interés público debido a que se tramita una reforma que busca garantizar el derecho a la salud de los colombianos y salvaguardar el manejo público de billonarios recursos públicos que han estado siendo manejados de manera privada y privatizada con un pobre control público.

Lo primero que debo decir es que llama la atención que siendo el autor exministro de educación, el libro no contenga un solo capítulo dedicado a la educación, de las 167 páginas sólo en dos hace referencias pasajeras a este sector.

En general, el libro contiene de cabo a rabo una serie de epítetos, una diatriba contra el presidente de la República en donde lo califica como narcisista, retórico, justiciero básico y sus discursos son descritos como soliloquios. En un capítulo lo compara con el presidente Andrés Manuel López Obrador y los califica como “idólatras de sí mismos”.

La ministra le dio la cara a la salud
 y sus múltiples problemas.
Dicho sea de paso, no comparto este tono degradante de la política al que nos conduce el autor, en donde, además, hace juicios de valor al jefe de Estado a partir de un anecdotario soportado en su libreta de apuntes mientras estaba en el consejo de gobierno. Lo que queda claro al leer el libro es que el autor tiene una contradicción profunda con el conjunto del programa de gobierno del presidente de la República, la pregunta es entonces, ¿por qué aceptó ser parte de su gabinete?

En este escrito me ocuparé del capítulo de la salud en donde el autor hace referencias a mí como persona, y redacta un conjunto de inexactitudes sobre lo ocurrido.

Como anexos hay documentos y trinos de conocimiento público que sustentan mi relato, dado que no deseo reducir el mismo, a mis impresiones personales, mis apuntes personales sobre lo ocurrido, sino llegar al fondo de los contenidos de esta discusión en el interior del gobierno, a la política pública.

 La reforma a la salud

El debate que enfrenta el Congreso de la República tiene que ver con la vida de los colombianos, mi interés es que se entienda de fondo cuáles son las diferencias en los contenidos de la reforma a la salud y de paso, que no es lo más importante, aclarar algunas situaciones que han sido tergiversadas.

La prensa, enemiga de la reforma,
  satanizó a la funcionaria
La reforma a la salud que se presentó en el Congreso de la República es el resultado de años de trabajo, discusiones, seminarios de diversas organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales en Colombia. En el año 2015 fue sancionada la ley estatutaria que declara la salud como un derecho humano fundamental, a la que se opuso el entonces Ministro Alejandro Gaviria. Remito la documentación en donde en gacetas del Congreso y ne la propia Sentencia  de  la Corte Constitucional se demuestra cuál era la postura del gobierno en su momento en el sentido de lo que aquí expreso.

El trámite, sanción y aprobación de esta ley abrió un debate sobre la necesidad de hacer una reforma estructural al sistema de salud, tema que no era nuevo, porque desde la misma aprobación de la ley 100 de 1993 hubo una tensión social alrededor de la prestación de este servicio público esencial que se ha reflejado en la tutela.

Cada tres minutos se instaura una en Colombia demandando atención en salud, razón por la cual, la Corte Constitucional tuvo que adoptar en el año 2008 la Sentencia T- 760, en donde emitió 16 órdenes al gobierno nacional para dar cumplimiento a este derecho, lo que demuestra que tal ha sido la vulneración del mismo y la ineficacia de las políticas públicas gubernamentales que el máximo órgano judicial de derechos humanos tuvo que intervenir.

Esta situación motivó a la creación de la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760 que es un organismo de la sociedad civil, en conjunto con las organizaciones médicas, a iniciar un proceso de elaboración de un proyecto de ley ordinaria que corrigiera los problemas que ha generado la ley 100 de 1993, este proceso se inicia desde el año 2013 paralelo a la discusión y trámite de la ley estatutaria.

Desde ese entonces se han llevado a cabo seminarios, y la realización de un diplomado con la Universidad Nacional de Colombia en el año 2019 en donde se ha convocado lo mejor del pensamiento democrático desde la perspectiva legal, constitucional, médica, científica para tener una propuesta sólida que pudiera ser presentada en algún momento al Congreso de la República.

En el año 2021 se tomó la decisión de convocar una Cumbre Social y Política por la Reforma estructural al Sistema de Salud, el 6 y 7 de noviembre se hizo un evento nacional de cierre de las mesas de participación en el que hubo 1400 delegados de todo el país del mundo social, académico, científico, sindical, indígena.

