Mostrando entradas con la etiqueta Ceballos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Ceballos. Mostrar todas las entradas

lunes, 21 de mayo de 2018

Ante denuncias Ceballos pide réplica

Ante las denuncias por el escándalo de corrupción que ha sacudido a Corpourabá, su ex director general Gabriel Ceballos a pedido respetuosamente una réplica, la cual publicamos en aras a la responsabilidad periodística, pero sobre todo para que los lectores puedan sacar sus propias conclusiones.

Gabriel Ceballos-exdirector  de Corpourabá

Medellín, Mayo 11 de 2018 

Señor 

Wilmar Jaramillo Velásquez 

Periódico EL PREGONERO del Darién 

Apartadó. 

Respetuoso saludo: 

Ante la publicación que se hiciese en EL PREGONERO del Darién, con el título: “Gabriel Ceballos a juicio fiscal”, seguida de la expresión “Lentamente se comienza a aplicar justicia por el saqueo que varios funcionarios hicieron a Corpourabá, la Contraloría actúa al igual que la Fiscalía General de la Nación.”, me permito respetuosamente, en uso del Derecho de Réplica que se impone más que por obligación legal, por ética periodística, objetividad, imparcialidad y equilibrio informativos, pero sobre todo como expresión de periodismo independiente, solicito dar igual difusión a las anotaciones que a continuación presento, permitiendo así que los los lectores en general puedan formarse su propio criterio, a más de permitir la defensa de mi buen nombre y de mis actos o aclarar los hechos. 

Como ha sido evidente, me he mantenido al margen de cualquier publicación a medios, con el fin de respetar la reserva de todas las investigaciones y el buen nombre de las personas. Solo ahora lo hago, en la medida en que los hechos a los cuales aquí me referiré, son los publicados por EL PREGONERO del Darién. 

Como es de conocimiento, actualmente se adelanta un proceso penal por la defraudación a CORPOURABA, y más recientemente la Contraloría General de la República abrió investigación conforme se expone en el artículo de EL PREGONERO. No obstante, al afirmarse que “Lentamente se comienza a aplicar justicia por el saqueo que varios funcionarios hicieron a Corpourabá, la Contraloría actúa al igual que la Fiscalía General de la Nación.”, deja entrever bajo la expresión “varios funcionarios” que en este asunto también estoy comprometido penalmente. Por ello aclaro respetuosa pero enfáticamente, que Gabriel Ceballos Echeverri, identificado con cédula de ciudadanía N° 15.425.128, NO HE SIDO VINCULADO FORMALMENTE AL PROCESO PENAL, por los hechos a los que hace referencia el periódico EL PREGONERO. 

Cabe aclarar también que el conocimiento sobre la defraudación de la cual fue objeto CORPOURABA, no fue resultado de ninguna gestión de auditoría ni de la Contraloría General, ni de ningún ente de control, pues solo se tuvo conocimiento a través de denuncia anónima remitida por correo electrónico a CORPOURABA, a principios del mes de mayo de 2016. 

En el proceso aperturado, la Contraloría General y sobre la forma en la cual se llevó a cabo la defraudación a CORPOURABA durante los períodos relacionados, indica que se hacía mediante transacciones irregulares que eran soportados con facturas y soportes de transacciones válidos, los cuales eran “clonados” y en estos el destinatario de la transacción era alguien diferente al contratista o empleado. Adicionalmente, estos pagos se hacían no por el sistema SIIF, administrado por Minhacienda, sino a través de los sistemas de información propios de CORPOURABA, “fácilmente manipulables por los responsables de la información financiera, como es la presupuestal, contable y de tesorería”, concluye la CGR. 

