lunes, 27 de marzo de 2023

¿Sometimiento, desmantelamiento o negociación?

Además, estas propuestas no tratan de reformar figuras como la extradición, donde sin renunciar a ella se podría lograr un nuevo tratado con Estados Unidos ajustado a la cooperación judicial.

 Por: Jean Carlo Mejía*Análisis de la noticia/Razón Pública/ El Pregonero del Darién.

El proyecto de ley para someter y
 desmantelar los grupos armados
 organizados ha despertado expectativas
 y preocupaciones sobre la
impunidad y la inseguridad.

Que está pasando en Colombia

Colombia sigue estando expuesta a varios factores de inestabilidad, como amenazas multi criminales y un conflicto armado interno que no hemos superado.

Según el informe de marzo de 2023 del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), tenemos hoy siete conflictos con grupos armados organizados ilegales (GAO) que se enfrentan entre sí o contra el Estado, y que dejan consecuencias devastadoras.

Eso sin contar las violaciones de los derechos humanos que se presentan a lo largo y ancho del territorio. Así lo denuncia el más reciente informe de la ONU, cuyos indicadores son cada vez más preocupantes en aspectos como el aumento de masacres, homicidios selectivos, desplazamiento y violencia sexual.

Como si fuera poco, varios actores ilegales, grupos transnacionales y mafias de corrupción locales se involucran con grupos de delincuencia organizada y con las “estructuras organizadas de crimen de alto impacto” (definidas así por la ley 2272 del 2022, sin diferencias sustanciales con la Ley de sometimiento 1908 de 2018).

Estas interrelaciones hacen que todas las organizaciones y actores armados penetren los movimientos sociales en los territorios, lo cual produce una “captura del Estado”.

Bajo esas circunstancias, cualquier iniciativa de negociación y desmantelamiento de organizaciones criminales resulta imperativa para lograr paz y convivencia en el contexto de post acuerdo sin postconflicto y donde la justicia transicional ha resultado una opción con muchos claroscuros.

Una vieja preocupación

El proyecto de ley 288 del Senado que el gobierno presentó el 15 de marzo ha despertado expectativas y preocupaciones por la impunidad que podría generar. El proyecto se propone someter y desmantelar las mencionadas organizaciones armadas de crimen de alto impacto, con garantías de no repetición de la violencia desde un enfoque de justicia restaurativa.

"Tanto el proyecto de sometimiento como la demandada Ley 2272 de paz total (que prorroga la ley de orden público de 1997) plantean un giro radical sobre el tema de la paz. La justificación y exposición de motivos de los proyectos exaltan un nuevo discurso y un lenguaje distinto del de la paz a través de la “militarización” y el “guerrerismo” del establecimiento"

Sin embargo, en escasos siete meses del actual gobierno, las acciones bélicas y delincuenciales de los actores ilegales se han disparado de manera exponencial. En el contexto de la búsqueda de la anhelada paz total, lo anterior ha generalizado la   sensación creciente de inseguridad en todas las encuestas, sondeos y estudios.

En consecuencia, vale la pena mirar algunos elementos del proyecto desde una mirada un poco distinta de la que se ha mostrado en instancias mediáticas y políticas.

Con ropaje de sometimiento 

El gobierno hizo mucho esfuerzo político y mediático para estructurar conceptualmente la “paz total”, con el concurso de una serie de académicos. El trabajo resultó en un Dossier construido en la Universidad Nacional de Colombia, junto con otro sobre la seguridad humana. Pero ¿qué pasó con el empeño del gobierno?

El proyecto de ley no desvirtúa la existencia previa de herramientas de justicia transicional, como el enfoque restaurativo que inspira la legislación desde el Acto legislativo 01 del 2017 y las sentencias C-674 del mismo año y C-080 del 2018.

Lo que sí cambió es la narrativa, que ahora parte de una perspectiva de paz centrada en las personas, las comunidades, el género y otros elementos inclusivos, así como del reconocimiento de una justicia penal alternativa.

Tanto el proyecto de sometimiento como la demandada Ley 2272 de paz total (que prorroga la ley de orden público de 1997) plantean un giro radical sobre el tema de la paz. La justificación y exposición de motivos de los proyectos exaltan un nuevo discurso y un lenguaje distinto del de la paz a través de la “militarización” y el “guerrerismo” del establecimiento.

Ese intento ha sido meritorio porque abre un diálogo alrededor de un derecho penal mínimo, donde se incluyen aspectos como sacar del Código Penal conductas como la inasistencia alimentaria, el incesto, la injuria o la calumnia.

