sábado, 7 de mayo de 2022

Alcaldes del Occidente reclaman garantías a Duque

Mientras que los nueve alcaldes del Urabá, guardan silencio y cerraron sus despachos y que sus pueblos se volvieron fantasmas, los 19 mandatarios del occidente hicieron un angustioso llamado al gobierno nacional. Monseñor Hugo Torres Marín pidió que se levante el paro.

Redacción/El Pregonero del Darién

Urabá Fantasma/Foto Kico

El Día de hoy el paro armado ordenado por el llamado “Clan del Golfo, transcurrió con menos acciones violentas en contra de la población, aunque persistió la quema de vehículos en algunas regiones del país y el confinamiento extremo.

La jornada también caracterizó por una tregua de varias horas para que las familias pudieran abastecerse de los alimentos básicos, aunque la escasez de gas domiciliario se extiende por toda la región y los hogares tuvieron que hacer uso del su ingenio para preparar sus alimentos.

Pronunciamientos

También el día de hoy se dieron dos importantes pronunciamientos, el primero del Obispo de Apartadó, Monseñor Hugo Torres Marín quien le pidió a las autodefensas levantar el paro, tras una profunda y emotiva reflexión.

El segundo lo originaron los 19 alcaldes del Occidente de Antioquia, los cuales le pidieron garantías al gobierno nacional para recuperar la gobernabilidad. Los nueve alcaldes de Urabá, siguen guardando silencio, mientras que sus pueblos son fantasmas, bajo un riguroso confinamiento.

El siguientes el mensaje del Obispo de Apartadó:

 

“Cuando el Estado se torna incapaz de darle seguridad a las gentes abdica ante la fuerza de la delincuencia y su legitimidad se debilita de manera tal, que termina declinado su capacidad de mantener y garantizar el Pacto Social como la estructura fundamental del entendimiento de las gentes en un Estado Social de Derecho. Como ciudadanos respaldamos y rodeamos a la iglesia en cabeza de su Pastor el Obispo Hugo Torres” Dijo el médico y analista, Luis Alfonso Ossa, al conocer el mensaje del obispo de Apartadó, Hugo Torres Marín.

“Los Alcaldes del Occidente de Antioquia le piden al presidente Iván Duque, que por favor le preste atención al paro armado del "Clan del Golfo", que tiene a las comunidades confinadas sin esperanza alguna. ¡Lo que es increíble es que los alcaldes de Urabá, no sean capaces de unirse para pronunciarse!!!” manifestó el médico Ossa, una vez hecho público el comunicado de los 19 alcaldes del Occidente de Antioquia.

Mandatarios de occidente.

Mayo 07 de 2022

Doctor: IVAN DUQUE MÁRQUEZ

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

BOGOTÁ COLOMBIA

Reciba un saludo de parte de los alcaldes de los diecinueve municipios de la Subregión del Occidente Antioquia. Por medio de la presente, y como es de su total conocimiento, damos cuenta de la extrema situación de afectación del orden público que se viene presentando en la subregión desde el día 05 de mayo, cuando grupos al margen de la ley anunciaron el inicio de un paro armado.

Las filas en los supermercados, tras
 la tregua para la compra de alimentos
(Foto/Diego Echavarría/El Pregonero del Darién.

En este momento, y desde la fecha mencionada, todo tipo de actividad y/o servicio que implique el desplazamiento de personas está restringida debido a las amenazas que los civiles, empresas e instituciones vienen recibiendo de parte de hombres fuertemente armados que se movilizan por las zonas urbanas y rurales de los municipios.

Se han presentado quemas y retención de vehículos, disparos al aire y contra personas, ataque a infraestructura de servicios, suspensión de servicios públicos domiciliarios, desabastecimiento de gas natural, bloqueos de vías, ataques a la misión médica, entre otros. La situación es compleja y preocupante, ya que desborda nuestras capacidades institucionales.

La Gobernación de Antioquia viene atendiendo, dentro de sus posibilidades, a los municipios del Urabá antioqueño, y unidades del ejército hacen presencia en algunos municipios de nuestra subregión; sin embargo, no es suficiente. Seguimos acorralados por estos grupos delincuenciales y estamos solos para atender a las comunidades, quienes se sienten desprotegidos e intimidados ante la irregularidad de la situación.

El Ocidente unido, pide garantías 
al gobierno nacional

Hoy, además de la pobreza, el territorio está sometido a un accionar paramilitar donde los afectados siempre son los habitantes más vulnerables. Los adultos mayores, niños y mujeres embarazadas están sin atención médica; las personas que viven del diario no han podido salir a trabajar; nuestros campesinos y productores no pueden comercializar sus productos, ya hay desabastecimiento, tenemos cadáveres sin tratamiento, debido a los bloqueos de las vías; los cuerpos de bomberos y defensa civil locales no pueden atender emergencias de orden público y, desde el nivel nacional, no recibimos respuesta ni apoyo.

 En esta subregión no ha hecho presencia ninguna autoridad del Gobierno Nacional y requerimos, con urgencia, el restablecimiento del orden público y condiciones seguras para nuestras comunidades y por ende para la gobernabilidad. Alcaldes de la subregiòn occidente de Antioquia (Como aparece al pie de su firma, tres folios). El Documento lleva las firmas de los 19 alcalde de esa zona.