Como se verá desde ahora, es evidente que resulta más fácil ser historiador que reconocer las falencias que durante varios años y en todos los niveles de control se presentaron y que como se evidenciará, no operaron, incluyendo los controles adicionales dispuestos para las Corporaciones Autónomas Regionales – CARs, como es CORPOURABA, controles que son adicionales y que no existen incluso en la gran mayoría de entidades estatales, los cuales someramente relaciono: 

1.- Auditorías de la Contraloría General de la República: Esta entidad es el máximo organismo de control fiscal del Estado y tiene a su cargo la función pública del control y vigilancia a la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación; Incluye el control financiero, de gestión y de resultados, para determinar la idoneidad en el cumplimiento de las funciones. En particular debe dar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros o evidencias de detrimento fiscal y evaluar la gestión a partir de la contratación, la programación y ejecución presupuestal, y como ha dicho la Corte Constitucional, Sentencia C-840/01 tiene una actividad retroalimentadora de la Administración. 

¿Cómo se explica entonces que las Auditorías regulares de la CGR, efectuadas por equipos especializados en áreas Contables, Financieras y administrativas, con dedicación casi que exclusiva al sector público, nunca antes alertaran sobre las posibles fallas en la contabilidad y Área Financiera de CORPOURABA y por ende nunca generaron estos hallazgos fiscales? Por qué la CGR durante todos los años señalados, expresó siempre una opinión razonable y concepto satisfactorio, lo que se traduce como “fenecimiento” de la cuenta, sobre la gestión fiscal de CORPOURABA? Por qué nunca se presentaron las alertas ni hallazgos fiscales específicamente sobre los hechos de defraudación?. Lo anterior para concluir lo que hoy es evidente y es que la defraudación se debió … ”por deficiencias de control y seguimiento al proceso financiero…” pero sin reconocer que también y seguramente por deficiencias, omisiones y falta de eficacia del proceso auditor de la misma CGR. 

2.- Revisoría Fiscal: Es una figura atípica dentro del Sector Público, casi exclusiva de las CARs, cuya competencia para su designación está en cabeza de la Asamblea General Corporativa, quien tiene la facultad de “Conocer y aprobar las cuentas de resultados de cada período anual”; El revisor fiscal debe ser contador público y emitir los dictámenes e informes que el Código de Comercio establece. Entre sus funciones están las de velar porque la contabilidad se lleve regularmente, las medidas de conservación o seguridad y el control permanente sobre los bienes y valores de la Corporación y Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente; 

La revisoría fiscal por definición es un “órgano de control permanente que suministra seguridad razonable” y debe dar fe pública, lo cual significa que con su firma hace presumir legalmente que los actos se ajustan a los requisitos legales. La revisoría es independiente y todos los bienes sin reserva alguna son objeto de fiscalización. 

De modo que estas funciones o no se cumplieron o nunca fueron efectivos, pues nunca se emitieron alertas y nunca se adoptaron medidas específicas tendientes a evitar los hechos de la defraudación; tampoco nunca sus conceptos fueron objeto de concepto negativo u observaciones por la Contraloría General ni por el nominador, la Asamblea Corporativa; 

3.- Control Interno: Las CARs, como CORPOURABA, tienen un Sistema de Control Interno; Es una de las funciones de la Contraloría General, D-267-009, “9.- Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del Control Interno. En el caso particular, ni el Sistema de Control Interno ni en las evaluaciones que hace la CGR de este Sistema, se detectó falla alguna en la gestión del Área Financiera (Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, Almacén) y nunca evidenciaron falencias o desvíos. Tampoco en las auditorías y arqueos, nunca se hizo observación o recomendación específica sobre los hechos de la defraudación; 

4.- Consejo Directivo: Es el órgano de administración de la Corporación y debe determinar la estructura interna de la Corporación y asignarles responsabilidades, aprobar el plan general de actividades y el presupuesto anual de inversiones. 

Es muy probable que para cumplir las exigencias sobre reducción de costos y eficiencia administrativa, la unificación de las áreas Jurídica, Administrativa y Financiera en una sola Subdirección Jurídica – Administrativa, haya debilitado control en el área financiera y contable, teóricamente ante la existencia de los controles específicos y permanentes ya relacionados, como la Revisoría fiscal, la auditoría de la CGR y el Control Interno, a más del Sistema de Gestión de Calidad... ¿Cuanto pesó esta decisión en la defraudación de la que fue objeto CORPOURABA, es una respuestas que costo - beneficio hoy se hace evidente… 

5.- Asamblea Corporativa: Es el principal órgano de dirección de la Corporación, integrada por los Alcaldes de su jurisdicción. En ninguno de los años en que se cometió la defraudación a CORPOURABA, fueron objetados por la Asamblea General, los informes que siempre presentó la Revisoría Fiscal. 

