viernes, 20 de mayo de 2022

Utovascol se une a Petro

Otra organización social que agrupa obreros en Urabá, se sumó a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

La Unión Nacional de Trabajadores de Oficios Varios y Similares Utovascol, una vez consultadas sus bases en la región de Urabá, tomó la decisión de sumarse a la campaña, Petro presidente, Francia Márquez vicepresidenta.

Osvaldo Cuadrado Simanca

Osvaldo Cuadrado, presidente de esa organización obrera y exalcalde de Apartadó, dijo sobre esta adhesión: “Es el programa de gobierno de Gustavo Petro, el que encarna los viejos anhelos de los trabajadores colombianos, la defensa de la paz y de la vida, de la naturaleza, entonces, ahí debemos estar los obreros”

Cuadrado Simanca, hizo además un llamado a los trabajadores de Urabá a votar masivamente por Petro y su fórmula presidencial. "La historia, ni nuestras familias nos perdonarán si desaprovechamos esta ocasión de apostarle al cambio, no podemos apoyar jamás a quienes se fueron en contra de la paz y mucho menos a quienes les arrebataron amplias conquistas a los obreros, ganadas en años de lucha" concluyó el dirigente sindical.

miércoles, 18 de mayo de 2022

En Turbo piden claridad por venta de bienes

El mandatario local pidió autorización al Concejo Municipal para vender algunas propiedades, alegando un déficit fiscal que sobre pasa los 40 mil millones de pesos.

Panorámica nocturna de Turbo
(Foto/Alcaldía Municipal)

Esta iniciativa que ha quedado en manos del Cabildo, ha generado inconformidad en algunos ciudadanos, quienes además han pedido claridad al gobernante sobre el particular.

En este sentido le fue presentado el siguiente derecho de petición al alcalde Felipe Maturana:

Señor

Andrés Felipe Maturana.

Alcalde

Turbo D.E.P.

E.     S.    D.

Referencia. Petición de información.

Respetado señor Alcalde.

Felipe Maturana/Alcalde de Turbo

Subyugado a las formalidades de la ley 1755/ 2015 y al artículo 23 de la Constitución sobre derecho de petición de información pública y acceso expedito a ella por parte de los ciudadanos, le formulo la siguiente:

Petición de información.

1) Es cierto sí o no que usted ha tomado la decisión de vender algunos bienes inmuebles públicos?

2) Cuales?

3) Cuál es el precio base de oferta pública de cada uno de esos bienes?

4) Que entidad certificada los avalúo?

5) Cuenta usted con la autorización del H. Concejo Municipal?

6) Con que objeto se harán esas ventas de activos públicos.?

Agradezco su oportuna respuesta a este derecho de petición.

Cordialmente.

Edgar Genez Campillo.

Periodista.

Debatiendo por el Litoral.

En el mismo proyecto de acuerdo, el alcalde pide autorización para la compra de un lote de 888 metros, contiguo al Jardín Infantil María Elena de Crovo, en la calle 98 con carrera 17, propiedad de Comfamiliar-Camacol.

Uno de los predios a vender, es el sitio
  donde está  ubicado el tradicional "Tancón"

En dicho lote se desarrollará el proyecto Parque de la Salud en el barrio Ciudadela Bolívar, dijo el mandatario en la exposición de motivos.

Los predios que serían vendidos son los siguientes:

Inmueble rural en la vereda Casanova de 19.79 hectáreas, inmueble urbano en la calle 100 N. 13-40 en el Barrio Centro de 1.267 metros y un inmueble donde está ubicado el tradicional “Tancón”. Hoy  la decisión, está  en manos  del Concejo Municipal.

martes, 17 de mayo de 2022

Víctimas con su propia flota acuática

Los recursos de la indemnización, fueron entregados el Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica en diciembre del año pasado y los usaron en la compra de 14 botes con motor para beneficio colectivo.


Comunidad beneficiada
con este proyecto

Con una reunión de la junta directiva y representantes de las 25 comunidades que integran el Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica se realizó en Turbo la entrega de 25 botes con motor, de los cuales 14 fueron adquiridos con los recursos de la indemnización entregada como medida de reparación de colectiva.

Esta comunidad viene siendo acompañada por la Unidad para las Víctimas en la implementación de las medidas del plan de reparación colectiva (PIRC) por alrededor de 3 años, teniendo en cuenta las diferentes afectaciones y violaciones a los Derechos Humanos causadas por el conflicto armado.

