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lunes, 21 de abril de 2025

¿Lucho Herrera con cementerio propio?

La noticia publicada por Noticias Uno que debió estremecer al país, transcurre sin pena ni gloria con un alto riesgo de prescripción bajo una justicia cada vez más coja y ciega.

La gran prensa tuvo como tapadera la muerte del Papa Francisco para hacerse de la vista gorda con la macabra noticia que involucra a la gloria del ciclismo colombiano Lucho Herrera, o el “Jardinerito de Fusagasugá”, (Luis Alberto Herrera Herrera) personaje que ya las nuevas generaciones no tienen ni idea de quien fue.

En la década de los 80s, cuando Pablo Escobar sacudía al país a punta de bombas y sicariato, el aliciente que tenían los colombianos eran los triunfos de Lucho en Francia, Italia o España donde no se bajaba del pódium.

Esos triunfos le permitieron nombre, fama y dinero a un hombre que venía de abajo, de las clases más humildes de Colombia, siempre mantuvo bajo perfil, se dedicó a los negocios incluyendo la ganadería, negocios en los que siempre lo mostraron los medios como exitoso.

Pero ese éxito también le traería problemas, las FARC lo secuestró por allá en marzo de 2000, plagio que duró 24 horas y por el cual uno de sus hermanos debió desembolsar la no despreciable suma de cuatro mil millones de pesos, como lo relata alias “El Negro Antonio” integrante de esa organización.

De acuerdo con los testimonios de dos paramilitares presos y confesos, alias, “Ojitos” y “Menudencias”, después de ese secuestro surgió una relación entre el famoso ciclista y el temido “Martín Llanos”, jefe de las Autodefensas Unidas del Casanare, quien termina ofreciéndole sus servicios criminales al “Jardinerito de Fusagasugá”

En su espeluznante relato a la justicia Luis Fernando Gómez, alias “Ojitos” cuenta como “Lucho Herrera” lo recibió en su casa y luego ofrecerle un refresco le entrega dos sobres, uno con las fotos de cuatro personas que tenían que recoger, supuestos milicianos de las FARC que lo iban a secuestrar y otro con cuarenta millones de pesos supuestamente para la compra de armas y motos.

Pero ya los paramilitares de acuerdo con los mismos testimonios habían llevado a “Lucho” al  Departamento del Meta donde lo presentaron con alias “Cascarón” o Àngel Rodrigo Daza donde sostuvieron una reunión con Martín Llanos. Allí sellarían la alianza y este grupo criminal quedaría a disposición del ya empresario ciclista.

Los mismos paramilitares descubrirían después que el “Jardinerito” los había engañado y que las hoy víctimas del monstruoso crimen de lesa humanidad no eran guerrilleros, ni milicianos, ni secuestradores sino modestos campesinos a quienes “Lucho” simple y llanamente los quería despojar de sus tierras para extender sus feudos. Eran sus vecinos, informa Noticias Uno pruebas y testimonios en mano.

Dicho noticiero presenta el testimonio de Andrés Fabián Rodríguez Torres, testigo y sobrino de una de las víctimas, relata que tanto su padre como su señora madre fueron empleados de “Lucho”, narra como llegaron supuestos agentes del DAS con gorras y brazaletes para llevarse por la fuerza a las víctimas.

Oscar Andrés Huertas Sarmiento, conocido en el mundo del crimen con el alias de “Menudencias” reconoció ante los jueces su participación en los homicidios, tal como lo narran otros testigos, incluso confiesa que las víctimas fueron sepultadas en la misma finca de “Lucho Herrera”, de acuerdo con la versión hecha pública este fin de semana por Noticias Uno.

“Metimos dos en el platón y dos en la parte delantera los inhumamos en la vía Novilleros a La Aguadita, en una finca sobre el borde de la carretera, los degollamos y luego los descuartizamos con machete” relata el criminal.

“No eran milicianos, era por tierra, cuenta el agresor quien reconoce el engaño del cual fueron objeto por parte del legendario ciclista”

Más de veinte años después la coja y ciega justicia comienza a reaccionar, a comienzos de este mes de abril, el Juzgado Cuarto Penal Municipal del Circuito de Fusagasugá, convalidó el aporte de los testigos, decretó una pena anticipada de 22 años de cárcel para alias “Ojitos” y ordenó que se investigue la conducta del señor Herrera Herrera.

“Compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación en contra de Lucho Herrera con el fin de que, en el evento de que no se haya adelantado investigación, se investigue la presunta participación en las conductas punibles de desaparición forzada agravada en concurso homogéneo y homicidio agravado” Dice el despacho judicial.

Las víctimas de esta siniestra historia, fueron identificadas como: Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuvisaldo Torres Vega.

Luis Alberto Herrera Herrera, “Lucho Herrera” o el “Jardinerito de Fusagasugá” es un hombre poderoso en esta región, fuera de dinero y popularidad como ciclista, goza del buen trato de la prensa, desde luego también como todo sindicado de la presunción de inocencia hasta no ser vencido en juicio.

Sin duda será un proceso complejo, pese al amplio acervo probatorio ya en manos de la justicia, aunque existe una alta probabilidad que si la Fiscalía General de la Nación no declara esta horrenda masacre crimen de lesa humanidad, se corre el riesgo de un vencimiento de términos. Amanecerá y veremos a un “Lucho” ya no en el recuerdo pedaleando por las carreteras de Europa, sino caminando hacia los despachos judiciales con el sol sobre sus espaldas y una gloria que lastimosamente y después de tantos años se desvanecerá dejándolo convertido en un ídolo de barro.

Urabá-abril de 2025.

 

 

sábado, 23 de diciembre de 2023

Vargas Lleras, Caballo de Troya

El médico Luis Alfonso Ossa B., se sumó a la alarma que causó en diversos sectores de la opinión, la inclusión de Vargas Lleras en la comisión que reformará la justicia.

 Luis Alfonso Ossa/ Opinión/El Pregonero del Darién

Médico/Luis Alfonso Ossa B.
“¿Debemos los colombianos demócratas, los que elegimos al Pacto Histórico para que liderara el gobierno del cambio, esperar una auténtica reforma a la justicia emanada de la tumultuosa comisión de sabios (34 miembros) que acaba de nombrar el gobierno para que emprenda esa reforma? ¿y no se les hace sospecho que Germán Vargas Lleras, un adalid de la oposición abierta al gobierno, haya aceptado sin “chapaliar” hacer parte de esa comisión? 

