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viernes, 16 de diciembre de 2022

Víctimas reciben maquinaria agrícola

Los bienes de uso colectivo se entregaron como medida de restitución al Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica, en Riosucio (Chocó)

El Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica, en Riosucio (Chocó), recibió tres tractores como medida de reparación colectiva, maquinaria con la que esperan fortalecer los proyectos productivos incluidos desde el 2019 en su Pirc, y que fue entregada por la Unidad para las Victimas a través de la Subdirección de Reparación Colectiva.

Con el cumplimiento de esta medida se busca fortalecer la cadena productiva agrícola que se desarrolla en el municipio, la que, a su vez, aporta a la seguridad alimentaria de las comunidades que hacen parte de este colectivo.

Parte de la maquinaria entregada
 a esta comunidad.

Este consejo está integrado por 23 comunidades y dos zonas humanitarias, organizadas en cinco subcuencas: La Balsa, la Raya, Perancho, Bijao y Peranchito, que suman alrededor de 6.890 habitantes según el censo poblacional.

“Estamos recibiendo tres tractores a través de nuestro proceso de reparación colectiva, con los que se pretenden mejorar las condiciones de producción en nuestro territorio, hacer la adecuación de vías con esta herramienta tan importante para nosotros y así poder fortalecer las vivencias en nuestro territorio. En Cacarica somos 3.125 familias, aproximadamente, y los tractores van a quedar distribuidos por zonas. Tenemos cinco subcuencas en el territorio y tres zonas y a cada zona le vamos a llevar un tractor para que avancen en la labor antes mencionada”, explicó Pablo Salazar Córdoba, representante legal del colectivo. 

Los tractores, que cuentan con accesorios complementarios como zanjadora, rotovator y remolque multiusos, entre otros complementos multifuncionales, necesarios para su correcto funcionamiento y que representan una inversión que asciende a los 1.160 millones de pesos, debieron trasladarse por vía marítima y fluvial debido a las condiciones geográficas de Cacarica.

 

sábado, 15 de octubre de 2022

Víctimas reciben beneficios en Unguía

Con la apertura de puertas se realizó en Unguía (Chocó) la entrega de dos centros comunitarios al colectivo de Cocomaunguía.

(Unguía/Chocó) Con estos bienes se beneficiarán las seis comunidades que integran el Consejo: Tarena, Tumaradó, El Roto, Marriaga, Ticolé y el Puerto, donde habitan 2.184 personas. Los dos están ubicados a 800 metros uno del otro, en terrenos adquiridos por el Consejo, donde se encuentran estratégicamente los sectores de Pueblo Nuevo y la Sagrada Familia.

La reparación colectiva
en esta zona es un hecho

La inversión en estos centros fue de cerca de 700 millones de pesos, con recursos aportados por el PNUD, la Subdirección de Prevención y Atención a Emergencias (SPAE) de la Unidad para las Víctimas y la Alcaldía municipal.

En su ejecución hubo mano de obra calificada y de la comunidad y el transporte de materiales se realizó por vía marítima, único medio de acceso al municipio.

La inauguración contó con la presencia de Dora Arango, delegada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Anuar Tapias alcalde municipal; Rafael Cuesta Palacios, representante legal del Consejo, y Sandra Viviana Alfaro, directora de la Unidad en Urabá-Darién.

Una obra esperada

En la década de los años 70, con la llegada de la guerrilla, y en el 96 con la de los paramilitares, a este territorio rodeado de humedales y ciénagas, llegaron el dolor y la fragmentación de sus comunidades. Los constantes desplazamientos y violaciones a los Derechos Humanos quebrantaron el tejido social y los escenarios comunitarios.

Según Rafael Cuesta Palacios, más que unas estructuras físicas, para el Consejo Comunitario, estas obras son el resultado del esfuerzo conjunto con la institucionalidad y tienen un significado restaurador en su comunidad.

Es la sumatoria de esfuerzos
 entre varias instituciones.

Con estos espacios esperan fortalecer la articulación con los demás consejos menores y reanudar sus formas de relacionamiento afectadas por el conflicto armado.