¿Es posible la paz sin verdad?

En testimonios escalofriantes, varios militares en Colombia reconocieron los ‘falsos positivos’, el asesinato de civiles en medio del conflicto. Al hacerlo, pusieron sobre el tapete la pregunta de qué significan la verdad, la justicia y la reparación en los crímenes de Estado en América Latina.

Por Cristian Ascencio/ editor de CONNECTAS

Análisis de la noticia/ El Pregonero del Darién

"Sin verdad no habrá paz"

Víctor Fernando Gómez tenía 23 años cuando se lo llevaron desde Soacha, un municipio humilde al sur de Bogotá, en agosto de 2008. Le ofrecieron un trabajo bien pagado y lo subieron a un bus como a otros 19 jóvenes. No se conocían entre ellos, pero tenían algo en común: eran pobres. Dos días después su cadáver apareció en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, a 645 kilómetros de la capital colombiana.  

Pero esta vez no hubo de por medio alguna mafia criminal de las que abundan en el continente, ni actuaron los esbirros de una dictadura. A Víctor Fernando lo mataron miembros de las fuerzas armadas de una nación gobernada por un régimen democrático. En efecto, militares del Ejército colombiano se confabularon para secuestrar y asesinar jóvenes y hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate con el objetivo de cumplir las directrices de su comandancia, que medía el índice de efectividad por el número de enemigos muertos. Y de paso, en un aspecto más siniestro aún, para ganar algunos días libres. Hoy esas operaciones en las que murieron jóvenes inocentes se conocen como ‘falsos positivos’.

El pasado 27 de abril la madre de Víctor, Carmenza Gómez, subió al estrado a nombre de los familiares de víctimas de los ‘falsos positivos’, en una audiencia judicial con pocos precedentes en la historia mundial.  En ella, 10 integrantes del Ejército que participaron de los asesinatos confesaron públicamente sus crímenes y pidieron perdón. Sucedió en Ocaña, el lugar de los hechos, en medio del proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se trata de un tribunal especial que juzga a participantes del conflicto interno en desarrollo del acuerdo del Estado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Los que asumen responsabilidad y con sus testimonios aportan al esclarecimiento de los crímenes reciben a cambio sentencias reducidas en establecimientos no carcelarios. 

En la tarima adornada con flores y después de saludar a los magistrados, a los familiares de las víctimas e incluso a los procesados que estaban a tres metros de ella, Carmenza Gómez hizo una solicitud repetida constantemente durante la audiencia: “Hoy les digo a los señores procesados que ellos tienen hijos, hijas, familiares, que se pongan la mano en el corazón y que nos digan la verdad. Que no se echen al agua solamente ustedes y nos digan quién dio la orden”. 

Actualmente la búsqueda de la verdad es prioritaria tanto para los familiares de las víctimas (6.402 confirmadas) como para toda la sociedad colombiana, fracturada por una violencia de varios frentes: guerrillas de trasfondo ideológico, disidentes de las desmovilizadas Farc vinculadas con bandas de narcotráfico y crimen organizado y, como quedó demostrado por estos casos de ‘falsos positivos’, miembros del propio Ejército Nacional. 

En esa búsqueda de verdad ha habido avances. De hecho, en la investigación del Caso 03, como se llama en la JEP al asunto de los ‘falsos positivos’, las pesquisas lograron establecer que esos militares utilizaban reclutadores civiles para ofrecer trabajo a personas pobres, o que presuntamente tenían pocas redes familiares que los reclamaran, como por ejemplo personas en situación de calle. 

Esto ha significado dos primeros pasos fundamentales: que el Estado haya reconocido que hubo un asesinato sistemático de civiles inocentes cometido por miembros de la institución que debía protegerlos; y que ello haya conducido a limpiar el nombre de las víctimas. Porque no siempre hubo un reconocimiento y no siempre los familiares lograron convencer a las autoridades de que sus hijos y hermanos no tenían relación alguna con grupos armados.

“Se recuerda mucho cuando el expresidente Álvaro Uribe, bajo cuyo mandato ocurrieron la mayoría de los casos de ‘falsos positivos’, comentó ‘no estarían recogiendo café’, como dando a entender que en algo andarían metidos”, explica Oscar Carbonell, abogado especialista en Derechos Humanos y participante en procesos de justicia transicional en Colombia. Carbonell sostiene incluso que la sociedad colombiana tendió a avalar la violencia del Estado a cambio de seguridad. “Eso actualmente creo que ya no es así, e incluso en las candidaturas presidenciales no se ve que el discurso de seguridad sea muy usado para ganar votos”.

Por ello, para Carbonell hay aspectos positivos en el proceso colombiano, a pesar de no abordar el problema en toda su magnitud. El más importante es que se reconoce la existencia de los ‘falsos positivos’. “Esto manda un mensaje a la sociedad. Un mensaje de que no es válido hacer la política con la muerte”.