Pero la argumentación choca constantemente con eufemismos que conducen a incoherencias. Por ejemplo: el Clan del Golfo es en verdad un GAO en términos del Derecho Internacional Humanitario, y no solo por lo que dice el informe del CICR. El punto es parte clara de una narrativa política, que a los abogados de los GAO y los GDO (Grupos de delincuencia organizada) no les acaba de parecer aceptable; así lo han expresado, indicando que el proyecto era una mala copia de la Ley 975 del 2005 (Justicia y paz).

Justicia premial ya tenemos

El proyecto 288 Senado se centra en una justicia premial   —o justicia negociada— por el estilo de la que trasplantó de Estados Unidos la Ley 906 del 2004. Fuera de los discursos, nada nuevo se asoma en el horizonte; y en la práctica además preocupa la ausencia de un soporte técnico y estadístico para la necesidad de este enfoque.

A estas alturas no resulta claro cuál sería la población beneficiada con una ley de negociación para desmantelar organizaciones delincuenciales, menos aún en los términos del artículo 1º de Protocolo adicional II de Ginebra de 1977, que se aplica en contextos de conflicto armado.

Dice el proyecto que los miembros de “los grupos y estructuras” mantengan hasta el 6% de sus bienes si colaboran con la justicia. Otros beneficios incluyen penas intramurales muy bajas y un componente de justicia restaurativa, lo cual ya existe, con otros porcentajes, en la Ley 1708 del 2014.

Además, estas propuestas no tratan de reformar figuras como la extradición, donde sin renunciar a ella se podría lograr un nuevo tratado con Estados Unidos ajustado a la cooperación judicial y policial con fines penales, como parte del derecho penal internacional del siglo XXI.

En síntesis, Colombia tiene ya una justicia penal basada en beneficios por una mayor colaboración con el propósito de desmantelar organizaciones criminales complejas, pero en esta ocasión no satisfacen las expectativas de la multi criminalidad ni de las víctimas.

De todo, al mismo tiempo y sin orden

Es evidente que la ansiedad del mandatario se transmite a su equipo de gobierno, lo cual de paso ha generado un nudo gordiano y una torre de babel.

Ya la paz era una política de Estado en Colombia, no solo por el artículo 22 de la Constitución de 1991, sino por la Ley de orden público, utilizada por seis gobiernos consecutivos para sacar de la guerra a más de 90.000 combatientes.

Así, un enfoque de paz total desde la actualización de la ley de orden público, sustentado en una “política de Estado” y un gabinete de paz, debieron aprovechar las instituciones que ya estaba funcionando.

Por eso figuras como Rodrigo Londoño han denunciado que incluso se sentían más seguros bajo el gobierno anterior, aunque también han matizado estas declaraciones.

Formular un proyecto de sometimiento con esa filosofía habría sido más viable desde el Ministerio de Justicia que desde una ya colapsada Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Es habitual encontrar en los proyectos de reforma del gobierno Petro la creación de un sinnúmero de instancias (Instancia de alto nivel para caracterizar las organizaciones, por ejemplo) y comités. En materia de paz, eso implica un alto riesgo de caer en impunidad.

Si las víctimas no ven la justicia, la reparación, la no repetición y sus derechos a la verdad en tiempos razonables, se consolida las críticas del fiscal general, la procuradora y tantos especialistas: no es el fondo, son las formas casi siempre.

¿Y los derechos de las víctimas?

En Colombia nos hemos acostumbrado a una narrativa alrededor de las personas que han padecido fenómenos de violencia. Pocos países tienen más interiorizado el leguaje de la justicia, la verdad y la reparación integral.

Foto: Fiscalía - Colombia ya cuenta
 con una justicia penal soportada en
 beneficios. Esta se presenta cuando
 hay mayor colaboración para el
desmantelamiento de estructuras criminales.

"Es habitual encontrar en los proyectos de reforma del gobierno Petro la creación de un sinnúmero de instancias (Instancia de alto nivel para caracterizar las organizaciones, por ejemplo) y comités. En materia de paz, eso implica un alto riesgo de caer en impunidad"

El proyecto de Ley 288 del 2023 no es ajeno a los avances al respecto, fruto de varios procesos de negociación y de aplicar la justicia transicional. Pero el proyecto no incluye claridades que a estas alturas ya deberían estar completamente despejadas.

Tanto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como en la jurisprudencia penal internacional contamos con elementos suficientes para verificar los procesos de restitución, rehabilitación, indemnización, no repetición y medidas de satisfacción para las víctimas.

Los retos de la ley

Muchas son las dificultades que tiene por delante el proyecto de negociación con las “estructuras criminales de alto impacto” que se ha llamado de “sujeción”, pero se ha comunicado como de “sometimiento”.