¿No será acaso que se convertirá allá adentro en un Caballo de Troya para garantizar una vez más el fracaso de otro intento de reformar la justicia, con mayores veras cuando es un gobierno de izquierda quien intentaría hacerlo esta vez?”, dijo el médico sobre este particular.

Ojo a los ingenuos que piensan que involucrar a Vargas Lleras en una comisión de expertos para Reformar la Justicia es garantía de que finalmente se elabore una buena propuesta para cambiar la justicia. ¿Acaso este Señor no es parte fundamental del engranaje del poder que acepta cambiarse, pero bajo la condición de que siga igual?

Esa comisión de alto nivel debe contar entre sus componentes, con talento humano independiente de los dueños del poder, podría permitirse la participación de algunos expertos internacionales que ofrecerían más garantía de independencia que este Señor, profundamente interesado en que la justicia en lo fundamental no cambie, para que se garantice que las prebendas de los detentadores del poder se mantengan incólumes. Concluyó el galeno.

El Toyo

Luego de conocer la apropiación de recursos para la continuidad de las obras viales en Urabá, y el compromiso de llevarlas a feliz término por el actual gobierno y tras los duros cuestionamiento del gobernador Gaviria Correa, sobre los supuestos peligros de desfinanciación de estos trabajos, el médico Ossa dijo:

“Gobernador Gaviria, ¿no cree usted que debería ser mínimamente elegante y rectificar sus declaraciones al respecto hace algunos días, cuando no solo cuestionó al gobierno del Pacto Histórico frente a un eventual abandono de los recursos para esta obra, sino que puso en serias dudas el futuro de la obra, en tanto que podría terminar siendo eventualmente abandonada por el gobierno nacional?

Torpeza

“¡Qué torpeza la de esa burocracia Barranquillera!

 Mientras en el mundo  los gobiernos diseñan políticas que estimulan la inversión en la generación  de energía fotovoltaica, estos torpes burócratas se  les ocurre atravesar semejante mula muerta a lo que es prácticamente una tarea impuesta por el cambio de  matriz energética en el mundo que obliga a producir cada vez más energía limpia, y la fotovoltaica indudablemente  es una de las opciones  de mayor factibilidad, la misma que   pone ahora en peligro la aberrante decisión del gobierno  en Barranquilla”

Si se pronuncio el médico Luis Alfonso Ossa, al conocer la noticia en el sentido que la administración de Barranquilla impondría un impuesto a este tipo de energía. El propio presidente Gustavo Petro, también rechazo esta medida.

Crisis en la salud

Luego de las denuncias públicas del sector hospitalario de Antioquia ante la falta de giros de las EPS, a la red pública y los duros cuestionamientos del gobernador Aníbal Gaviria Correa, al presidente Petro, el médico Ossa le respondió:

“Y por qué no le dicen a Aníbal Gaviria que ayude antes de irse, para que por lo menos Savia Sud, de la cual él es Presidente de su Junta Directiva, le pague lo que le debe al Hospital General y al Hospital Alma Mater de Antioquia”

Clínica veterinaria-Barrio Boston/Medellín
Calle 54 N. 36-14/Primer piso
Celular:3124002682/fijo:4874010

viernes, 17 de noviembre de 2023

Vivir como Trans en Urabá

“La escultura de mí no ha terminado”, una determinación por vivir “con justicia” como persona trans en Urabá.

Yo soy Lía
Mario Aguiar Ch. /Opinión/ el Pregonero del Darién.

“Yo soy Lía.  La escultura de mí no ha terminado. No termina de moldearse”. Así comienza su narración de vida la primera mujer transgénero en Carepa, Antioquia, que hizo todo el proceso de reconocimiento legal con cambio de género y de nombre ante notaría y Registraduría, pero más que nada, ante su pasado.

Hablamos del pasado porque este proceso embarga trámites que no se pueden dar por obvios, como los cambios de registros y documentos ante instituciones académicas. También hay que proceder con las historias clínicas para hacer que coincidan los datos anteriores con su nueva identidad y aun las actualizaciones necesarias para la continuidad de la vida crediticia ante instituciones financieras hay que hacerlas. Estos son pasos seguros si se quiere vivir con el reconocimiento justo y plenamente integrado en la sociedad.

“No son engorrosos. Hay que sacarles el tiempo necesario. El cambio ante notaría y Registraduría demora una semana; los demás, son un proceso de un año, más o menos”, así nos lo contó Lía Burgos Cardona en entrevista concedida al académico Juan Carlos Pabón, abogado y docente universitario en campos de las humanidades, quien en colaboración con Río Abajo, Cultura y Comunicaciones, en el marco del proyecto Miradas de Justicia, que auspicia USAID, exploró tanto las acciones como las implicaciones de hacer cambios legales en cuanto a nombre y género en los documentos de identidad.

El procedimiento para hacer cambio de nombre se hace mediante escritura pública, es decir ante notario, para esto solo se necesita la presentación de la cédula de ciudadanía y fotocopia de registro civil. Luego acude a la Registraduría o a la notaría donde esté el registro civil inicial para solicitar que se haga cambio de nombre, se expida un nuevo registro actualizado y con este se procede al cambio también en una cédula nueva.

“Liberación transgénero” es “un
 movimiento cuyo tiempo ha llegado”.
Colombia ha dado pasos importantes en relación con el reconocimiento de los derechos de las personas transgénero. Tres ejemplos de ello son, por una parte, el artículo 13 de la Constitución Política que establece la prohibición de discriminar a las personas por razón de su identidad de género y la obligación del Estado de adoptar medidas en favor de grupos excluidos para promover unas condiciones de igualdad real y efectiva.

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia T-804 de 2014, reconoce la protección legal la identidad de género, referida a la manera como la persona se percibe a sí misma y se manifiesta a la sociedad como hombre, mujer o ser diferente.

Y también, el reconocimiento de que la identidad es un constructo, como consta en la Sentencia T-447 de 2019, que advierte que entre los cinco y siete años los niños comprenden totalmente el concepto de la identidad de género, aunque su construcción la hagan a lo largo de su vida. Esta abre las puertas para que en cualquier momento de la vida un individuo reclame su reconocimiento.

Entre muchas más, estas muestran acciones del Estado que también son fruto de años de reclamos y luchas. El panorama no es desalentador porque los logros conseguidos son muchos. Y estos incluyen el reconocimiento social de que gozan las personas transgénero.

