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martes, 22 de agosto de 2023

¿Hasta dónde llegan los daños de Odebrecht y el Grupo Aval en Colombia?

Así, sin hacer uso de sus poderes de oficio para promover ese incidente, el Consejo de Estado dejó los perjuicios sin indemnizar.

Vivian Newman*/Razón Pública/ El Pregonero del Darién/Análisis de la Noticia.

Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Las coimas entre la multinacional y el macro grupo financiero causaron daños que apenas estamos descubriendo. ¿Cuáles son estos daños y cómo pueden repararse?

Lo bueno y lo malo del acuerdo con Estados Unidos

Lo malo del acuerdo entre el Grupo Aval y Estados Unidos para diferir el procesamiento por sobornos con Odebrecht (DPA) es constatar que Aval prefiere cooperar y dejar su dinero a los gringos en lugar de dejárselo a Colombia, donde no reconoció su responsabilidad y donde el perjuicio fue infinitamente mayor.

Lo bueno es que contamos con nueva información para investigar y reparar los daños causados en Colombia. Una mirada a lo que se conoce del DPA y a la sentencia que emitió el Consejo de Estado este 27 de julio sobre la acción popular presentada por la Procuraduría pueden ofrecer pistas.

Los daños para Colombia

El que causa un perjuicio debe repararlo. Este es un principio general del derecho y de la convivencia social. Los causantes pueden ser personas naturales o personas jurídicas y las víctimas — así como los tipos de daño—pueden ser una o ser varias.  Aquí voy a referirme a algunos posibles daños de carácter colectivo, social o público.

El daño colectivo, social o público puede ser patrimonial o extrapatrimonial.  Como primera medida, nuestro patrimonio nacional se vio afectado por las coimas de Odebrecht-Aval que fueron los mayores costos cargados al contrato, como lo denunció Pizano y lo aceptaron los delatores. También la inversión en la obra del tramo Ocaña-Gamarra que se quedó parada fue un daño emergente al patrimonio. Todo esto lo paga la ciudadanía con sus impuestos.

"Darle prioridad a su construcción con coimas y otras estrategias ilegales hizo que no se entregaran los recursos para otras vías que eran más importantes, como las que están en lugares apartados. Así se afectó el acceso al servicio público de transporte"

En segundo lugar, se reconoce el daño a la moralidad administrativa que es difícil de definir y se distingue de la legalidad, aunque a veces se confundan. Podemos considerar la deslealtad de funcionarios y contratistas con fines administrativos como inmoralidad administrativa.

El abuso del poder delegado que pone los intereses particulares por encima de los generales corresponde, en últimas, a la definición de corrupción. Si bien el pago de coimas afecta el patrimonio público, también viola la moralidad administrativa y más aún si es para campañas electorales. Al tratarse de dos daños diferentes debe haber dos reparaciones distintas.

Tercero, el Artículo 88 de la Constitución reconoce como daño colectivo las afectaciones a la libre competencia económica. Al pagar coimas para ganar o evitar que se haga una licitación, se impide que otras personas participen en la competencia y los usuarios perdemos el derecho a los mejores precios y calidades.

Por último, recordemos que la vía Ocaña-Gamarra no era prioridad en el plan maestro de transporte intermodal. Darle prioridad a su construcción con coimas y otras estrategias ilegales hizo que no se entregaran los recursos para otras vías que eran más importantes, como las que están en lugares apartados. Así se afectó el acceso al servicio público de transporte. La presión de Odebrecht-Aval logró que se tergiversaran las normas y las prioridades de las obras, afectando a las comunidades con expectativas de vías definidas en ese plan maestro.

Néstor Humberto Martínez
 (Foto Radio Nacional)

Sanciones y daños insuficientes

La Procuraduría presentó una acción popular en el caso Odebrecht-Aval, en representación de la sociedad en la que alegó varios daños colectivos. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló esta acción en primera instancia con una decisión que estimó en más de 80.000 millones de pesos el valor de los daños y perjuicios, 35.100 millones de los cuales son los sobornos pagados.

El Consejo de Estado falló en segunda instancia hace unos días y consideró que el Tribunal se había excedido en su competencia al decidir sobre asuntos que le correspondían al juez del contrato. Por la misma razón, y sin que parezca una conclusión lógica y jurídica, desestimó la violación a los derechos colectivos al acceso a los servicios públicos y a la libre competencia.