Los problemas van desde aproximaciones conceptuales llenas de eufemismos hasta elementos que en la práctica van a obstaculizar el desmantelamiento de las organizaciones y los derechos de las víctimas. Los cambios también consisten en valorar lo construido y construir sobre los pilares existentes más fuertes.

Jean Carlo Mejía
* Abogado, investigador en temas de conflicto armado, justicia para la transición, seguridad y defensa, extradición y derecho internacional, derechos humanos y derecho internacional humanitario. Columnista.

sábado, 25 de marzo de 2023

La UdeA aumentará producción de medicamentos

La planta de producción está preparada para producir cinco medicamentos que actualmente presentan desabastecimiento en Colombia.

Por: Andrea Carolina Vargas Malagón*/El Pregonero del Darién

La Planta de Medicamentos Esenciales de
 la UdeA es la única planta farmacéutica
pública de Colombia certificada por el
 Invima en Buenas Prácticas de
Manufactura. Foto: Dirección de
Comunicaciones UdeA / Alejandra Uribe F.
Desde el 2022 la institución y MinSalud firmaron un memorando de entendimiento para trabajar conjuntamente sobre políticas públicas del sector salud. Ahora, como parte de esa alianza, se propone un convenio específico para atender la coyuntura farmacéutica.

La Planta de Medicamentos Esenciales de la UdeA es la única planta farmacéutica pública de Colombia certificada por el Invima en Buenas Prácticas de Manufactura.

Ante la alerta por el desabastecimiento de medicamentos en Colombia, la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquia —Cifal— le propuso al Ministerio de Salud y Protección Social constituir una alianza de cooperación específica que permita aprovechar las capacidades de la Planta de Producción de Medicamentos Esenciales de la UdeA para fabricar cinco fármacos que actualmente presentan escasez en el país, necesarios para el tratamiento de diferentes patologías. 

Según explicó Wber Orlando Ríos Ortiz, decano de la Cifal y presidente de la Asociación Colombiana de Programas de Farmacia, en esa labor se identificaron 20 fármacos faltantes para tratar enfermedades desatendidas. «Tras mapear esos 20 medicamentos nos remitimos a la capacidad instalada de la planta —recordó Ríos—, teniendo en cuenta que actualmente solo podemos fabricar fármacos sólidos no estériles en forma de tableta, verificamos que podíamos producir cinco de ellos: Niclosamida, Benznidazol, Praziquantel, Cloroquina y, posteriormente, Tafinoquina».

Según explicó el decano, con la crisis actual el Invima realizó un segundo mapeo en el que se identificaron otros 20 medicamentos, de los cuales tres ya se están produciendo en la planta para un laboratorio externo.

Estas acciones hacen parte de la apuesta de la UdeA para contribuir a la materialización de una soberanía farmacéutica de Colombia con el fin de garantizar el acceso a medicamentos y tecnologías de la salud. 

Con ese propósito y gracias a la gestión realizada por MinSalud, en la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo 2023–2026 —cuya discusión y votación empezó esta semana en el Congreso de la República—, se incluyó el «Fortalecimiento de la planta farmacéutica Universidad de Antioquia», apuesta que quedó formalizada en el Plan Plurianual de Inversiones del PND como uno de los 34 proyectos estratégicos para Antioquia. 

La Planta de Medicamentos Esenciales
de la UdeA es la única planta farmacéutica
 pública de Colombia certificada por el Invima
 en Buenas Prácticas de Manufactura. Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA / Alejandra Uribe F.
Dicho proyecto responde a la transformación en Seguridad Humana y Justicia Social, una de las cinco transformaciones en las que el Gobierno nacional estructuró el Plan Nacional de Desarrollo y cuyo «valor proyectado de forma preliminar equivale a $744,2 billones»

«Si bien hay industria farmacéutica nacional privada, tener una industria farmacéutica nacional pública es un valor agregado. En esta planta de producción de medicamentos de la UdeA, si bien nos interesa que sea sostenible, nuestra filosofía es netamente social, por lo que el tema del costo de los medicamentos no es tan determinante», señaló Ríos. 

 Así funcionará la Planta

Según explicó Luz Mery García, directora técnica de la Planta de Producción de Medicamentos Esenciales —adscrita a la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias—, actualmente se producen alrededor de cinco millones de tabletas al mes, usando la capacidad instalada al 40 %, por lo que para suplir las demandas identificadas en el panorama de desabastecimiento en el país es necesario implementar algunas acciones inmediatas.  

