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lunes, 15 de enero de 2024

Pensando en voz alta

Con respecto a la entrevista sobre la inmunidad diplomática, fue desafortunada la frase “me pareció poco indigno (sic) para el país, ver un expresidente en las cortes de Estados Unidos”.

 Jaime Bedoya Medina/Opinión/ El Pregonero del Darién

Abogado/Jaime Bedoya Medina
El expresidente Juan Manuel Santos es el colombiano más grande de todos los tiempos. Burgués liberal en el sentido filosófico del término que cree en la libertad, la justicia social, la redistribución de la riqueza, la separación de Iglesia y Estado, la función social de la propiedad y la igualdad ante la ley.

Estudió en los mejores centros del mundo con excelentes, profesores y alumno del nobel Amartya Sen. Conquistó la presidencia con un discurso impecablemente uribista, porque sabía que criticarlo era echarse la soga al cuello; por eso no perdía ocasión para reafirmar que no le quitaría una coma al proyecto del expresidente y le funcionó; por lo mismo, no lo apoyé en el año 2010. Pero en el 14 trabajé incansablemente por su candidatura después de que se nos hundió la querida Clara López Obregón.

Otros gallos cantaron cuando fue investido. Dijo en el discurso de posesión que las llaves de la paz no estaban en el fondo del mar; ¡ah carachas!, como dicen los rolos. Empezó dando muestras de independencia con el nombramiento de algunos ministros que no le hacían gracia al expresidente. Finalmente, lo tildaron de traidor, cuando inició las conversaciones en La Habana. ¡Calumnia! Puso paz en su conciencia y fue a abrazarse con el pueblo cansado de 50 años de guerra.

Llegado al ministerio de defensa descubrió los falsos positivos, investigó y confeccionó una lista con 27 oficiales de alta graduación comprometidos en los crímenes que Uribe no creyó pues “amo tanto a las fuerzas militares que me es imposible aceptar tales fechorías”. Astuto como es, empezó a sentir en su inaplazable decisión el alacrán pierna arriba, como en efecto le está subiendo.

Con respecto a la entrevista sobre la inmunidad diplomática, fue desafortunada la frase “me pareció poco indigno (sic) para el país, ver un expresidente en las cortes de Estados Unidos”. No. No es indigno que un expresidente de cualquier país esté ante una corte, criolla o extrajera pues el postulado sobre igualdad ante la ley, es universal.

El presidente Santos actuó correctamente, porque Uribe había salido con el 90% de popularidad y si el paso siguiente hubiera sido investigación, extradición y cárcel, este país habría caído en una guerra civil. Hoy es otro cantar: el expresidente va directo a la justicia y el pueblo celebra. La derecha ingrata y altanera no creyó a Santos. Pregúntenle a Gabriel Silva.

La izquierda furibunda, irracional y terca, ataca a ese grande entre los grandes y verdadero dueño de la finca, pues Uribe fue un mayordomo puesto temporalmente a dirigirla hasta cuando quiso salirse de madre y, lo sacaron.

*El uribismo bien arrecho por Los Juegos. No dice nada por la cantidad de senadores comprometidos en el caso de las marionetas de Castaño. Doble moral.

*Apoyo irrestricto al presidente Noboa, a las fuerzas armadas y a toda la institucionalidad ecuatoriana.

*Qué bonita primera dama: una fastidiosa que gasta la plata de todos como si nada.

viernes, 2 de junio de 2023

Militares devuelven medallas por falsos positivos

Mientras muchos siguen negando estos crímenes, otros aceptan, confiesan, colaboran y hasta devuelven las condecoraciones recibidas.

Un coronel y un mayor retirado entregarán, a las víctimas y a la justicia, las condecoraciones que le fueron otorgadas cuando hicieron parte del Gaula del Ejército en Valle del Cauca, entre 2006 y 2007.