Verdad y reparación

Jaime Castillo vivía en condición de calle y se dedicaba a limpiar autos en Bogotá. El 10 de agosto de 2008 lo convencieron de viajar y dos días después apareció muerto en Ocaña, supuestamente en un enfrentamiento con la Brigada 15 del Ejército. Pero su familia recién encontró su cadáver en octubre y se enteró de que le habían disparado en la espalda y en las piernas. Posiblemente lo hicieron correr para después acribillarlo.

La dolorosa búsqueda de la verdad

Jacqueline Castillo, hermana de Jaime, ese mismo mes se unió a las madres de los jóvenes de Soacha para buscar la verdad de lo sucedido. No le calzaba la historia oficial. “Pero en la justicia ordinaria no hubo avances. Solo cuando se abre el proceso de la Justicia Especial para la Paz (en 2017) tuvimos más esperanzas de saber la verdad sobre quienes dieron la orden de matarlos”. Jacqueline explica que en las audiencias de Ocaña “por lo menos hubo reconocimiento de militares, que dijeron que reclutaron a estos muchachos con falsas promesas de trabajo y que los asesinaban para dar resultados. Pero no se han atrevido a decir cuál general daba la orden para cometer esos crímenes”.

Cecilia Arenas, hermana de Mario Alexander Arenas, otra de las víctimas de Soacha, estuvo presente en la audiencia de Ocaña. “Lo tomamos de una manera no violenta, porque violencia con violencia no podemos seguir. De pronto esperaban que nos volviéramos locas, y no ha sido así. Es demostrar a esos señores otra cosa distinta de nosotras”.  Sobre la audiencia de Ocaña, Cecilia manifiesta que “es un paso muy grande, un paso agigantado. Nunca se había hecho una audiencia pública con altos mandos”. Se refería a que en la audiencia declaró el general en retiro Paulino Coronado y el coronel en retiro Álvaro Tamayo.

Para las víctimas, no deja de ser
un alivio, conocer la verdad

A pesar de ello, cree que al final del proceso no lograrán saber toda la verdad y además está consciente que no habrá cárcel para los victimarios. Aunque para ella “una reparación que valga la pena es que no siga habiendo ‘falsos positivos’, porque sabemos que esto sigue pasando; y que el general Mario Montoya (el comandante del Ejército en la época) reconozca en un acto público que la embarró”. 

Para Michael Reed-Hurtado, académico de la Universidad de Georgetown y director operativo del Centro Guernica, especializado en Derechos Humanos, en el proceso de la JEP en Colombia hay varios retos aún, ya que las confesiones limpian de responsabilidad a la institución castrense. Esto, para Reed-Hurtado “no es una explicación satisfactoria de esta cadena industrial de asesinatos”. 

En Latinoamérica

En medio del horror, el proceso de paz en Colombia dio un paso más allá en una región como Latinoamérica, donde dictaduras y guerras internas han dejado víctimas en cada rincón. De hecho, ninguno de los demás países que vivieron situaciones semejantes llegaron al punto de reunir en una audiencia a las víctimas y a los victimarios para que éstos confesaran sus crímenes y pidieran perdón. 

En Chile, al terminar la dictadura del general Augusto Pinochet, se conformó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida también como Comisión Rettig. En el informe final de esa comisión se establecieron recomendaciones, como compensaciones para las víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familias. De hecho, se instituyó el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos, para las víctimas de la dictadura. También hubo condenados por crímenes contra los derechos humanos que sí pagaron con cárcel, pero en un penal con mayores condiciones de comodidad (Punta Peuco), lo cual hasta el día de hoy recibe críticas.

En Argentina, Guatemala, El Salvador y Perú también hubo comisiones para esclarecer los hechos. En Perú, por ejemplo, la Comisión de Verdad y Reconciliación estableció que 69 mil personas habían muerto o desaparecido por acción de grupos subversivos o de instituciones del propio Estado. Sofía Macher, excomisionada de ese organismo, explicó que uno de los puntos que más rescata de ese proceso “es haber llevado a la esfera pública esos crímenes que se habían negado sistemáticamente, además de haber escuchado a las víctimas”.

Y es que tanto familiares como expertos coinciden en que saber la verdad no significa que necesariamente se alcanzará justicia, reparación y reconciliación, pero sin verdad, definitivamente no se logrará nada de ello. Como resumió Jacqueline Castillo, “para mí no es reparación tenerlos encerrados 40 o 50 años (a los militares que mataron a sus familiares). Sí es importante que nos miren a los ojos, que nos digan qué fue lo que pasó y que nos cuenten la verdad”.

Cristian Ascencio

*Miembro de la Mesa Editorial de CONNECTAS y del #CONNECTASHub. Fue editor en el periódico El Mercurio de Antofagasta. Integró la primera promoción del Programa de Formación Intensiva de Editores organizado por CONNECTAS. Participó en reportajes colaborativos transnacionales reconocidos, como “Las mujeres carne de cañón del Narcotráfico”, “El nuevo éxodo latino” y “Las últimas prisioneras de los nazis en América Latina”.

viernes, 6 de mayo de 2022

Impacto del PDET en los territorios

A nivel nacional, las iniciativas propuestas por la gente de los 170 municipios PDET se han concretado en 3.354 proyectos con inversiones por más de $13 billones.