«Actualmente se trabaja en dos turnos de producción, por lo que se incrementará el talento humano y se creará un tercer turno para que la planta funcione 24/7 y, así, usar el 100 % de la capacidad instalada para cumplir las demandas del Ministerio de Salud y las de los clientes actuales», explicó García.

Usando el 100 % de la capacidad instalada de la Planta de Producción de Medicamentos Esenciales se podrían fabricar alrededor de 150 millones de tabletas al año

Realizar la producción de los cinco medicamentos en los que hay desabastecimiento, tendrá un costo de alrededor de 5000 millones de pesos. Así lo expresó Wber Ríos Ortiz y añadió que dichos recursos ya están disponibles gracias a la gestión de MinSalud y MinCiencias por lo que se espera dar inicio al proyecto lo más pronto posible. 

*Periodista

viernes, 24 de marzo de 2023

Soluciones tecnológicas para el cultivo de cacao.

La competencia se realiza hoy y mañana 25 de marzo en Apartadó, con 35 jóvenes entre los 18 y 28 años de  Antioquia y San Jacinto en Bolívar.


Jóvenes emprendedores ponen su
atención en la producción de cacao.

Cacao Conecta es una Alianza Global para el Desarrollo, con un componente tecnológico enfocado en conectar 26 zonas veredales de Apartadó, Turbo y Dabeiba; y capacitar en habilidades digitales a productores y productoras de cacao, líderes comunitarios y juveniles.

Con el objetivo de generar espacios para fortalecer en los jóvenes sus habilidades digitales  y  brindar oportunidades para desarrollar sus talentos tecnológicos, desde el GDA Cacao Conecta  se creó la CacaoTech, una competencia tipo Hackathón en la que 35 participantes entre los 18 y 28 años de Apartadó, Turbo, Dabeiba, Valdivia en Antioquia y San Jacinto en Bolívar; trabajan para resolver una problemática que afecta al cultivo de cacao y así, aportar al mejoramiento de los procesos productivos del agro colombiano. 

En esta actividad, que se realiza por primera vez en el Urabá Antioqueño, compiten 23 jóvenes vinculados a Cacao Conecta, 6 del Programa Jóvenes Resilientes (de USAID y ACDIVOCA) y 6 de Hilando Vidas y Esperanza (de USAID Colombia y OIM Colombia); que, con sus ideas creativas e innovadoras, responden la pregunta: ¿Cómo aprovechar los residuos de cosecha de un sistema productivo de cacao mediante el uso de la tecnología?

“Me emociona mucho este evento, es un reto diferente para mí, pues yo trabajo con el cacao, pero nunca he planteado una solución desde la tecnología para algo relacionado con mi cultivo. Es una oportunidad muy buena y que quiero aprovechar” dice Luis Emilio Campo Páez, participante de Cacao Conecta y promotor del punto de conectividad de la vereda Quebrada de los Indios en Turbo. 

Jerónimo Castillo, director del área de seguridad y confianza de la Fundación Ideas para la Paz, una de las organizaciones aliadas de Cacao Conecta, junto con USAID Colombia, Compañía Nacional de Chocolates y Microsoft, manifestó la importancia de estos espacios que: “les brindan a los participantes la oportunidad de aportar sus conocimientos, conectando el agro y la tecnología para el desarrollo de las comunidades rurales”. Además, Castillo aseguró que “esta es una oportunidad para establecer relaciones y generar lazos que ayudan a los jóvenes a su crecimiento en los diferentes ámbitos de la vida”.

Una juventud mirando al campo
La competencia se realiza el 24 y 25 de marzo en Apartadó, Antioquia y los 35 jóvenes están acompañados y reciben asesorías de mentores de USAID Colombia, Microsoft, la Compañía Nacional de Chocolates, SIOMA y del Centro Regional de Investigación, Innovación y Emprendimiento (CRIIE); las dos últimas organizaciones, se vincularon a la actividad para aportar a la CacaoTech su experiencia y conocimientos en temas de innovación y agrotech. 

El GDA Cacao Conecta, es una alianza global para el desarrollo entre: USAID Colombia, la Fundación Ideas para la Paz, la Compañía Nacional de Chocolates y Microsoft Colombia; y se implementa en Apartadó, Turbo y Dabeiba, Antioquia. En este proyecto participan más de 550 personas entre mujeres, jóvenes, cacaocultores, cacaocultoras y líderes comunitarios.

jueves, 23 de marzo de 2023

Presentan libro sobre China vista por la filateli

Estructurado en cinco capítulos, el libro presenta, a través de sus 384 páginas, una introducción a la historia, el país, la cultura y el desarrollo del correo de China.