Mientras el Consejo de Estado decidía, la Superintendencia de Industria y Comercio vigiló la libre competencia y sancionó el pago de coimas por 88 000 millones de pesos. Lo hizo mediante una resolución de diciembre de 2020.  Esta decisión también está siendo disputada por Odebrecht-Aval. Pero si desisten de su demanda tendrán una rebaja equivalente a 20 millones de dólares en los pagos acordados con Estados Unidos.

Además, el Consejo de Estado estimó que como el tribunal no había promovido el incidente de regulación de perjuicios, no se podía obligar a su pago, aunque confirmara la vulneración al derecho colectivo a la moralidad administrativa y al patrimonio público.  Así, sin hacer uso de sus poderes de oficio para promover ese incidente, el Consejo de Estado dejó los perjuicios sin indemnizar.

Las víctimas de la corrupción como daño social

En Colombia, las víctimas individuales de la corrupción suelen constituirse en parte civil en el proceso penal, como es el caso de los fallecidos Pizano y su hijo. No estamos muy acostumbrados a hablar de víctimas específicas del daño de la corrupción.  Tampoco se mencionan con frecuencia el daño social que causa la deshonestidad sobre los bienes públicos, ni la pérdida de confianza y credibilidad en las instituciones, pues ha habido pocos litigios sobre estos bienes públicos para nutrir la jurisprudencia.

La primera vez que la categoría de víctimas de la corrupción apareció explícitamente en nuestra legislación fue en la Ley anticorrupción 2195 de 2022 que impone unas multas de hasta mil salarios mínimos cuando se cause daño contractual, extracontractual o al patrimonio público. 

Estas multas, que son adicionales a la reparación de los daños, son una especie de “daño punitivo” o de castigo que se destinarán al Fondo Nacional para la Reparación de las Víctimas de la Corrupción. El artículo 35 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) que tiene casi 20 años, también establece que quienes sufren por la corrupción deben tener la posibilidad de acudir a juicio para obtener una reparación. En la corrupción pública, quien sufre es la sociedad.

La nueva información disponible

Con el DPA y los nuevos pronunciamientos de personas involucradas en la investigación, parece que tenemos fondos y tiempo para reparar lo que el Consejo de Estado dejó sin indemnizar.  En efecto, contamos con información sobre coimas pagadas adicionales a los 35.100 millones de pesos que había considerado el juez popular.

Por un lado, Néstor Humberto Martínez dijo que la Fiscalía había establecido que las coimas ascendían a 84 000 millones de pesos, 36 millones de dólares de la época, y el fiscal Jaimes mencionó esta semana un avalúo de más de 500.000 millones de pesos en perjuicios, cuyo pago debe ser solidario entre Aval y Odebrecht.

"Tampoco se mencionan con frecuencia el daño social que causa la deshonestidad sobre los bienes públicos, ni la pérdida de confianza y credibilidad en las instituciones, pues ha habido pocos litigios sobre estos bienes públicos para nutrir la jurisprudencia"

Por otro lado, los medios informan que el Grupo Aval reconoció en el DPA que se pagaron más de 23 millones de dólares en sobornos y beneficios en Colombia. Además, en anexos del DPA parece haber pagos adicionales por 3,4 millones de dólares.

Esta medida nos puede servir para exigir la diferencia con lo que se haya probado en los diferentes procesos en Colombia, cifra que ha variado mucho, pero que hasta ahora es inferior. En el peor de los casos, hay prueba de al menos 3,4 millones de dólares adicionales de soborno reconocido.

Por otro lado, hay daños que se pueden reparar con enfoque de justicia restaurativa, con las víctimas como colectivo en el centro. Por ejemplo, el daño a la moralidad administrativa para restablecer la confianza en las instituciones, la banca y la justicia quebradas por el entramado corrupto montado por Odebrecht-Aval.

El Consejo de Estado podría revisar la decisión por las recientes confesiones del DPA. También se podría presentar una nueva acción popular. Esta reapertura del caso podría conducir a dar órdenes al Grupo Aval para constituir en Colombia el Fondo Pizano, como sugirió la experta en anticorrupción, Juanita Olaya, y proteger a los informantes (whistleblowers)

Al fin y al cabo, el sacrificio de Pizano, que apenas ahora reconoce indirectamente Aval, contribuyó significativamente a desmantelar este sistema de macro-corrupción que causó tanto daño individual y colectivo.