Lía narra cómo era objeto de bromas más en su infancia y en su mundo rumbero de adolescente homosexual, que ahora, cuando su nueva identidad la hace sentir segura, y esa seguridad que transmite le garantiza una aceptación familiar, social y política. Con gracia narra la plenitud que sintió cuando se presentó a votar en elecciones y los jurados no le miraron con extrañeza el documento y luego a su aspecto. Se le siente que respira con serenidad y su sonrisa evidencia la alegría de una persona plenamente integrada.

Y, ¿de qué “justicia” habla Lía? Relata que después de su decisión de hacer el cambio de nombre y género en las documentaciones, lo que más confianza le daba era observar la “empatía” en los despachos en los cuales tenía gestiones. Explica que las acciones de justicia en su concepto arrancan con el ejercicio de la empatía, sin la cual, lo legal es letra.

Ante la pregunta ¿Cómo vamos?, de Pabón, ella responde con seguridad: “…más tranquila hasta el momento”. Esto para establecer un contraste narrativo en cuanto a la serenidad que ahora experimenta en relación con su inestabilidad anterior. Y en ese “hasta el momento” se reafirma que es una construcción y que está trabajando en ello.

Las demandas en este sentido están también amparadas en las Sentencias T-063 de 2015, T-918 de 2012 y T-231 de 2013 en las que la Corte Constitucional garantizó el derecho a la entidad sexual al reconocer que las personas trans tienen derecho a modificar su sexo y el Estado debe garantizar el acceso a estos cambios en forma digna. Salvo la advertencia “Carepa todavía es una sociedad que necesita mucho estas cosas”, no se advierte queja alguna en el entusiasmo con el que Lía Burgos Cardona emprendió sus acciones de reconocimiento.

Esta historia la podemos concluir tranquilamente con las palabras de la activista transgénero, Leslie Feinberg, hace casi treinta años, cuando sentenció: “Liberación transgénero” es “un movimiento cuyo tiempo ha llegado”.

Justicia Ancestral Afrocolombiana

Pasos seguros para conseguir su reconocimiento.

Entrevista con el Ekobio Neil Quejada Mena*

Neil Quejada Mena
Río Abajo/Cultura y Comunicaciones/El Pregonero del Darién.

Con el propósito de poner en la agenda tanto de medios como de la sociedad el tema de la justicia ancestral, entrevistamos a dos líderes de connotada participación en las acciones de reconocimiento, el padre Neil Quejada y la profesora de cátedra de etnoeducación afrocolombiana Tomasa Medrano. Publicamos una de esas entrevistas, y en lo sucesivo seguiremos los pasos a este y otros temas de justicia.

 Esta acción de Río Abajo, cultura y comunicaciones, se hace en el marco del proyecto Miradas de Justicia, que auspicia USAID, y con el que se busca fortalecer a los colectivos de comunicaciones en temas de justicia. Por eso nos interesamos en los avances y la agenda que conducirá al país a tener una Justicia Ancestral Afrocolombiana, que reconozca a los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en sus aspectos culturales.

Río Abajo, en adelante RA: Para el caso de las gestiones de la justicia ancestral afrocolombiana, es indudable que el caso de la Justicia especial indígena es un ejemplo a seguir, al menos desde la perspectiva legislativa, del reconocimiento estatal y de la apropiación misma de los pueblos.

¿Qué sabemos del estado de la relación entre justicia indígena y justicia estatal que nos sirva como aliento para perseverar en relación con el reconocimiento de una justicia especial para los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros, que por abreviatura podemos llamar NARP en adelante en esta entrevista? 

Padre Neil Quejada, en adelante NQ: La justicia ancestral es un mecanismo por medio del cual los pueblos ancestrales solucionan sus temas de convivencia, del estar y el ser como territorios, bien sea indígena, afro, raizales o palenqueros.

En el caso colombiano, la Constitución reconoce dos justicia especiales: el artículo 246 reconoce la Justicia Especial Indígena, también está la Justicia Especial para la Paz, la pero los pueblos afros no aparecen reconocidos allí, bien sea por interpretación, porque más adelante la OIT dice que los pueblos afro son tribales, y la misma Corte Suprema de Justicia dice que son pueblos ancestrales y tribales, entonces deben interpretarse como también herederos de esa justicia especial y ancestral, y a la larga no se ha efectuado.

Entonces lo que se ha hecho de cierta forma en Colombia es que se ha reconocido a la población indígena y a su justicia ancestral, que eso involucra todas sus cosmovisiones y sus formas de ser que no son un solo pueblo, sino pueblos diferenciados, porque cada grupo étnico e indígena  tiene sus ancestralidades, aunque haya unas líneas que los articulan, pero evidentemente hay una variedad y una riqueza importante, en el momento está reconocido, pero poco aplicado, porque aparte de cinco pueblos, por ejemplo lo que cuenta la Opiac, la Orewa, la Onit, es que es un proceso largo de reconocimiento y  de implementación , porque implica también financiación, reconocimiento estratégico, el respeto de la justicia ordinaria por parte de la existencia de estos pueblos y su mecanismos de armonización.

Al momento hay alrededor de unos diez pueblos indígenas que están avanzados en su proceso, pueblos Naza, los Guambianos, los Cogui, los Uitotos, los Emberá (los tres pueblos Emberas), pero estamos hablando de más de 80 pueblos. Todavía estamos muy atrasados en la implementación de la Justicia Especial Indígena  en los  territorios tanto para el reconocimiento de la justicia ordinaria respetando a las otras justicia, como en el ejercicio de la aplicación. Porque a veces no hay las herramientas para que los pueblos indígenas puedan vivir desde su territorio y como territorio, por las violencia y muchas vulneraciones que se les realizan. 

 En el caso de la población afro también la justicia ancestral existe, sin embargo no ha sido reconocida jurídicamente, estamos en vía de sistematización de ese tipo de procesos, probándole al Ministerio de Justicia que los mecanismos de solución de conflictos desde la armonización en los territorios afrocolombianos raizales y palenqueros, específicamente en los consejos comunitarios, son justicia ancestral, y que son válidos desde la OIT, hemos hecho alrededor de diez cartillas, hemos hecho cursos de formación, trabajos de campo, hemos conversado con los y las magistradas. Estamos en ello.