Para el ajuste de la propuesta también se invitaron a todos los candidatos presidenciales, por cierto, el entonces candidato Alejandro Gaviria no asistió, él siempre ha considerado que todo lo que no circunde un pensamiento tecnocrático representativo de ciertas élites, es panfletario, improvisado y una utopía regresiva.

A este evento asistió el entonces precandidato presidencial Gustavo Petro Urrego y quien era su contendora en la consulta interna Francia Márquez Mina, entre otros precandidatos, a quienes se les presentó la propuesta y los resultados de la discusión.

El hoy presidente y la vicepresidenta mostraron interés y coincidencia con los fundamentos de la misma. Con Gustavo Petro mantuvimos un fluido proceso de diálogo en su proceso de campaña para nutrir su programa de gobierno que incorporó los elementos centrales de esta iniciativa. Cuando tuvo su triunfo fui incorporada como una de las coordinadoras de su comité de empalme y posteriormente nombrada como ministra de salud y protección social, en donde tuvimos un diálogo previo a nuestra posesión sobre los detalles de la ejecución del sector y la presentación del proyecto de ley.

La relación entre los dos funcionarios
 nunca fue al mejor.
El Ministerio incorporó en sus altos cargos varios de los intelectuales que han estado en estas organizaciones de la sociedad civil, y retomamos desde el 7 de agosto la organización del proyecto de ley para que este tuviera todo el rigor requerido, dado que el compromiso era entregarlo en diciembre al presidente de la República.

En medio de ese trabajo, este documento se filtra en septiembre y genera una portada sobre mí en la Revista Semana, el 24 de septiembre, que titulaba: “Pánico en la salud” desde ese momento comenzó un ambiente de polarización y duros ataques por parte de la oposición.

Una matriz mediática que rezaba que nosotros íbamos a destruir el sistema de salud, lo que generó mucha preocupación y angustia en los ciudadanos.

En noviembre me citaron a un debate de control político en la plenaria del Senado, era muy extraño que me citaran a ello por una reforma que aún no se había presentado. El 3 de enero del año 2023 entregamos el documento al presidente, y el 5 de enero tuve una reunión personalmente con él para revisarla y discutirla a fondo.

Con un ánimo pluralista y de poder lograr aportes y consensos sobre la misma, el presidente citó a una reunión en Villa de Leyva los días 28 y 29 de enero, previamente habíamos hecho tres reuniones del comité estratégico del gabinete en donde participaba el ministro de educación, hacienda y el director del DNP.

En Villa de Leyva hice una presentación de la reforma al conjunto del gabinete y se abrió una discusión sobre la misma. Esta propuesta recibió muy buenos comentarios por la mayoría de ministros, hubo expresiones en contra por parte de los exministros Cecilia López, Alejandro Gaviria y José Antonio Ocampo, es importante contextualizar que este último me había expresado en diciembre en medio de las negociaciones que teníamos sobre el cálculo de la UPC (financiación del sistema de salud), que él no apoyaría esa reforma a la salud porque no estaba de acuerdo con la misma.

Como yo tenía conocimiento del desacuerdo de fondo del ministro de hacienda con la reforma de la salud, decidimos construir nuestro propio equipo económico para construir las cifras de impacto fiscal y generar un documento para discutir con hacienda, la dirección de este trabajo la asumió el economista Luis Jorge Garay con un equipo del Ministerio de Salud y un delegado del DNP.

Los resultados del trabajo de análisis económico de la reforma constituyen el anexo tres del proyecto de ley radicado en el Congreso de la República, y son el sustento de las cifras que luego avaló el Ministro de Hacienda.

El documento se denominó “Reforma a la Salud un desafío para la garantía del Derecho Fundamental”. Debo decir que este documento fue calificado y felicitado por los delegados de la Organización Mundial de la Salud como de alto nivel técnico; alguno de ellos dijo que había estado en varios procesos de reforma a la salud y nunca había visto tal nivel de detalle en la planeación de un nuevo modelo, nos advertían también que lo difícil sería lograr el consenso político para que esto se pudiera llevar a cabo.

Posterior a esos días en Villa de Leyva hubo unas 8 reuniones más para discutir la reforma, una de estas se hizo en el Ministerio de Salud con los presidentes de la EPS, reunión dirigida por el propio presidente de la República, con la participación del Comité estratégico en el que participaron el consejero de regiones Luis Fernando Velasco, el director del Dapre Mauricio Lizcano y la ministra de ambiente Susana Muhamad.

