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lunes, 15 de enero de 2024

2024 será la prueba de fuego de la ‘Paz Total’

Con un panorama complejo y tras un cierre de año estrepitoso, el gobierno intenta replantear la denominada ‘Paz Total’. ¿Cuáles deberían ser las prioridades?

Sebastián Zuleta* Razón Pública/Análisis de la Noticia/El Pregonero del Darién.

Las fichas del gobierno en
 busca de la paz total.

Los cambios en la ‘Paz Total’

La salida del gobierno del ex comisionado de Paz, Danilo Rueda, confirmó lo que la mayoría de la sociedad colombiana y la comunidad internacional habían advertido: la ‘Paz Total’ no va por buen camino y no tiene un horizonte claro. 

La ausencia de una estrategia de negociación con grupos armados ilegales, la imposibilidad de crear un marco jurídico para el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales, la pérdida de control territorial del Estado a manos de organizaciones armadas de diversa índole y el aumento en la mayoría de los índices de violencia precipitaron la salida de Rueda. 

El insólito episodio ocurrido en el preludio de las elecciones regionales en el corregimiento de El Plateado, Argelia, Cauca, puso en conocimiento de la opinión pública un desafortunado comunicado suscrito por los jefes de las delegaciones negociadoras del gobierno nacional y del EMC-FARC donde anunciaban que delegados de ambas partes harían presencia en la instalación de la jornada electoral en Popayán y después en El Plateado. 

Dicho comunicado, como vino a ser conocido horas después, estuvo precedido por la suscripción de un ‘acuerdo confidencial’ con el gobierno. Se estableció que el EMC-FARC se retiraría del casco urbano del corregimiento para que los militares pudieran entrar a El Plateado en el día de elecciones y vigilar su desarrollo. 

"El aumento de la violencia en diversas regiones, la expansión del control territorial y de la gobernanza criminal por parte de las organizaciones armadas, así como la ausencia de respuestas por parte del gobierno, son las principales razones por las cuales la denominada ‘Paz Total’ atraviesa una profunda crisis"

La negativa del ejército de retirarse provocó indisposición y presión por el EMC-FARC, lo que obligó a los militares a abandonar el corregimiento. Tanto el ministro de defensa como el Presidente de la República afirmaron desconocer dicho pacto, motivando la salida del cargo de Danilo Rueda.

En su lugar, Otty Patiño —quien fungía como jefe de delegación del gobierno en las negociaciones con el ELN— fue nombrado como nuevo Alto Comisionado para la Paz. 

En los primeros pronunciamientos, Patiño ha afirmado que es consciente de la necesidad de replantear algunos aspectos de la ‘Paz Total’, empezando por delimitar el alcance y promover la construcción de confianza con las comunidades que han percibido como “la paz en lugar de traer mayor seguridad, está trayendo mayor inestabilidad y mayor inseguridad”.

En otras palabras, resulta evidente que la tarea del nuevo Comisionado es mostrar resultados positivos en el marco de la ‘Paz Total’ tanto en materia de seguridad, como de acuerdos para el reducir la violencia y finalizar el conflicto con algunas de estas organizaciones.

Prioridades para el redireccionamiento 

En diversos pronunciamientos, el nuevo Comisionado de Paz ha sido claro en afirmar que la seguridad y el control territorial deben ir de la mano con las negociaciones de paz.

De entrada, esto marca una nueva orientación en comparación con los planteamientos previos sobre la ‘Paz Total’, donde la provisión de seguridad, el papel de las fuerzas armadas y la protección de las comunidades frente a las acciones de los grupos armados eran, si acaso, secundarios.

Esa suerte de ‘estado de excepción’, que implican las actuales negociaciones con estas organizaciones en sus áreas de influencia, le restó credibilidad y legitimidad a la ‘Paz Total’ frente a las comunidades. El aumento de la violencia en diversas regiones, la expansión del control territorial y de la gobernanza criminal por parte de las organizaciones armadas, así como la ausencia de respuestas por parte del gobierno, son las principales razones por las cuales la denominada ‘Paz Total’ atraviesa una profunda crisis.

Por eso el diseño de una estrategia de negociación con los grupos armados ilegales debe ser la prioridad fundamental del gobierno para el 2024. 

Ha quedado demostrado que la ausencia de una estrategia de negociación y la adopción de un enfoque donde la dinámica de la negociación va marcando el horizonte estratégico de la ‘Paz Total’ es errado y políticamente costoso para un gobierno que atraviesa una profunda crisis de gobernabilidad a menos de dos años de haber asumido el poder. En otras palabras, ha quedado en evidencia que la improvisación es la peor estrategia de negociación.

Foto: Facebook: Alto Comisionado
para la Paz - La negociación con
 el ELN y el EMC está en crisis
 debido a la debilidad de los ceses
 al fuego, la falta de claridad y de
 resultados concretos, entre otras cosas
En segundo lugar, las crisis que atraviesan los procesos de negociación por la debilidad de los denominados ‘ceses al fuego’, la falta de claridad, la incapacidad de acotar agendas de negociación y la ausencia de resultados concretos que aumenten la confianza de la ciudadanía en dichos procesos exigen una revisión a fondo que le permita al gobierno retomar el control de las negociaciones. 