Hemos hecho varios foros nacionales e internacionales sobre el asunto, pero todavía no ha sido reconocida una justicia ancestral afrocolombiana.

RA: Somos conscientes de la necesidad de reconocimiento de la naturaleza pluricultural de nuestras sociedades colombianas y, por tanto, la inclusión de derechos a la identidad cultural, el reconocimiento de derechos colectivos a los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros y también el reconocimiento del pluralismo jurídico, es decir, la validez de otros sistemas jurídicos distintos al estatal, pero surge la pregunta:

¿Hay una tradición de elementos de justicia entre los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros? La pregunta se hace en el contexto de que los pueblos indígenas han tenido tradición en las formas de aplicación de justicia, en tanto que el caso de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros casi o sin casi fue borrado por completo en el tiempo de la esclavización. 

La cuestión se amplía si nos demandamos por si tenemos nosotros una tradición de elementos de justicia propios de pueblos ancestrales, o estas tradiciones de justicia de pueblos ancestrales vienen de 300, 400 años que se dan acciones de resistencia y liberación como el cimarronaje.

NQ: Tanto los procesos de cimarronaje, como los rochelas  y los otros procesos de capitanía que se dieron en el sur, en el Putumayo y parte de Nariño, son expresiones de mecanismos de sociedades propias: Con esos elementos ocurre lo que ocurre con el tambor, aunque no se trajo el tambor hecho, acá se reinventó, entonces hemos encontrado, tanto en las capitanías del Putumayo, como en los procesos de los más de 27 palenques que hay en Colombia y en los consejos comunitarios, unos mecanismos  por medio de los cuales el pueblo soluciona sus problemas basándose en tres pilares: primero, el reconocimiento de unas autoridades ancestrales que no son nombradas ni reconocidas; segundo, un proceso mediante el cual se intenta salvar la verdad, y tercero, el fin de la justicia no es lo punitivo, lo que se quiere es la armonización. Tenemos unos procesos clave que ayudan a dignificar a la víctima y armonización del victimario, y de ese modo salvar el territorio. 

[…En cuanto a las tradiciones de justicia] no creo que se hayan perdido, lo que creo es que hubo un camuflaje como sucedió con la visibilidad de los Orishas en vez de decir Orunla, dicen San Francisco, y allí estamos con las fiestas desde 1648. Le preguntas a las personas hoy y no saben quién es Orunla, pero sí saben quién es San Pacho. Entonces detrás de todos estos mecanismos de camuflaje para sobrevivir, hacer vivir y pervivir la espiritualidad propia ancestral afro, están todos estos mecanismos de liberaciones y caminadas emancipatorias que están en las tradiciones y específicamente en las espiritualidades propias. 

Una frase que nosotros acá pronúncianos, por ejemplo, la frase “La mano cambiada”, palabras como “La juntanza”, “hermanamiento”, son tradiciones ancestrales como tal. Todo esto genera un código de vida, y de esa manera no solo vivimos en un territorio, sino que el territorio tiene un valor más allá de lo geográfico, un valor histórico y espiritual, porque incluso en las narrativas que hemos encontrado hay castigos o mecanismos de control que han aplicado a personas que han cortado árboles en lugares donde no se deben cortar.

Hay también un mecanismo para cuidar la selva, para protegerse en el monte, para liberar a los peces menores en tamaño, para respetar a los peces más grandes, hay todo un mecanismo de apropiación y desarrollo territorial, que manifiesta que evidentemente descubrimos el Ubuntu, que es una ética africana, el Magara, palabra también africana, sobre todo de la Costa de Oro. Hay otros elementos en los que descubrimos todas esas huellas del Muntu acá en las Américas, desde experiencias de la navegación, de las olas del coco, el meollo de la protección de la vida que viene del coco… Yo no entendía por qué antes de entrar al monte, o de hacer alguna actividad, se cortaba un coco viche y se le botaba un poco de agua.

Luego me dijeron que se hacía para darle a los ancestros, por que como diría Zapata Olivella: “Ellos han estado navegando dentro y al lado de los barcos y en las caminadas y andanzas de nuestros pueblos”.

RA: Toda innovación tiene en principio o el rechazo o el beneficio del encanto de la novedad y la sorpresa, y en el caso de la justicia de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros, el caso de Colombia tiene de alguna manera ese carácter ese doble carácter porque le tememos a sus potencialidades y paradójicamente nos deslumbra la idea. ¿Qué otras experiencias de sistemas jurídicos propios diferenciales en relación con los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros conocemos por ejemplo en América Latina -salvando, por supuesto casos antillanos que pueden tener sistemas con enfoque étnico negro o afrodescendiente, dada su característica de poblamiento?

NQ: En La Saya en Bolivia, nos encontramos con una delegación de Potosí, y en medio de la festividad nos dispusimos a indagar sobre el origen de la saya, y que era un elemento afro en Bolivia y nos hablaron de la historia de Bonifacio, que era un rey africano que habían traído capturado, y que sus súbditos trabajaban el triple para que no lo esclavizaron a él, a quien tuvieron por un gran consejero. Uno de esos herederos es todavía rey y el Estado Pluriétnico de Naciones, Plurinacional de Bolivia le concedió al pueblo afro allí un reconocimiento como Estado Afro, y tienen su propia legislación, su rey y su mecanismos y su interlocución con el Estado Mayor en La paz, a través del rey Bonifacio IV.

Así mismo otras experiencias en Brasil, con las quilombolas, también en Palenque de San Basilio en Colombia. Históricamente se conoce el reconocimiento que tuvo La Gran Revuelta para la gran provincia del Chocó, que es se dio en Tadó, con Barule. Se habla mucho del palenque de San Basilio, pero este era más pequeño que el de Tadó, e incluso que el de Uré, que también tuvieron una revuelta interesante. Tenían formas propias que fueron reconocidas por la Corona.

En el sur de Colombia hubo un proceso distinto, pero también fueron reconocidos: los llamados enclaves negreros de las capitanías, donde ellos tenían su grupo de personas negras, tenían su legislación propia y eran reconocidos por los españoles. Un caso de antecedentes muy interesantes en el norte del Cauca.

 RA: A propósito del Cauca, ¿Ligado al reconocimiento de la minería ancestral hay algún reconocimiento de derechos diferenciales o de manera de aplicación de la justicia particular?