El PIRC abarca 23 comunidades y dos zonas humanitarias organizadas en cinco subcuencas: La Balsa, la Raya, Perancho, Bijao y Peranchito con alrededor de 6.890 habitantes según el censo poblacional.

“Las comunidades de la cuenca del río y del territorio hemos recibido la dotación de 25 botes y 25 motores, los cuales como medio de transporte van a servir para que cada uno de los líderes locales pueda adelantar su gestión en lo ancho y largo del territorio y fuera de él. Este medio de transporte sirve incluso como protección colectiva ante cualquier emergencia, el traslado de un enfermo o cualquier otra situación adversa, lo que nos permitirá tener una reacción rápida que permita salvaguardar vidas entre otros aspectos importantes para la comunidad”, dijo Pablo Salazar Córdoba, representante legal de este Consejo. 

La directora territorial,
Elizabeth Granada Ríos.

Por su parte, la directora territorial, Elizabeth Granada Ríos, agradeció la invitación de la comunidad, y destacó la capacidad de gestión de sus líderes en el cumplimiento de las medidas del (PIRC). “Como institución valoramos el esfuerzo y disponibilidad de las comunidades para sacar adelante este PIRC; es un esfuerzo conjunto, y con estas acciones no pretendemos que se olviden las afectaciones que ustedes sufrieron en el pasado, pero sí que se mejoren las condiciones de vida de estas comunidades que no paran de trabajar y traer buenas noticias, como esta, para su territorio”, dijo.

lunes, 16 de mayo de 2022

En Urabá, primer Precongreso de derecho procesal

Entre los conferenciantes está un magistrado del Consejo de Estado, un profesional de la Corte Suprema de Justicia y una ex fiscal ante la misma corte, entre otros destacados abogados.

 Redacción/El Pregonero del Darién

Humberley Valoyes Quejada,
Juez Primero Civil de Apartadó

Todo se encuentra listo para la realización del Primer Precongreso de Derecho Procesal, el próximo doce de agosto en el auditorio de la Cámara de Comercio de Apartadó, dijo el abogado, Humberley Valoyes Quejada, Juez Primero Civil de Apartadó, uno de los promotores del encuentro académico.

El Congreso es organizado por El Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Capitulo de Urabá.

Cualquier información adicional sobre este evento se puede obtener en el teléfono: 3234100355 y la inversión para profesionales es de 120 mil pesos y para estudiantes de pregrado 80 mil pesos.

Además, los primeros 50 inscritos recibirán un texto impreso sobre memorias del ICDP, Código General del Proceso Colombiano comentado, se estableció.

Temas abordar:

Derechos humanos y proceso constitucional, civil, comercial, penal, administrativo, societario, arbitraje, diversidad e inclusión, administración de justicia, disciplinario, probatorio, sostenibilidad, educación, competencias, tecnología, laboral y familia, entre otros.

La moderación del Precongreso estará a cargo de la juez, Jennifer Santos Ibarra.

Entre los conferenciantes confirmados figuran:

Dra. Lucinia Rentería Rodríguez, decana de la Faculta de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, Dr. Martín Bermúdez Muñoz, Magistrado de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Dr. Ulisis Canosa Suárez presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y docente universitario, Dra. Eudith Milady Baene Angarita, secretaria del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y docente universitaria.

Dr. Mauricio González Tamayo, magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina y docente universitario, Dra., Ángela María Buitrago Ruiz, ex fiscal delegada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Dr. William González de la Hoz, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Capítulo de Urabá y docente universitario, Dr. Juan Felipe Tejeiro Carrillo, abogado litigante y docente universitario, Dr. Gustavo Adolfo Bedoya Palacio, Juez Segundo Civil Especializado en Restitución de Tierras  de Antioquia.

Mesa redonda:

Aspectos de actualidad del Código General del Proceso y el derecho, 806/2020:

Dra. Adriana Jiménez Cifuentes, abogada litigante y docente universitaria, Dr. Miguel Ibáñez Castañeda, profesional especializado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y docente Universitario, Dr. Humberley Valoyes Quejada, Juez Primero Civil del Circuito de Apartadó.

Esta mesa tendrá como moderador al abogado litigante y miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Capítulo de Urabá, Arlinton Cuesta Mosquera.