Por: Juan Hernández Machado*/Opinión/ El Pregonero del Darién

Juan Hernández Machado
La Sala Circulante de la Biblioteca Nacional José Martí sirvió de sede una vez más para la presentación de un libro sobre filatelia e historia, el martes 21 de marzo del 2023; en esta ocasión “Conozca Huáxià a través de sellos y elementos postales”, del Premio Nacional de Filatelia 2012, Juan Hernández Machado.

Estructurado en cinco capítulos, el libro presenta, a través de sus 384 páginas, una introducción a la historia, el país, la cultura y el desarrollo del correo de China, así como las relaciones entre ese país y Cuba.

A decir de Lucy Martínez, jefa del Departamento de atención a personalidades de la Dirección Provincial de Cultura, el material es una muy buena introducción para acercarnos a la China amiga de Cuba, especialmente a su sorprendente cultura en todas sus manifestaciones.

El libro, publicado en digital por la Editorial Universitaria y distribuido en ese formato a los presentes, fue muy bien recibido por los filatelistas, historiadores, alfabetizadores, amigos de la filatelia en el Cerro, miembros del círculo de interés de filatelia en la escuela primaria Rolando Valdivia y funcionarios de la biblioteca nacional que asistieron a su presentación.

“Era una deuda con el hermano pueblo chino”, manifestó el autor, “el que con su tenacidad y disciplina demostró que sí se pudo y sí se puede, al extremo de convertir a ese gigante con gran nivel de atraso en 1949, en la segunda economía mundial en estos momentos”.

Hernández Machado concluyó su presentación agradeciéndole al hermano pueblo chino por ser un ejemplo para el mundo y por la sincera amistad y solidaridad que ofrece a nuestro pueblo.

*Premio Nacional de Filatelia 2012 e historiador cubano.

Gustavo Petro tiene talante

Una nueva generación informativa está alzando su voz para rescatar la verdad, para reivindicar la justicia social.

Por: Iván Graciano Morelo Ruiz/ Opinión/El Pregonero del Darién

Iván Graciano Morelo Ruiz

Decálogo del día/ marzo 23 de 2023

1.     Posee dominio en la identificación de los blancos, hay acierto en el actual mandatario colombiano, Gustavo Petro: sabe apuntar con alta precisión hacia ciertos objetivos fundamentales, necesarios en la actual coyuntura social. Sabe que la educación en todos sus niveles, la implementación tecnológica en escuelas, colegios, universidades y en el campo, entre otros, son ejes claves en sus grandes programas de transformación profunda.

 2.     Pero además de su afinada puntería en temas políticos y sociales, también es intuitivo, sensible, tiene conocimientos claros acerca de esa otra dimensión en la que también existimos, el realismo mágico de esta Colombia macondiana; por tanto, el presidente Gustavo Petro vislumbra lo imprevisible, lo intuitivo y sabe darle el manejo adecuado. Nos da ejemplo de la importancia de saber leer e interpretar las narrativas que se tejen entre líneas y que actúan en la realidad de la vida cotidiana. También es una invitación a adentrarnos en el maravilloso mundo de la literatura y el arte, el mundo de la vida más allá de los sentidos racionales.

 3.     Con su carácter costeño, su audacia como orador  y su carisma popular, sin desconocer que es un gran estadista moderno, con una  memoria prodigiosa; con firmeza avanza  paso a paso con su equipo de gobierno, visionando todos los días un país que camina hacia un cambio o transformación integral y eso lo está entendiendo la ciudadanía, el pueblo, la gente del común; no obstante, algunos medios de comunicación tradicionales vendidos a oscuros y mezquinos intereses, tratan de manipular, desinformar a la opinión pública, pero ya muy pocos les creen los papelones que hacen tratando de dislocar la verdad. Pero ante esta situación, los jóvenes se están tomando los medios alternativos de comunicación, están generando sus propias narrativas desde sus realidades, informan (y forman) opinión pública veraz, crítica y éticamente responsable. Desde el gobierno y desde la comunidad colombiana en general, se debe apoyar a estos nuevos periodistas, forjadores de la nueva verdad.

 4.     Hoy las cientos de dragas mineras, esa especie de dragones metálicos que están revolcando irresponsablemente la tierra tras el dorado metal, van siendo destruidas una a una; sin embargo, algunos  medios de comunicación, obedeciendo a oscuros intereses, constantemente pretenden distorsionar la realidad de los procedimientos de la institucionalidad con respecto a esas intervenciones, necesarias valga resaltar, en contra de nocivas prácticas mineras que destruyen todo a su paso, hasta la vida. Una nueva generación informativa está alzando su voz para rescatar la verdad, para reivindicar la justicia social y construir el futuro que se merecen.