También fueron invitados la ministra del trabajo Gloria Inés Ramírez, el de Industria y Comercio German Umaña, la jefa de gabinete Laura Sarabia, el ministro del interior Alfonso Prada, el director de planeación nacional Jorge Iván González y los ministros de Hacienda, Educación y Agricultura. En 7 de estas reuniones participó directamente el presidente de la República que siempre tuvo un ánimo pluralista y tolerante con la diferencia de algunos integrantes de este espacio.

En paralelo el equipo económico del Ministerio de Salud y el del DNP se reunían con el de Hacienda para conciliar las cifras. El objetivo era radicar el proyecto de ley el 10 de febrero, pero por petición de los exministros se terminó radicando el 13 de febrero.

En el presente escrito,
la exministra
 desvirtúa varios 
 argumentos del libro.

El Debate de Fondo

En las reuniones de dicho comité había una oposición muy férrea por los tres ex ministros al hecho de que el nuevo modelo no contemplara a las EPS como administradoras de los recursos públicos de la salud, ese era el núcleo de la discusión.

El día 9 de febrero enviaron un documento que muestra con claridad cuáles eran las preocupaciones, este posteriormente fue filtrado a la prensa en la Revista Cambio, esta filtración obligó a que el ministro de hacienda con tweet del 27 de febrero de 2023 reconociera en un comunicado de prensa que el documento filtrado no corresponde a las cifras reales de impacto fiscal, y publica las que fueron conciliadas con el Ministerio de Salud a partir del documento que elaboramos con Luis Jorge Garay.

En este documento hicieron unas consideraciones, entre otras, una de carácter constitucional sobre el carácter ordinario o estatutario de la ley, proponen un modelo de aseguramiento mixto y presentan unas cifras de impacto fiscal en las que los costos de la atención primaria en salud, los de formalización de las IPS públicas, gastos administrativos, esto les da unas billonarias sumas, que comienzan en 16 billones en el 2023 a 33. 7 billones en el 2030. Desde luego que con estas cifras que presentaron era inviable si quiera presentar la reforma.

El día viernes 10 de febrero el presidente citó a una reunión para análisis del documento, reclamó con justa razón que este tuviera un carácter formal, cuando estamos en una discusión de trabajo. De entrada, aclaré que esas cifras no las avalaba el Ministerio de Salud y Protección Social, le estaban atribuyendo a la reforma una serie de recursos que son gastos recurrentes que debe asumir el sistema con o sin ella, como por ejemplo la formalización laboral.

Presentaron la financiación de la atención primaria en salud con costos adicionales a los recursos que tiene el propio sistema, aclarando que reorganizando los recursos éste puede asumir dicha financiación, teniendo en cuenta que por los efectos de la reforma tributaria el sistema general de participaciones tendrá un crecimiento de 1% en la próxima década que permitiría hacer el crecimiento progresivo para la financiación por oferta de este subsistema, como lo contempla el proyecto de ley.

El presidente en su condición de economista reclamó que es un acto de deshonestidad intelectual, que en un análisis económico no se considerara la descripción de deudas de las EPS con clínicas y hospitales que, de acuerdo a la Supersalud, superan los 23 billones de pesos, de los que aproximadamente 10 billones son cartera vencida, sin que estas cifras se hayan traducido a pesos constantes.

Es decir, la deuda de hace 5 años no es la misma de hoy, entonces había que hacer esa conversión en la que las cifras podrían ser superiores. En ese momento el presidente solicitó que entrara el equipo económico del Ministerio de Salud, quienes ingresaron y dieron una explicación de fondo, con el documento en mano de los cálculos y de la viabilidad fiscal del proyecto de ley.

En cuanto a la propuesta del aseguramiento mixto se les explicó que eso era más regresivo que la propia ley 100, era volver al sistema nacional de salud del Seguro Social, en el que los pobres reciben una atención a cargo del Estado y los trabajadores otra a cargo del Seguro Social, eso fue exactamente lo que quiso superar la ley 100 generando un sistema general de seguridad social en salud solidario, y son justamente los llamados que ha hecho la Corte Constitucional cuando ha declarado la salud como un derecho fundamental, cuya prestación no debe generar discriminación a la ciudadanía.

