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domingo, 30 de abril de 2023

Nuevos tiempos para un nuevo país

En sus filas militaron profesionales y académicos, todos movidos por un ideal común: salvar a Colombia de la injusticia y el saqueo.

Por: Juan Fernando Uribe*/Opinión/El Pregonero del Darién.

Médico/Juan Fernando Uribe

En mi artículo anterior abogué para que una guerra civil no aparezca de nuevo en Colombia.
Al fin la coalición del gobierno con los partidos tradicionales ha terminado, y ahora es el M19 quien trata de gobernar el país.

Esta guerrilla fue un movimiento muy diferente a los anteriores formados a partir de la disputa por la tierra derivada de la violencia interpartidista y los desmanes contra los campesinos desde las primeras décadas del siglo pasado. El M19 se constituyó por intelectuales universitarios de clase media alta. En sus filas militaron profesionales y académicos todos movidos por un ideal común: salvar a Colombia de la injusticia y el saqueo.

Su accionar fue básicamente urbano, y su trabajo, con las bases de estudiantes, vecinos y sindicatos. Líderes como Carlos Pizarro pretendieron la presidencia luego del indulto, y varios de ellos en compañía de Álvaro Gómez y otros líderes de la política tradicional, dieron cuerpo a la Constitución de 1.991 que ahora este gobierno encabezado por uno de sus militantes, pretende remozar y hacer de obligatorio cumplimiento.

El país navega a la deriva en los últimos cuarenta años agitado por corrientes sociales y económicas que lo han llevado a la violencia y a una realidad de desgaste y descomposición en todos los órdenes. Con una política de mercado mal planificada y el deterioro de la industria nacional, el país fue entregado a los apetitos de las multinacionales y a la rapiña del sector financiero que se hicieron con los derechos ciudadanos convirtiéndolos en negocios particulares que no supieron administrar, pero si exprimir hasta quebrar y estafar a millones de colombianos. 

Pensiones y salud se convirtieron en fortines de inescrupulosos, y sectores como la construcción se constituyeron en un escándalo a la par del surgimiento de una economía basada en el lavado de activos de un narcotráfico cada vez más poderoso y solapado. El congreso fue madriguera de paramilitares y los gobiernos más preocupados por proteger negociados, feriaron el bienestar de las masas populares llenándolas de dádivas y distractores para perpetuar una esclavitud basada en la pobreza y la falta de oportunidades.

Con esta irracionalidad, el colombiano medio se despersonalizó hasta el punto de querer pertenecer a otro país y cultivar un tipo de identificación más acorde con otra cultura: norteamericana la mayoría de las veces, española y últimamente portuguesa tras agotar otras posibilidades... todo menos ser colombiano. La tierra fue acaparada, el campesino desplazado, y los pueblos raizales e indígenas, pasaron a ser reductos numerosos de indigentes descaracterizados y pobres.

Toda la riqueza se concentró en pocas manos; se feriaron los recursos, se desforestó la selva y de no aparecer un freno desesperado, Colombia en el término de unas décadas sería un país no viable, fragmentado y expoliado, manejado por corruptos, delincuentes y guerreristas. Todos los estudios lo confirman, y la realidad como consenso, converge en el mismo diagnóstico.

Pero llegó el nuevo gobierno y con él la posibilidad de un pacto entre las fuerzas para revivirlo y optar por la paz y el progreso.

Considerar la existencia de otro lenguaje diferente al de una sola clase social, es labor bien difícil. No es lo mismo una gripa en un barrio de clase alta que en una barriada popular. Las posibilidades de complicación son diferentes, el manejo es distinto. Igual pasa en Colombia. Entre los pobres la vida es más dura, desprotegida y trágica. Mientras el ciudadano de clase media sufre por un rayón en el carro, el trabajador lo hace por la carestía o el desempleo. Los barrios elegantes, pocos y bien cuidados, son seguros, las comunas por el contrario dan alaridos desesperados y su juventud apenas sobrevive en el rebusque o el delito.

 Es la realidad que muchos quisieran desconocer, pero que un buen gobernante justo y reflexivo, tiene el deber de enfrentar para generar oportunidades de redención social y progreso dentro de un mínimo de ética y dignidad.

La coalición se deshizo como era de esperarse, pero las políticas sociales van a todo vapor; varios ministros han salido, y otros permanecen para compartir con los que llegan, los viejos ideales de lucha. Esos amigos que fueron perseguidos y proscritos, ahora están al lado de su viejo compañero como producto de una faena electoral aún democrática. Las viejas ideas liberales, aquellas que sustentaron en Uribe Uribe, López Pumarejo o en el inagotable Jorge Eliécer Gaitán, el sueño de un país para todos, próspero y feliz, están de nuevo en el debate forjando la posibilidad de una vida mejor para los colombianos.

