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viernes, 5 de agosto de 2022

Iván Velásquez, ministro de Defensa: por qué y para qué

"El comandante del Comando Conjunto Número 3 es acusado de tener vínculos con narcotraficantes, corrupción y otros delitos"

Por: Adam Isacson*/Razón Pública/El Pregonero del Darién/Análisis de la noticia.

¿Será que Petro y el ministro Velásquez
 disminuyen la violencia en Colombia?
 La corrupción en las fuerzas armadas,
la presencia del Estado en las zonas rurales
 y la modernización de la Policía
 son las claves para ello.

Tres causas de la violencia

Los defensores de derechos humanos y los líderes sociales saben por qué la violencia y la inseguridad persisten en Colombia.

Ellos sostienen que las causas fundamentales son: la impunidad generalizada, la desigualdad, la corrupción, y la incapacidad de gobernar en zonas rurales —donde prosperan las economías ilícitas y los grupos armados—. Las peticiones de estas comunidades son ignoradas por los gobernantes y, cuando responden, lo hacen con el uso reactivo de la fuerza.

Pero hoy Colombia está a punto de tener un gobierno compuesto por personas que vienen de movimientos sociales, y que han trabajado para garantizar los derechos humanos. Entre ellos, el líder anticorrupción, Iván Velásquez, será el próximo ministro de Defensa. Por primera vez, las recomendaciones de los defensores de los derechos humanos y de los líderes sociales no serán ignoradas.

Entonces, las reformas del gobierno de Petro en materia de defensa y seguridad serán bien recordadas si logran avanzar en tres áreas difíciles:

La corrupción en las fuerzas de seguridad,

La presencia del Estado en las zonas rurales marginales, y la modernización de la policía.

Corrupción en las fuerzas armadas

Las denuncias recientes de corrupción dentro de las fuerzas armadas son alarmantes:

Un excomandante de las fuerzas armadas fue acusado de colaboración con un líder del Clan del Golfo —alias «Matamba»—, porque permitía el tránsito de cargamentos de cocaína por Nariño.

Una juez militar está investigado al general Eduardo Zapateiro, por el manejo irregular de dineros públicos cuando era comandante de brigada. Hoy esa juez recibe amenazas.

Un general del Cauca fue grabado diciendo a sus subordinados que estaba dispuesto a aliarse con un grupo criminal para combatir a disidentes de las FARC.

El comandante del Comando Conjunto Número 3 es acusado de tener vínculos con narcotraficantes, corrupción y otros delitos.

Cinco oficiales de la 4ª Brigada de Medellín están denunciados por aceptar grandes sobornos para la adjudicación de contratos.

Antes de su extradición, el líder del Clan del Golfo, “Otoniel,” expresó que recibió apoyo de oficiales corruptos durante años.

A finales de 2021, Transparencia por Colombia informó que, de todas las entidades gubernamentales, la que más denuncias de corrupción enfrentó entre 2016 y 2020 fue la Fuerza Pública.

"Los grupos armados y criminales que amenazan hoy a los colombianos no son como las antiguas FARC. Es decir, ninguno tiene serias ambiciones de tomar el poder en Bogotá. La mayoría prefiere no combatir al gobierno, pues prosperan por sus relaciones con el mismo"

Si esto ocurre en el alto mando, ¿qué ocurre por fuera de la mirada pública? ¿Cómo se comportan las unidades de la Fuerza Pública a lo largo de ríos donde transitan embarcaciones cargadas de cocaína? ¿Qué hacen en territorios donde las minas ilegales y la deforestación se realizan a plena vista?

Primeros avances contra la corrupción

Como candidato, Gustavo Petro defendió la idea de que la corrupción socava al ejército.

Pero enfrentar la corrupción dentro del cuerpo de oficiales es una empresa gigantesca y arriesgada. Por eso, la nominación de Iván Velásquez confirma que Petro toma su idea en serio.

Los grupos armados y criminales que amenazan hoy a los colombianos no son como las antiguas FARC. Es decir, ninguno tiene serias ambiciones de tomar el poder en Bogotá. La mayoría prefiere no combatir al gobierno, pues prosperan por sus relaciones con el mismo. De esta manera neutralizan la acción del Estado. Hacen paros armados o planes pistola como mensaje para el Estado cuando corromper no les sirve.

Entonces, para debilitar los grupos armados y proteger a la ciudadanía, es necesario romper, de forma contundente, los vínculos entre los representantes del Estado y el crimen organizado.

Por eso, la experiencia de Iván Velásquez contra la corrupción es más importante que su falta de experiencia en asuntos de defensa. No obstante, sí es necesario que sus viceministros tengan conocimiento en gestión de recursos de defensa, evaluación de amenazas, planificación, doctrina y áreas similares.