Bogotá-junio-2023- En un acto temprano restaurativo y de reconocimiento de responsabilidad, un coronel y un mayor retirado del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) Valle, devolverán ante la JEP y las víctimas las medallas que les otorgaron durante el conflicto armado.

Se trata de condecoraciones que recibieron como reconocimiento a sus acciones que, posteriormente, fueron calificadas por la Sala de Reconocimiento como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, antiguamente conocidos como 'falsos positivos'.

En la diligencia judicial, que se realizará el próximo lunes 5 de junio en Cali, participarán los representantes y familiares de las víctimas de las operaciones ilegales del Gaula Valle, entre 2006 y 2007. También los representantes de los comparecientes que protagonizarán el acto restaurativo que busca contribuir a la construcción de la paz, el reconocimiento, la reconstrucción del tejido social y el resarcimiento de las víctimas.

El Caso 05 de la JEP, que estudia los crímenes cometidos tanto por la fuerza pública como por las extintas Farc-EP, en el marco del conflicto armado, priorizó los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Candelaria.

A la fecha, en este caso han sido llamados a versión voluntaria 42 miembros de la fuerza pública y han sido escuchados 20 de ellos, de los cuales 13 han reconocido asesinatos contra la población civil y otros dos aceptaron la realización de actos de violencia basada en género. Debido a su importancia, esta diligencia será transmitida en directo a través de las plataformas digitales de la JEP.

jueves, 20 de abril de 2023

Militares a audiencia por falsos positivos

Las víctimas fueron sepultadas en el cementerio de Dabeiba y los implicados ya reconocieron la autoría ante la JEP.

La realidad de los falsos positivos,
que muchos aun siguen negando

Bogotá/abril/2023-En la audiencia pública participarán ocho miembros de la fuerza pública que reconocieron su responsabilidad por desaparecer y asesinar a 47 personas entre 2002 y 2006, y que fueron presentadas como bajas en combate e inhumadas en el cementerio ‘Las Mercedes’ de Dabeiba.

La JEP fijó para el 27 de junio la audiencia en la que ocho miembros del Ejército Nacional aceptarán su responsabilidad, de manera pública, por participar en la ejecución de crímenes de guerra y lesa humanidad por desaparecer y asesinar a 47 personas.

Mediante Auto No. 005 de 17 de julio de 2018, la Sala de Reconocimiento avocó conocimiento del Caso No. 03 a partir del Informe No. 5 presentado por la Fiscalía General de la Nación, asunto denominado en la JEP “asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”, en el numeral segundo del auto en mención, la Sala de Reconocimiento  decretó la apertura de la etapa de contribución a la verdad y reconocimiento de responsabilidad respecto de las conductas asociadas con asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado y, en el marco de esta etapa, ordenó dar inicio al llamado a versiones voluntarias correspondientes.

sábado, 7 de mayo de 2022

¿Es posible la paz sin verdad?

En testimonios escalofriantes, varios militares en Colombia reconocieron los ‘falsos positivos’, el asesinato de civiles en medio del conflicto. Al hacerlo, pusieron sobre el tapete la pregunta de qué significan la verdad, la justicia y la reparación en los crímenes de Estado en América Latina.

Por Cristian Ascencio/ editor de CONNECTAS

Análisis de la noticia/ El Pregonero del Darién

"Sin verdad no habrá paz"

Víctor Fernando Gómez tenía 23 años cuando se lo llevaron desde Soacha, un municipio humilde al sur de Bogotá, en agosto de 2008. Le ofrecieron un trabajo bien pagado y lo subieron a un bus como a otros 19 jóvenes. No se conocían entre ellos, pero tenían algo en común: eran pobres. Dos días después su cadáver apareció en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, a 645 kilómetros de la capital colombiana.  