Algún miembro del gabinete decía, esa propuesta, la de los exministros, es otra reforma en donde básicamente lo que se quiere es que la carne quede para las EPS y el hueso para el Estado. Las EPS operando con el manejo de recursos públicos de la salud en los centros urbanos donde hay mejores ingresos y pueden hacer negocio con la integración vertical, y el Estado verá cómo se las arregla con las ciudadanías más vulnerables en las ciudades y en el campo. Eso es inaceptable política y técnicamente.

La propuesta del aseguramiento mixto parte además de una premisa ideológica falsa, irreal, y es que los capitales privados van a asumir capitalizaciones de reservas técnicas para asegurar la prestación de un servicio público esencial. Es conocido en los informes de la Supersalud que de las 150 EPS que existían la mayoría se han liquidado, dejando deudas enormes con los prestadores de salud.

De las EPS que quedan, que son menos de 30, escasamente 5 cumplen con indicadores financieros mínimos para manejar las billonarias sumas de los recursos públicos de los colombianos; si se les exige cumplir estándares de aseguradoras privadas, casi todas quedarían por fuera porque no hay interés en hacer inversiones de capitales privados. Las reservas técnicas, que son el soporte financiero para pagar clínicas y hospitales, las hacen hoy con recursos públicos que invierten en capitales privados y, aun así, no cumplen, esa fue una de las medidas que tomó el entonces ministro de la época Alejandro Gaviria para forzar que pudieran seguir haciendo la función de administrar los recursos públicos.

La controvertida reforma, es una de las
más ambiciosas del presiente Petro.
Lo paradójico de todo esto es que mientras en la mesa de discusión pedían crear el aseguramiento privado, el ministro de hacienda me dirigía una carta para solicitar que emitiera más decretos para flexibilizar aún más las exigencias y estándares de las EPS, es decir, si flexibilizamos muchas de las que no cumplen aparentemente el sistema funcionaria.

Esas fueron las medidas que asumió durante seis años Alejandro Gaviria mientras fue ministro de Salud, el resultado es que existen varios fallos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en donde advierten que la flexibilización de estos requisitos no ha sido una medida eficaz y que, por el contrario, han provocado la vulneración de los derechos e intereses colectivos al patrimonio público y el acceso efectivo a la prestación de servicios de salud.

La apariencia de que estas entidades cumplen requisitos no resuelve la realidad operacional y financiera que afrontan que, se constituye en el riesgo de arrasar las clínicas y hospitales que son los que prestan los servicios, es por eso que se requiere una reforma a la salud, para que el Congreso pueda resolver esta problemática.

Todo esto se explicaba en esos escenarios, pero para ellos el único consenso posible era que el gobierno del presidente Gustavo Petro tomara las mismas medidas que ocasionaron la crisis de la salud que se pretende superar.

El único artículo que zanjaría la discrepancia es aquel en donde se dijera que las EPS siguieran manejando los recursos públicos de los colombianos, es decir, una reforma en el que se le cambie el nombre a las EPS. Se les mostraba evidencia de la insostenible situación financiera, del incumplimiento de la atención en salud en gran parte del país, entonces se alegaba del otro lado que cualquier cambio era: apocalipsis y catástrofe.

No obstante, con ánimo de conciliación y atendiendo el planteamiento de que cualquier cambio requiere una transición, a partir de esas reuniones se fortaleció y ajustó el capítulo del proyecto de ley en donde se haría una transición plausible y por fases, en tiempos del sistema, en donde las EPS que funcionaran, que serían pocas, podrían continuar allí en ese proceso de transición siempre y cuando se adaptaran a unas nuevas reglas de juego.

Tampoco les sirvió. Ese capítulo posteriormente sería modificado en las mesas técnicas con los partidos políticos en donde se aceptó el carácter permanente de las EPS como gestoras de salud y vida, pero sin el manejo de los recursos públicos, como ocurre en la mayoría de sistemas de salud del mundo.

La discusión se repetiría una y otra vez con los exministros, y en momentos posteriores en las mesas técnicas que se instauraron con los presidentes de los partidos de la U, el Conservador y Liberal, pero eso ya es otro capítulo de esta historia.

El único consenso posible, el acuerdo nacional en su concepción es que todo siguiera igual. Para no hablar del problema real que afronta el sistema hace años, se comenzó a generar una matriz mediática en donde el problema no eran las tutelas, las deudas, la desfinanciación de los hospitales y clínicas, la no regulación tarifaria de tecnologías en salud, la ausencia de la atención primaria en salud, la precarización de cientos de miles de trabajadores de la salud, ni la captura de los poderes fácticos de la administración del Estado.