Vivian Newman
*Abogada javeriana con maestría en derecho público, e investigadora asociada del Centro de Estudios de Justicia.

lunes, 10 de julio de 2023

Volvió el Caso Odebrecht

Las grabaciones de Óscar Iván Zuluaga no dejan lugar a dudas: a la campaña presidencial del Centro Democrático del 2014 sí ingresaron dineros ilícitos de la multinacional brasileña.

Carlos Mario Acero Castellanos*/El Pregonero del Darién/Análisis de la noticia.

El excandidato del CD Oscar Iván Zuluaga,
 ya imputado por la justicia por este escándalo.
Las grabaciones de Óscar Iván Zuluaga han revivido el escándalo de Odebrecht. ¿Qué resultados ha tenido la investigación de esta cadena de sobornos millonarios, plata sucia en las campañas, funcionarios salpicados y hasta muertes misteriosas?

El caso

La investigación de la Fiscalía sobre el caso Odebrecht estaba detenida, pero se ha reactivado desde que a principios de 2022 el FBI trajo a Colombia a un equipo de investigadores. Desde entonces, el caso ha tenido algunos movimientos importantes. Las noticias recientes ameritan un recuento de todo el caso.

Tal vez se trate de la trama de corrupción internacional más grande de la historia. Los altos directivos de Odebrecht confesaron en Estados Unidos haber sobornado a funcionarios en doce países de América y África, involucrando a presidentes, expresidentes, ministros y personas con alto poder económico.

A diferencia de Colombia, en otros países muchos peces gordos sí cayeron.

En Colombia las irregularidades salpicaron a ministras y viceministros de los gobiernos Uribe y Santos; a las campañas presidenciales de Santos y Zuluaga; al grupo AVAL y sus máximos dirigentes Luis Carlos Sarmiento Angulo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y José Elías Melo; y al poderoso abogado y ex fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez.

Desafortunadamente, este caso también dejó a una familia luchando jurídicamente para que se reconozca que a Jorge Enrique Pizano y su hijo los asesinaron en el marco de la operación para esconder el entramado de corrupción.

Financiación ilegal de campañas presidenciales

Las grabaciones de Óscar Iván Zuluaga no dejan lugar a dudas: a la campaña presidencial del Centro Democrático del 2014 sí ingresaron dineros ilícitos de la multinacional brasileña.

Foto: Radio Nacional de Colombia - Después
 de cuatro años, Néstor Humberto
 Martínez fue imputado por la Fiscalía.

"Tal vez la mayor coincidencia de ambos casos radica en que, a pesar de las demoledoras evidencias, ninguno de los dos cargos fue debidamente investigado por el Consejo Nacional Electoral"

Pero la campaña rival que resultó ganadora tampoco está libre de manchas: el gerente de campaña de Juan Manuel Santos está pagando su cuarto año de cárcel por ocultar que a esta también llegó dinero de Odebrecht.

Por el lado de Zuluaga, la Fiscalía está investigando a Daniel Arizabaleta, gerente de campaña. Por el lado de Santos, el exviceministro Luis Miguel Pico fue condenado a dos años de cárcel por recibir coimas para favorecer a Odebrecht.

Tal vez la mayor coincidencia de ambos casos radica en que, a pesar de las demoledoras evidencias, ninguno de los dos cargos fue debidamente investigado por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, un magistrado santista y otro uribista, presidente del CNE y magistrado ponente del caso Zuluaga, se desempeñan hoy por hoy como Registrador General del Estado Civil y Defensor del Pueblo y, respectivamente: ¿un pago por ocultar las maniobras financieras de una y la otra campaña?

Ruta del Sol II: Odebrecht y Grupo Aval

La Ruta del Sol II fue adjudicada a la Concesionaria Ruta del Sol, dentro de la cual Odebrecht controlaba el 62 %, Corficolombiana (Grupo Aval) el 33 % y el restante 5 % una firma minoritaria.

En 2016 Marcelo Odebrecht, cabeza de la corrupta transnacional, confesó ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber pagado sobornos por más de once millones de dólares en Colombia para obtener contratos de infraestructura. Los once millones en sobornos se repartieron así:

Según el expresidente de Odebrecht en Colombia, Luiz Bueno Junior, él y el presidente de Corficolombiana, José Elías Melo, acordaron una coima de 6,5 millones de dólares para el viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, para obtener el contrato de la Ruta del Sol II.

Los restantes 4,6 billones de dólares fueron entregados al senador Otto Bula, experto tramitador de favores en los ministerios.