 NQ: Nosotros ligamos el tema de la justicia no solamente en el ámbito jurídico sino también en el ámbito de las tradiciones propias. Por ejemplo, en la década 2010 hacia acá se dio el reconocimiento de salvaguardas culturales a través del Ministerio de Cultura, de algunas tradiciones nuestras como el Compadrazgo, que es una tradición para resolver problemas: buscaban al padrino, el compadre o la comadre para solucionar el problema.

Patrimonio Nacional también reconoció en el Valle La Ombligada, la forma de enterrar a los muertos, el Lumbalú en el caso de San basilio de Palenque, el seresesé.

RA: Cerramos esta charla con una indagación por el punto en el que están las actividades tendientes a la emisión de legislación secundaria que regule los mecanismos por los cuales la jurisdicción de pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros se relacionará con la jurisdicción ordinaria estatal colombiana.

¿Hay verdaderamente una agenda en este sentido? Lo digo en relación con el tiempo y los componentes que deberá tener una justicia especial de estas características. ¿Más allá de la puja que hay desde los liderazgos regionales, hay alguien en el órgano del poder legislativo que esté trabajando por sacar adelante la agenda de esta justicia ancestral?

 NQ: Sí, estamos haciendo unos trabajos muy serios con cuatro universidades: la Universidad de Los Andes, la Universidad del Valle, la universidad Claretiana y la Universidad de Buenaventura. Son con quienes tengo más cercanía, y estamos haciendo una estrategia de litigio, e incluso con los consejos comunitarios de siete departamentos, llevamos trabajando tres años el tema del litigio estratégico y aquí fundamos en Urabá la primera Escuela de Justicia Ancestral Afro.

Ya vamos en el cuarto módulo, se está haciendo virtual desde la página del Cepac Urabá, que acompaña la Tonga, 40 organizaciones afro de la zona del Darién y Urabá, y el punto clave es que hemos estado haciendo unos intentos para interpretar el artículo 246. Por ejemplo, uno de ellos fue cuando se presentó la tutela en favor de que los pueblos afros no participaran en el servicio militar obligatorio. Al principio se negó, y posteriormente lo aprobaron diciendo que no es constitucional. 

Así como existe la ley para proteger las culturas ancestrales indígenas, también deben existir para los pueblos afros, que han sido igual masacrados históricamente, además de que está en una situación de postración social, en desequilibrio y desigualdad con el resto de la población colombiana, entonces se pudo ir trabajando en eso, esa tutela se ganó. 

Hay otra por ejemplo que tiene que ver con la Etnoeducación. Los pueblos afros necesitamos una educación apropiada y propia. Entonces se ha dado pasos, por ejemplo, el PEC (Proyecto Educativo Comunitario) de Champalanca fue acogido por el Ministerio de Educación Nacional en el periodo pasado, y fue propuesta para todo el Pacifico, una propuesta etnoeducativa afro; también en Nariño fue reconocida.

Hay más reconocimientos. Por ejemplo, el viche, que fue reconocido como patrimonio nacional y también como propio del pueblo Afro, que se usa no solo como bebida alcohólica, sino que de él sacamos remedios y es también una bebida para rituales.  Entonces sí ha habido unos pasos importantes, también acercamiento directamente con el Ministerio de Justicia.

En este mes va a haber un encuentro con consejos comunitarios en estas zonas de Darién y Urabá para abordar los avances de la justicia ancestral afro, y va a estar el Ministerio de Justicia, también va a estar auspiciado por USAID, que nos ha acompañado bastante y algunos otros colectivos jurídicos como Ilex, que es una institución muy potente a nivel jurídico en Colombia. Es un bufet de abogadas afro, que han venido haciendo un trabajo muy interesante, que ha sido de ayuda en el avance.

En otro aspecto también el observatorio de derechos humanos afrocolombianos, que está coordinando la gestión en la Universidad de Los Andes, y la Escuela de Justicia Lara Bonilla, que hizo un convenio con la Universidad Claretiana para articular en el proceso un programa de justicia en la Facultad de Derecho; entonces, en estos momentos la Universidad está ofreciendo un pregrado en derechos étnicos, es el único que se está haciendo en el país y es auspiciado por parte de estas investigaciones que hemos estado realizando, porque parte de la Universidad ha estado también cercana a este proceso. Nace incluso como una síntesis del proceso de Pastoral afro e indígena en el Chocó, y de allí sale lo que llaman la Universidad Claretiana.

Otro aspecto también importante son las publicaciones que se están realizando sobre artículos, revistas de justicia ancestral y los encuentros con los comités locales de justicia a nivel regional, municipal, para que se entiendan.

Hay que comentar también que se está proponiendo en la zona del Urabá el diálogo de saberes judiciales entre la justicia ordinaria y la justicia ancestral afro. Tendremos dos diálogos subregionales de saberes ancestrales, uno va a ser en Puerto Girón y el otro en Bocas del Atrato. En donde el comité local de justicia de Turbo va a escuchar cómo solucionan los problemas en el Consejo Comunitario y cómo podrían articularse con la justicia ordinaria.

En cuanto a legislación, tuvimos un vacío legal de más de 140 años, desde 1851, con la abolición legal de la esclavitud; desde entonces y hasta 1993, a partir de la Constitución del 91, con la ley 70, apenas allí vuelven a hablar de las comunidades negras. Entonces en ese vacío de casi 140 años no se habló ni se defendió ninguna causa a favor de los pueblos afro.

Entonces qué bonito sería que las nuevas estudiantes del derecho empiecen a posicionar a los afro como un sujeto de interpretación de la valoración del ser y del qué hacer del sujeto colectivo del pueblo negro. 

 * El Ekobio Neil Quejada Mena es un afrosacerdote -que como se ve en esta nota es abanderado de las causas de los afrodescendientes en el país-. Es el director de la Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana, Cepac Urabá. Sus años de vida religiosa están también dedicados al estudio de la cultura afrocolombiana, a la religiosidad, a la literatura dedicada al tema afro en el país y destaca especialmente por su capacidad de liderazgo en procesos con jóvenes y en gestión de proyectos para el desarrollo de las comunidades.

miércoles, 1 de noviembre de 2023

Atención jóvenes de Urabá

Una convocatoria para jóvenes de varias regiones de Colombia, en busca de facilitar el acceso a la justicia.