El proceso de reparación colectiva de Cocomaunguía, que inició en 2013, ha permitido la implementación de las demás medidas del Plan Integral de Reparación Colectiva, entre estas, las de satisfacción, rehabilitación, restitución y no repetición. (Información institucional)

Clínica Veterinaria-Barrio Boston/Medellín
Calle 54 N. 36-14/Primer piso
Celular:3124002682/fijo:4874010

lunes, 13 de junio de 2022

Resguardo Indígena Cuti, con energía solar

Mediante la entrega de páneles solares, esta comunidad indígena que es sujeto de reparación colectiva espera avanzar en sus proyectos productivos.

En el resguardo Cuti, adultos y niños no ocultaron la emoción de ver por fin el tambo iluminado, un sueño que se hizo realidad después de casi tres años por medio de páneles solares entregados en el marco de la reparación colectiva.

49 familias se benefician de proyecto

La entrega la realizaron los aportantes al proyecto, Esperanza González; Dora Arango, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Elizabeth Granada Ríos, directora de la Unidad para las Víctimas en Urabá Darién; y delegados del ente territorial.

En el marco de estas entregas, se ha realizado un acompañamiento interinstitucional a la comunidad para el fortalecimiento de capacidades en el manejo y aprovechamiento de estos sistemas de energía solar, que contribuyen al desarrollo sostenible y amigable con el medio ambiente.

“Los páneles permitirán que ellos puedan fortalecer otros proyectos que se vienen implementando en el proceso de reparación colectiva. Es simultáneamente trabajar de la mano con el PNUD, la administración y demás entidades, pensando en la sostenibilidad, la capacidad instalada y los talleres de fortalecimiento que se requieren para el buen manejo, cuidado y aprovechamiento de este tipo de infraestructura”, explicó Elizabeth Granada Ríos, directora territorial.

Asimismo, en su intervención, la funcionaria hizo énfasis en el cuidado y seguimiento que se fortalecerán desde el esfuerzo conjunto entre entidades para brindar acompañamiento y la asistencia técnica que complementan el éxito del proyecto.

Ya los páneles están funcionando

Por su parte, Orlando Domicó, gobernador del Resguardo, hizo énfasis en la sostenibilidad y cuidado por parte de la comunidad a la infraestructura. “Estos páneles nos sirven para conectar los portátiles, máquinas de coser y otras dotaciones que la Unidad nos entregó. Pedimos a las entidades, como la alcaldía, que nos sigan acompañando y apoyando el Resguardo, que nos colaboren con el mantenimiento”, dijo.

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Los páneles solares beneficiarán alrededor de 49 familias indígenas Embera Katío, quienes se han recuperado a través del proceso de reparación colectiva de derechos territoriales.

La Unidad ha avanzado en la implementación de este Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) desde que se inició el proceso en 2014, permitiendo la entrega de la indemnización, recurso con el cual se construyó el tambo en 2020.

jueves, 26 de mayo de 2022

Urabá no escapó a la agresión sexual

Más de mil mujeres han tenido acceso a asistencia y atención psicosocial, enmarcados en la ruta de reparación integral, tras haber sufrido agresiones sexuales.

Mujeres con una gran
capacidad  de superación

Con un ritual de armonización en conexión con los elementos de la tierra, 30 mujeres tomadas de la mano alrededor del círculo de una gran mándala dieron inicio a la conmemoración del “Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del Conflicto Armado Interno” en Turbo, Antioquia.

Estas actividades se llevaron a cabo en el Muelle - la Bahía, Rancho Guillermo Valencia del distrito especial portuario de Turbo.

Este año la conmemoración contó con la participación de representantes de los municipios de Arboletes, San Pedro de Urabá, Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo, en Antioquia.

En Urabá Darién, alrededor de 1.065 mujeres han declarado delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado y han recibido asistencia y atención desde la Unidad.

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La jornada incluyó diferentes momentos, como el ritual el círculo de la palabra, un espacio que permitió el diálogo y la reflexión sobre los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado, y un intercambio de saberes y experiencias desde el enfoque diferencial.

La conmemoración terminó con muestras culturales, la elaboración de bordados, el espacio denominado tejiendo vida, en el cual impregnaron su sentir y demostraron por medio de los hilos y el color, que el conflicto no logró opacar su alegría.

“Me pereció muy importante que nos uniéramos como un grupo que ha pasado por un mismo proceso de sanar, de querer recuperar una vida que una vez tuvo. Importante porque pudimos compartir con otras personas que han tenido el mismo dolor y que nos sintiéramos como una familia”, dijo Oriana Cárdenas, participante de Chigorodó.