 5.     Las operaciones de la fuerza pública han sido tan cuidadosas, tan bien planificadas y ejecutadas, que la población civil ha estado a salvo, se ha protegido, no así en anteriores gobiernos de la era macabra en Colombia, cuando las comunidades campesinas, en especial sus líderes, eran el “blanco” sistemáticamente elegido para dar resultados “positivos”. A los líderes sociales, culturales, políticos, científicos entre otros, los tenemos que rodear todos los ciudadanos, con apoyo de la fuerza pública. Son ellos, esos líderes, los que están jalonando con mayor fuerza los progresos y avances de la Colombia profunda.

 6.     De modo que los comandos especiales de las fuerzas armadas del estado colombiano en el actual gobierno, han dado muestras de respeto por las comunidades históricamente afectadas hasta ahora, algunas casi devastadas hasta las cenizas, pero que con las nuevas políticas del Cambio Histórico y la Paz Total seguramente se levantarán como el Ave Fénix.

 7.     Así es como se deben garantizar los derechos humanos a todas las poblaciones de nuestro diverso país, sin excepciones de ninguna clase. Va un saludo en particular a los uniformados de la fuerza pública que hoy más que nunca han comprendido la importancia de salvaguardar a las poblaciones más vulnerables de la Colombia profunda. Esas instrucciones las ha orientado e impartido el comandante supremo de la fuerza pública, actual presidente de la República de Colombia y han sido acatadas por los altos mandos.

8.     Por otra parte, mientras que la comisión negociadora en la subregión del Bajo Cauca antioqueño y otras geografías, continúa atenta hasta tanto se concreten acuerdos con el gobierno nacional, en defensa por un 'Distrito minero' que posibilite una transformación sostenible en los territorios que hoy se encuentran paralizados debido a las protestas legítimas de pequeños mineros, protestas que han sido garantizadas, respetadas, la comisión no bajará la guardia. El gobierno y la fuerza pública, mientras tanto, garantizarán el orden y la seguridad a toda la población.

 9.     Pues bien, la Paz Total contiene, una narrativa en clave que consiste en someter sin claudicaciones y sin tanto escándalo, todo aquello que perturbe los procesos de cambio profundo que apenas se encuentran en su primera fase de implementación, reconociendo como corresponde los avances realizados por un exmandatario que le trabajó a los "Acuerdos de Paz', que en suma son importantes.

 10. Este camino-laberinto por el que ya se transita, senda que conduce a una Colombia verdaderamente Humana, hay que asumirlo con cautela, con criterios responsables y bien estructurados donde el diálogo, la tenacidad y la persistencia son fundamentales, sin subvalorar el escepticismo o pesimismo de quienes aún lo sienten, pues en este gobierno se escucha, paro se toman decisiones puntuales, firmes con el Cambio Histórico y la Paz Total.

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martes, 21 de marzo de 2023

Gobierno pide perdón en el Cacarica

Se trata del cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia.

Francia Márquez, es recibida
 en las selvas del Chocó.

Riosucio, Chocó, 21 de marzo de 2023 (@ViceColombia)- En nombre del Gobierno nacional, la Vicepresidenta de la República Francia Márquez Mina, junto a diferentes funcionarios del gabinete presidencial, estuvo presente en la cuenca del río Cacarica, Chocó, en el acto de reconocimiento de responsabilidad estatal por el caso de la Operación Génesis vs. Colombia.

Esto en cumplimiento de lo ordenado por la sentencia proferida en contra de Colombia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 20 de noviembre de 2013 por el caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de dicha cuenca. 

Esta comunidad fue azotada por
paramilitares y fuerzas del Estado

Márquez manifestó que el Gobierno nacional reconoce la responsabilidad del Estado colombiano en las violaciones a los derechos humanos y territoriales cometidas contra los pueblos negros de los territorios de la cuenca del Cacarica. Hechos perpetrados en el contexto del conflicto armado y en el marco del racismo estructural e institucional que ha contribuido a que dicho conflicto persista en los territorios negros. 

“Aceptamos, sin condiciones, la declaración de responsabilidad internacional del Estado colombiano realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los hechos establecidos en su sentencia.

Diálogo espontáneo
Reconocemos que ha existido un alto grado de impunidad y rechazamos la crueldad infligida en este caso contra las comunidades negras para intimidar, castigar, controlar, coaccionar y desalojar a sus miembros. Pedimos perdón a las víctimas de las operaciones militares y paramilitares de Génesis y Cacarica”, Expresó.