6.- Los Bancos: Al conocer ahora el método utilizado para cometer la defraudación, cabe preguntar: ¿Cómo admiten los Bancos que grandes sumas de dineros de CORPOURABA hayan ido a parar a cuentas personales de los funcionarios y familiares de los funcionarios comprometidos en el proceso penal, en volúmenes tan altos, sin que se produjese ninguna advertencia de la entidad bancaria? ¿Acaso No hay auditorías, controles cruzados y toda una información con las que cuentan estas entidades, para coadyuvar en el control y el manejo financiero de las entidades públicas y del mismo banco? 

Es evidente, el conocimiento directo que tiene la entidad bancaria de quienes son los funcionarios de CORPOURABA y en particular los que ejercían como Contador, Jefe de Presupuesto y Tesorera y los mismos familiares de esta. 
7.- Demás funcionarios del área. Me refiero a los funcionarios que han permanecido cotidianamente en el área financiera durante largo tiempo. ¿Por qué nunca evidenciaron la defraudación o nunca lo dijeron a pesar de tener el perfil profesionales, tratarse de una defraudación que se gestó y ejecutó durante muchos años y comprometer altas sumas de dinero?; 
8.- Sistema de Gestión de Calidad. CORPOURABA cuenta con profesionales con formación especializada, comprometidos con los procesos de Acreditación y Certificación de Calidad. En ninguna de las Auditorías internas ni Externas de los entes Acreditadores, hubo observación o mención de falencias o deficiencias en los procedimientos y sistemas de gestión, que generaran inseguridad y apertura de posibilidades para estas defraudaciones… 
9.- Otras medidas: Auditoría Forense. Como Director General pensé contratar en su momento una Auditoría Forense, a lo cual no me atreví, porque cual sería la justificación para pagar una auditoría más, un control adicional, a sabiendas de disponer de los Controles y Auditorías Especializadas por parte de la CGR, la Revisoría Fiscal, el Sistema de Control Interno, el Sistema de Gestión de Calidad, los Controles por los Órganos de Administración y Dirección de CORPOURABA. Es lógico concluir, que de haber contratado dicha Auditoría Forense, me hubiese acarreado una investigación más, por contratar la prestación de servicios que como hemos visto estaban dispuestos y “teóricamente” se estaban prestando. 
10.- MEDIDAS ADOPTADAS: En NINGUNA de las transacciones mediante las cuales se cometió la defraudación a CORPOURABA, fue utilizado el Token que estaba en mi poder, el mismo que fue recibido por la doctora Vanessa Paredes, actual Directora General, al momento de hacer entrega del cargo. 
Se echa infortunadamente de menos una posición conforme la cual la Contraloría General, omite la vinculación de todos los entes y órganos arriba relacionados, a pesar de la evidencia del alcance de sus obligaciones y responsabilidades misionales, vinculando exclusivamente a quienes ya confesaron la comisión del delito y a mi persona. Visto así, se hace evidente la falta de visión y comprensión del problema y el asumir eventuales co - responsabilidades. 

Finalmente, llamo a toda aquella persona que tenga pruebas en mi contra, para que haga las denuncias ante los organismos competentes, sin escudarse en afirmaciones vagas y generales a través de las redes sociales. 

Respetuosamente, 

Gabriel Ceballos Echeverri 

jueves, 24 de noviembre de 2016

Así se robaron $2 mil millones en Corpourabá

El gobernador de Antioquia le pidió al ministro de Ambiente que hiciera algo para acabar con la corrupción en la CAR de Urabá. Semana.com revela cómo funcionó el desfalco.