Por su parte, Elizabeth Granada Ríos, directora territorial, hizo llegar un mensaje de solidaridad y admiración por la capacidad de superación de estas mujeres.

la conmemoración fue en Turbo,
con delegaciones de  varios municipios

sábado, 7 de mayo de 2022

¿Es posible la paz sin verdad?

En testimonios escalofriantes, varios militares en Colombia reconocieron los ‘falsos positivos’, el asesinato de civiles en medio del conflicto. Al hacerlo, pusieron sobre el tapete la pregunta de qué significan la verdad, la justicia y la reparación en los crímenes de Estado en América Latina.

Por Cristian Ascencio/ editor de CONNECTAS

Análisis de la noticia/ El Pregonero del Darién

"Sin verdad no habrá paz"

Víctor Fernando Gómez tenía 23 años cuando se lo llevaron desde Soacha, un municipio humilde al sur de Bogotá, en agosto de 2008. Le ofrecieron un trabajo bien pagado y lo subieron a un bus como a otros 19 jóvenes. No se conocían entre ellos, pero tenían algo en común: eran pobres. Dos días después su cadáver apareció en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, a 645 kilómetros de la capital colombiana.  

Pero esta vez no hubo de por medio alguna mafia criminal de las que abundan en el continente, ni actuaron los esbirros de una dictadura. A Víctor Fernando lo mataron miembros de las fuerzas armadas de una nación gobernada por un régimen democrático. En efecto, militares del Ejército colombiano se confabularon para secuestrar y asesinar jóvenes y hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate con el objetivo de cumplir las directrices de su comandancia, que medía el índice de efectividad por el número de enemigos muertos. Y de paso, en un aspecto más siniestro aún, para ganar algunos días libres. Hoy esas operaciones en las que murieron jóvenes inocentes se conocen como ‘falsos positivos’.

El pasado 27 de abril la madre de Víctor, Carmenza Gómez, subió al estrado a nombre de los familiares de víctimas de los ‘falsos positivos’, en una audiencia judicial con pocos precedentes en la historia mundial.  En ella, 10 integrantes del Ejército que participaron de los asesinatos confesaron públicamente sus crímenes y pidieron perdón. Sucedió en Ocaña, el lugar de los hechos, en medio del proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se trata de un tribunal especial que juzga a participantes del conflicto interno en desarrollo del acuerdo del Estado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Los que asumen responsabilidad y con sus testimonios aportan al esclarecimiento de los crímenes reciben a cambio sentencias reducidas en establecimientos no carcelarios. 

En la tarima adornada con flores y después de saludar a los magistrados, a los familiares de las víctimas e incluso a los procesados que estaban a tres metros de ella, Carmenza Gómez hizo una solicitud repetida constantemente durante la audiencia: “Hoy les digo a los señores procesados que ellos tienen hijos, hijas, familiares, que se pongan la mano en el corazón y que nos digan la verdad. Que no se echen al agua solamente ustedes y nos digan quién dio la orden”. 

Actualmente la búsqueda de la verdad es prioritaria tanto para los familiares de las víctimas (6.402 confirmadas) como para toda la sociedad colombiana, fracturada por una violencia de varios frentes: guerrillas de trasfondo ideológico, disidentes de las desmovilizadas Farc vinculadas con bandas de narcotráfico y crimen organizado y, como quedó demostrado por estos casos de ‘falsos positivos’, miembros del propio Ejército Nacional. 

En esa búsqueda de verdad ha habido avances. De hecho, en la investigación del Caso 03, como se llama en la JEP al asunto de los ‘falsos positivos’, las pesquisas lograron establecer que esos militares utilizaban reclutadores civiles para ofrecer trabajo a personas pobres, o que presuntamente tenían pocas redes familiares que los reclamaran, como por ejemplo personas en situación de calle. 

Esto ha significado dos primeros pasos fundamentales: que el Estado haya reconocido que hubo un asesinato sistemático de civiles inocentes cometido por miembros de la institución que debía protegerlos; y que ello haya conducido a limpiar el nombre de las víctimas. Porque no siempre hubo un reconocimiento y no siempre los familiares lograron convencer a las autoridades de que sus hijos y hermanos no tenían relación alguna con grupos armados.

