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sábado, 14 de noviembre de 2026

La FLIP rechaza censura mediante pauta

Mediante comunicado público la entidad rechaza la intimidación que se hace desde el gobierno nacional contra algunos medios de comunicación.

Fotomontaje/FLIP

Desde la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y El Veinte alertamos sobre dos hechos del 12 de noviembre que representan una amenaza seria para la libertad de expresión y de prensa.

Carlos Suárez Rojas, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol y estratega de la campaña del presidente Abelardo De La Espriella, afirmó en X que las encuestas replicadas por los medios son falsas y que esos medios son aquellos "a los que el Presidente ordenó dejar sin pauta". Con esto confesó públicamente que el cubrimiento que los medios de comunicación hacen del gobierno se relaciona directamente con la asignación de recursos públicos en pauta.

En el mismo sentido, Germán Calderón España, antiguo jefe jurídico de la campaña presidencial de De La Espriella y director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado hasta el pasado 6 de noviembre, presentó ante el Consejo Nacional Electoral una denuncia contra la firma Cifras y Conceptos y su gerente, César Caballero. Pide abrir un procedimiento sancionatorio por hablar de los resultados de una medición sobre los primeros cien días de gobierno, que ubicó la popularidad del presidente por debajo del 50%.

En consecuencia, desde El Veinte y la FLIP:

Exigimos a la Presidencia aclarar si ordenó retirar la pauta a algún medio y con qué criterios.

Solicitamos al Gobierno nacional expedir criterios objetivos y públicos de asignación de la pauta oficial, abstenerse de interferir en la línea editorial de los medios de comunicación y publicar el listado de medios con pauta, sometido a veeduría.

Pedimos a Carlos Suárez cesar sus expresiones de intimidación a los medios de comunicación.

Instamos a la Procuraduría y a la Contraloría a vigilar los procesos de asignación de la pauta oficial.

Expresamos nuestra solidaridad con Cifras y Conceptos y con los medios señalados.

La democracia necesita medios que informen sin temer represalias y encuestas que midan sin temer sanciones. Lo que está en juego no es un rubro del presupuesto, sino la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a permanecer informada.

 

lunes, 28 de agosto de 2017

Tras sanción renuncia secretario Gobierno

El titular del cargo fue suspendido como abogado por un año, por acciones dolosas en su profesión

A la derecha, el abogado Tony Luis Lozano Berrocal, acompañado
 del señor alcalde de Apartadó, Eliecer Arteaga Vargas

El secretario  de gobierno  de Apartadó, abogado Tony Luis Lozano Berrocal, presentó renuncia de su cargo,luego de  conocerse la sanción  que le impusiera  el Consejo Superior de  la Judicatura  en Antioquia, por faltas  cometidas  en el ejercicio  de su profesión.

Se conoció que dicha sanción fue ratificada  por el alto tribunal en segunda instancia y comienza a regir  desde el  31 de agosto de 2017, hasta  el 31  de agosto  de 2018.
El funcionario fue notificado mediante el telegrama número DAZ-26119 sobre la sanción, que le fue impuesta por acciones dolosas en el ejercicio de su profesión como abogado, pudo establecer este medio de comunicación de fuentes bien informadas.

En razón a que por disposiciones legales, para ejercer el cargo de secretario de gobierno en este municipio se exige ser abogado y al estar suspendido el titular para ejercer su profesión, se estima que en las próximas horas el alcalde de Apartadó procederá a nombrar su remplazo, una vez conocida  la renuncia  del titular.

lunes, 6 de febrero de 2017

Monseñor pone el dedo en la llaga

Hacía muchos años un prelado de la Iglesia Católica, no se pronunciaba de manera tan contundente sobre el tema de la violencia en Urabá, como lo acaba de hacer Monseñor Hugo Alberto Torres Marín, Obispo de la Diócesis de Apartadó.


Monseñor Hugo Alberto Torres Obispo de Apartadó
Se puede afirmar que la máxima autoridad de la Iglesia en esta parte del país, ha puesto el dedo en la llaga, ante el silencio y la pasividad de nuestros gobernantes regionales.

¿Hay anuencia del Estado o es simplemente un descuido de las autoridades responsables de dar cumplimiento a lo pactado? ¿Hay simpatía estatal con estas formas ilícitas de dominio y manipulación de unos territorios de ancestrales dueños que el Estado no admite como poseedores legítimos?, se interrogó el Obispo.

Vemos su pronunciamiento:

“La Iglesia Peregrina en Córdoba y Urabá alza su voz para expresar su asombro ante las situaciones de orden público que tienen conmocionada a las gentes de la región:

1°. La gravedad social que significa el asesinato aleve de tantos líderes sociales y personas que, en un país democrático, empiezan a formar parte de los nuevos movimientos políticos independientes, legítimamente constituidos; es inaudito que reaparezca este fenómeno que se creía ya superado.