 “Tal vez este reconocimiento público de responsabilidad sea poco para el compromiso y el desafío que tenemos de dignificar la vida de este pueblo en su diversidad en la región del Cacarica, pero lo que, si hay aquí es una disposición de voluntad para que junto a ustedes trabajemos en la trasformación de esa realidad que les ha tocado padecer. Como Gobierno Nacional, trabajaremos incansablemente, en el marco de nuestras competencias, para que la complicidad, aquiescencia y colaboración de miembros del Estado con grupos armados no se repita.

Los niños no se perdieron el
abrazo de la Vicepresidenta

Por su parte, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, hizo un llamado a los diferentes actores armados que aún hacen presencia en territorios, a que escuchen a sus comunidades quienes ya están cansadas de tanta violencia e invitó a que se unan a la construcción de la paz total. “La mejor manera de honrar a los asesinados y desaparecidos, es que esas vidas cegadas nos permitan tomar la fuerza para romper el silencio y para ejercer en libertad el derecho a unos territorios para la paz y la reconciliación, territorios donde su generosidad les abre el corazón, pero donde se requieren que den pasos certeros para construir el bello territorio del Cacarica, de todo el bajo Atrato, que toda su gente se merece”, dijo.

Entre las diferentes intervenciones de las organizaciones sociales, comunitarias y territoriales presentes de esta región, destacaron que por primera vez una vicepresidenta llega a este territorio que ha sido víctima del conflicto armado y que ha sufrido diferentes desplazamientos y despojos. “Este es el primer Gobierno que llega al territorio a mirar de cerca las necesidades que tiene nuestra gente del Cacarica, de Cavida, Riosucio, Carmen del Darién y de toda esta región. Una región que ha sido afectada por la guerra, pero hoy pueden ver estos rostros que, aunque sufrieron la guerra, hoy le apuestan a la paz”.

Víctimas de la guerra, que
 le apuestan a la paz
En el acto estuvieron presentes el Consejo comunitario de la cuenca del río Cacarica, el cual consta de 23 comunidades y 2 zonas humanitarias, organizaciones Cavida y Clamores; la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la asociación Somos Génesis, delegados de consejos comunitarios del municipio de Riosucio, el Consejo comunitario de Unguía y Acandí, entre otros.

Cuando la sal se corrompe

La FLIP, organismo que dice promover la ‘libertad de prensa’ en Colombia, es financiada por la CIA, el especulador George Soros y el complejo militar industrial.

Por Sergio E. García C. /Cronicón/ Opinión/ El Pregonero del Darién

Como ocurre en varios países latinoamericanos en que gobiernan opciones progresistas, las cloacas mediáticas de propiedad de los sectores económicos concentrados son las que no solamente utilizan en su contra fake news y propalan mentiras y especulaciones, sino que apuntan a lograr desestabilizar políticamente, como parte del libreto del denominado ‘golpe blando’.

Colombia no ha sido la excepción. Desde antes que asumiera Gustavo Petro la Presidencia de la República, en agosto de 2022, el sicariato mediático del decadente establishment colombiano se ha dedicado a su desprestigio, utilizando la injuria, la calumnia, la mentira, la exageración y todo tipo de recurso para tratar de enlodar tanto su imagen como su gestión de gobierno.

El especulador húngaro-estadounidense
 Goerge Soros.

Para contribuir a esa labor de desinformación, la canalla mediática colombiana cuenta con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) que se presenta como una organización no gubernamental que defiende el trabajo de los medios y los periodistas. En la práctica esta organización se puede asimilar a la Sociedad Interamericana de Prensa, un club selecto y privado de medios de comunicación conservadores, auspiciado por Washington, que defiende sus intereses corporativos, y cuyo manejo a partir de 1950 estuvo a cargo del coronel estadounidense y agente de la CIA, Jules Dubois.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) no es una institución democrática o de carácter popular, sino una organización privada con agenda propia y financiadores muy particulares.

Según el Informe de Gestión de la propia FLIP en 2021, este organismo que dice defender “la libertad de prensa” y el trabajo de los medios corporativos y concentrados en Colombia, es financiado fundamentalmente por The Open Society Foundation (OSF) del cuestionado especulador húngaro-estadounidense George Soros, operador financiero de la criminal Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA); la National Endowment for Democracy (NED), tapadera de la CIA; y el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector Seguridad (DCAF), una institución del sector militar y seguridad que eufemísticamente describe su actividad bajo el supuesto propósito de lograr el “control democrático”.