Algunas preguntas que valdría la pena plantear son: ¿Existe voluntad de paz en estos grupos?, ¿tiene el gobierno la capacidad para adelantar negociaciones exitosas?, ¿qué se requiere para alcanzar una correlación de fuerzas positiva que le permita al gobierno mostrar resultados en materia de paz?, ¿cuáles son los criterios para otorgarle reconocimiento político a unas organizaciones armadas y a otras no?, ¿con quién se debe negociar y a quién se le deben ofrecer un sometimiento a la justicia?, entre otras.

En tercer lugar, el gobierno debe avocarse a crear un marco jurídico para el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales. 

Como es tradición en Colombia, el primer año de un gobierno está marcado por la influencia que éste ejerce sobre el Congreso para adoptar las principales reformas de su agenda. 

En el caso del actual gobierno, el primer año terminó con un balance deficitario y, de ahora en más, el costo político de tramitar cualquier reforma vía Congreso será muy alto. 

La imposibilidad de lograr la aprobación de un marco jurídico para el sometimiento a la justicia en el primer año de gobierno ha limitado seriamente el alcance de la ‘paz total’. Por el momento el gobierno no cuenta con herramientas para propiciar acercamientos y eventuales negociaciones con ciertas organizaciones armadas, como podrían ser las AGC, las ACSN o aquellas que operan en contextos urbanos.

Ahora el gobierno debe apelar al realismo y al pragmatismo para redefinir los contornos de la ‘Paz Total’. La tozudez de los hechos demuestra que, difícilmente, durante los dos años y ocho meses que le quedan al actual gobierno, se va a lograr un acuerdo para el desarme y desmovilización de organizaciones armadas. 

Dicho en otras palabras, es muy improbable que bajo las condiciones actuales el gobierno logre sacar adelante los cambios o reformas que algunos de estos grupos arguyen como motivación principal para mantenerse en armas. 

En este escenario, el gobierno debe enfocarse en acelerar y profundizar la ejecución del Acuerdo de 2016 con las extintas FARC-EP, disminuir la violencia presente y sentar las bases para una verdadera política de paz que cuente con las estrategias y herramientas que permitan dejar encaminados procesos de diálogo y negociación, y eventualmente, en un futuro no muy lejano, las organizaciones armadas opten por la finalización del conflicto.

Los próximos meses son críticos 

La prisa y los errores estratégicos han marcado la primera fase de la ‘Paz Total’. Por eso los limitados resultados a la fecha. El proyecto de “paz total” que hemos visto tiene serias falencias, entre ellas, el desconocimiento de los interlocutores en las negociaciones, así como sus incentivos o motivaciones, y no tiene una orientación clara para consolidar unas negociaciones con perspectiva de éxito. 

"Es muy improbable que bajo las condiciones actuales el gobierno logre sacar adelante los cambios o reformas que algunos de estos grupos arguyen como motivación principal para mantenerse en armas"

Además, perdió el norte sobre el propósito inicial de los diálogos y negociaciones y desaprovechó la confianza inicial de la ciudadanía. Por el momento se ve muy distante la meta de pacificar el país. 

Las señales que ha enviado el flamante Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, son positivas. Es fundamental que cuente con todo el apoyo institucional que le permita redirecciconar la ‘Paz Total’ hacia objetivos más realistas y alcanzables. 

Es esencial que el gobierno desideologice el tema de la paz. Los frecuentes llamados para obtener la paz deben pasar de la retórica a la práctica, lo cual requiere un gobierno abierto a dialogar, concertar y trabajar conjuntamente con quienes percibe como sus contrincantes ideológicos. 

No es posible lograr el éxito en un proceso de paz dejando de lado a quienes no piensan de la misma manera ni a quienes no se sienten representados por la agenda del actual gobierno. 

La actual crisis de gobernabilidad que tiende a profundizarse puede encontrar en la búsqueda de la paz un nuevo aliento que le permita al gobierno pasar a la historia como un capítulo positivo en el largo y difícil camino de lograr una paz estable y duradera.

Sebastián Zuleta
*Consultor independiente en mediación y resolución de conflictos, profesor universitario, ex-asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Candidato a PhD (EHS), magíster en Derecho Internacional (Universidad de los Andes), magíster en Protección Internacional de los Derechos Humanos (Universidad de Deusto) y magister en Acción Humanitaria Internacional (Universidad de Uppsala).

sábado, 8 de julio de 2023

¿Definitivo cese al fuego?

El plazo ha vencido y los pasos que se están dando son los correctos y la PAZ es el primero y urgente, pues necesitamos liberar el campo del yugo de la violencia armada.

Juan Fernando Uribe*/Opinión/ El Pregonero del Darién.

Médico/Luis Fernando Uribe.
De nuevo la PAZ TOTAL está en primer plano con otro "cese al fuego" con el ELN.

Pocos creen, es más, están convencidos que es una mentira o una treta del presidente para hacer pactos con la guerrilla y acabar de tomarse el poder, o para disponer de un instrumento de manipulación electoral en los próximos comicios de octubre.