Las y los participantes, pondrán a prueba sus conocimientos, habilidades, creatividad y agilidad para desarrollar ideas innovadoras para que las personas en los territorios tengan un mayor acceso a la justicia. Las y los ganadores tendrán la posibilidad de desarrollar un plan piloto de su propuesta.

El evento se realizará entre el 10 y 11 de febrero de 2024 en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, y tendrá una duración de 24 horas.

Desde el lunes 30 de octubre inició la convocatoria del evento Hack Por Colombia: Construyendo Acceso a la Justicia, el primer hackathon del país enfocado en temas de acceso a la justicia. Un total de 50 jóvenes de diversos municipios del país se reunirán los días 10 y 11 de febrero de 2024 en la ciudad de Cali, con el propósito de abordar un importante reto relacionado con el desarrollo de un modelo o herramienta tecnológica que contribuya a mejorar el acceso a la justicia, a partir del trabajo colaborativo y creativo de jóvenes con destreza para la transformación digital.

Este proyecto es apoyado por el Programa Justicia Inclusiva de la Agencia de los Estados

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y ejecutado por la Fundación Colombia 2050. El objetivo de esta iniciativa es poner a prueba los conocimientos, habilidades, creatividad y agilidad de un gran grupo de jóvenes para desarrollar ideas innovadoras que contribuyan a generar un mayor acceso a la justicia en sus territorios.

Hack Por Colombia, será un evento de trabajo intenso de 24 horas consecutivas, en el que diez equipos conformados por jóvenes de 78 municipios competirán en la construcción de una solución innovadora que aporte a una justicia sin barreras, más cercana a las personas.

En la dinámica de esta competencia, los participantes contarán con el apoyo de mentores, y espacios de retroalimentación para la formulación de su propuesta. El equipo ganador, tendrá la posibilidad de desarrollar un plan piloto de su propuesta tecnológica.

La convocatoria de Hack por Colombia está dirigida a jóvenes de nacionalidad colombiana que tengan entre 18 y 28 años y de manera empírica o mediante formación académica demuestren conocimientos en áreas de liderazgo, trabajo comunitario, acceso a derechos, justicia e innovación, o que estén cursando o hayan cursado programas en áreas de ingeniería o desarrollo, ciencias económicas o ciencias sociales.

Es requisito también tener conocimiento en el uso y manejo de herramientas ofimáticas, experiencia en iniciativas comunitarias relacionadas con DDHH o resolución de conflictos y/o creación de metodologías, diálogos en temas de convivencia, justicia, entre otros.

¿Cómo aplicar a la convocatoria?

Desde este lunes 30 de octubre está habilitada la postulación a la convocatoria del evento Hack por Colombia. Los pasos para inscribirse en la fase de preselección son los siguientes:

1. Dirigirse a la página www. fundacioncolombia2050.com

2. Ir a la pestaña Hack por Colombia

3. Leer el documento de términos y condiciones

4. Hacer click en el botón ¡Inscríbete aquí! y diligenciar todos los campos del formulario de inscripción.

5. El formulario de inscripción estará habilitado desde el 30 de octubre hasta el 12 de noviembre de 2023 a las 11:59pm.

6. El 17 de noviembre serán notificados los y las participantes preseleccionados.

7. El equipo de Fundación Colombia 2050 se pondrá en contacto con los preseleccionados y les compartirá las instrucciones para continuar dentro de la convocatoria hacia la fase de selección.

8. La fase de selección estará habilitada desde el 18 de noviembre hasta el 26 de diciembre para elegir a los y las participantes del evento.

9. El 1 de diciembre se notificará a los 50 jóvenes que harán parte del evento Hack por Colombia para viajar a Cali y construir la propuesta que contribuirá a mejorar el acceso a la justicia en el país.

Esta convocatoria busca la participación activa de mujeres, hombres, comunidad LGBTIQ+, comunidades indígenas y afro, que vivan en las siguientes regiones del país:

Unidad Regional Urabá-Chocó

Chocó: Bojayá, Carmen del Darién, Condoto, Istmina, Medio San Juan, Novita, Quibdó, Riosucio y Unguía.

Urabá: Vigía del Fuerte, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá y Turbo.

Unidad Regional Sur de Córdoba, Montes de María y Bajo Cauca Antioqueño

Sur de Córdoba: Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta, San José de Ure, San Pelayo, Valencia y Montería.

Subregión Montes de María: Bolívar: Cartagena, Córdoba, El Carmen de Bolívar, Mahates, María La Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano.

Sucre: Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Antonio de Palmito, San Onofre y Toluviejo.

Bajo Cauca: Caucasia, Cáceres, El Bagre, Nechí y Tarazá.

Unidad Regional Suroccidente:

Valle del Cauca: Buenaventura y Cali.

Cauca: Caldono, Caloto, Corinto, Jambaló, Guapi, Miranda, Santander de Quilichao, El Tambo y Toribio

Pacífico Nariñense: Barbacoas, Magüí Payan, Roberto Payan, El Charco, Olaya Herrera, Santa Bárbara,

Ricaurte, Francisco Pizarro, La Tola, Mosquera y Tumaco. • Putumayo: Puerto Caicedo, Puerto

Guzmán, Puerto Leguízamo, San Miguel, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez y Villagarzón.

Información clave de la convocatoria

El viernes 10 de noviembre a las 9:00 a.m. se llevará a cabo una sesión de preguntas para aclarar los detalles de la convocatoria a través de la cuenta de Instagram

@fundacioncolombia2050 de la Fundación Colombia 2050.

Entre el 18 y el 26 de diciembre de 2023 se hará la selección de los y las personas que participarán en el evento. El 1 de diciembre se informará quiénes fueron las y los seleccionados para viajar a Cali y participar de Hack por Colombia, el evento para contribuir al acceso a la justicia, más importante del 2024.

Los gastos de transporte terrestre y fluvial, así como el transporte aéreo (si es requerido), el alojamiento y la alimentación para los días de desplazamiento previos (8 y 9 de febrero de 2024) y fechas posteriores (12 de febrero de 2024) al evento, serán cubiertos por los organizadores, según tabla de gastos de la organización que se socializará con los  convocados.

A cada uno de los participantes del grupo ganador, le será adjudicado un contrato por prestación de servicios para la ideación del prototipo del modelo o la herramienta creada.

Tendrá una duración de un mes y valor máximo de 6.000.000 (por persona).