Pero esta vez no hubo de por medio alguna mafia criminal de las que abundan en el continente, ni actuaron los esbirros de una dictadura. A Víctor Fernando lo mataron miembros de las fuerzas armadas de una nación gobernada por un régimen democrático. En efecto, militares del Ejército colombiano se confabularon para secuestrar y asesinar jóvenes y hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate con el objetivo de cumplir las directrices de su comandancia, que medía el índice de efectividad por el número de enemigos muertos. Y de paso, en un aspecto más siniestro aún, para ganar algunos días libres. Hoy esas operaciones en las que murieron jóvenes inocentes se conocen como ‘falsos positivos’.

El pasado 27 de abril la madre de Víctor, Carmenza Gómez, subió al estrado a nombre de los familiares de víctimas de los ‘falsos positivos’, en una audiencia judicial con pocos precedentes en la historia mundial.  En ella, 10 integrantes del Ejército que participaron de los asesinatos confesaron públicamente sus crímenes y pidieron perdón. Sucedió en Ocaña, el lugar de los hechos, en medio del proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se trata de un tribunal especial que juzga a participantes del conflicto interno en desarrollo del acuerdo del Estado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Los que asumen responsabilidad y con sus testimonios aportan al esclarecimiento de los crímenes reciben a cambio sentencias reducidas en establecimientos no carcelarios. 

En la tarima adornada con flores y después de saludar a los magistrados, a los familiares de las víctimas e incluso a los procesados que estaban a tres metros de ella, Carmenza Gómez hizo una solicitud repetida constantemente durante la audiencia: “Hoy les digo a los señores procesados que ellos tienen hijos, hijas, familiares, que se pongan la mano en el corazón y que nos digan la verdad. Que no se echen al agua solamente ustedes y nos digan quién dio la orden”. 

Actualmente la búsqueda de la verdad es prioritaria tanto para los familiares de las víctimas (6.402 confirmadas) como para toda la sociedad colombiana, fracturada por una violencia de varios frentes: guerrillas de trasfondo ideológico, disidentes de las desmovilizadas Farc vinculadas con bandas de narcotráfico y crimen organizado y, como quedó demostrado por estos casos de ‘falsos positivos’, miembros del propio Ejército Nacional. 

En esa búsqueda de verdad ha habido avances. De hecho, en la investigación del Caso 03, como se llama en la JEP al asunto de los ‘falsos positivos’, las pesquisas lograron establecer que esos militares utilizaban reclutadores civiles para ofrecer trabajo a personas pobres, o que presuntamente tenían pocas redes familiares que los reclamaran, como por ejemplo personas en situación de calle. 

Esto ha significado dos primeros pasos fundamentales: que el Estado haya reconocido que hubo un asesinato sistemático de civiles inocentes cometido por miembros de la institución que debía protegerlos; y que ello haya conducido a limpiar el nombre de las víctimas. Porque no siempre hubo un reconocimiento y no siempre los familiares lograron convencer a las autoridades de que sus hijos y hermanos no tenían relación alguna con grupos armados.

“Se recuerda mucho cuando el expresidente Álvaro Uribe, bajo cuyo mandato ocurrieron la mayoría de los casos de ‘falsos positivos’, comentó ‘no estarían recogiendo café’, como dando a entender que en algo andarían metidos”, explica Oscar Carbonell, abogado especialista en Derechos Humanos y participante en procesos de justicia transicional en Colombia. Carbonell sostiene incluso que la sociedad colombiana tendió a avalar la violencia del Estado a cambio de seguridad. “Eso actualmente creo que ya no es así, e incluso en las candidaturas presidenciales no se ve que el discurso de seguridad sea muy usado para ganar votos”.

Por ello, para Carbonell hay aspectos positivos en el proceso colombiano, a pesar de no abordar el problema en toda su magnitud. El más importante es que se reconoce la existencia de los ‘falsos positivos’. “Esto manda un mensaje a la sociedad. Un mensaje de que no es válido hacer la política con la muerte”.