Tanto los temas a tratar, como la calidad de los expositores, dan por adelantado el éxito de este evento que, a la vez abre las puertas a la región de Urabá para la realización de certámenes de esta magnitud.

domingo, 15 de mayo de 2022

La protesta: entre la sensatez, la valentía y el miedo

La tarea de las fuerzas de seguridad del Estado requiere valentía, motivación y un compromiso total con la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Diego Alejandro Aguirre Mazo/El Pregonero del Darién

Opinión:

Diego Alejandro Aguirre Mazo

Sin importar que se trate de una refinada nota diplomática entre Estados, un plantón de empleados de algún emprendimiento, una marcha pacífica o violenta, un bloqueo o uno de los aterrorizantes paros armados que con más frecuencia de la deseada se viven en las provincias y barrios marginados de Colombia, es poco probable que un Grupo de Interés haga una protesta y que la sociedad a su alrededor no reaccione. De una parte, el colectivo alza su voz y llama la atención, mientras la institucionalidad y la población afectadas por la protesta responden de acuerdo con sus intereses, dinámicas de vida, a sus Funciones Legales y a su papel en esa sociedad impactada por la protesta (legítima o no).

En el caso de los Servidores Públicos les corresponde actuar según se los ordene la Constitución y las Leyes Colombianas, normas en las que se plasma el repertorio de “competencias” (funciones legales) que cada empleado del Estado tiene; por eso su respuesta frente a la protesta debe enmarcarse estrictamente en los límites y mandatos que estipulen las Leyes para el ejercicio de sus respectivos cargos. Ya es un asunto meramente de comidilla mediática (e incluso electoral) si al ciudadano le parece correcta o incorrecta la actuación del servidor público.

Una deficiente formación básica de los ciudadanos en el entendimiento de la Constitución Política en la que se mueve su vida y el fácil acceso de medios de comunicación para emitir opiniones, hacen necesaria la reflexión sobre el uso de las redes sociales para señalar sin desparpajo a todo tipo de servidores públicos, acusándoles en ocasiones de ejecutar supuestas acciones u omisiones en ocasiones no probadas por quien se toma la tarea de hacer el señalamiento.

Ese uso deliberado con frecuencia siembra en el imaginario colectivo un descrédito mayor de la institucionalidad en una especie de inquisición mediática que solo favorece a los violentos. Entonces falla el Estado al no garantizar una educación básica que le permita a todos sus miembros entender las funciones constitucionales de los Servidores Públicos y falla la sociedad civil cuando, ante el miedo a los violentos y la impotencia del encierro, busca un culpable en las instituciones democráticas que debería proteger y respaldar.

Diseñar y ejecutar un plan para armarse y salir clandestinamente a una vía rural a esperar el paso de un vehículo para incinerarlo y no dejarse atrapar de la autoridad policial o militar, requiere de una planeación relativamente sencilla, mucho ánimo violento y es una tarea quizás costosa en cuanto a recursos necesarios, pero con alta posibilidad de “éxito”; al otro lado del espectro la tarea de la planeación, el despliegue y la capacidad de las fuerzas militares y de policía para evitar que este tipo de hechos violentos  sucedan, es una tarea con éxito limitado y casi improbable.

La tarea de las fuerzas de seguridad del Estado requiere valentía, motivación y un compromiso total con la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos, por eso es también tan importante reconocer como sociedad que esas fuerzas al final de los ciclos de violencia de los armados ilegales muestran resultados medibles en capturas y judicializaciones, unas cuantas caravanas militarizadas para mantener el abastecimiento de alimentos, incautación de armamento y la frustración de algunos hechos violentos (quizás no todos los que se quisiera).

Las “instituciones” en realidad son los seres humanos que en ellas trabajan, quienes hacen o dejan de hacer aquello que la ley les manda expresamente; esos servidores públicos son personas que han surgido de las propias comunidades, tienen sus familias y allegados afectados por los mismos problemas de convivencia que generan los violentos. Cuesta entonces imaginar a unos generales, unos fiscales, ministros y alcaldes, etc., frotándose las manos en una gran conspiración clandestina de todas las instituciones para “no hacer nada”. La evidencia es que cuando cesa el accionar de los violentos ahí continúan funcionando las instituciones democráticas, ejerciendo la autoridad y prestando el servicio que se les delegó en el pacto mayoritariamente aprobado desde 1991.