Pero nada más lejano de esa suposición, pues es apenas un inicio de lo que podría ser en algún futuro, por ahora no cercano, un acercamiento a la legalización del negocio del narcotráfico y toda su acción periférica que incluye guerrilla residual y bandas multicrimen, y que, de ser posible, traería paz y prosperidad a Colombia.

El ELN está fragmentado en grupos sin un ordenamiento central; cada uno, al parecer, obedece a un comandante con una historia y territorio propios. La otrora comandancia central, ya con sus envejecidos y cansados personajes, quieren pactar una salida digna como aconteció con los viejos jerarcas desvirtuados de las Farc.

Las épocas cambian y sus protagonistas también. Colombia en los últimos  40 años se convirtió en un narcoestado a ojos vistas: políticos, presidentes, periodistas, empresarios, industria agrícola y del entretenimiento, contrabando, construcción, importaciones, y demás fenómenos anexos al lavado de activos, han sido permitidos por una jurisprudencia amañada y corrupta cuyas acciones convirtieron a Colombia en un país sin alma y sin ley, al vivir sólo de las limosnas que el saqueo y la codicia produjeron y que ahora, ya en el final… o en el principio de una nueva era, hace que nos preguntemos hacia dónde nos quiere conducir este nuevo gobierno.

Al parecer las respuestas son claras dependiendo de que se lleven a cabo unas reformas necesarias para ingresar a una senda de desarrollo con instituciones públicas inclusivas lejos de monopolios de corruptos y capitalistas sin visión social.

El plazo ha vencido y los pasos que se están dando son los correctos y la PAZ es el primero y urgente, pues necesitamos liberar el campo del yugo de la violencia armada y tratar de volver productiva socialmente la tierra dándole además al colombiano la garantía de sus derechos por un Estado competente, y no por ricachones corruptos expertos en repartir las migajas después del botín.

El cese bilateral del fuego con el ELN servirá para saber hasta dónde tienen poder las disidencias que surgirán y con qué carácter van a actuar, si en el político o en el meramente militar terrorista protegiendo cultivos y rutas.

Si el cese es real, se abre la posibilidad que el comercio y producción de cocaína inicie un tránsito hacia la legalidad al igual que se hizo con la empresa del licor, el tabaco, el café y posiblemente la marihuana de ser aprobada en la próxima legislatura.

El presidente Petro tiene prisa y el país no da espera, más ahora cuando se destapan antiguas podredumbres y los amables payasos que fungían como políticos, han mostrado su laya delincuencial y corrupta, por no decir asesina y genocida, un par de términos que me hacen latir el corazón con rabia y profunda tristeza.

*Médico pediatra.

martes, 20 de junio de 2023

Negociación con el ELN: los logros y lo que falta

En las negociaciones con el ELN se juega más de lo que parece, y hay aspectos del proceso que amenazan desbordar a las dos partes. ¿Qué hay detrás de los primeros acuerdos y para dónde van la guerrilla y el gobierno?

 Henry Ortega*/Razón Pública/Análisis de la Noticia/El Pregonero del Darién

Con bombos y con platillos

El gobierno registra algunos
 avances en el diálogo con el ELN,
 pero el camino es largo y espinoso.
Las últimas semanas han sido agitadas en cuanto a las negociaciones con el ELN. Las dos noticias centrales han sido: el cierre del tercer ciclo de negociaciones —con cese al fuego y comienzo de la participación de la sociedad civil—, y la posibilidad de un fondo internacional de financiación para el ELN.

El viernes 9 de junio se dio una gran noticia para la paz total, en medio de semanas turbulentas para el gobierno Petro. Fue una puesta en escena que revivió el encuentro entre Santos y Timochenko en La Habana en el 2016. De izquierda a derecha: presidente colombiano, presidente cubano y máximo líder de la guerrilla colombiana cerrando la foto, en medio de un apretón de manos.

Contra el reloj

Lograr la paz con ELN es uno de los desafíos más importantes para el gobierno Petro.  Y para esto tiene el tiempo en contra. A diferencia de Santos, que contaba con la reelección, Petro tiene apenas 4 años –casi 3 en este momento– para posicionarse como el primer presidente de izquierda que dio fin al ciclo de violencias insurgentes del siglo XX.

El valor histórico de este eventual acontecimiento fue el argumento que utilizó Petro para justificar su decisión de acelerar el proceso. Por eso el presidente insistió en que el ELN debe entender que la guerra fría ya terminó, que el mundo ha cambiado y que es esta la oportunidad de acabar la fase de la insurgencia armada en América Latina.

Este llamado tiene un propósito concreto: agilizar, porque bien puede que el ELN no tenga tanta premura como Petro. Más allá del valor histórico y simbólico, esta urgencia tiene una doble motivación:

La demanda misma de la población civil que reclama el final de la violencia en las distintas regiones con presencia del ELN y otros grupos armados, y el aprendizaje del proceso con las FARC: no basta lograr un acuerdo con un gobierno si éste no es quien da comienzo a su ejecución. De otra manera se corre el riesgo de dejar un acuerdo poco blindado ante el cambio de gobierno de 2026, sea cual sea.