Verdad y reparación

Jaime Castillo vivía en condición de calle y se dedicaba a limpiar autos en Bogotá. El 10 de agosto de 2008 lo convencieron de viajar y dos días después apareció muerto en Ocaña, supuestamente en un enfrentamiento con la Brigada 15 del Ejército. Pero su familia recién encontró su cadáver en octubre y se enteró de que le habían disparado en la espalda y en las piernas. Posiblemente lo hicieron correr para después acribillarlo.

La dolorosa búsqueda de la verdad

Jacqueline Castillo, hermana de Jaime, ese mismo mes se unió a las madres de los jóvenes de Soacha para buscar la verdad de lo sucedido. No le calzaba la historia oficial. “Pero en la justicia ordinaria no hubo avances. Solo cuando se abre el proceso de la Justicia Especial para la Paz (en 2017) tuvimos más esperanzas de saber la verdad sobre quienes dieron la orden de matarlos”. Jacqueline explica que en las audiencias de Ocaña “por lo menos hubo reconocimiento de militares, que dijeron que reclutaron a estos muchachos con falsas promesas de trabajo y que los asesinaban para dar resultados. Pero no se han atrevido a decir cuál general daba la orden para cometer esos crímenes”.

Cecilia Arenas, hermana de Mario Alexander Arenas, otra de las víctimas de Soacha, estuvo presente en la audiencia de Ocaña. “Lo tomamos de una manera no violenta, porque violencia con violencia no podemos seguir. De pronto esperaban que nos volviéramos locas, y no ha sido así. Es demostrar a esos señores otra cosa distinta de nosotras”.  Sobre la audiencia de Ocaña, Cecilia manifiesta que “es un paso muy grande, un paso agigantado. Nunca se había hecho una audiencia pública con altos mandos”. Se refería a que en la audiencia declaró el general en retiro Paulino Coronado y el coronel en retiro Álvaro Tamayo.

Para las víctimas, no deja de ser
un alivio, conocer la verdad

A pesar de ello, cree que al final del proceso no lograrán saber toda la verdad y además está consciente que no habrá cárcel para los victimarios. Aunque para ella “una reparación que valga la pena es que no siga habiendo ‘falsos positivos’, porque sabemos que esto sigue pasando; y que el general Mario Montoya (el comandante del Ejército en la época) reconozca en un acto público que la embarró”. 

Para Michael Reed-Hurtado, académico de la Universidad de Georgetown y director operativo del Centro Guernica, especializado en Derechos Humanos, en el proceso de la JEP en Colombia hay varios retos aún, ya que las confesiones limpian de responsabilidad a la institución castrense. Esto, para Reed-Hurtado “no es una explicación satisfactoria de esta cadena industrial de asesinatos”. 

En Latinoamérica

En medio del horror, el proceso de paz en Colombia dio un paso más allá en una región como Latinoamérica, donde dictaduras y guerras internas han dejado víctimas en cada rincón. De hecho, ninguno de los demás países que vivieron situaciones semejantes llegaron al punto de reunir en una audiencia a las víctimas y a los victimarios para que éstos confesaran sus crímenes y pidieran perdón. 

En Chile, al terminar la dictadura del general Augusto Pinochet, se conformó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida también como Comisión Rettig. En el informe final de esa comisión se establecieron recomendaciones, como compensaciones para las víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familias. De hecho, se instituyó el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos, para las víctimas de la dictadura. También hubo condenados por crímenes contra los derechos humanos que sí pagaron con cárcel, pero en un penal con mayores condiciones de comodidad (Punta Peuco), lo cual hasta el día de hoy recibe críticas.

En Argentina, Guatemala, El Salvador y Perú también hubo comisiones para esclarecer los hechos. En Perú, por ejemplo, la Comisión de Verdad y Reconciliación estableció que 69 mil personas habían muerto o desaparecido por acción de grupos subversivos o de instituciones del propio Estado. Sofía Macher, excomisionada de ese organismo, explicó que uno de los puntos que más rescata de ese proceso “es haber llevado a la esfera pública esos crímenes que se habían negado sistemáticamente, además de haber escuchado a las víctimas”.

