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miércoles, 12 de abril de 2023

Contratistas secuestrados por la corrupción

El mal no solamente se vive en Urabá, es en todo el país donde los corruptos imponen su macabro modelo de “amarrar” votos.

Por: Wilmar Jaramillo Velásquez/Opinión/ El Pregonero del Darién

Wilmar Jaramillo Velásquez
Nos cansamos de decir que la corrupción le ganó la batalla al país decente o lo que queda de él, sencillos y viejos modelos de la politiquería delictiva se aplican impunemente por todo el país, ante los ojos ciegos y alcahuetas de las autoridades. La semana pasada hablábamos de como se enriquecen alcaldes y concejales con las modificaciones de los POT (Planes de Ordenamiento Territorial).

Hoy nuestro réquiem es por aquellos trabajadores vinculados por la modalidad de prestación de servicios y algunos otros contratistas a quienes alcaldes y gobernadores, especialmente los primeros, secuestraron para obligarlos a apoyar a los candidatos de sus preferencias.

A muchos de ellos hoy cuatro meses de iniciado el año no les han renovado su contrato, a otros los hacen jurar lealtad y a muchos otros de quienes desconfían, simplemente los lanzan a la calle.

En algunos casos estos secuestradores llegan al extremo que, estos ciudadanos no pueden saludar a los integrantes de otras campañas, no se pueden sentar con sus amigos a tomar un café porque son seguidos por los lava perros de los alcaldes, son recriminados y tratados como traidores, cuando no echados de sus puestos, no renovados sus contratos de trabajo.

Con términos como: “Están jugando con la comida”, “No quieren continuar en los cargos” Si esta alcaldía no continúa los procesos, se caen sus empleos” amenazan, amedrantan a diario a estos servidores quienes viven en medio de la peor zozobra, humillación y acoso laboral.

Los tentáculos de los delincuentes políticos son muy largos, estas mañas no nuevas, son de vieja data, lo que ocurre es que lograron “institucionalizarla” por que abusan de la necesidad del trabajador, del hambre de sus familias, tampoco como en los POT, no denuncian porque no tienen donde, no hay confianza en unas autoridades politizadas y corrompidas.

A propósito de esto, el abogado Daniel Silva Orrego, escribía hoy en su cuenta de Twitter:

@SilvaOrrego- “Es increíble que hoy cientos de personas en pleno mes de abril, todavía estén a la espera de un contrato de prestación de servicios en alcaldía o Gobernación ¿Con qué fin hacen eso los mandatarios? ¿Humillación o generar dependencia y compromisos políticos en pleno año electoral?”

Mejor no se podía retratar esta humillación a gente buena, trabajadora, explotada y vejada por el poder delincuencial de la política, corrompida hasta los tuétanos. Hay despachos hasta promoviendo viajes a la costa con todo incluido, la actividad es a cuatro manos, con el fin de “Amarrar los votos”, todo se vale.

Se vale poner la nómina, la contratación y los presupuestos públicos, hasta la publicidad, en favor de los herederos de los tronos. La consigna es, el robe robe no puede parar, debe continuar.

A los corruptos que no tienen escrúpulos, no tienen por qué tenerlos, les tapan una compuerta y abren diez y lo más aberrante de todo esto, es que lo están haciendo en nombre de Dios.

“Estamos aquí porque Dios lo quiere, hacemos todos esto porque Dios lo quiere y lo permite” y encabezan sus actos corrompidos con una oración. Elevaremos consulta al Vaticano para conocer sin existe el dios de los corruptos, porque no sabemos de cual dios es que hablan tanto.                                                   Urabá/abril/2023.

sábado, 8 de abril de 2023

Delinque el que exige y delinque quien paga

Hay un desespero de alcaldes y concejales por aprobar otras de las tantas modificaciones a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), pero detrás se mueve un oscuro negocio.

Por: Wilmar Jaramillo Velásquez/Opinión/ El Pregonero del Darién

Wilmar Jaramillo Velásquez
Dice nuestro ordenamiento jurídico que comete delito quien exige dineros para dejar de cumplir sus obligaciones o funciones de ley, desde cargos públicos, como aquel que paga para ello. En síntesis, ambos son delincuentes ante la ley.

En Colombia el llamado volteo de tierras, la anexión de territorios rurales al llamado perímetro sanitario, las aprobaciones de planes parciales para extender la construcción de vivienda de todo tipo, incluyendo condominios o casas de campo que son los más usuales en la actualidad, cruzan por un largo y tortuoso camino descompuesto hasta los tuétanos.

La aprobación de estos procesos no es un trámite normal, bajo el cumplimiento de los requisitos legales, desafortunadamente se ha convertido en una de las cloacas más tenebrosas de la corrupción y el camino expedito para alcaldes y concejales llenar sus bolsillos.

Cuando no se paga en dinero efectivo, se paga con tierra en los proyectos aprobados, por eso luego es muy común ver alcaldes y concejales propietarios en estos lugares construyendo sus casas de retiro o simplemente convirtiendo la coima en plata.

Estos turbios procedimientos están castigando a los ciudadanos decentes que no se someten al delito hoy institucionalizado y sus proyectos de expansión urbana duermen en los despachos de planeación municipal, sin la más mínima posibilidad de ser aprobados.

Y como si algo faltara, esta entrega de licencias a dos manos, sin una concienzuda planificación en lo que tiene que ver con servicios públicos especialmente el suministro de agua potable, llevarán en corto tiempo a problemas mayúsculos a los territorios.

Paso a paso la corrupción, la descomposición administrativa se ha ido convirtiendo en paisaje, los ciudadanos inermes no se atreven a  denunciar  porque  tampoco tienen  donde  hacerlo, no confían en una instituciones fuertemente  permeadas  por el crimen, más  demoran las denuncias en llegar a fiscalías,  contralorías  o procuradurías,  que los acusados en  conocer de plano a los denunciantes  a quienes se pone en  alto riesgo y cuando más bien les va, entonces estos entes  de  control, terminan negociando impunidad, absoluciones y vencimientos de términos retorcidos para  favorecer a los delincuentes,  ya sea por  plata o por presiones  de  padrinos políticos.

Estamos frente al desbarajuste de las llamadas instituciones, el desarme gradual de nuestro Estado Social de Derecho, tan hermoso y sublime en el papel, pero tan distante a la hora de buscarlo.

El hampa política cada día encuentra oscuros recovecos para hacer dinero fácil, casi  que  sin dejar  huella, no hay denunciante, no hay delito, con estos procedimientos  se tejen multimillonarios negocios que terminan casi  siempre  arropados en el gran manto de  la impunidad, por  unas débiles  instituciones  que  pocas  veces  se atreven a  investigar y sancionar el enriquecimiento ilícito a la vista  de miles  de  funcionarios públicos  que disfrutan y alardean de sus fortunas  mal habidas de frente a la sociedad  que  humillan con sus acciones. ¿Después que la sal se ha corrompido, que podemos esperar los ciudadanos de a pie?

Urabá abril/2023