Retomar la agenda que se pactó con el gobierno Santos y lograr este cese a diez meses de comenzar su gobierno es un avance sin duda significativo. Además del cese al fuego, se han logrado avances como la salida de menores de edad de las filas del ELN, cuyos protocolos de recepción están en curso.

"El valor histórico de este eventual acontecimiento fue el argumento que utilizó Petro para justificar su decisión de acelerar el proceso"

Foto: Facebook: Alto Comisionado
para la Paz - La participación ciudadana
 es fundamental para continuar el
proceso con el ELN. De esta manera,
se pueden crear espacios para la rendición
 de cuentas y para conocer las
exigencias sobre la violencia.
Pero el proceso no está exento de dificultades, no será fácil hacer realidad los acuerdos progresivos y lograr que lleven a un acuerdo final y definitivo para que el ELN deje las armas.

Sorpresas esperables 

Lo que viene a continuación puede no tener el mismo ritmo. La participación de la sociedad civil no es apenas un reto político, sino también logístico y metodológico.

“En materia de participación, no se puede inventar la rueda”. Las regiones ya han participado en recientes e importantes escenarios como los PDET y el Plan Nacional de Desarrollo; muchas de las necesidades y soluciones se conocen y un exceso de asistencia a espacios de participación desgasta. Así lo señaló Iván Cepeda el pasado jueves en A fondo, el podcast de María Jimena Duzán (Cepeda es una de las voces más relevantes en el proceso por su papel de clarificador de muchos de los mensajes discordantes).

Si la intención efectiva del proceso es consultar la opinión de las comunidades, el gobierno debe estar dispuesto admitir que en las mesas regionales se den más que cordiales sugerencias para el acuerdo eventual entre el Estado y la guerrilla:

Por una parte, esos encuentros bien pueden ser espacios de rendición de cuentas, donde las poblaciones presenten sus reclamos sobre el avance o no de las reformas que abandera el gobierno. Más todavía cuando muchas de estas reformas se han inspirado en el conocimiento más o menos generalizado de las demandas preexistentes de las regiones.

Este ejercicio de rendición de cuentas puede servirle al gobierno para corregir el rumbo y diseñar los ajustes necesarios — como también para dar a conocer y para legitimar los avances en su agenda.

Por otra parte, es también de prever que las comunidades reclamarán acciones inmediatas de reducción de la violencia, atención humanitaria y reconocimiento de las víctimas. Algo de esto se vio ya en la Caravana Humanitaria del Bajo Calima y el Medio San Juan.

Por eso mismo, la metodología de estos espacios debe incluir reglas claras para evitar revictimizaciones o evasiones en el reconocimiento de responsabilidades. Aquí se juega la credibilidad de futuros escenarios de justicia transicional con el ELN, por no decir que empezarían a operar como si fuera uno de estos.

 El cese y los secuestros 

Son dos las dificultades principales para que pueda operar el cese al fuego:

Primera porque es un cese bilateral, pero en muchas regiones las acciones armadas no se dan tanto entre el Ejército y el ELN, como entre diversos actores ilegales. Aunque se intensifiquen las negociaciones con otros grupos armados, es muy probable que se den acciones, por ejemplo, entre el ELN y las disidencias en Arauca o entre el ELN y el Clan del Golfo en Chocó.

En segundo lugar, no están prohibidas todas las acciones que involucran a la sociedad civil. El ELN declaró que no abandonaría el secuestro ni las extorsiones porque hacen parte de su economía de guerra.

Sobre esto importan algunas precisiones. Aunque se muestre dispuesto a renunciar al confinamiento y al reclutamiento de menores, el ELN se sigue negando a abandonar la práctica del secuestro. Este es un grave error: el secuestro es un motivo principal del repudio generalizado a las guerrillas en Colombia.

El ELN argumenta que hace parte de su financiación, pero vale la pena preguntar si en realidad este delito aporta tanto dinero a la organización como en su tiempo pareció aportarles a las FARC.

"Resulta jurídicamente complejo y políticamente inaceptable que un gobierno o un fondo financien a una organización que se mantiene en armas"

Caso distinto sería el de la extorsión, que no es apenas un mecanismo de financiación, sino que cumple un doble y contradictorio papel entre el control social y el seguro o la “cuota para seguridad” que se suele cobrar en las regiones marginadas de Colombia. Por eso al combatir la extorsión no bastaría con que el ELN renuncie a esta práctica sin que el Estado garantice la seguridad de las comunidades afectadas.

 El fondo internacional

El último remezón sobre el ELN vino del anuncio de un fondo internacional para financiar a esta organización.

La falta de claridad en los mensajes, una vez más, afecta la legitimidad del proceso. El mensaje consistió en canjear esa financiación por el fin de los secuestros y extorsiones, pero sin mencionar el compromiso de desmovilizarse. Resulta jurídicamente complejo y políticamente inaceptable que un gobierno o un fondo financien a una organización que se mantiene en armas.

Con el paso del tiempo han llegado rectificaciones y matices que bien pudieron ahorrase con un anuncio más claro y contundente.