Y es que tanto familiares como expertos coinciden en que saber la verdad no significa que necesariamente se alcanzará justicia, reparación y reconciliación, pero sin verdad, definitivamente no se logrará nada de ello. Como resumió Jacqueline Castillo, “para mí no es reparación tenerlos encerrados 40 o 50 años (a los militares que mataron a sus familiares). Sí es importante que nos miren a los ojos, que nos digan qué fue lo que pasó y que nos cuenten la verdad”.

Cristian Ascencio

*Miembro de la Mesa Editorial de CONNECTAS y del #CONNECTASHub. Fue editor en el periódico El Mercurio de Antofagasta. Integró la primera promoción del Programa de Formación Intensiva de Editores organizado por CONNECTAS. Participó en reportajes colaborativos transnacionales reconocidos, como “Las mujeres carne de cañón del Narcotráfico”, “El nuevo éxodo latino” y “Las últimas prisioneras de los nazis en América Latina”.

lunes, 4 de abril de 2022

La masacre de Puerto Leguízamo o el poder letal de las palabras

Aunque el gobierno y el Ejército quieren hacerlo pasar como un operativo militar legítimo, todo indica que este hecho sería un nuevo “falso positivo”.

Por: Boris Salazar de Razón Pública*/Análisis de la noticia

La masacre

Escenario de la masacre

El 28 de marzo a las 6:00 a. m., tropas de la división de asalto aéreo del Ejército de Colombia descendieron sobre el claro de selva donde doscientos habitantes de la vereda de Alto Remanso y otras veredas vecinas realizaban un bazar para financiar proyectos comunitarios desde las 10:00 a. m. del sábado 26.

Los cientos de latas de cerveza amontonadas frente a la caseta comunal, en una de las pocas fotos disponibles del lugar de los hechos, confirman que estaban de fiesta y que la fiesta había sido larga y animada. También confirman que no se trataba de un campamento militar del grupo residual 48 de las FARC, como afirmaron el ministro de Defensa y varios voceros del Ejército, sino de un espacio comunal con una gran edificación de dos pisos que parecía pertenecer a una finca, una caseta comunal y un campo pelado que hacía las veces de cancha de fútbol. El escenario no podía ser menos marcial.

Según el relato de un sobreviviente, 30 hombres encapuchados, vestidos de negro, con brazaletes naranja, sin chalecos, con capuchas que cubrían sus rostros hasta la nariz, dispararon contra los civiles que se realizaban un campeonato de fútbol con la participación de hombres y mujeres.

“¿Y qué hacían ellos? Disparaban y se agachaban para rematar a los heridos como si fuera una masacre y decían que eran guerrilleros”, continúa el sobreviviente. Cuando los hombres de negro desaparecieron en el monte por el que habían llegado, hizo su aparición un contingente del Ejército vestido, ahora sí, de camuflado.

Cuenta la mamá de la menor embarazada que resultó herida en la masacre: “después llegó el Ejército. Todo el mundo se puso a gritar. ‘¿Dónde estaba la guerrilla?’, preguntaban los uniformados. ‘Vayan a buscarla ustedes’, contestaba la gente. Son los mismos. Luego se fueron en helicópteros y en tres lanchas piraña”.

La versión del Ejército

La versión del comandante de la División Asalto Aéreo del Ejército, mayor general Juan Carlos Correa, es muy distinta. Dice que las tropas debieron enfrentar un fuego nutrido, pero su única evidencia de combate es el encuentro de un soldado con un civil a quien no iba a disparar, por ser civil, pero que sacó un fusil y le disparó al soldado, hiriéndolo. Resulta extraño que, en tan terrible combate, las fuerzas de asalto hayan tenido apenas un herido.