Quienes estén interesados en participar y tengan dudas adicionales a lo informado en este comunicado, deben enviar un correo a lauramora@fundacioncolombia2050.org o dirigirse al micrositio de la Hack por Colombia y enviar sus datos para ser contactado por el equipo organizador del evento. Al finalizar la página encontrará la sección ¿quieres contactarnos?

Más información:

Ana María Guzmán, Coordinadora de comunicaciones de la Fundación Colombia 2050- +57 311 4906744

Laura Juliana Mora, Coordinadora del proyecto Fundación Colombia 2050 +57 3212238238.

lunes, 9 de octubre de 2023

No incendiaron el país

Se le vino el andamiaje a tierra al Centro Democrático y por supuesto reaccionan arremetiendo contra la majestad de la justicia.

Luis Alfonso Ossa/opinión/El Pregonero del Darién.

Médico/Luis Alfonso Ossa B.
Ese revolcón político por el llamado a los estrados judiciales del imputado Álvaro Uribe Vélez, como corresponde a cualquier colombiano que se haya puesto por fuera de la ley, era lo que estaba en el deseo de los obsecuentes seguidores del Colombiano Ejemplar, pues el país se dio cuenta que apenas eran unos pocos, de los que aún siguen a Uribe, los que pensaban que la nación entraría en caos con el llamado a juicio al expresidente.

Vimos entonces como no se puso en vilo nuestra democracia por la determinación del Tribunal  de Cundinamarca  y antes por el contrario, se abrió así de nuevo la puerta de la esperanza  de que la justicia colombiana si está en condiciones  de empezar a evacuar el montón de procesos  contra el Sr. Álvaro Uribe engavetados precisamente por el temor al  caos político en que entraría Colombia, con el cual nos tenían amenazados los uribistas, si los jueces cumplieran con su deber de investigar, juzgar y condenar a Uribe, si el debido proceso así lo amerita.

Se le vino el andamiaje a tierra al Centro Democrático y por supuesto reaccionan arremetiendo contra la majestad de la justicia al sugerir que el gobierno Petro está metiendo la mano en los procesos debidamente instaurados por esa justicia contra el expresidente Álvaro Uribe.

Por supuesto que los uribistas respetan la justicia cuando esta precluye los procesos contra su jefe, pero hoy que la determinación del Tribunal de Cundinamarca no le favorece al Señor Del Ubérrimo, ahora esa justicia sí que está manipulada.

Quedó al descubierto que la amenaza terrorista con la que atemorizaban a los jueces para coartar cualquier determinación contra Álvaro Uribe, solo era una narrativa en el discurso de unos cuantos fanáticos incondicionales que como buen caudillo el expresidente ha ido adiestrando en su vida pública.

Está el balón ahora en la cancha de la Fiscalía y lo que menos le quedaría bien al fiscal Barbosa, con las maletas ya preparadas para dejar su cargo, sería proponer una tercera preclusión del caso Uribe.

¿De nuevo Operación Orión?

¿Puede estar segura la sociedad medellinense cuando entre quienes aspiran a gobernarla en los próximos 4 años el candidato más opcionado de ganar las elecciones ha venido concitando apoyos de los sectores más recalcitrantes de Medellín, así como el de una extrema derecha que no descarta el uso de la violencia desconociendo el debido acato constitucional   al uso exclusivo de las armas por parte del Estado?

 Y como si todo esto fuera poco, ahora nos vienen a mostrar como una gran conquista de ese candidato el que los veteranos retirados y reserva activa de la fuerza pública, se vuelcan a darle el respaldo incondicional a ese mismo personaje.

¿Qué le espera entonces a la convivencia ciudadana en Medellín durante el eventual gobierno de Fico Gutiérrez, cuando el respaldo mayoritario, a su eventual futuro alcalde, estará sostenido por fuerzas de facto seguramente dispuestas a hacer cualquier cosa para mantener la seguridad democrática?

Tiempos aciagos por venir tendrá nuestra ciudad con el triunfo del mediocre de Fico, quien además de estar cooptado por la gran oligarquía antioqueña que reconquistaría ese poder perdido con Quintero, hay además grandes indicios, hoy asordinados, que señalan sospechosos vasos comunicantes con sectores delincuenciales de nuestra ciudad.

¿Será que a Medellín le tocará sufrir en lo sucesivo reediciones de aquella tenebrosa operación Orión que convirtió la escombrera en un cementerio más de falsos positivos?

sábado, 5 de noviembre de 2022

6 de diciembre, al banquillo exalcalde de Mutatá

El ex funcionario y una mujer responden por los presuntos delitos de Peculado por apropiación en favor de terceros, la mujer por concurso homogéneo por no ser funcionaria pública.

 La Juez Segunda Penal de Apartadó, Judy Paulina Zuluaga Zuluaga, convocó para el próximo seis de diciembre a los imputados, Jairo Enrique Ortiz Palacio y Jineth Martínez Arcila, luego de la audiencia de acusación, con el fin de darle continuidad al proceso penal que cursa en ese despacho contra los sindicados. La audiencia será de carácter preparatorio.

Jineth Martínez Arcila

Tal como lo ha informado este medio de comunicación, los citados fueron denunciados por el abogado, Carlos Alonso Mahecha González, el mes de junio del año 2020, por los presuntos delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, concurso homogéneo, seguido de falsedad ideológica en documento público  respectivamente, en concurso heterogéneo y concurso homogéneo, la señora Jineth Martínez Arcila está vinculada al proceso como interviniente, por no tener la condición de servidora pública.

Jairo Enrique Ortiz Palacio-
Exalcalde de Mutatá

Durante la audiencia de acusación, la responsable del despacho reconoció a la abogada Gladys Quintero Zuluaga, como la defensora de los dos procesados, tanto del exalcalde de Mutatá, Jairo Enrique Ortiz Palacio, como de la señora, Jineth Martínez Arcila.

El proceso judicial se originó por la presunta entrega irregular de dos bienes propiedad del municipio de Mutatá, destinados a la vivienda de interés social prioritario, a la señora Jineth Martínez Arcila.

 

 

jueves, 12 de octubre de 2017

Cuando la justicia se vuelve una alcantarilla

Ya hay un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia en la cárcel, Francisco Ricaurte, están los magistrados, Leonidas Bustos y Gustavo Malo Fernández salpicados hasta el ajustado cuello de sus togas, en toda una red criminal que mancilló por años nuestro sistema judicial.