Felipe Eslava

Bogotá- mayo de 2022. Las historias de coraje de mujeres y jóvenes rurales, campesinos y comunidades étnicas del Meta, Tolima, el Pacífico Nariñense, Arauca y los Montes de María, son un ejemplo que están transformando sus vidas de la mano de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Estos tienen como objetivo estabilizar de manera prioritaria y con mayor celeridad, los territorios más afectados por la violencia y la pobreza e impactar a más de 6,6 millones de colombianos, habitantes de estas zonas rurales.

 Tras un proceso de planeación participativa, en donde la Agencia de Renovación del Territorio convocó a las comunidades para conocer sus principales anhelos para llevar más equidad al campo colombiano, hoy sus iniciativas se han convertido en hechos que les permiten generar empleo, fortalecerse como organizaciones y mejorar sus ingresos.

A través de la página: web https://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/pdet-historias-de-transformacion/ todos podrán conocer los testimonios de Yaneth Reina, Felipe Eslava, Ever Ledezma, Gladis Hernández y María Alejandra Vecino, entre otros beneficiarios, quienes desde las diferentes subregiones, en esta primera serie, cuentan sus experiencias, retos y logros de la implementación de los PDET. El lector a través de fotografías, audios y videos, podrá conocer los testimonios, paisajes y sonidos de lo que representa vivir en la ruralidad y la reconstrucción del tejido social para estas comunidades. 

María Alejandra Vecino

 A nivel nacional, las iniciativas propuestas por la gente de los 170 municipios PDET se han concretado en 3.354 proyectos con inversiones por más de $13 billones, recursos históricos que permiten la reactivación económica, social, la generación de empleo y el fortalecimiento institucional de estas regiones. Son producto del esfuerzo y el trabajo en equipo de entidades públicas, gobiernos territoriales, las comunidades, el sector privado y la cooperación internacional.

Historias de transformación

 El primer caso es el de Yaneth Reina y la Asociación Damas de la Leche (Asodale), un grupo de más de 40 mujeres en la vereda La Argentina, en Mesetas, Meta quienes recibieron insumos y elementos para la producción de lácteos. Ellas escriben su propia historia de paz desde su contribución a la equidad de la mujer, sobre todo a la de la mujer rural que ha sido tan afectada por la violencia y que han demostrado tener grandes capacidades para el emprendimiento.

Gladys Hernández

 Otra historia es la de Felipe Eslava de Tradición campesina, un joven de 26 años que, con la comercialización de productos a base de cacao, sueña con deleitar al mundo. Compra el grano a los productores de la región, los transforma y ya tiene un portafolio de 10 productos, entre los que se destacan el chocolate de mesa, las chocolatinas, el cacao en polvo y otros productos que saben a “amor, amistad y paz”.

 A la par, trabajan los hombres y mujeres de la Asociación el Futuro del Mañana, quienes, desde las costas de Tumaco, Nariño, reforestan los manglares con bancos de piangua, un molusco considerado por las comunidades afrocolombianas un patrimonio de la cocina tradicional del Pacífico. “Gracias a este proyecto sostenible con el medio ambiente, las especies nativas están volviendo a las playas”, sostiene Ever Ledezma, líder comunitario de la región.

Yaneth Reina

 Por su parte Gladys Hernández, es como dicen en el llano araucano: “El arpa que le da tono al joropo”. Es una mujer que habla con orgullo de los PDET pues a pesar de las dificultades de orden público por las que pasa su departamento, le están permitiendo construir en comunidad, derribar barreras y proponer soluciones. Hace parte del Grupos Motor de Arauquita y vio de primera mano el impacto de la entrega de insumos médicos para el hospital San Lorenzo.

Proyecto de Ever Ledezma

Finalmente, se destaca el caso del “El ñame de la Paz”, como lo han denominado los campesinos que producen este tubérculo y que hacen parte de un proyecto de intervención territorial PDET, que se ejecuta en el municipio de El Carmen de Bolívar y con el que se busca fortalecer la cadena productiva y asegurar la comercialización del producto. “Ha permitido que nosotras no seamos solamente amas de casa”, así lo afirma María Alejandra Vecinos, socia del proyecto de ñame diamante.

jueves, 5 de mayo de 2022

Graves disturbios tras extradición de alias Otoniel

Quemas de vehículos, cierre del comercio y afectación en las demás actividades en por lo menos tres departamentos, es el saldo parcial del paro armado. Para completar se acaba el gas domiciliario.

Redacción /El Pregonero Del Darién

El Capo, rumbo a USA. (Foto
EFE/Vía El Colombiano)

Con acciones violentas en por lo menos tres departamentos del país, el denominado clan del golfo, respondió a la extradición hacia los Estados Unidos, de su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga, conocido con el alias de Otoniel.

Dicha organización armada paralizó totalmente todas las actividades laborales, comerciales e incluso a las administraciones municipales en todo Urabá y afectó seriamente parte del Chocó, Córdoba, Sucre, el Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño, incluso en varios sectores de la capital Antioqueña. Urabá, es la región donde el llamado paro armado, se ha sentido con mayor intensidad.