Nadie tiene más credenciales anticorrupción que Velásquez. Su reto será castigar a los oficiales corruptos y tranquilizar a los oficiales honestos. Esto no es un ataque a la institución militar, sino a las malas prácticas de sus funcionarios.

Gobernabilidad en territorios marginados

La ruptura de los vínculos corruptos, las estrategias de «objetivos de alto valor,» y las negociaciones de desmovilización como «paz total» pueden debilitar a los grupos violentos. Sin embargo, las economías ilícitas persistirán y los líderes de los grupos armados serán sustituidos por otros.

Mientras haya territorios sin presencia gubernamental no funcionará la lucha contra los grupos criminales. Desde el «Plan Consolidación» del gobierno Uribe, hasta las «Zonas Futuro» del gobierno Duque, Colombia ha intentado hacer frente a la ausencia de Estado, a través de programas de carácter principalmente militar. El gobierno Petro puede basarse en esas experiencias previas, pero apartándose de sus fallas.

Las fuerzas de seguridad son necesarias para llevar al Estado más allá de la frontera agrícola. Pero esto es sólo una pequeña parte de la solución, puesto que los soldados no resuelven disputas, ni construyen carreteras, ni entregan títulos de propiedad, ni enseñan en las escuelas, ni asesoran al gobierno local en la gestión transparente de los recursos.

Los planes escalonados para llenar los vacíos de gobernanza son complejos, costosos, y tardan en mostrar resultados. Estos suponen consultas constantes con las comunidades —incluidas las entidades y organizaciones afrodescendientes e indígenas históricamente excluidas, y las dirigidas por mujeres— para responder a las necesidades locales y gestionar las expectativas.

Un consejo clave es aprovechar lo que ya está en marcha. Con frecuencia las nuevas administraciones desechan los planes existentes, de modo que desperdician sus primeros años en el modo «powerpoint».

Ya hay mucho construido. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) previstos en el primer capítulo del acuerdo de paz están atrasados, y deben ser revitalizados. Por ejemplo, deben retomarse las prioridades acordadas con las comunidades, y los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR).

Incluso, Petro puede adaptar las “Zonas Futuro” del gobierno de Duque, en vez de cancelarlas. Un plan con continuidad, construido sobre el impulso de los esfuerzos existentes, es mejor que otro plan «perfecto» urdido en una oficina de Bogotá.

La policía y la seguridad ciudadana

Nada puede acabar más rápido con la «luna de miel» del gobierno de Petro que un aumento de la delincuencia. Proteger a los colombianos exige más recursos para la Policía Nacional, y reformas para que la policía sea más civil, y menos en pie de guerra.

La reforma policial no debería ser responsabilidad del ministro de defensa, Iván Velásquez. Esto corresponde al nuevo ministro de seguridad, cuya cartera incluya la gestión de la Policía Nacional.

Colombia enfrenta una larga lista de tareas intimidatorias e históricas. Por ello, es alentador que la administración entrante incluya personas que tienen un buen historial de voluntad para asumirlas.

Es absurdo que un aparato de seguridad moderno ponga al mismo funcionario —el ministro de defensa—a cargo de disuadir a los adversarios, enfrentar a los grandes grupos armados, remediar el hurto de celulares y manejar bien las protestas sociales.

Las encuestas muestran que la confianza en la Policía Nacional está en su nivel más bajo de este siglo: hay mucho terreno que recuperar. La lista de reformas policiales es larga. Incluye la reducción de los tiempos de respuesta, la mejora de las capacidades de investigación, el replanteamiento de los planes de formación, el aumento de los salarios, el refuerzo de los controles internos anticorrupción, y el énfasis en las relaciones con la comunidad.

Así mismo, incluye un esfuerzo para aumentar la cobertura de la policía rural, de modo que la seguridad ciudadana en las zonas rurales no sea una misión exclusivamente militar.

La amarga experiencia de las protestas sociales desde 2019, muestra que el control de multitudes es otra área que exige replanteamientos urgentes. Junto con el retiro de la policía del Ministerio de Defensa, la rendición de cuentas por los abusos cometidos durante y después de las protestas, exige que los casos de presuntos abusos dejen de pasar por la justicia militar.

Foto: Comando General de las Fuerzas -
 Militares en Colombia Por primera
vez en la memoria, las recomendacione
 de los defensores de los derechos humanos
 y de los líderes sociales no serán ignoradas:
 pueden ser promulgadas.

Necesitan mucho apoyo

"Colombia enfrenta una larga lista de tareas intimidatorias e históricas. Por ello, es alentador que la administración entrante incluya personas que tienen un buen historial de voluntad para asumirlas"

Pero lo máximo que podemos esperar del gobierno de Petro es alcanzar algún progreso medible hacia estos objetivos. La consecución real a sus metas llevará mucho más tiempo. Por ello, es razonable esperar que, para 2026, los funcionarios habrían sentado las bases para un progreso futuro. Incluso, sentar las bases será difícil. La lucha contra la corrupción, la presencia del Estado, y la reforma de la policía amenazarán intereses poderosos en Colombia (y por fuera de Colombia).