Es evidente que el Estado Colombiano carece de control del territorio porque el poder material acordado en la Constitución Nacional y legitimado con el voto, se ve superado por un poder real (de facto) ejercido por los individuos y grupos armados que sí son quienes mandan en muchos territorios. Aún el Estado no cumple con la tarea de garantizar la justicia y seguridad a todos los colombianos, ni siquiera lo hace en algunos barrios de las grandes ciudades en las que se concentran las sedes del poder político.

Un ejercicio simple como dibujar en un mapa las zonas de una ciudad en las que se acata el uso obligatorio del casco para conducir una motocicleta, es una buena imagen para reflejar las limitaciones de nuestra institucionalidad; eso que se extiende a ámbitos más complejos como la regulación de extracción de minerales, o del pago de impuestos legales y por supuesto, así se llega hasta las garantías de seguridad y justicia, de educación y del derecho a la salud, o cualesquiera de las otras funciones legales que espera como ciudadano que cumpla el Estado Colombiano.

Colombia tiene un territorio particularmente difícil de controlar y que sensato el señor Gobernador de Antioquia quien tras los sucesos recientes tiene el atino de aceptar públicamente ese hecho, pero sin atacar a las fuerzas militares y de policía, sino por el contrario, elogiando la entrega y el esfuerzo que hacen no solo en el paro armando, sino todos los días por proteger a los antioqueños. Ese mensaje del Gobernador es un ejemplo de la urgente necesidad de pasar al reconocimiento de las limitaciones en la cobertura del accionar del Estado Colombiano, al margen del enfoque ideológico que se prefiera abordarlo.

Que valientes los alcaldes de cualesquiera de los Municipios por fuera de las Áreas Metropolitanas que tienen que enfrentar la violencia de quienes deciden tomar vías de hecho para protestar, y que en la soledad de sus despachos tienen que afrontar la realidad de ver en riesgo real su vida y la de sus allegados. Tiene que continuar con su labor con el mismo terror natural que siente cualquiera de la mayoría no violenta, igual de acorralados por un tipo de protesta que no genera reflexión, ni vergüenza para el Estado, sino indignación por el maltrato al que se ve condenado el mismo pueblo.

La protesta social sí debe incomodar y avergonzar al servidor público que obra mal. La protesta bien encaminada debe activar el respaldo popular y los mecanismos de participación para cambiar radicalmente el rumbo de alguna actuación oficial que no goce del respaldo popular. La Marcha, el Plantón, el “Cacerolazo”, la manifestación cultural o artística disruptiva, debe ser la forma de señalar el arrepentimiento por equivocarse como pueblo de depositar la confianza en algún representante del estado que se aleja del sentir popular.

Quizás debe ser la tribuna para que resuene en los medios de comunicación el inconformismo, la duda, el lamento y la necesidad de un cambio de actitud hacia la solidaridad y empatía con el prójimo. Una protesta libre de cualquiera forma de violencia innecesaria, dado que la violencia se convierte en una especie boomerang de impulso infinito, que suele volverse con más violencia en todas las direcciones,

Entre tanto la protesta violenta solo trae el miedo, que además de paralizar y confinar comunidades, lleva al público en general a deshumanizar al otro, en especial cuando está investido temporalmente como autoridad legal. El miedo impide al elector entender que el voto popular no convierte a nadie en estrella de la farándula, ni en mesías, ni en una especie de superdotado todopoderoso, por eso se hace urgente empatizar con su condición humana. Por parte de los servidores públicos urge la comprensión de que, al ejecutar su trabajo no le están haciendo ningún “favor” a sus comunidades, que al contrario ellos gozan del privilegio de servir con respeto, con ahínco y perseverancia a quienes les confiaron temporalmente la autoridad que hoy ejercen, en el marco de la legalidad y con el necesario reconocimiento de las limitaciones de recursos técnicos, humanos o económicos que tienen en las instituciones a las que pertenecen.

El respeto de las instituciones democráticas acordadas en la Constitución Nacional y la resistencia civil no violenta es el camino para legitimar los necesarios reclamos que debe hacerse una sociedad, para entender sus propias limitaciones y diseñar un modelo de Estado en el que la solidaridad y la empatía vayan de la mano con la prosperidad y el mejoramiento de la calidad de vida.