Con Violencia respondió
 el clan del golfo

En Urabá poco antes del medio día comenzaron el cierre de los establecimientos comerciales y pasadas las dos de la tarde, las calles se veían desoladas.

Los hechos de violencia se registraron en la vía Apartadó Turbo, donde atravesaron camiones en la carretera, quemaron motocicletas e incluso en el sector El Tres, los delincuentes intercambiaron disparos con la fuerza pública.

En la vía Mutatá Dabeiba, dos automotores fueron incinerados, entre ellos un bus que cubría la ruta, Medellín- Urabá.

En la vía que comunica del Centro Comercial Nuestro Urabá hacia el barrio El Salvador en Apartadó, desconocidos prendieron fuego a un furgón que transportada alimentos e  interrumpieron la comunicación terrestre por varias horas.

Alias Otoniel, ya está en
 Estados Unidos (Foto Mindefensa)

Entre tanto, el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa, convocó a un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación de orden público en los territorios de Urabá, Bajo Cauca y Nordeste.

Este es el balance parcial de este hecho que altera la tranquilidad en importantes zonas del país y que se prolongará por espacio de cuatro días, mientras que los responsables del paro distribuyen panfletos y audios, atemorizantes por todos los medios posibles, en especial cadenas de WhatsApp.

Por su parte, el Bloque Central Juan de Dios Úsuga David de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC): manifestó públicamente “El comandante Otoniel se encontraba honrando sus compromisos con la verdad ante las instancias correspondientes. El presentarlo como un gran criminal para justificar su extradición, en nada beneficia la reconciliación, que es el gran sueño del pueblo colombiano”.

La calle principal de Carepa,
 hoy a las tres de la tarde

Los hechos de intimidación también se registraron en sectores de Medellín, especialmente en la comuna ocho, en lugares como: Villa Hermosa, La Sierra, Villa Turbay, Villa Liliam y Las Mirlas, dijo la Policía Metropolitana de la capital paisa, pero la tensión se vive también en los corregimientos de San Antonio de Prado y Altavista, donde esta organización mantiene fuerte presencia.

Temprano, un automotor fue quemado en la vía Medellín Yarumal, por lo que las autoridades pidieron a los conductores desplazarse con el máximo de precaución por esa zona.

No culpable

Entre tanto, el capo de esta organización al margen de la ley al ser presentado por primera  vez a la justicia  norteamericana, no  aceptó ninguno de los tres  cargos  que allí le imputan y se declaró no culpable.

Foto/Antioquiacrítica.com

Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, permanece recluido en la cárcel federal de Brooklyn, en Nueva York –donde estará recluido mientras le responde a la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico.

Ojo: se acaba el gas

Por la situación de orden público, se presentaría desabastecimiento de gas natural en municipios de Urabá dijo EPM. Al tiempo que expidió el siguiente comunicado:

Apartadó, 5 de mayo de 2022 | Debido a la situación de orden público que afecta a Urabá, lo que impide el paso de los vehículos que transportan el gas natural, se prevé desabastecimiento del servicio de gas en los municipios de la región.

Es importante señalar que los vehículos que transportan el gas con sistemas de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuado (GNL) se encuentran detenidos en lugares seguros, a la espera de que las autoridades tengan control de la situación y garanticen las condiciones para su llegada a las estaciones descompresoras de gas.

De persistir la situación actual, y de acuerdo con la información técnica del equipo de gas, esta sería la autonomía aproximada en los diversos municipios:

Apartadó, Carepa y Chigorodó: cuatro horas, por lo que se tendría ausencia del servicio a partir de, aproximadamente, las 9:00 de la noche del jueves 5 de mayo.

Necoclí: 17 horas, por lo que se tendría ausencia del servicio a partir de, aproximadamente, las 10:00 de la mañana del viernes 6 de mayo.

San Pedro de Urabá: 19 horas, por lo que se tendría ausencia del servicio a partir de, aproximadamente, las 12:00 del mediodía del viernes 6 de mayo.

Turbo: 20 horas, por lo que se tendría ausencia del servicio a partir de, aproximadamente, la 1:00 de la tarde del viernes 6 de mayo.

Arboletes: 22 horas, por lo que se tendría ausencia del servicio a partir de, aproximadamente, las 3:00 de la tarde del viernes 6 de mayo.

Nueva Colonia (Turbo): 24 horas, por lo que se tendría ausencia del servicio a partir de, aproximadamente, las 5:00 de la tarde del viernes 6 de mayo.

Zungo Embarcadero (Carepa) e instalaciones de Unibán: 25 horas, por lo que se tendría ausencia del servicio a partir de, aproximadamente, las 6:00 de la tarde del viernes 6 de mayo (todo depende de la programación y producción del complejo).

El miedo espantó al pueblo

Mutatá: 43 horas, por lo que se tendría ausencia del servicio a partir de, aproximadamente, las 12:00 del mediodía del sábado 7 de mayo.

San Juan de Urabá: 67 horas, por lo que se tendría ausencia del servicio a partir de, aproximadamente, las 12:00 del mediodía del domingo 8 de mayo.