El problema no es ese. El problema es la ministra de salud y su intransigencia, si se va la ministra de salud el tema del acuerdo nacional y el consenso de la reforma se resuelven. Y otra matriz mediática en la cual el sistema de salud era maravilloso, hasta que llegó el gobierno de Gustavo Petro, alcancé a leer en un medio escrito incluso que, las deudas del sistema comenzaron cuando yo llegué al Ministerio, es decir, antes del gobierno de Petro éramos felices y no lo sabíamos.

Radicación del proyecto de ley

Durante el fin de semana del 10 al 13 de febrero se trabajó en afinar el proyecto de ley, el ministro del interior había expresado dudas razonables sobre si este era estatutario u ordinario, difícil e incierta discusión que sólo dirimirá la Corte Constitucional si ésta es aprobada en el Congreso, dado que no hay ningún antecedente reformista de la salud posterior a la expedición de la ley estatutaria en salud, por tanto, no existen antecedentes de la Corte a este respecto.

Lo cierto es que debíamos eliminar todo aquello que generara dudas sobre el carácter estatutario, es decir, todo aquello que afecte y modifique el núcleo esencial del derecho a la salud.

El lunes llegué para el acto de radicación a la oficina del jefe de gabinete Laura Sarabia, para mi sorpresa estaban allí los tres ex ministros con un computador frente al texto, ya no los acompañaba el director de planeación nacional quien había sido uno de los firmantes del documento. Retrotraían la discusión a lo mismo, la insistente pregunta por la EPS y el manejo de la plata, las mismas expresiones de apocalipsis y catástrofe.

Solicité audiencia con el presidente quien introdujo un artículo en donde se les daba la posibilidad a las EPS que cumplieran con la norma de administrar centros de atención primaria en salud dentro del modelo propuesto.

Junto al ministro de hacienda hicimos unos ajustes sobre fuentes y usos de financiación reduciendo la especificidad y extensión del documento inicial, adicionó la sujeción a marco fiscal de mediano y largo plazo, se hicieron cambios sobre lo que podría ser considerado estatutario, eliminando algunas definiciones, precisando el tema de la libre elección en la prestación del servicio. Alejandro Gaviria seguía descontento, aun hasta el día de hoy, nada le sirve.

Yo estaba bastante agotada de esta discusión, nos habíamos retrasado para el evento de la radicación en donde el presidente pronunció su discurso y yo me dirigía en compañía de Francia Márquez a radicar a la Cámara de Representantes. Sabía que estaba ante una de las batallas políticas más duras de este país.

La salud es un fortín de muchos intereses, en donde 80 billones de pesos al año ruedan sin control, donde hay personas que se han vuelto multimillonarias con recursos públicos y a costa de la vida de la gente. Había estado los últimos 10 años de mi vida dedicada a fondo a estudiar este sector, recorriendo el país con los movimientos sociales, con los médicos, las enfermeras, yo sabía que esto no sería nada fácil. Y no lo ha sido.

Después de la radicación vendrían las conversaciones con los presidentes de los partidos políticos, en el Ministerio de Salud desde octubre de 2022 habíamos adelantado unas mesas de trabajo, que realizamos con desayunos con los congresistas de las comisiones séptimas de cámara y Senado de la República.

Las discusiones con los presidentes de los partidos recaían sobre el mismo tema de los exministros, el manejo público de los recursos públicos de la salud. La postura de las bancadas, no obstante, eran diversas, muchos congresistas con la claridad de que este era el núcleo del problema y la reforma debía contemplarlo. Al respecto el presidente de la República en su cuenta de Twitter envió el siguiente mensaje en medio del proceso de diálogo:

En medio de todo, esta ministra “intransigente” modificó en un trabajo conjunto con los coordinadores ponentes parte importante de la iniciativa, el proyecto de ley radicado por el gobierno tenía 152 artículos, con los ponentes se ajustaron 52, se reordenaron los capítulos.

Debo decir que mi última actuación como ministra fue el 25 de abril, en donde la Comisión Séptima de la Cámara aprobó la ponencia positiva del proyecto de ley y se dejó trazada la ruta de votación en bloques del articulado, que posteriormente la Comisión votaría ya con la dirección de mi sucesor, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

Se ha preservado el manejo público de los recursos públicos, la atención primaria en salud y la dignificación de los trabajadores de la salud. Tres ejes fundamentales para que se transforme de manera positiva la salud de los colombianos. 

*Exministra de Salud, médica psiquiatra.