Vencer estas resistencias necesitará una enorme voluntad política. Iván Velásquez no está exento de posibles reacciones violentas. Él ya ha sido derrotado por estas reacciones antes, como cuando un presidente acusado de corrupción echó a la CICIG de Guatemala. Para evitar esto, es preciso asegurar que Velásquez cuente con un apoyo constante, y de alto nivel:

Ese apoyo debe provenir del presidente: cuando Velásquez se enfrente a los opositores Gustavo Petro tendrá que intervenir con frecuencia en su favor.

También debe provenir de los amigos internacionales de Colombia —sobre todo del gobierno de Estados Unidos—. El apoyo decidido de Washington, tanto político como financiero, puede ayudar a mantener viva una agenda de reformas. Además, esto beneficiará los intereses estadounidenses en Colombia.

Adam Isacson

*Director para la veeduría de la defensa de la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos WOLA.

Clínica veterinaria-Barrio Boston/Medellín
Calle 54 N. 36-14/Primer piso
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domingo, 15 de mayo de 2022

La protesta: entre la sensatez, la valentía y el miedo

La tarea de las fuerzas de seguridad del Estado requiere valentía, motivación y un compromiso total con la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Diego Alejandro Aguirre Mazo/El Pregonero del Darién

Opinión:

Diego Alejandro Aguirre Mazo

Sin importar que se trate de una refinada nota diplomática entre Estados, un plantón de empleados de algún emprendimiento, una marcha pacífica o violenta, un bloqueo o uno de los aterrorizantes paros armados que con más frecuencia de la deseada se viven en las provincias y barrios marginados de Colombia, es poco probable que un Grupo de Interés haga una protesta y que la sociedad a su alrededor no reaccione. De una parte, el colectivo alza su voz y llama la atención, mientras la institucionalidad y la población afectadas por la protesta responden de acuerdo con sus intereses, dinámicas de vida, a sus Funciones Legales y a su papel en esa sociedad impactada por la protesta (legítima o no).

En el caso de los Servidores Públicos les corresponde actuar según se los ordene la Constitución y las Leyes Colombianas, normas en las que se plasma el repertorio de “competencias” (funciones legales) que cada empleado del Estado tiene; por eso su respuesta frente a la protesta debe enmarcarse estrictamente en los límites y mandatos que estipulen las Leyes para el ejercicio de sus respectivos cargos. Ya es un asunto meramente de comidilla mediática (e incluso electoral) si al ciudadano le parece correcta o incorrecta la actuación del servidor público.

Una deficiente formación básica de los ciudadanos en el entendimiento de la Constitución Política en la que se mueve su vida y el fácil acceso de medios de comunicación para emitir opiniones, hacen necesaria la reflexión sobre el uso de las redes sociales para señalar sin desparpajo a todo tipo de servidores públicos, acusándoles en ocasiones de ejecutar supuestas acciones u omisiones en ocasiones no probadas por quien se toma la tarea de hacer el señalamiento.

Ese uso deliberado con frecuencia siembra en el imaginario colectivo un descrédito mayor de la institucionalidad en una especie de inquisición mediática que solo favorece a los violentos. Entonces falla el Estado al no garantizar una educación básica que le permita a todos sus miembros entender las funciones constitucionales de los Servidores Públicos y falla la sociedad civil cuando, ante el miedo a los violentos y la impotencia del encierro, busca un culpable en las instituciones democráticas que debería proteger y respaldar.

Diseñar y ejecutar un plan para armarse y salir clandestinamente a una vía rural a esperar el paso de un vehículo para incinerarlo y no dejarse atrapar de la autoridad policial o militar, requiere de una planeación relativamente sencilla, mucho ánimo violento y es una tarea quizás costosa en cuanto a recursos necesarios, pero con alta posibilidad de “éxito”; al otro lado del espectro la tarea de la planeación, el despliegue y la capacidad de las fuerzas militares y de policía para evitar que este tipo de hechos violentos  sucedan, es una tarea con éxito limitado y casi improbable.

La tarea de las fuerzas de seguridad del Estado requiere valentía, motivación y un compromiso total con la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos, por eso es también tan importante reconocer como sociedad que esas fuerzas al final de los ciclos de violencia de los armados ilegales muestran resultados medibles en capturas y judicializaciones, unas cuantas caravanas militarizadas para mantener el abastecimiento de alimentos, incautación de armamento y la frustración de algunos hechos violentos (quizás no todos los que se quisiera).