Gabriel Ceballos Echeverri- exdirector  de Corpourabá

Desde las elecciones para la dirección de la Corporación Autónoma de Urabá (Corpourabá), que en ese momento era presidida por Gabriel Ceballos, quien llevaba tres periodos en el cargo, de que la corrupción se campeaba en la CAR regional. En su momento, se denunciaron contratos por transporte de madera que no se condecían con trayectos, es ahora el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien le ha pedido al ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo Urrutia, que tome cartas en el asunto.

Hace una semana, Pérez Gutiérrez, le dijo al ministro que desde hace varios meses la Corporación ha estado “sometida al abuso de funcionarios que la venían saqueando y que todavía no han sido castigados con el rigor de la ley. Desde enero de 2013 a junio de 2016, trasladaron a sus cuentas personales dineros públicos de la Corporación y se lograron hurtar más de 2 mil millones de pesos”. 

La carta fue un acto de desespero por parte del gobernador, pues en allí denuncia que ni la Fiscalía ni ninguno de los entes de control, encargados de vigilar el proceder los funcionarios públicos y de la destinación de los dineros que administran, se han pronunciado sobre estos problemas de vicio: “Hasta ahora ni la Fiscalía, ni los organismos de control se han pronunciado sobre tan odioso acto de saqueo al dinero público”

Semana.com conoció el caso, que empezó con una denuncia anónima, vía correo electrónico, que recibió la directora General de Corpourabá, Vanessa Paredes Zúñiga, el 2 de mayo de 2016, en el que se ponía en alerta de presuntos malos manejos en el área de Tesorería y que tenían que ver con transferencias de pagos a personas sin relación contractual con la CAR y que parecía apoyado por otros funcionarios. 

Vanessa Paredes Zúñiga- actual directora de
 la Corporación y quien denunció los hechos

El 3 de mayo Control Interno, Revisoría Fiscal y Control Interno Disciplinario empezaron un análisis de información, para el que tomaron como muestra 67 pagos realizados desde 2013 y hasta 2015, y con ellos cruzaron información suministrada por Tesorería, Presupuesto y Contabilidad, sin embargo no se encontraron anomalías.

Las irregularidades salieron después de que uno de los bancos que tiene convenio con Corpourabá entregara un informe sobre traslados efectuados sin los soportes correspondientes a personas externas de la entidad. Lo que llamó la atención de quienes llevaban la investigación interna, fue que en el informe bancario estaban los nombres de quienes aparecían en la denuncia anónima, entre los que estaban cuatro funcionarios: la tesorera Aracelly Alzate Aristizábal, funcionaria de libre nombramiento y remoción, y los funcionarios de carrera administrativa, Diana Cristina Pineda Valderrama, jefe de presupuesto; Ameth Ríos Linares, contador, y Farios del Carmen Vergara, secretaria del área financiera.

Con dicha información, Control Interno presentó denuncias a Fiscalía — radicado No 20160370530632—, Contraloría General de la República y Procuraduría— radicados con números 2969, 2164, 2970—, con pruebas sobre traslados que se realizaron de forma irregular por valor de $2.095.824.725, entre el primero de enero de 2013 y el 15 junio de 2016.

Una de las razones por las que se pudo realizar el supuesto robo, es que la Corporación no contaba con los protocolos necesarios para las transacciones, pues no era necesaria ninguna autorización, por lo que la nueva administración adoptó nuevas normas, como la utilización de dos token —dispositivos electrónicos para usuarios autorizados en el manejo del dinero de la CAR—, triple firma para el manejo de las cuentas y modificación de las forma de pagos a través de las sucursales virtuales de cada entidad financiera, usando doble clave y dos token de seguridad. 

Los funcionarios de carrera investigados han sido suspendidos de sus cargos, y la empleada de libre nombramiento y remoción fue destituida de su labor, hechos por los cuales demandaron a la CAR y que falló en favor de la misma. Pese a las contundentes pruebas que hay en el caso, las autoridades no se han pronunciado sobre el caso y hasta el mimo gobernador de Antioquia le pidió al Ministerio de Ambiente que interviniera, sin embargo no se ha conocido respuesta. 


Así se robaron $2 mil millones en Corpourabá Foto: Fotomontaje SEMANA

Publicación de la Revista Semana-11-24-subida a las 00-25-am