Por supuesto, es común que algunos gobiernos aporten para los gastos logísticos de los integrantes de las guerrillas durante los procesos de negociación (pasajes, estadías y similares). Esta financiación, en un escenario de participación, podría estirarse a las acciones que pretendan disminuir la violencia (seguimiento del cese bilateral, jornadas de participación, rendición de cuentas a la sociedad civil, participación en caravanas humanitarias, etc.), pero no puede dejarse lugar sobre la prohibición de financiar la operación misma del grupo aún en armas.

De lo contrario, nada evitaría que esos recursos se utilicen para el funcionamiento mismo de un ejército rebelde: compra de armas, reclutamiento, entrenamiento militar, acciones armadas contra otros grupos e incluso contra la sociedad civil.

De darse esta situación, se estaría echando por la borda toda posibilidad de respaldo social a cualquier acuerdo que se logre. Las aclaraciones, por fortuna, apuntan a lo contrario.

 Henry Ortega*Politólogo. Investigador de la línea Estado, conflicto y paz del CINEP/PPP.

Clínica veterinaria-Barrio Boston/Medellín
Calle 54 N. 36-14/Primer piso
Celular:3124002682/fijo:4874010

lunes, 27 de marzo de 2023

¿Sometimiento, desmantelamiento o negociación?

Además, estas propuestas no tratan de reformar figuras como la extradición, donde sin renunciar a ella se podría lograr un nuevo tratado con Estados Unidos ajustado a la cooperación judicial.

 Por: Jean Carlo Mejía*Análisis de la noticia/Razón Pública/ El Pregonero del Darién.

El proyecto de ley para someter y
 desmantelar los grupos armados
 organizados ha despertado expectativas
 y preocupaciones sobre la
impunidad y la inseguridad.

Que está pasando en Colombia

Colombia sigue estando expuesta a varios factores de inestabilidad, como amenazas multi criminales y un conflicto armado interno que no hemos superado.

Según el informe de marzo de 2023 del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), tenemos hoy siete conflictos con grupos armados organizados ilegales (GAO) que se enfrentan entre sí o contra el Estado, y que dejan consecuencias devastadoras.

Eso sin contar las violaciones de los derechos humanos que se presentan a lo largo y ancho del territorio. Así lo denuncia el más reciente informe de la ONU, cuyos indicadores son cada vez más preocupantes en aspectos como el aumento de masacres, homicidios selectivos, desplazamiento y violencia sexual.

Como si fuera poco, varios actores ilegales, grupos transnacionales y mafias de corrupción locales se involucran con grupos de delincuencia organizada y con las “estructuras organizadas de crimen de alto impacto” (definidas así por la ley 2272 del 2022, sin diferencias sustanciales con la Ley de sometimiento 1908 de 2018).

Estas interrelaciones hacen que todas las organizaciones y actores armados penetren los movimientos sociales en los territorios, lo cual produce una “captura del Estado”.

Bajo esas circunstancias, cualquier iniciativa de negociación y desmantelamiento de organizaciones criminales resulta imperativa para lograr paz y convivencia en el contexto de post acuerdo sin postconflicto y donde la justicia transicional ha resultado una opción con muchos claroscuros.

Una vieja preocupación

El proyecto de ley 288 del Senado que el gobierno presentó el 15 de marzo ha despertado expectativas y preocupaciones por la impunidad que podría generar. El proyecto se propone someter y desmantelar las mencionadas organizaciones armadas de crimen de alto impacto, con garantías de no repetición de la violencia desde un enfoque de justicia restaurativa.

"Tanto el proyecto de sometimiento como la demandada Ley 2272 de paz total (que prorroga la ley de orden público de 1997) plantean un giro radical sobre el tema de la paz. La justificación y exposición de motivos de los proyectos exaltan un nuevo discurso y un lenguaje distinto del de la paz a través de la “militarización” y el “guerrerismo” del establecimiento"

Sin embargo, en escasos siete meses del actual gobierno, las acciones bélicas y delincuenciales de los actores ilegales se han disparado de manera exponencial. En el contexto de la búsqueda de la anhelada paz total, lo anterior ha generalizado la   sensación creciente de inseguridad en todas las encuestas, sondeos y estudios.

En consecuencia, vale la pena mirar algunos elementos del proyecto desde una mirada un poco distinta de la que se ha mostrado en instancias mediáticas y políticas.

Con ropaje de sometimiento 

El gobierno hizo mucho esfuerzo político y mediático para estructurar conceptualmente la “paz total”, con el concurso de una serie de académicos. El trabajo resultó en un Dossier construido en la Universidad Nacional de Colombia, junto con otro sobre la seguridad humana. Pero ¿qué pasó con el empeño del gobierno?

El proyecto de ley no desvirtúa la existencia previa de herramientas de justicia transicional, como el enfoque restaurativo que inspira la legislación desde el Acto legislativo 01 del 2017 y las sentencias C-674 del mismo año y C-080 del 2018.

Lo que sí cambió es la narrativa, que ahora parte de una perspectiva de paz centrada en las personas, las comunidades, el género y otros elementos inclusivos, así como del reconocimiento de una justicia penal alternativa.