Editorial EL PREGONERO  DEL DARIÉN-octubre-2017

Era casi imposible que la corrupción que carcome al país por los cuatro puntos cardinales, que se campea de despacho en despacho disfrazada de mil maneras, no salpicara al aparato judicial del país y en efecto el asunto resultó peor de lo que los ciudadanos de a pie nos imaginábamos.

Pero mientras el Fiscal General de la Nación duramente cuestionado por reconocidos ciudadanos incluyendo al senador Jorge Robledo, siga atornillado en su cargo y para colmo de males torpedeando el proceso de paz para hacerse el importante, “mojar” prensa todos los días, para hacerse notar y congratularse con sus patrocinadores políticos, el cáncer está lejos de extirparse y la metástasis avanza con celeridad.

No ha dicho el señor fiscal, cuáles fueron los métodos y padrinos para nombrar al abogado Gustavo Moreno como fiscal anticorrupción, personaje que terminó siendo la punta de lanza para comenzar a desenmascarar la putrefacta olla en la que se había convertido la justicia.

Pero tuvo que ser el gobierno norteamericano cansado de ver, soportar y hasta patrocinar con recursos financieros, a esa justicia, el que destapó la olla, justamente grabando a Moreno, quien está listo para ser extraditado a ese país.

Ya hay un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia en la cárcel, Francisco Ricaurte, están los magistrados, Leonidas Bustos y Gustavo Malo Fernández salpicados hasta el ajustado cuello de sus togas, en toda una red criminal que mancilló por años nuestro sistema judicial.

Magistrados que desde luego no actuaban solos manejaban todo un cartel con reconocidos abogados como el mismo Gustavo Moreno, Camilo Tarquino y Luis Ignacio Lyons, entre otros, para negociar procesos, absolver culpables y hasta condenar a inocentes para ajustarse a cada caso, a cada solicitud de sus clientes.

Pero todo esto sucede en lo más alto, en lo más sagrado de nuestra institucionalidad, mientras que la impunidad rebasa el 90 por ciento en la criminalidad en todo el país y unos jueces se dedican hacer espectáculos públicos a través de los medios de comunicación, ufanándose porque enviaron a la cárcel a quien robaba “caldo de gallina” en un supermercado de Cali, otro por robar chocolatinas en Bogotá y a otro por tocarle el trasero a una dama.

Las cifras de las que hablan las grabaciones y delaciones para negociar un proceso, producen escalofrío, van desde 500 millones de pesos hasta 20 mil millones. La descomposición en toda la extensión de la palabra.

La justicia se corrompió, se prostituyó, porque cayó en manos de los políticos que todo lo pudren, jueces y fiscales, ministros de justicia cuotas de directorios partidistas y así mismo imparten sus fallos, usted me nombra yo te absuelvo, yo apoyo a tus patrocinados, y lo más fatal, es que muchos de esos políticos no quieren el cambio y así lo han demostrado, tanto Cambio Radical, como el Centro Democrático, durante las discusiones legislativas de la Justicia Especial para la Paz, con argumentos peregrinos que son gabelas para las FARC, cuando lo único cierto es el terror que les infunde tener que llegar ante unos jueces nuevos, aún sin corromperse y nombrados sin el patrocinio de sus directorios, a responder la estela de crímenes y despojo de tierras, con que han sembrado al país, junto con sus asociados, empresarios y ganaderos corruptos.

Sin embargo, ver a un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia tras las rejas, nos da un asomo de esperanza siendo una lástima desde luego, que el señor Fiscal General de la Nación no le genere confianza sino a sus padrinos politiqueros, algo es algo, dice el pueblo.

domingo, 26 de marzo de 2017

Una justicia cada vez más ciega y politizada

Opinión:

Muy crítico que la propia Fiscalía General de la Nación confirme que tiene más de 95 mil audiencias represadas por falta de presupuesto y funcionarios.


Por: Wilmar Jaramillo Velásquez -Columnista-EL PREGONERO DEL DARIÉN

Las grandes contradicciones de nuestro aparato de justicia, de razón alguien decía que el estado hecho para que no funcione, por un lado se gasta un infierno de plata en campañas publicitarias invitando al ciudadano para que denuncie el delito, pero por el otro, esa justicia no opera, nada que despega, nada que recupera su independencia y majestad ante la sociedad.

Hoy nos salen muy caripelados con el cuento que tienen 95 mil audiencias represadas por falta de funcionarios y de presupuesto en otras palabras; en un país que registra las más escalofriantes cifras de impunidad por encima del 90 por ciento, ahora las audiencias de las pocas investigaciones que han prosperado, están prácticamente congeladas por falta de recursos.

Por eso es que el ciudadano poco se anima a denunciar, porque está seguro que pierde su tiempo o queda debiendo como dicen coloquialmente y termina convertido en rey de burlas.

Lo que el país entero acaba de presenciar con la telenovela del llamado Caso Colmenares, es una vergüenza para la justicia, es una afrenta para el debilucho estado social de derecho que decimos tener, un país sin justicia no es país, no es nada, es un remedo de nación, es una democracia fallida, entonces lo que para el Tribunal Superior de Bogotá fue un asesinato, para el juez de la causa muy olímpicamente fue un accidente, un fallo tan controversial que no le gustó sino a las jóvenes absueltas y a su flamante defensor, a quien apodan en las redes sociales el “Abogado del Diablo”, de resto a nadie, apelarán la Fiscalía, la Procuraduría y la familia, esto es una aberración. Que irá hacer entonces la Fiscalía para ayudar a resolver de manera oportuna las centenares de amnistías que vienen en camino para resolver la situación de los guerrilleros de las FARC que tienen derecho a ella como consecuencia de los acuerdos de paz?

Sigue siendo la justicia nuestra para ruanetas, se mide con la capacidad de los procesados para pagar ruidosos abogados e invertir astronómicas cifras en la defensa, con capacidad de montar telenovelas en los medios de comunicación.

Si esta es la nueva era de la Fiscalía, la que sin dientes, sin funcionarios , sin presupuesto, es la que viene a investigar y sancionar la corrupción como lo viene anunciando el flamante fiscal, nada bueno podemos esperar, porque mañana nos saldrán con el cuento peregrino que las audiencias están represadas y los términos venciendo y los procesados recobrando la libertad, porque sencillamente no hay forma de llevarlos a juicio y condenarlos, es este un sombrío panorama para un país que históricamente a navegado entre la más absurda y horripilante impunidad.