2°. El reagrupamiento acelerado y el aumento del paramilitarismo, cuyos grupos ingresan súbitamente a las zonas que abandonan integrantes de las Farc en su proceso de desmovilización e implementación de los Acuerdos logrados en la Habana.
Enérgico pronunciamiento 
del Prelado católico
3°. El modo atroz como silencian a reclamantes de tierras (en la última semana ya son más de ocho entre líderes y reclamantes); tierras de las que fueron despojadas las comunidades, en forma fraudulenta y criminal.

4°. EL control bélico de las tierras vinculadas con el fenómeno de las rutas del narcotráfico, unido a todo un sistema de delincuencia organizada alrededor de los cultivos ilícitos y el apoderamiento, a la vista de todo el mundo, de las regalías y del pago de impuestos. Control que sirve de aprestamiento para la explotación de la minería ilegal, la extracción de las riquezas de nuestros suelos y subsuelos y el arrasamiento del ecosistema. De esto último es ejemplo el desplazamiento de pobladores y comunidades en la zona de Ituango, frente a lo cual no hay una toma de posición humanitaria por parte del Estado.

5°. Aunado a lo anterior, el incremento de las pandillas juveniles, que están invadiendo los grandes centros urbanos en Urabá, como Turbo, Apartadó, Nueva Colonia y Currulao, índice inequívoco de que estamos entrando en una macabra dinámica de delincuencia organizada que gira en torno al microtráfico y la extorsión a comerciantes, empresarios, personas de a pie y que acude a la justicia particular, al asesinato y a la limpieza social, generando desconcierto y pánico en todos los pobladores urabaenses.

Ante estas situaciones la Iglesia se pregunta:
1. ¿Cuál es el futuro para las comunidades campesinas y de las regiones que siguen sufriendo en forma permanente el flagelo de los actores del conflicto armado? Salen unos y entran otros, “como Pedro por su casa”, cuando debería estarse asumiendo el manejo estatal adecuado de los territorios, para crear la autonomía, fruto del ejercicio constitucional de las fuerzas del Estado, justamente allí donde anacrónicamente no ha hecho presencia. ¿Hay anuencia del Estado o es simplemente un descuido de las autoridades responsables de dar cumplimiento a lo pactado? ¿Hay simpatía estatal con estas formas ilícitas de dominio y manipulación de unos territorios de ancestrales dueños que el Estado no admite como poseedores legítimos? ¿Dónde queda lo de “pacta servanda?” No entendemos por qué se da esta situación, estos lamentables vacíos de autoridad. El gobierno nacional debe pronunciarse con claridad sobre estos asuntos que tanto daño hacen y que son causa fundante del descrédito que viene en aumento vertiginoso. Por lo menos la sospecha salta de inmediato.

El Obispo se preguntó si hay complicidad del estado
2. De otra parte, haciendo eco al sentir social, la Iglesia expresa su dolor e inconformismo ante el juego de palabras empleado por representantes legítimos de los entes gubernamentales para denominar un fenómeno vergonzante que ha empañado a nuestras fuerzas militares y de policía, y que, como si no fuera ya luctuoso, ahora difama a toda esta feraz tierra de promisión, utilizando los gentilicios, emblema de la pujanza y honradez de sus pobladores; o dándoles identidad con los nombres topográficos, como nuestro estratégico Golfo de Urabá; o estigmatizando apellidos tan prestigiosos como el de Jorge Eliécer Gaitán, o la extensa descendencia Úsuga; o todo un grupo humano de industria y comercio reconocido a nivel internacional como el pueblo paisa. Duele porque se descubre un fondo malintencionado de “sofisma de distracción,” un mimetismo sutil para adormecer a la población con engaño. Reclamamos el fin de la estigmatización de una región, y el de llamar con otros nombres lo que todos reconocemos como paramilitarismo.

3. Frente al tema de la desmovilización y construcción de paz, nos preguntamos: ¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la subregión? ¿Qué es lo que nos toca hacer en medio de una situación cada vez más desconcertante? No podemos olvidar lo que ha ocurrido en el pasado y que amenaza con repetirse: la historia trágica del asesinato sistemático de tantas personas que se comprometen en un cambio social y político que, bien sabemos, se debe llevar adelante.