Mayo 15 de 2022.

sábado, 14 de mayo de 2022

Mincultura apoya la reincorporación

“La paz se construye desde todos los ámbitos, y el aporte de la cultura al proceso de reincorporación es fundamental "

El Ministerio de Cultura se sumó hoy a las entidades del Gobierno que apoyan el proceso de reincorporación de las personas que hacen su tránsito a la legalidad, y entregó una importante donación para fortalecer los procesos de capacitación que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) adelanta con esta población en todo el país. Se trata de 34 maletas de la diversidad cultural, una estrategia del Ministerio creada para reconocer y aprender sobre la diversidad y el patrimonio cultural colombiano.

“Cada una de las maletas que le entregamos a la ARN cuenta con 325 contenidos fotográficos, audiovisuales y sonoros que representan el patrimonio y la diversidad cultural de más de 28 departamentos de Colombia y de las comunidades afrodescendiente, indígena y campesina que pueden ser consultados por todos los públicos”, anotó Jaime Tenorio, director de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura.

Y agregó: “Las maletas también vienen con ficheros pedagógicos y guías metodológicas que les permitirán a los facilitadores de la ARN realizar talleres con las personas en proceso de reincorporación, sus familias y las comunidades de las que hacen parte”.

El propósito de esta estrategia del Ministerio de Cultura, que contó con el apoyo de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), es sensibilizar a los ciudadanos acerca de la diversidad cultural de los grupos étnicos y sociales indígenas y afrodescendientes del país, para fortalecer el respeto de toda la diversidad cultural colombiana.

La cultura es vital en todos los procesos

“La paz se construye desde todos los ámbitos, y el aporte de la cultura al proceso de reincorporación es fundamental en la ruta que desarrollamos e implementamos desde la ARN con los excombatientes y sus familias. Esperamos que este material pedagógico fortalezca esta ruta y evidencie la diversidad y riqueza cultural de Colombia”, concluyó Andrés Felipe Stapper Segrera, director de la ARN.

Las maletas entregadas serán distribuidas por todos los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y los grupos territoriales de la ARN en el país.

viernes, 13 de mayo de 2022

Fin al tapabocas en recintos cerrados

Los tapabocas cumplieron un papel muy importante en la protección contra la infección, puesto que se estima que el uso del tapabocas puede impedir la expulsión y el ingreso de partículas hasta un 90%.


Por:  David Pereañez / Comunicaciones- Facultad Nacional de Salud Pública( FNSP)

Desde el primero de mayo, el Gobierno colombiano levantó la obligatoriedad del tapabocas en lugares cerrados, excepto en el transporte público, las instituciones educativas, hogares geriátricos y hospitales. La medida tiene como requisitos que por lo menos el 70% de la población del municipio tenga su esquema completo de vacunación, además se necesita que el 40% de la población tenga la dosis de refuerzo.  

Esta decisión tiene entre sus causas situaciones epidemiológicas, como puede ser el descenso en los casos por días, que ha llegado a niveles similares a los de abril de 2020, y muertes donde el promedio por semana ha reducido hasta 1.5 muertes por día. Además, los niveles de vacunación altos en la mayoría del país también permitieron llegar a la resolución de quitar el tapabocas.  

También hay condiciones políticas que pueden influir en esta decisión, la mascarilla es un símbolo de la pandemia y al retirarlo se da la imagen del fin de la pandemia, a pesar de que aún estemos lejos de eso. 

Los tapabocas cumplieron un papel muy importante en la protección contra la infección, puesto que se estima que el uso del tapabocas puede impedir la expulsión y el ingreso  de partículas hasta un 90%. Recordando que los tapabocas pueden llegar a proteger hasta 25 horas en el caso de las mascarillas N95. 

Uno de los puntos de polémica, sobre esta decisión del gobierno nacional, fue el de mantener el uso de tapabocas en las instituciones de educación, con especial énfasis en las que atienden primaria y básica, puesto que la OMS solo recomienda el uso del tapabocas para los niños y niñas mayores de doce años. Además, se tienen serias dudas sobre el funcionamiento real de las mascarillas en los menores que están en primaria, teniendo estudios que no apoyan la conclusión del empleo obligatorio de tapabocas en esa población. 

La pregunta que queda es si en algún momento volveremos a utilizar mascarilla si los casos aumentan. Según un análisis publicado por The Conversatión, eso dependerá sobre todo de los niveles de hospitalización, más que de la cantidad de casos, que puede aumentar, pero sin verse reflejada en un aumento de las hospitalizaciones.