Ante la Fiscalía y la Superintendencia de Industria y Comercio, Bueno Junior dijo que Melo “iba a dar conocimiento al Dr. Luis Carlos Sarmiento Junior sobre el trato con Gabriel”. A su vez, en la condena a doce años de cárcel contra de Melo, el juez penal 14 del Distrito de Bogotá le pidió a la Fiscalía investigar a Sarmiento Gutiérrez.

Desafortunadamente, la Fiscalía nunca le ha preguntado a Melo si le informó o no a los Sarmiento sobre la coima. Tampoco se interceptaron los correos electrónicos y mensajes entre los directivos del Grupo Aval para comprobar si sabían o si semejante cifra pasó desapercibida.

El papel de Néstor Humberto Martínez

El exfiscal aparece en este caso de principio a fin. Como abogado, en febrero de 2010, en agosto de 2012 y en julio de 2015, asesoró al Consorcio Ruta del Sol de Odebrecht- Aval (ver foto). Como ministro de Santos participó en la aprobación del Conpes 3817 de 2014, que dio viabilidad a la adición de la carretera Ocaña-Gamarra al contrato original de la Ruta del Sol.

Cuando se prendieron las alarmas en la Concesionaria porque el presupuesto público desaparecía para pagar sobornos, Martínez Neira fue el abogado del Grupo Aval para firmar un contrato de transacción con Odebrecht. A cambio de unos ajustes de cuentas, acordaron no llevar ante la justicia los desfases financieros. Un tribunal de arbitramento acabó declarando nulo el contrato por objeto ilícito.

Martínez se abstuvo de declararse impedido, pero ante los hechos anteriores, la Corte Suprema de Justicia tuvo que nombrar un fiscal ad hoc para investigar todo el caso Odebrecht. Su lugar lo ocupó Leonardo Espinosa, quien avanzó en la investigación hasta que Martínez renunció intempestivamente en mayo de 2019.

Una de las acciones del fiscal ad hoc fue compulsar copias para que se investigara a Daniel Hernández, fiscal de confianza de Néstor Humberto Martínez, por obstruir las pesquisas y permitir la fuga de Colombia de los altos directivos de Odebrecht.

Apenas la semana pasada, después de cuatro años, Hernández fue imputado por la misma Fiscalía conforme a la solicitud del fiscal ad hoc. La imputación también señala que Hernández amenazó a Otto Bula porque estaba “teniendo acercamientos con la justicia colombiana y el FBI para hablar de ellos” —del exfiscal Martínez y de Sarmiento—.

Jorge Enrique Pizano

Pizano fue el auditor de la Concesionaria Ruta del Sol que alertó sobre las irregularidades y sobornos. El país recuerda bien su grabación donde Néstor Humberto Martínez dijo “Jijiji eso es una coima marica”. Y para que Pizano no investigara más le ordenó “quieto, quieto”.

Pizano pidió protección porque temía por su vida y la de su familia. Nunca tuvo respuesta y un día apareció muerto en su finca. Su hijo murió en circunstancias similares tres días después. La familia Pizano descarta tajantemente el suicidio del padre.

"Ante la abrumante impunidad y la lentitud de la justicia, fueron la prensa y el control político quienes no dejaron que se tapara la corrupción de Odebrecht"

Sobre la muerte de Pizano la Fiscalía primero dijo que no había rastros de envenenamiento por cianuro, pero después se demostró que esta conclusión no se podía desprender del informe pericial; tal era el nivel de engaño que el director de Medicina Legal tuvo que renunciar a su cargo.

Como si fuera poco, los allanamientos de la Fiscalía a la finca de los Pizano no se legalizaron debidamente, motivo por el que dos jueces de control de garantías los declararon ilegales. La actuación de la Fiscalía destruyó la validez de las pruebas. Testigo y pruebas en la tumba.

 Al César lo que es del César

Ante la abrumante impunidad y la lentitud de la justicia, fueron la prensa y el control político quienes no dejaron que se tapara la corrupción de Odebrecht.

Daniel Coronell, María Jimena Duzán, Antonio Caballero (q.e.p.d.), José Roberto Acosta y Gonzalo Guilllén adelantaron valientes investigaciones para esclarecer la verdad. Por su parte, el exsenador Jorge Enrique Robledo adelantó magistrales debates de control político por la corrupción de Odebrecht. Sin sus plumas y sus voces reinaría la impunidad.

Carlos Mario Acero Castellanos
*Abogado y Magister en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes. Twitter: @CarlosAceroC.