Nota: los siguientes cálculos obedecen a los patrones de consumo normal, pero los tiempos podrían ser mayores o menores de acuerdo a los consumos de gas que se presenten de manera individual en cada municipio.

Recomendaciones para los usuarios

Desde el momento en que se presente la interrupción del servicio de gas, a los habitantes de los diversos municipios de Urabá se les recomienda:

1. Cerrar las perillas de todos los gasodomésticos.

2. Cerrar las válvulas de paso de los gasodomésticos.

3. Cerrar la válvula de corte general en el centro de medición del inmueble.

La Empresa presenta excusas a los habitantes de Urabá y agradece su comprensión por esta situación ajena a su voluntad.

Para solucionar cualquier inquietud, la Empresa pone a disposición de la ciudadanía las líneas Atención al Cliente 44 44 115 o 018000 415 115.

Medellín recibe a excombatientes con discapacidad

La ARN lidera el Programa CaPAZcidades, beneficiando a 805 adultos mayores, 1.256 personas con discapacidad y 80 con enfermedades de alto costo, que adelantan su proceso de reincorporación.

Un proceso incluyente

La capital antioqueña es el escenario para el Primer Encuentro Nacional de Fortalecimiento de Liderazgo del Programa CaPAZcidades. Esta es una alianza de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y se lleva a cabo entre el 3 y el 6 de mayo.

Serán 80 personas las que participarán en espacios de diálogo y construcción colectiva con la academia, entidades y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Embajada de Noruega, la Misión de Verificación de la ONU, PNUD y la Folke Bernadotte Academy.

En Colombia, 2.141 personas en reincorporación tienen diagnosticada alguna discapacidad, son adultos mayores y/o se encuentran con enfermedades de alto costo, y es el Gobierno nacional, que, a través de una estrategia de atención busca armonizar y responder de manera integral a los compromisos contenidos en el Plan Marco de Implementación y acuerdos contenidos en el CONPES 3931 para el proceso de reincorporación.

$4 mil millones de pesos se han invertido en pro de su atención, cifra que cuenta además con el auspicio del presupuesto otorgado por la Unión Europea. Este Convenio, comprende acciones como la consolidación de procesos de certificación de discapacidad, rehabilitación funcional, rutas de acceso al sistema de salud, envejecimiento y vejez, y cuidado paliativo, en 14 municipios donde está presente la población.

Sumado a ello, desde la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) se lidera el Programa CaPazcidades, el cual aporta a una Paz con Legalidad bajo tres ejes estratégicos: atención en salud para la reincorporación, inclusión social y gestión para la implementación, buscando mejorar la calidad de vida de los participantes.

Jairo Galvis, excombatiente con discapacidad que decidió emprender su propio negocio en Arauca, destaca el acompañamiento institucional y expresa la forma en que adelanta su proyecto de vida en legalidad.

“La ARN me ha atendido cuanto les he solicitado, inquietudes, propuestas y me salió el proyecto de los 8 millones para montar una tienda. Es muy difícil que en una empresa me den trabajo por mi discapacidad, así que inventamos montar este negocio”, relató Galvis.

Andrés Felipe Stapper, director general de la ARN, explicó que, “Las temáticas y metodologías se definieron mediante procesos de concertación y diálogo entre los diferentes actores poblacionales e instituciones involucradas. De tal manera, se han sumado importantes esfuerzos técnicos, operativos y financieros para que la población convocada pueda sacar su máximo provecho”, manifestó.

La iniciativa cuenta
con el apoyo de ONU

La ARN, junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), adelantan un convenio que incluye la implementación de estrategias de acompañamiento centrados en las personas con discapacidad, adulto mayor o con enfermedades de alto costo.

 

miércoles, 4 de mayo de 2022

Indígenas víctimas de la violencia reciben paneles solares

Los paneles fueron entregados como medida de restitución del sujeto de reparación colectiva del resguardo Tanela, en Unguía Chocó.

Muy animados los indígenas,
 recibieron lo paneles solares

La Unidad para las Víctimas en convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hizo entrega de dos paneles solares instalados en las comunidades indígenas de Citará y Ziparadó.

El objetivo es fortalecer proyectos productivos dentro de estos colectivos étnicos del corregimiento Jilgal en Unguía. Las entregas se cumplen en el marco del plan integral de reparación colectiva (PIRC) que se viene ejecutando desde el 2017 con estas comunidades mediante espacios de concertación.

El resguardo Tanela y sus comunidades se convierten en los primeros colectivos étnicos de la subregión de Urabá y Darién en beneficiarse de la energía fotovoltaica renovable, suministrada por los paneles solares, los cuales garantizarán el funcionamiento de las máquinas planas y fileteadoras que habían sido entregadas por la Unidad al colectivo.

“Me agrada estar aquí con la Unidad para las Víctimas por este recibimiento de los paneles que mejoran la calidad de vida de nuestra comunidad de Ziparadó para que todos estemos en progreso en pro del futuro y para que se siga fortaleciendo a nuestras comunidades indígenas”, dijo Junior Brincha, refiriéndose también al resguardo Tanela.