Tanto el proyecto de sometimiento como la demandada Ley 2272 de paz total (que prorroga la ley de orden público de 1997) plantean un giro radical sobre el tema de la paz. La justificación y exposición de motivos de los proyectos exaltan un nuevo discurso y un lenguaje distinto del de la paz a través de la “militarización” y el “guerrerismo” del establecimiento.

Ese intento ha sido meritorio porque abre un diálogo alrededor de un derecho penal mínimo, donde se incluyen aspectos como sacar del Código Penal conductas como la inasistencia alimentaria, el incesto, la injuria o la calumnia.

Pero la argumentación choca constantemente con eufemismos que conducen a incoherencias. Por ejemplo: el Clan del Golfo es en verdad un GAO en términos del Derecho Internacional Humanitario, y no solo por lo que dice el informe del CICR. El punto es parte clara de una narrativa política, que a los abogados de los GAO y los GDO (Grupos de delincuencia organizada) no les acaba de parecer aceptable; así lo han expresado, indicando que el proyecto era una mala copia de la Ley 975 del 2005 (Justicia y paz).

Justicia premial ya tenemos

El proyecto 288 Senado se centra en una justicia premial   —o justicia negociada— por el estilo de la que trasplantó de Estados Unidos la Ley 906 del 2004. Fuera de los discursos, nada nuevo se asoma en el horizonte; y en la práctica además preocupa la ausencia de un soporte técnico y estadístico para la necesidad de este enfoque.

A estas alturas no resulta claro cuál sería la población beneficiada con una ley de negociación para desmantelar organizaciones delincuenciales, menos aún en los términos del artículo 1º de Protocolo adicional II de Ginebra de 1977, que se aplica en contextos de conflicto armado.

Dice el proyecto que los miembros de “los grupos y estructuras” mantengan hasta el 6% de sus bienes si colaboran con la justicia. Otros beneficios incluyen penas intramurales muy bajas y un componente de justicia restaurativa, lo cual ya existe, con otros porcentajes, en la Ley 1708 del 2014.

Además, estas propuestas no tratan de reformar figuras como la extradición, donde sin renunciar a ella se podría lograr un nuevo tratado con Estados Unidos ajustado a la cooperación judicial y policial con fines penales, como parte del derecho penal internacional del siglo XXI.

En síntesis, Colombia tiene ya una justicia penal basada en beneficios por una mayor colaboración con el propósito de desmantelar organizaciones criminales complejas, pero en esta ocasión no satisfacen las expectativas de la multi criminalidad ni de las víctimas.

De todo, al mismo tiempo y sin orden

Es evidente que la ansiedad del mandatario se transmite a su equipo de gobierno, lo cual de paso ha generado un nudo gordiano y una torre de babel.

Ya la paz era una política de Estado en Colombia, no solo por el artículo 22 de la Constitución de 1991, sino por la Ley de orden público, utilizada por seis gobiernos consecutivos para sacar de la guerra a más de 90.000 combatientes.

Así, un enfoque de paz total desde la actualización de la ley de orden público, sustentado en una “política de Estado” y un gabinete de paz, debieron aprovechar las instituciones que ya estaba funcionando.

Por eso figuras como Rodrigo Londoño han denunciado que incluso se sentían más seguros bajo el gobierno anterior, aunque también han matizado estas declaraciones.

Formular un proyecto de sometimiento con esa filosofía habría sido más viable desde el Ministerio de Justicia que desde una ya colapsada Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Es habitual encontrar en los proyectos de reforma del gobierno Petro la creación de un sinnúmero de instancias (Instancia de alto nivel para caracterizar las organizaciones, por ejemplo) y comités. En materia de paz, eso implica un alto riesgo de caer en impunidad.

Si las víctimas no ven la justicia, la reparación, la no repetición y sus derechos a la verdad en tiempos razonables, se consolida las críticas del fiscal general, la procuradora y tantos especialistas: no es el fondo, son las formas casi siempre.

¿Y los derechos de las víctimas?

En Colombia nos hemos acostumbrado a una narrativa alrededor de las personas que han padecido fenómenos de violencia. Pocos países tienen más interiorizado el leguaje de la justicia, la verdad y la reparación integral.

Foto: Fiscalía - Colombia ya cuenta
 con una justicia penal soportada en
 beneficios. Esta se presenta cuando
 hay mayor colaboración para el
desmantelamiento de estructuras criminales.

"Es habitual encontrar en los proyectos de reforma del gobierno Petro la creación de un sinnúmero de instancias (Instancia de alto nivel para caracterizar las organizaciones, por ejemplo) y comités. En materia de paz, eso implica un alto riesgo de caer en impunidad"

El proyecto de Ley 288 del 2023 no es ajeno a los avances al respecto, fruto de varios procesos de negociación y de aplicar la justicia transicional. Pero el proyecto no incluye claridades que a estas alturas ya deberían estar completamente despejadas.

Tanto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como en la jurisprudencia penal internacional contamos con elementos suficientes para verificar los procesos de restitución, rehabilitación, indemnización, no repetición y medidas de satisfacción para las víctimas.