El especulador Soros

La Fundación Open Society es la organización ‘filantrópica’ de George Soros, un multimillonario húngaro/estadunidense, que en su juventud fue un entusiasta colaborador del nazismo y que además de ser especulador financiero (inició su gran fortuna con el Miércoles Negro de 1992 y la quiebra del Banco de Inglaterra), ha dedicado su causa a ‘evangelizar’ el mundo desde una perspectiva liberal de la política: ‘democratizar’ a los Estados como la ex URSS y fortalecer la ‘democracia’ representativa en los procesos de transición (tercera ola de democratización). Ello ha comportado un interés político por la ‘libertad de expresión’, la ‘lucha contra la censura‘, la ‘información abierta’ y, en general, la agenda de la democracia schumpeteriana (libre competencia) en los países subdesarrollados: una perspectiva formalista e instrumental, que explica su financiación a fundaciones como la FLIP o al portal web colombiano La Silla Vacía.

A pesar de ser objeto de las críticas nacionalistas del ‘conservadurismo’ gringo, es evidente su anticomunismo y su condición de ‘vanguardia’ de los negocios financieros y bancarios a nivel global. La OSF lleva su impronta.

NED: la CIA disfrazada

La estadounidense Fundación Nacional para la Democracia (NED), fue fundada en 1983 como ‘nuevo instrumento organizativo’ de la lucha contra el comunismo.

Es, a día de hoy, un aparato del Estado norteamericano para el “fomento de la democracia liberal” en el mundo y supuestamente para la ‘promoción de los valores democráticos’. Su creación fue producto de los ‘malos manejos’ de la CIA frente a operaciones encubiertas de desestabilización a gobiernos socialistas y ‘antiestadounidenses’ en el marco de la Guerra Fría.

Actualmente, la NED es una tapadera de la CIA y sus recursos están orientados a fortalecer organizaciones ultraconservadoras, cuyo rol es el de desestabilizar gobiernos progresistas.

Así como la FLIP, la NED aparece como una ONG. Sin embargo, fue creada por el Congreso de USA, y sigue siendo financiada por éste, a través de sus cuatro institutos: (a) el Instituto Republicano Internacional (IRI), que da participación al Partido Republicano. (b) El Instituto Nacional Demócrata (IND), que da participación al Partido Demócrata. (c) El Centro Internacional para la Empresa Privada, de la Cámara de Comercio estadounidense (CIPE). (d) la Federación Estadunidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, Central Obrera Patronal (AFL-CIO).

La NED ha financiado e impulsado campañas y acciones contrarrevolucionarias en Cuba, Nicaragua, Venezuela, España, Portugal, Afganistán y Filipinas, entre otros, desestabilizando procesos políticos y sociales contestatarios.

Represión, militarización y seguridad

Entre tanto, el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector Seguridad (DCAF) es una organización suiza que nació como ‘respuesta’ a la ‘inestabilidad política’ que generaron conflictos como el de Yugoslavia/Balcanes, y que “asiste instituciones de seguridad para estabilizar la paz frágil”. Es, en suma, una organización que busca la reforma de los aparatos de seguridad en pro de su ‘control democrático’, o sea, hace parte del sector seguridad-militar, o como diría el expresidente estadounidense Dwight D. Eisenhower, del complejo militar industrial. El DCAF asesora, entre otros, a la OTAN (organismo de ofensiva militar EE.UU.-Europa).

En Colombia, el DCAF asesoró activamente la formulación del Modelo de Construcción de Paz de la Policía Nacional, que inició en 2016. Cristina Hoyos, su responsable para América Latina, decía el año pasado que la Policía colombiana era un “referente”.

Sí, la misma Policía que hirió, asesinó, mutiló y desapareció cientos de jóvenes en el marco del Paro Nacional de 2021 (y del de 2019, y del de muchas manifestaciones populares).

Es remarcable que el DCAF provenga de Suiza, uno de los mayores exportadores de armas de la Unión Europea.

Financiación ‘desinteresada’

Así, a la FLIP la financian nada más y nada menos que algunas de las organizaciones que ‘desinteresadamente’ promueven la ‘democracia’, ‘las libertades’, la ‘seguridad’ y la veeduría ‘al poder’.

Es un hecho que, en todas las situaciones, quien pone la plata pone las condiciones, y la financiación del aparataje del imperialismo ‘soft’ a la organización privada que es la FLIP supone, cuando menos, un interés marcado en defender los ‘valores’ que profesan sus financiadores…

Esa es la calidad de financiadores de la FLIP, juzguen los lectores.

En consecuencia, no hay que extrañarse, por lo tanto, que durante el Gobierno Petro sean cuatro años de la FLIP haciendo ‘control al poder’, ‘veeduría al gobierno’, ‘defensa a los imparciales e independientes periodistas’, y por supuesto, de ‘loable e incorruptible labor de denuncia’ a un gobierno ‘como cualquier otro’.

@SergioEstevan22