Es tarea de todos los líderes de la región tomar conciencia de estas situaciones y agotar juntos las soluciones.

miércoles, 24 de agosto de 2016

Autopistas en Uraba: Vergüenza para la ingenieria

Adelantamos una investigación, próxima a publicarse en este blog y en nuestra edición impresa, sobre  el estado de las autopistas que se construyen en la zona, obras sin veedurías ciudadanas, sin dolientes de la proclamada clase política y unos tramos que son una verdadera vergüenza para la ingeniería moderna. Remiendos encima de los remiendos.





sábado, 11 de junio de 2016

De nuevo Carepa por el despeñadero

Poco a poco se van desvaneciendo las expectativas que tenían los habitantes de este municipio en el nuevo gobierno, el cual no despega, no se siente la mano del timonel, mientras que otros hacen la fiesta.


Editorial correspondiente a nuestra edición impresa de junio



Carepa, próspero y pujante municipio del Urabá antioqueño, pareciera condenado al fracaso, al ostracismo administrativo, los últimos ocho años fueron un total desastre para el desarrollo social de esta localidad, su estancamiento en temas como la construcción de vivienda, la generación de empleo, de espacios para los jóvenes, los procesos medio ambientales, entre otros, han sido nulos.


Estos hechos llevaron a la mayoría de los ciudadanos, a optar por apoyar a un alcalde menos comprometido con la vieja clase política, supuestamente distante de la mano negra de la corrupción, pero cinco meses después de su elección, el globo comienza a desinflarse y solamente el tratamiento que le han dado desde la Secretaria de Gobierno al tema de los vendedores ambulantes y estacionarios, causa risa, ni en los peores tiempos de las anteriores administraciones se había actuado con tal ligereza y torpeza, con extrema improvisación, elaborar un acta de compromiso para concentrar a estos vendedores informales en un lote propiedad del municipio cercano al cementerio y luego que estos levantaran sus ranchos reversar la medida, deja muy mal parado al señor alcalde, pareciera que su secretario de gobierno es una rueda suelta en su gabinete.

Estos ciudadanos no son mercancía para tratarlos de tal manera, no se puede olvidar que hay sentencias de la Corte Constitucional que los protegen, y que el tema se debe tratar como un asunto de orden social, ofreciéndoles alternativas. Además, no es ético, ni humano, ni elegante, y si de muy mal gusto, que un mandatario que no ha generado un solo empleo, que no tiene una política seria, realizable para la generación de puestos de trabajo, se dedique a perseguir y manosear a estos vendedores y a darles trato policial, cual delincuentes.


Pero lo más grave, es que en el despacho no se siente la mano del mandatario, hay un manoseo burdo de su agenda, muchas manos manipulando, no están resolviendo los problemas mínimos de las comunidades y esto ya comienza a generar incertidumbre entre los habitantes que no tienen quien los escuche y le brinde unas soluciones; pero también son muy graves las denuncias públicas de ciudadanos inconformes, que al alcalde lo están manejando y manipulando otras personas y que él no asume el timón del barco que comenzó a hundirse, tan lejano aún del puerto.



Algunos hechos de gran trascendencia han dejado un mal sabor en este gobierno que no ha podido despegar, como el nombramiento de la personera, bajo unos parámetros de “mentirocracia” de burla al pueblo, pues en todos lados se dijo desde octubre cuando se eligió al alcalde, que la dama elegida, era la personera local, una funcionaria recordada en Carepa, por no haber movido un dedo por las victimas despojadas de sus viviendas, cuando ocupaba el mismo cargo y prefirió mirar para otro lado para congratularse con sus patronos, también se conoció que en el Plan de Desarrollo se habían incluido cinco mil millones de pesos para capacitaciones, y ya todos los habitantes del municipio sabían cuál era el destinatario de esos dineros.


 Muy malas señales apenas comenzando y en seguida viene el nombramiento del gerente del hospital, también objeto de la “mentirocracia”, además de estar desconociendo, la circular conjunta número 100 de enero del año en curso, emanada de la Procuraduría General de la Nación, los ministerios de salud y educación, además de la función pública, la cual estipula el primer trimestre del año para realizar el concurso. Muy malas señales para un municipio que lleva ocho años de ausencia de un gobierno, serio, ético, responsable con visión social.

Así señor alcalde, que a echarse al hombro la responsabilidad para la cual fue elegido, usted es el único responsable ante la justicia y el pueblo, por las acciones de gobierno en su municipio; además Carepa no necesita un firmón, ya ha tenido muchos, requiere de un gestor y un ejecutor con resultados, y de los contratos montados en la página de la Contraloría, pocos pasarán los exámenes de rigor. Tiene suerte el señor alcalde que los habitantes de Carepa no auscultan este tipo de contratos, que no hay veedurías ciudadanas y que los organismos de control se han vuelto retenes para extorsionar a funcionarios.