Y no hay más bajas del Ejército ni evidencia de un combate, con fuego nutrido, entre las tropas de asalto aéreo y la “estructura militar” del antiguo frente 48 que era el objetivo de la operación, según el mayor general Correa. Solo quedan los cadáveres de los civiles masacrados, los cientos de latas de cerveza consumidas, los zapatos sueltos de las víctimas que corrían por sus vidas.

“¿Y qué hacían ellos? Disparaban y se agachaban para rematar a los heridos como si fuera una masacre y decían que eran guerrilleros”.

Pero esos civiles asesinados y heridos en la masacre tenían nombres y familiares que recordaban sus nombres y que sabían muy bien, porque los conocían, que no eran miembros de guerrilla, y que no estaban armados, porque lo único que les interesaba era jugar fútbol, tomar unas cervezas y celebrar con sus amigos y vecinos en medio de la selva y de la guerra de décadas que les han impuesto los hombres armados que llegan desde el centro del país: narcotraficantes, bandas criminales y las fuerzas armadas del Estado.

Y aquí las cosas comienzan a complicarse para el gobierno y las fuerzas militares, que habían querido presentar la masacre como un operativo militar. Ahora son de dominio público los nombres de algunos de los civiles asesinados en el operativo: Divier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Remanso; su esposa, Ana María Sarria Barrera; un menor de 16 años, Brayan Santiago Pama; el gobernador del Cabildo Kichwa, Pablo Panduro Coquinche y Oscar Olivo Yela. Entre los heridos ya fueron identificados Willinton Galíndez, Vanessa Rivadeneira Reyes y Nora Andrade.

Argemiro Hernández, padre de Divier, dice que después de ocho horas de espera se rebeló contra los soldados y logró acercarse al cadáver de su hijo. “Lo alcancé a ver muerto y lo abracé. Tenía tiros de gracia en la cara”.

El poder letal de las palabras

Al ministro de Defensa, Diego Molano, le gusta posar de intelectual extraviado en la ingrata tarea de defender a los colombianos de sus más enconados enemigos. Su discurso es una extraña combinación de militarismo, teorías de la conspiración y densos neologismos que le dan un falso aire de profundidad. El trino que envió después de las primeras alertas es un clásico en su género: “Operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos”.

En palabras del ministro, la masacre dejó de ser masacre y se volvió una operación donde tropas del Ejército “neutralizaron 11 integrantes de disidencias de las FARC y la captura de cuatro criminales más en Puerto Leguízamo (Putumayo)”.

La clave discursiva está en el neologismo “narcococaleros”. ¿Quiénes pertenecen a esa nueva categoría de personas? Los campesinos de regiones como El Alto Remanso, que cultivan coca para obtener unos ingresos que les permitan sobrevivir, pues no son suficientes los cultivos alternativos que el Estado no ha querido financiar ni proteger. Pero el ministro, en “modo propaganda”, les agrega la partícula “narco”.

Convertir a pobres campesinos cocaleros en narcos es legitimar el uso de las armas contra ellos y elevarlos a objetivos militares legítimos.

Es decir, traficantes armados que tienen el capital, los recursos y los contactos con las fuerzas armadas y policiales para comprar la hoja de coca, transformarla en clorhidrato de cocaína, transportarla por las rutas apropiadas y colocarla en el exterior. Algo que, por supuesto, no pueden hacer los campesinos que las tropas de asalto masacraron en un modesto bazar en medio de la selva.

Las palabras pueden ser letales, sobre todo si se convierten en parte de la doctrina militar y política de un Estado. Convertir a pobres campesinos cocaleros en narcos es legitimar el uso de las armas contra ellos y elevarlos a objetivos militares legítimos. Es legitimar, en las palabras, una acción como la cometida el 28 de marzo.

Los civiles, entre el fuego cruzado

En lo corrido del gobierno Duque, el número de hectáreas dedicadas al cultivo de coca en el Putumayo se elevó a 24.000. Miles de familias malviven con lo que les pagan traficantes, grupos residuales de las FARC y bandas paramilitares.