“Se recuerda mucho cuando el expresidente Álvaro Uribe, bajo cuyo mandato ocurrieron la mayoría de los casos de ‘falsos positivos’, comentó ‘no estarían recogiendo café’, como dando a entender que en algo andarían metidos”, explica Oscar Carbonell, abogado especialista en Derechos Humanos y participante en procesos de justicia transicional en Colombia. Carbonell sostiene incluso que la sociedad colombiana tendió a avalar la violencia del Estado a cambio de seguridad. “Eso actualmente creo que ya no es así, e incluso en las candidaturas presidenciales no se ve que el discurso de seguridad sea muy usado para ganar votos”.

Por ello, para Carbonell hay aspectos positivos en el proceso colombiano, a pesar de no abordar el problema en toda su magnitud. El más importante es que se reconoce la existencia de los ‘falsos positivos’. “Esto manda un mensaje a la sociedad. Un mensaje de que no es válido hacer la política con la muerte”.

Verdad y reparación

Jaime Castillo vivía en condición de calle y se dedicaba a limpiar autos en Bogotá. El 10 de agosto de 2008 lo convencieron de viajar y dos días después apareció muerto en Ocaña, supuestamente en un enfrentamiento con la Brigada 15 del Ejército. Pero su familia recién encontró su cadáver en octubre y se enteró de que le habían disparado en la espalda y en las piernas. Posiblemente lo hicieron correr para después acribillarlo.

La dolorosa búsqueda de la verdad

Jacqueline Castillo, hermana de Jaime, ese mismo mes se unió a las madres de los jóvenes de Soacha para buscar la verdad de lo sucedido. No le calzaba la historia oficial. “Pero en la justicia ordinaria no hubo avances. Solo cuando se abre el proceso de la Justicia Especial para la Paz (en 2017) tuvimos más esperanzas de saber la verdad sobre quienes dieron la orden de matarlos”. Jacqueline explica que en las audiencias de Ocaña “por lo menos hubo reconocimiento de militares, que dijeron que reclutaron a estos muchachos con falsas promesas de trabajo y que los asesinaban para dar resultados. Pero no se han atrevido a decir cuál general daba la orden para cometer esos crímenes”.

Cecilia Arenas, hermana de Mario Alexander Arenas, otra de las víctimas de Soacha, estuvo presente en la audiencia de Ocaña. “Lo tomamos de una manera no violenta, porque violencia con violencia no podemos seguir. De pronto esperaban que nos volviéramos locas, y no ha sido así. Es demostrar a esos señores otra cosa distinta de nosotras”.  Sobre la audiencia de Ocaña, Cecilia manifiesta que “es un paso muy grande, un paso agigantado. Nunca se había hecho una audiencia pública con altos mandos”. Se refería a que en la audiencia declaró el general en retiro Paulino Coronado y el coronel en retiro Álvaro Tamayo.

Para las víctimas, no deja de ser
un alivio, conocer la verdad

A pesar de ello, cree que al final del proceso no lograrán saber toda la verdad y además está consciente que no habrá cárcel para los victimarios. Aunque para ella “una reparación que valga la pena es que no siga habiendo ‘falsos positivos’, porque sabemos que esto sigue pasando; y que el general Mario Montoya (el comandante del Ejército en la época) reconozca en un acto público que la embarró”. 

Para Michael Reed-Hurtado, académico de la Universidad de Georgetown y director operativo del Centro Guernica, especializado en Derechos Humanos, en el proceso de la JEP en Colombia hay varios retos aún, ya que las confesiones limpian de responsabilidad a la institución castrense. Esto, para Reed-Hurtado “no es una explicación satisfactoria de esta cadena industrial de asesinatos”. 

En Latinoamérica

En medio del horror, el proceso de paz en Colombia dio un paso más allá en una región como Latinoamérica, donde dictaduras y guerras internas han dejado víctimas en cada rincón. De hecho, ninguno de los demás países que vivieron situaciones semejantes llegaron al punto de reunir en una audiencia a las víctimas y a los victimarios para que éstos confesaran sus crímenes y pidieran perdón. 

En Chile, al terminar la dictadura del general Augusto Pinochet, se conformó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida también como Comisión Rettig. En el informe final de esa comisión se establecieron recomendaciones, como compensaciones para las víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familias. De hecho, se instituyó el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos, para las víctimas de la dictadura. También hubo condenados por crímenes contra los derechos humanos que sí pagaron con cárcel, pero en un penal con mayores condiciones de comodidad (Punta Peuco), lo cual hasta el día de hoy recibe críticas.