Por su parte, Gloria Jumi, docente de la comunidad de Citará, agradeció a la Unidad y recalcó los beneficios de este proyecto: “La instalación de las plantas solares nos va a beneficiar mucho, tanto a este grupo de mujeres que hacen parte del proyecto de confecciones como a las escuelas”. Concluyó.

 

Elecciones presidenciales: escándalos y tensiones

En vez de las propuestas y debates sobre el futuro del país, las campañas están jugando a los escándalos, los nombramientos y las negociaciones. Cómo ha cambiado el juego electoral y qué lecciones ha dejado hasta ahora.

Por: Nadia Pérez Guevara* y Camilo Cruz Merchán*/Razón Pública

Análisis de la noticia/ El pregonero del Darién

Una compleja campaña

Un cambio de escenario

Falta menos de un mes para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Los escándalos rodean a las dos campañas que encabezan las encuestas, pero aún no se producen efectos negativos en las tendencias estadísticas. Mientras tanto las demás   candidaturas ven reducidas sus posibilidades de éxito.

La contienda parece alejarse de los debates televisivos para centrarse en las redes sociales, los medios de comunicación y las alianzas electorales. Algunos hechos mediáticos bordean el escándalo y otros de tipo organizacional han definido el rumbo durante las últimas semanas.

El perdón social y las expropiaciones

Gustavo Petro encabeza todas las encuestas y es también el candidato que despierta más temor entre sectores pudientes, por lo cual es natural que contra él se hayan enfocado las baterías mediáticas.

La visita del hermano de Petro a la cárcel La Picota de Bogotá desató una discusión alrededor del “perdón social”. Noticias Caracol publicó un reportaje donde informaba que el candidato habría ofrecido rebajar las penas a algunos reclusos a cambio de apoyo político.  Mientras tanto el candidato ofrecía explicaciones confusas que, en vez de aclarar la situación o el papel de su hermano, produjeron un escándalo que muchos consideraron como un quiebre e incluso como el final de su campaña.

A lo anterior se sumó la solicitud de Petro a Piedad Córdoba de retirarse de las actividades de campaña, hasta aclarar su situación sobre la Farcpolítica, las visitas a las cárceles y los presuntos vínculos con Alex Saab.

Federico Gutiérrez causó otro hecho mediático el 18 de abril, cuando ofreció una rueda de prensa desde las afueras de la Picota, donde expresó que aumentaría las penas de los corruptos en vez de rebajarlas. También comentó que la decisión de Petro era un pacto criminal que denominó el “pacto de La Picota”.

Otro escándalo surgió en torno al tema de la expropiación, uno de los principales miedos alrededor de las propuestas de Gustavo Petro. Sus adversarios aprovecharon la polémica sobre la expropiación de los aportes pensionales de los colombianos; incluso el presidente Duque –como otras veces– participó indebidamente en política.

Por eso, Petro y Francia Márquez convocaron una rueda de prensa donde anunciaron su compromiso de no expropiar en caso de obtener la victoria. Este compromiso se cerró con la firma de un documento ante un notario público. Pero más allá de su invalidez jurídica, este hecho muestra la tradición legalista del país y la desconfianza generalizada en los políticos.

Nombramientos con tinte electoral

Las campañas oficializaron los nombres de los jefes de debate y estrategas de los candidatos más importantes en la última semana.

Gutiérrez designó como jefe de debate a Luis Felipe Henao, exministro de vivienda (2013-2016) y ficha fundamental para el jefe de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. Esta situación produjo dudas sobre el apoyo del partido y de Lleras a la campaña, pero Henao expresó que su adhesión y trabajo era a título personal. La esposa de Vargas Lleras aprovechó la ocasión para acusar a Henao de traición en sus redes sociales, aduciendo temas eminentemente personales.

Por su parte, Petro sorprendió con el nombramiento de Alfonso Prada como jefe de debate, quien es reconocido por ser amigo del expresidente Santos, exrepresentante por el Partido Verde (2010-2014), miembro del gabinete de Santos como director del SENA (2014-2017) con una gestión muy discutida, y por ser exsecretario de la presidencia (2017-2018).

Algunos leyeron su entrada como un guiño desde el “santismo” a la campaña, pero también como una muestra más del pragmatismo electoral bajo el cual opera Petro en 2022.

"En esta ocasión la inasistencia del candidato parece mostrar un agotamiento de esta práctica. Aunque es necesaria y saludable, deberían reducirse los debates para aumentar el costo de la inasistencia de los candidatos, como sucede en Estados Unidos, México o Francia"

Finalmente, la campaña de Sergio Fajardo anunció el ingreso de la firma norteamericana Precision Strategies, firma que ya había trabajado en Colombia con Santos en el marco del proceso de paz como asesores de estrategia.

Por otro lado, el senador electo de la coalición Centro Esperanza, Ariel Ávila, se autopresentó como jefe de debate de Sergio Fajardo contra Gutiérrez, lo cual produjo discusión dentro de la campaña que tiene como base discursiva la no polarización y el “cambio sereno”.

Ávila ha entablado duros debates con varios sectores políticos, principalmente contra el uribismo; esto ha incomodado al Nuevo Liberalismo. Por eso la coalición ha reiterado que Juan Fernando Cristo es el jefe oficial de debate.