Las “instituciones” en realidad son los seres humanos que en ellas trabajan, quienes hacen o dejan de hacer aquello que la ley les manda expresamente; esos servidores públicos son personas que han surgido de las propias comunidades, tienen sus familias y allegados afectados por los mismos problemas de convivencia que generan los violentos. Cuesta entonces imaginar a unos generales, unos fiscales, ministros y alcaldes, etc., frotándose las manos en una gran conspiración clandestina de todas las instituciones para “no hacer nada”. La evidencia es que cuando cesa el accionar de los violentos ahí continúan funcionando las instituciones democráticas, ejerciendo la autoridad y prestando el servicio que se les delegó en el pacto mayoritariamente aprobado desde 1991.

Es evidente que el Estado Colombiano carece de control del territorio porque el poder material acordado en la Constitución Nacional y legitimado con el voto, se ve superado por un poder real (de facto) ejercido por los individuos y grupos armados que sí son quienes mandan en muchos territorios. Aún el Estado no cumple con la tarea de garantizar la justicia y seguridad a todos los colombianos, ni siquiera lo hace en algunos barrios de las grandes ciudades en las que se concentran las sedes del poder político.

Un ejercicio simple como dibujar en un mapa las zonas de una ciudad en las que se acata el uso obligatorio del casco para conducir una motocicleta, es una buena imagen para reflejar las limitaciones de nuestra institucionalidad; eso que se extiende a ámbitos más complejos como la regulación de extracción de minerales, o del pago de impuestos legales y por supuesto, así se llega hasta las garantías de seguridad y justicia, de educación y del derecho a la salud, o cualesquiera de las otras funciones legales que espera como ciudadano que cumpla el Estado Colombiano.

Colombia tiene un territorio particularmente difícil de controlar y que sensato el señor Gobernador de Antioquia quien tras los sucesos recientes tiene el atino de aceptar públicamente ese hecho, pero sin atacar a las fuerzas militares y de policía, sino por el contrario, elogiando la entrega y el esfuerzo que hacen no solo en el paro armando, sino todos los días por proteger a los antioqueños. Ese mensaje del Gobernador es un ejemplo de la urgente necesidad de pasar al reconocimiento de las limitaciones en la cobertura del accionar del Estado Colombiano, al margen del enfoque ideológico que se prefiera abordarlo.

Que valientes los alcaldes de cualesquiera de los Municipios por fuera de las Áreas Metropolitanas que tienen que enfrentar la violencia de quienes deciden tomar vías de hecho para protestar, y que en la soledad de sus despachos tienen que afrontar la realidad de ver en riesgo real su vida y la de sus allegados. Tiene que continuar con su labor con el mismo terror natural que siente cualquiera de la mayoría no violenta, igual de acorralados por un tipo de protesta que no genera reflexión, ni vergüenza para el Estado, sino indignación por el maltrato al que se ve condenado el mismo pueblo.

La protesta social sí debe incomodar y avergonzar al servidor público que obra mal. La protesta bien encaminada debe activar el respaldo popular y los mecanismos de participación para cambiar radicalmente el rumbo de alguna actuación oficial que no goce del respaldo popular. La Marcha, el Plantón, el “Cacerolazo”, la manifestación cultural o artística disruptiva, debe ser la forma de señalar el arrepentimiento por equivocarse como pueblo de depositar la confianza en algún representante del estado que se aleja del sentir popular.

Quizás debe ser la tribuna para que resuene en los medios de comunicación el inconformismo, la duda, el lamento y la necesidad de un cambio de actitud hacia la solidaridad y empatía con el prójimo. Una protesta libre de cualquiera forma de violencia innecesaria, dado que la violencia se convierte en una especie boomerang de impulso infinito, que suele volverse con más violencia en todas las direcciones,

Entre tanto la protesta violenta solo trae el miedo, que además de paralizar y confinar comunidades, lleva al público en general a deshumanizar al otro, en especial cuando está investido temporalmente como autoridad legal. El miedo impide al elector entender que el voto popular no convierte a nadie en estrella de la farándula, ni en mesías, ni en una especie de superdotado todopoderoso, por eso se hace urgente empatizar con su condición humana. Por parte de los servidores públicos urge la comprensión de que, al ejecutar su trabajo no le están haciendo ningún “favor” a sus comunidades, que al contrario ellos gozan del privilegio de servir con respeto, con ahínco y perseverancia a quienes les confiaron temporalmente la autoridad que hoy ejercen, en el marco de la legalidad y con el necesario reconocimiento de las limitaciones de recursos técnicos, humanos o económicos que tienen en las instituciones a las que pertenecen.

El respeto de las instituciones democráticas acordadas en la Constitución Nacional y la resistencia civil no violenta es el camino para legitimar los necesarios reclamos que debe hacerse una sociedad, para entender sus propias limitaciones y diseñar un modelo de Estado en el que la solidaridad y la empatía vayan de la mano con la prosperidad y el mejoramiento de la calidad de vida.

Mayo 15 de 2022.