Los retos de la ley

Muchas son las dificultades que tiene por delante el proyecto de negociación con las “estructuras criminales de alto impacto” que se ha llamado de “sujeción”, pero se ha comunicado como de “sometimiento”.

Los problemas van desde aproximaciones conceptuales llenas de eufemismos hasta elementos que en la práctica van a obstaculizar el desmantelamiento de las organizaciones y los derechos de las víctimas. Los cambios también consisten en valorar lo construido y construir sobre los pilares existentes más fuertes.

Jean Carlo Mejía
* Abogado, investigador en temas de conflicto armado, justicia para la transición, seguridad y defensa, extradición y derecho internacional, derechos humanos y derecho internacional humanitario. Columnista.

lunes, 27 de febrero de 2023

La ONU ratifica apoyo a la paz Total

El Acuerdo de Paz con las FARC-EP tiene que fortalecerse, debe ser un mandato para toda la sociedad”

Aspecto general del
encuentro institucional.
El director de la Agencia de Renovación del Territorio – ART, Raúl Delgado Guerrero, se reunió con los máximos representantes y líderes de las agencias que conforman el sistema de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia para revisar los avances y retos en la transformación de los territorios PDET y PNIS.

El fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias en los municipios más afectados por la guerra, y la articulación de esfuerzos para trasformar prioritariamente la región del Catatumbo, fueron algunas de las metas fijadas.

También, consolidar una cultura de paz, impulsar la reconversión productiva de los territorios con presencia de cultivos de coca, marihuana y/o amapola, y la implementación del Acuerdo de Paz, fueron algunos de los desafíos señalados durante el encuentro. “El reto conjunto es recuperar la confianza de los territorios en su transformación.

El Acuerdo de Paz con las FARC-EP tiene que fortalecerse. Va más allá del compromiso del Gobierno, debe ser un mandato para toda la sociedad”: Raúl Delgado Guerrero, director general ART.

Frente a esto, Maya Takagi, jefe interina de la oficina de FAO para Colombia, quien, en un encuentro adicional, afirmó que: “En esta reunión acordamos seguir apoyando a Colombia para lograr la Paz Total en los territorios a través del desarrollo territorial y el fortalecimiento de capacidades de las comunidades para emprender procesos productivos”.

Como principales conclusiones están las de fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias en los municipios más afectados por la guerra, y la articulación entre las agencias de la ONU, y la ART, para redoblar esfuerzos de manera urgente en la transformación de la región del Catatumbo.

El director de la ART aseguró frente a los delegados de la ONU, la Misión de la ONU en Colombia, ONU Derechos Humanos Colombia, ONU Mujeres, FAO Colombia, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas, entre otras, que: “El reto conjunto es recuperar la confianza de los territorios en su transformación.

miércoles, 19 de octubre de 2022

Negociación con el ELN: la clave es la confianza

El fracaso de la anterior negociación entre el Gobierno y el ELN era inevitable. Recomendaciones para no cometer los mismos errores.

Egoitz Gago Antón*/Razón Pública/Análisis de la Noticia/El Pregonero del Darién.

"El inicio de díalogos con esta
 guerrilla va por buen camino"

El retorno de las negociaciones

En los próximos días, el Gobierno nacional retomará las negociaciones de paz con el ELN. Esta acción se enmarca en la búsqueda de paz total, que hace parte del programa de gobierno de Gustavo Petro.

La última mesa de negociación con esta guerrilla se instaló el 7 de febrero de 2017 durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos. Sin embargo, llegó a su fin en 2019 por decisión del presidente Iván Duque; la decisión se tomó tras el atentado del ELN contra Escuela de Cadetes de Policía General Santander en Bogotá. el 19 de enero de 2019.

Pero esa no fue la única razón del fracaso de las negociones entre el Gobierno y esta guerrilla.

¿Por qué fracasaron ?

El atentado fue una oportunidad para que Duque pusiera fin al proceso con el ELN.

En efecto: desde el comienzo de su mandato, Duque se había opuesto a estos diálogos; por eso desatendió las conversaciones en La Habana, pidió que Cuba desconocerá un protocolo obligatorio en el derecho internacional y se aferró al atentado como argumento para endurecer su postura.

Pero aún si Duque hubiera mostrado voluntad, el proceso era “la crónica de una muerte anunciada” desde el momento de su instalación en 2017. Esto se debió a tres factores: la falta de convicción del presidente Santos, la división interna en el ELN y, muy especialmente, la falta de confianza entre las partes.

– El proceso con el ELN comenzó con el pie izquierdo. Cuando se instaló la mesa de negociación en 2017, Santos pretendía construir sobre los acuerdos ya firmados en La Habana, en 2016, con la guerrilla de las FARC-EP. Pero su falta de convicción para los nuevos diálogos surgió de la derrota del Acuerdo de la Habana en el plebiscito de 2016.

– Por otro lado, el ELN no tenía pleno apoyo de todos sus frentes para seguir conversando, y el poderoso Frente Occidental se negó a acompañar el proceso.