Por eso clamamos por la paz y la concordia, clamamos para que la tierra que le fue arrebatada al campesino le sea devuelta en un acto de amor por el país y no como motivo de expropiación y guerra. Clamamos para que una salud y una educación de buena calidad sean garantizadas por parte de un Estado protector, y no como dádivas de políticos y empresarios corruptos. Clamamos por la aparición de una conciencia nacional inclusiva y redentora.

De otro lado está la guerra y la hecatombe, como alguien, equívocamente, se refería a esta nueva posibilidad de paz y progreso.

*Médico pediatra.

Clínica veterinaria-Barrio Boston/Medellín
Calle 54 N. 36-14/Primer piso
Celular:3124002682/fijo:4874010

jueves, 16 de marzo de 2023

Expulsan al general Arias Cabrales de la JEP

La decisión también será comunicada a la Dirección de Centros de Reclusión  Militar (Dicer) para el cumplimiento de la pena de prisión.

El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales fue excluido de la Jurisdicción Especial para la Paz por vulnerar el régimen de condicionalidad que deben cumplir todos los comparecientes ante la JEP. Así lo determinó la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas tras concluir que, durante la audiencia única de aporte a la verdad que se realizó con el alto oficial, este no realizó aportes plenos, exhaustivos, francos y detallados sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

El ex oficial del Ejército se negó a
colaborar con la justicia transicional.
Tras analizar las respuestas entregadas por el general (r) Arias Cabrales durante la diligencia judicial que se llevó a cabo el 17 y 18 de enero de 2023, y mediante la Resolución 1063 del 16 de marzo de 2023, la magistratura determinó que el compareciente no tuvo propósito alguno de esclarecer un mínimo de verdad, mucho menos la verdad total de los hechos por los cuales ya fue determinada su responsabilidad penal. 

 Para la sala, el general (r) Arias Cabrales desconoció la razón de ser de la construcción de la verdad en la JEP. Pasó por alto que la justicia ordinaria ya lo condenó como coautor de la conducta de desaparición forzada, pues su “aporte fue esencial y definitivo a la ejecución del comportamiento”. Pese a las advertencias de la sala durante la diligencia judicial de enero pasado, el general (r) revivió asuntos que no tienen discusión. 

La decisión fue adoptada tras agotar la etapa dialógica de “rehabilitación del proceso de construcción de confianza”, en se esperaba un esclarecimiento pleno y definitivo de la verdad. Precisamente, fue a través de esta diligencia judicial dialógica que las víctimas acreditadas se refirieron a los daños causados, preguntaron respecto a las razones por las cuales sus familiares fueron señalados, exigieron conocer la verdad y pidieron respuestas claras. Es decir, le expusieron al compareciente sus demandas puntuales de verdad y responsabilidad.

El expulsado de la JEP, ya está condenado
 por hechos relacionados con la retoma
 del Palacio de Justicia, por el entonces M-19.
La sala, sin embargo, encontró que el compareciente no brindó información sobre el alistamiento y reacción inmediata del Ejército para repeler las acciones del extinto grupo guerrillero M-19, que tomó por las armas la sede del Palacio de Justicia de Bogotá. Además, Arias Cabrales negó un hecho indiscutible, como lo fue el control que ejerció sobre los comandantes de las unidades de la XIII Brigada a su cargo, así como de otras unidades tácticas y de inteligencia desplegadas el 6 y el 7 de noviembre de 1985. 

De acuerdo con la resolución, Arias Cabrales no suministró información que permitiera establecer el paradero de sus víctimas, ni los restos de aquellas que han sido entregadas por las autoridades de manera parcial a sus familiares. Adicionalmente, no profundizó en las circunstancias en las que se dio la vulneración de los derechos humanos por las acciones de los miembros de la fuerza pública que comandó en la operación de retoma del Palacio de Justicia. 

Asimismo, la sala concluyó que Arias Cabrales tampoco detalló cómo fueron caracterizadas las víctimas, las razones para señalarlas como sospechosas, los traslados efectuados a otras instalaciones civiles y militares, la forma como fueron segregados los trabajadores de la cafetería del Palacio de Justicia y la razón de que no hubiese sobrevivientes de este recinto, como sí sucedió con los demás trabajadores y visitantes de otras dependencias del Palacio de  Justicia.
 Tras escuchar en audiencia al compareciente, las víctimas acreditadas que participaron en la diligencia pidieron la expulsión de Arias Cabrales de la JEP, al igual el Ministerio Público. Para este, que solicitó la revocatoria de la aceptación del sometimiento del general (r) Arias Cabrales, era “clara y evidente falta de compromiso con los fines del Sistema Integral de Paz y, en particular, con los derechos de las víctimas a conocer la verdad”. 
 Finalmente, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP advirtió que el escenario transicional que representaba la audiencia única de verdad en la Jurisdicción demandaba que el compareciente fuera coherente con su situación jurídica como condenado. Sin embargo, el general (r) Arias Cabrales no tuvo disposición de aportar verdad plena, exhaustiva y detallada, pilares fundamentales de la JEP, lo que configura una manifiesta y grave vulneración al régimen de condicionalidad.