En Argentina, Guatemala, El Salvador y Perú también hubo comisiones para esclarecer los hechos. En Perú, por ejemplo, la Comisión de Verdad y Reconciliación estableció que 69 mil personas habían muerto o desaparecido por acción de grupos subversivos o de instituciones del propio Estado. Sofía Macher, excomisionada de ese organismo, explicó que uno de los puntos que más rescata de ese proceso “es haber llevado a la esfera pública esos crímenes que se habían negado sistemáticamente, además de haber escuchado a las víctimas”.

Y es que tanto familiares como expertos coinciden en que saber la verdad no significa que necesariamente se alcanzará justicia, reparación y reconciliación, pero sin verdad, definitivamente no se logrará nada de ello. Como resumió Jacqueline Castillo, “para mí no es reparación tenerlos encerrados 40 o 50 años (a los militares que mataron a sus familiares). Sí es importante que nos miren a los ojos, que nos digan qué fue lo que pasó y que nos cuenten la verdad”.

Cristian Ascencio

*Miembro de la Mesa Editorial de CONNECTAS y del #CONNECTASHub. Fue editor en el periódico El Mercurio de Antofagasta. Integró la primera promoción del Programa de Formación Intensiva de Editores organizado por CONNECTAS. Participó en reportajes colaborativos transnacionales reconocidos, como “Las mujeres carne de cañón del Narcotráfico”, “El nuevo éxodo latino” y “Las últimas prisioneras de los nazis en América Latina”.

miércoles, 9 de marzo de 2022

Culmina reparación en San Pablo Tulapas

Este corregimiento de Turbo alcanzó el cumplimiento del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC), logrando que las acciones reparadoras repercutieran en sus 17 veredas.

Luego de culminar las medidas de reparación colectiva concertadas con la Unidad para las Víctimas, San Pablo Tulapas continuará trabajando para sostener lo que construyeron colectivamente por alrededor de cinco años, como lo afirmaron sus líderes durante el acto de cierre del PIRC.

Los campesinos ejercieron
 fuerte liderazgo

San Pablo Tulapas, ubicado al noroccidente del municipio de Turbo, inició el proceso de reparación colectiva en el 2014 por la ocurrencia de varios hechos de violencia, entre ellos despojo y desplazamiento, entre los años 94 y 97, por causa de la disputa del territorio entre las autodefensas de Carlos Castaño y las guerrillas de las Farc y el Epl.

Dentro de las acciones reparadoras se incluyeron la implementación de la estrategia psicosocial “Entrelazando”, la cual culminó el año pasado,  inversión en infraestructura, la entrega de un vehículo tipo camión, apoyo a la recuperación de sus tradiciones campesinas mediante la entrega de instrumentos musicales, fortalecimiento con dotaciones a las instituciones educativas, la dotación de equipos biomédicos para los puestos de salud el Paraíso y Centro Poblado, con una inversión superior a los 900 millones de pesos.

Jesús María Pacheco Sánchez, uno de los
 más comprometidos en el proceso 

“Yo creo que el éxito para terminar efectivamente este programa fue el empoderamiento comunitario que recibimos a través de la Unidad para las víctimas y también hay que valorar mucho el empoderamiento femenino que no se daba en esta zona.  Ha sido difícil, un programa que estaba pactado a tres años y nos fuimos a ocho por dificultades de un territorio que es extenso y no tiene vías, pero a pesar de esto y con la unión de la Juntas Comunales pudimos llevar a cabo este Plan”, manifestó Heliodoro Jiménez Polo, integrante del comité de impulso.

En el marco de este cierre, se realizó la entrega de dotaciones deportivas y herramientas agrícolas con el apoyo de la Organización para las Migraciones (OIM), implementos que entran a aportar al desarrollo y buen empleo del tiempo de los jóvenes, quienes han participado activamente en el proceso, también como grupo de apoyo, tejedores.

Las integraciones deportivas y
culturales fueron fundamentales

Por su parte, Elizabeth Granada Ríos, directora territorial, dijo: “Nos sentimos satisfechos, que, como Unidad, le estamos cumpliendo a esta comunidad que por tanto tiempo ha puesto la esperanza en la implementación de este PIRC, el cual contribuyó a la recuperación del tejido social, las prácticas, costumbres y superar las demás secuelas y afectaciones que dejó el conflicto armado”,

Ludis Julieth Pastrana Toro, una de
las capitanas de equipo veredal
 Softbol y futbol femenino.