El control de los cultivos y de los cultivadores, de los laboratorios y de las rutas de salida de la cocaína están en plena disputa por parte de varios grupos armados. Pelean entre ellos, pero coinciden en buscar el control y la lealtad de los civiles mediante el uso de las armas, el asesinato y las masacres.

Ya en febrero de este año habían ocurrido dos masacres en Puerto Leguízamo, que habían dejado a seis personas asesinadas. El 2 febrero aparecieron quemadas y con signos de tortura tres personas, y tres días después fueron encontrados los cadáveres de tres hermanos, según reportó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

En ese contexto de guerra contra los civiles, ¿cómo interpretar la masacre cometida por las tropas de asalto aéreo del Ejército? Las Fuerzas Armadas han hecho muy poco para combatir a las bandas armadas que operan en esta región. Los cultivos de coca y las exportaciones de cocaína no han dejado de aumentar ante la mirada indiferente de la fuerza pública. Tampoco ha dejado de aumentar la violencia contra los civiles por parte de narcotraficantes, bandas ilegales y fuerzas armadas estatales, cuyo objetivo es controlar la población y regular el negocio del narcotráfico.

Foto: Facebook: Diego Molano -
Las palabras pueden ser letales, sobre
 todo si se convierten en parte de la
doctrina militar y política de un estado.

Para la doctrina militar del gobierno actual, el enemigo no son las bandas ilegales –sean disidencias o residuales de las FARC el ELN, el Clan del Golfo u otras bandas paramilitares–, sino el campesinado cocalero que ha cometido el “terrible crimen” de declararse independiente de todos los agentes armados, incluidos los estatales.

Los hombres encapuchados que atacaron el bazar en Alto Remanso actuaron de acuerdo con informes de inteligencia, como lo reconoció el general Correa. Sabían que sus víctimas eran civiles y estaban desarmados y en fiesta, y por eso iban encapuchados y vestidos de negro, ejecutaron a sus víctimas con tiros de gracia y se retiraron para que llegaran las tropas del Ejército que sí “respetaban” las normas del derecho internacional humanitario.

Al general Correa le molestó que “los civiles que estaban ahí terminaran haciendo una asonada, lo que obligó a que las tropas debieran retirarse del lugar”.

Boris Salazar 

* Profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Valle.

martes, 22 de febrero de 2022

Identifican víctima de “falso positivo”

 El occiso era de Carepa, pero sus despojos mortales fueron enviados a Frontino. La Unidad de Víctimas prestó apoyo a sus parientes.

Uno de los restos óseos encontrados en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, resultaron ser del señor José Antonio Quesada Alian, víctima de desaparición forzada, hoy plenamente identificado y entregado a su familia.

En el cementerio de Frontino

La Unidad para las Víctimas, en coordinación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Fiscalía General de la Nación, acompañó en Carepa (Antioquia), el proceso de la entrega de los restos óseos de José Antonio Quesada Alian, víctima de desaparición forzada y homicidio.

En la jornada, de tres días, los familiares recibieron una presentación detallada de cada uno de los procesos, la explicación técnica forense y luego se realizó el acompañamiento psicosocial.

José Antonio Quesada Alian,

En la ceremonia simbólica de entrega participaron los familiares a quienes la Unidad les garantizó alimentación, transporte, elementos fúnebres y se les ofreció un espacio para la orientación en la ruta de reparación integral.

Posteriormente, y de manera concertada con la familia, radicada entre Carepa y Frontino (Antioquia), los restos de José Antonio fueron trasladados al cementerio de este último municipio, donde finalmente reposarán.

Esta identificación se dio en el marco del caso 003 que investiga los asesinatos y las desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes de Estado.

Precisamente, el cuerpo de José Antonio fue recuperado durante las jornadas de exhumaciones que la JEP ha ordenado en el cementerio Las Mercedes en Dabeiba, dijo la Unidad de Víctimas- Urabá Darién.

Los hijos de la víctima, reciben las
condolencias por parte de la JEP