-Otro aspecto importante para tener en cuenta es la repetida disolución de acuerdos de confianza entre las partes, que se repitió durante todo el proceso de negociación. Estos hechos llevaron a la ruptura de las negociaciones en 2019. La confianza es condición fundamental para el éxito de las negociaciones que se debe considerar en el retorno de los diálogos.

El concepto de negociación 

Toda negociación es un proceso de acercamiento entre las partes. Normalmente se entiende como un arreglo entre personas, de manera que el punto es acordar un reparto de las cargas aceptable para ambas personas. Cuando se acepta el resultado de esa negociación, se da legitimidad a la contraparte.

Esto es un poco distinto de los procesos de diálogo político para finalizar procesos de violencia crónica. Para llegar a tal punto, se necesita dar un estatus de igualdad a actores que tradicionalmente (y en muchos casos, institucionalmente) se les ha negado la posibilidad de hablar.

Por lo tanto, acceder a hablar con un grupo guerrillero o con cualquier grupo al margen de la ley implica, necesariamente, dar una posición de igualdad, voz y voto en las decisiones a las que se lleguen en esas negociaciones. Por esto, la construcción de confianza es vital para que esos procesos de diálogo lleguen a buen puerto.

Confianza compartida

Las negociaciones políticas prosperan cuando se adopta el “modelo de confianza compartida”. Bajo este modelo, lo importante no es lograr el resultado más ventajoso para una de las partes, sino llegar a una fórmula que las dos partes vean como satisfactoria.

Este modelo permite avanzar en espacios y demandas que no se pueden percibir en un principio, debido a la gran cantidad de trabas y prejuicios que las partes tienen como consecuencia de una relación histórica hostil.

"Acceder a hablar con un grupo guerrillero o con cualquier grupo al margen de la ley implica, necesariamente, dar una posición de igualdad, voz y voto en las decisiones a las que se lleguen en esas negociaciones".

Adicionalmente, el modelo ayuda a encontrar caminos creativos para resolver los conflictos del caso.  También ayuda a crear puentes que en un futuro o a mediano plazo hagan posible revisar o modificar aspectos del hipotético acuerdo que necesiten ser revisados.

A diferencia de los modelos distributivos de negociación —aquellos en los que una de las partes obtiene mayor ventaja—, el de confianza compartida necesita de tiempo y de constancia. Tiempo para desarrollar esa confianza entre partes. Y constancia para llegar a un resultado satisfactorio.

De lo anterior se sigue que el proceso de paz es especialmente vulnerable a las acciones de quienes quieran sabotear las negociaciones y a la frustración natural de procesos tan largos.

Foto: Radio Nacional de Colombia -
 Toda negociación es un proceso
 de cercanía entre partes.

¿Cómo va la negociación?

Por ahora, se puede observar un buen comienzo del proceso negociador. Se han dado reuniones bilaterales entre el gobierno y el ELN, se han establecido mecanismos de veeduría y garantía para tales negociaciones.

Estos mecanismos se han planteado de la mano de actores internacionales. Destacan los gobiernos de Cuba y Noruega. Además, existe un consenso de la comunidad internacional en apoyar y ayudar de forma directa el proceso. Así lo demostró el gobierno de España en su reciente visita a Colombia.

Pero, como ya dije, esto no es suficiente. La clave es la confianza. Para llegar a un acuerdo exitoso las dos partes deben tener y mostrar voluntad, y esto implica mecanismos efectivos de confianza y resolución de crisis. En resumidas cuentas, las partes deben creer en el proceso.

La confianza y el éxito

La construcción del modelo de confianza compartida debe comenzar con las condiciones de negociación.

Para que tanto el Gobierno como el ELN confíen de verdad en el proceso habría que cumplir las denominadas “condiciones de negociación”, que proponen la literatura de resolución de conflictos. Medidas como el alto al fuego y los límites a la acción militar son parte de estas condiciones, las cuales vienen heredadas de los intentos de diálogo anteriores.


En esta oportunidad, sería preciso añadir dos estrategias novedosas: los países garantes y la participación de la sociedad.

La participación de gobiernos directamente interesados en la resolución pacífica del conflicto, como es el Gobierno de Venezuela, constituye la figura de países garantes. Un mayor protagonismo de los países garantes, como lo demostró la negociación con las FARC, es primordial para el éxito de los procesos de diálogo.

Mientras tanto, la participación de la sociedad alude a una intervención directa de la sociedad civil colombiana y la mesa de negociación. La adopción de instrumentos que, de manera clara y formal, permitan a la sociedad civil monitorear en tiempo real y con efectos sólidos el proceso de negociación puede ser el elemento que garantice el final feliz de los diálogos.

Sin embargo, esto requerirá un gran compromiso de las partes y una gran creatividad del gobierno nacional, del ELN, de la academia y de la sociedad colombiana. Por fortuna, hoy parece que todos estos actores están en la misma página. Confiemos en que esto no cambie.

Egoitz Gago Antón
Egoitz Gago Antón* Profesor asociado y director de la Maestría en Estudios de Paz y la Especialización en Resolución de Conflictos de la Universidad Javeriana en Bogotá.

Clínica veterinaria-Barrio Boston/Medellín
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