Las dos alianzas

El director general del Partido Liberal, César Gaviria (1990-1994), oficializó la adhesión del partido a la campaña de Gutiérrez mediante un video-comunicado conjunto y un documento de recomendaciones de “cambios sociales” sugeridos al candidato. Aunque el documento es simbólico y no obligante, la adhesión de Gaviria marca un golpe a las gestiones de los liderazgos tradicionales dentro del Pacto Histórico como Roy Barreras, quien pretendía la adhesión liberal para las elecciones y la formación de bancadas legislativas.

La respuesta de la campaña Petro fue llamar la atención sobre las adhesiones de los liderazgos regionales del Partido Liberal, especialmente de los representantes elegidos o en ejercicio, y los integrantes de corporaciones públicas y de directorios regionales. Esta estrategia es liderada por el senador Luis Fernando Velasco y hasta el momento ha conseguido la adhesión de seis congresistas electos en 2022.

Por otra parte, crece el rumor de una alianza entre Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo. Este tipo de uniones recuerda el caso de la adhesión de Antanas Mockus a la campaña de Noemí Sanín en 1998 o la de Fajardo a Mockus en 2010.

El rumor podría decidirse mediante encuestas; pero las penas previstas por la ley para quien se retire después de ir a una consulta interpartidista permiten suponer que Fajardo sería el candidato oficial. Los resultados de la encuesta de Invamer del 29 de abril en la que Fajardo alcanza apenas un 6,5 % y Hernández un 13,9 % de la intención de voto alejan cada día más esta posibilidad.

La estrategia de Petro

Petro no ha asistido a los debates presidenciales. En esta ocasión la inasistencia del candidato parece mostrar un agotamiento de esta práctica. Aunque es necesaria y saludable, deberían reducirse los debates para aumentar el costo de la inasistencia de los candidatos, como sucede en Estados Unidos, México o Francia.

Las elecciones legislativas del 13 de marzo desgastaron unas campañas que aún no consiguen despegar nuevamente. Parece que quedan atrás los debates, los discursos de campaña y el manejo de las emociones con altos efectos mediáticos. Esto podría atribuirse a dos factores: el perfilamiento de Gustavo Petro como ganador en todas las encuestas y la dificultad de las demás campañas para encontrar un relato propio.

Foto: Facebook: Gustavo Petro - Petro lidera todas las encuestas y por eso atrae la atención de las demás campañas.

Petro encabeza todas las encuestas y por eso atrae la atención de las demás campañas. Esto produce un desgaste en el candidato y hace que no se preocupe por la agenda mediática como hace cuatro años, cuando no se perfilaba tan claramente como ganador.

El candidato está más enfocado en descentralizar sus acciones y aumentar sus intervenciones públicas por distintas regiones, lo cual reduce su presencia en Bogotá (lugar de los grandes debates). A esto se suma la instalación de Francia Márquez en Medellín, una estrategia para aumentar el apoyo en un departamento de mayoría uribista.

Jugándole a las otras campañas

Las demás campañas no logran conectar con el electorado. Fajardo intentó un cambio cromático en sus anuncios publicitarios, pero no son claros el énfasis de los nuevos colores y el rumbo de su imagen. Por eso no se obtuvo el efecto esperado. Lo mismo ocurrió con la presencia de María Ángela Holguín, excanciller (2010-2018) y pareja de Fajardo, en algunas actividades de la campaña como un esfuerzo por incluir su experiencia y de destacar el lado humano del candidato.

Finalmente, Federico Gutiérrez no logra transmitir otra idea que ser el candidato anti-Petro. Aún no propone un mensaje claro del país que desea construir por la desventaja de ser el candidato que representa la continuidad del gobierno actual y del uribismo. Eso sí, cada día suma más apoyos por parte de sectores de la política tradicional.

Dos lecciones

Este proceso electoral ha dejado dos lecciones de real interés para el futuro.

Primero, hay que tomar en serio el papel de las instituciones para garantizar la transparencia del proceso electoral y la imparcialidad ante las preferencias de la ciudadanía, en especial por parte del presidente de la República y de las Fuerzas Armadas. El presidente Duque ha promovido la candidatura de su interés y ha criticado las propuestas del candidato que encabeza las encuestas. Estas intervenciones contradicen el principio de imparcialidad y permiten, de manera todavía más irresponsable, que la cúpula de las Fuerzas Militares intervengan en política.

En segundo está el papel de los medios y su capacidad de influir en las decisiones del electorado. El caso de La Picota, las supuestas visitas de Piedad Córdoba o la noticia falsa de las declaraciones del excontralor de Venezuela, muestran la necesidad de una seria reflexión editorial sobre los contenidos y la claridad de la información.

Nadia Pérez Guevara* y Camilo Cruz Merchán*

*Politóloga de la Universidad Nacional, investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga IEP- UNAB. **Politólogo de la Universidad Nacional, doctor en Ciencia Política de la UNAM, docente de la facultad de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Bolivariana, Bucaramanga.

Nadia Pérez y Camilo Cruz