martes, 17 de diciembre de 2019

Al oído de los nuevos alcaldes

Editorial-diciembre :
Los alcaldes que asumen el nuevo periodo constitucional, tienen que tener total independencia en la toma de decisiones y no convertirse en simples firmones o monicongos de sus patrocinadores. 
Wilmar Jaramillo Velásquez- Director-
EL PREGONERO DEL DARIÉN


Poco a poco ha ido haciendo carrera un modelo funesto de gobierno, y es que los patrocinadores de los alcaldes, los aportantes que llaman otros, han asumido tal poder en la administración pública, que se dan el lujo de nombrar los secretarios de despacho claves para fortalecer sus negocios y dichos funcionarios llegan a tener más poder que los mismos alcaldes, cuando no es que los mismos mandatarios venden por dinero contante y sonante las secretarias más importantes, y terminan convertidos en simples firmones o marionetas que los mueven como se les da la gana. 

Por eso reviste tanta importancia la captura del alcalde de Murindó, Jorge Eliécer Maturana,  y los tropiezos jurídicos en los  que se ha visto envuelto  el saliente mandatario de Chigorodó Daniel Álvarez Sossa, por que se convierte en un severo y contundente mensaje de la Fiscalía General de la Nación para los alcaldes que asumen funciones este primero de enero; para que sepan que no solamente tienen los ojos fiscalizadores de la comunidad, de la oposición, sino los ojos de los investigadores, para que entiendan de una vez por todas, que no tienen vía libre para abusar de su poder, ni mucho menos para enriquecerse a costa de los dineros públicos. 

Si las fuentes judiciales no fallan con la información, hay otros  alcaldes de Urabá en la mira de la Fiscalía, además de varios funcionarios con el rango de secretarios de despacho, listos para ser llamados a rendir cuentas a la justicia es muy probable que la vacancia judicial de fin de año, les haya dado una breve tregua, pero los procesos se reiniciarán el próximo año. 

Los alcaldes deben comenzar por cuidar su libertad, su reputación y su familia, antes de tomar decisiones equivocada, que luego tendrán que lamentar, se deben rodear de un equipo jurídico, serio, responsable, que estudie y analice juiciosamente las acciones de gobierno a tomar. 

No olvidemos que un 80% de los ex alcaldes en Colombia, terminan investigados por los entes de control y el 25% presos. 

La sociedad moderna, con los mecanismos de comunicación existentes, el despertar de la ciudadanía, frente a temas tan álgidos cono la corrupción, han ido cerrando el cerco a las viejas mañanas que históricamente han secuestrado el ejercicio político en favor de unos pequeños grupos mafiosos. 

Los alcaldes no deben dudar en destituir y o declarar insubsistentes a sus funcionarios ante el menor asomo de vínculos con el delito, y no convertirse en su cómplice, blindándolos y protegiéndoles con grandes costos políticos y de gobernabilidad. Tampoco puede imperar el amiguismo, hay que se drásticos y autónomos, ustedes han sido nombrados gerentes de sus respectivos municipios, la más alta dignidad que un pueblo le puede dar a un ciudadano. 

La actividad política es compleja, a veces desagradecida, difícil, el estado lo han armado unos tecnócratas, prácticamente para que no funcione, la maraña de trámites y requisitos para ejecutar un proyecto, para una simple orden de compras, la contratación en sí, es una trampa permanente en la que caen la mayoría de los gobernantes. 

Así que mucha serenidad, mucha responsabilidad, señores mandatarios, primero la libertad, no se conviertan en firmones ni en esclavos del poder, recuerden es efímero y que en cuatro años vuelven a su condición normal de ciudadanos del común y que la privación de la libertad es terrible. Salud, buen viento y buena mar. 

lunes, 16 de diciembre de 2019

Alcalde de Chigorodó de nuevo en su despacho

EL PREGONERO DEL DARIÉN constató de fuente judicial, el mandatario de este municipio, Daniel Álvarez Sossa, se presentó ante la autoridad que lo requería.

Daniel Álvarez Sossa- alcalde de 
Chigorodó- de nuevo en sus funciones

Este medio informativo puso confirmar  que el  alcalde de Chigordó, Daniel Álvarez Sossa,  se presentó a ante la Fiscalía que lo  requería por presuntos  actos de corrupción en su gobierno y tras ser escuchado, responder los interrogantes  del ente acusador, fue dejado en libertad y reasumió sus funciones.
La Fiscalía investiga la ejecución de un contrato de transporte escolar en el que ha encontrado posibles irregularidades  que son investigadas.
La noticia  fue bien recibida  en este municipio, sumido en serias dificultades como la acumulación  de basuras  en sus calles, justamente en temporada navideña ,lo  que ha motivado la inconformidad  de la ciudadanía, además de tropiezos administrativos de   otros ordenes.
Se  cree  que  con la llegada  del alcalde, tome nuevamente las riendas del poder en estas  dos semanas  que restan de su gobierno.

Comunidad de bienes en la unión marital de hecho

Sincero agradecimiento al periódico “EL PREGONERO DEL DARIÉN”, a su Director, señor Wilmar Jaramillo Velásquez, por permitirnos hacer parte del grupo de colaboradores durante este año que termina, y a los lectores por acogernos. Felices fiestas, paz y prosperidad en 2020. 





Por: Adriana Jiménez Cifuentes- Columnista 
EL PREGONERO DEL DARIÈN 
E-mail: derechosocialregional@gmail.com 

Al igual que en el matrimonio, en la unión marital de hecho es posible la conformación de una comunidad de bienes entre compañeros permanentes. Se denominan compañeros permanentes a los miembros de la pareja que integran la unión marital de hecho. Según el artículo 3 de la Ley 54 de 1990 hacen parte de la sociedad patrimonial, los bienes que integran el patrimonio o capital producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos adquiridos por la pareja en el marco de la unión marital de hecho; haciendo la aclaración en el parágrafo del citado artículo, que no formarán parte del haber de la sociedad, los bienes adquiridos en virtud de donación, herencia o legado, ni los que se hubieren adquirido antes de iniciar la unión marital de hecho, pero sí serán parte de la sociedad, los réditos, rentas, frutos o mayor valor que produzcan estos bienes durante la unión marital de hecho. 


A diferencia de la sociedad conyugal, la cual nace por el solo hecho del matrimonio, la sociedad patrimonial no nace con la declaración de existencia de la unión marital de hecho; señala el artículo 2 de la Ley 54 de 1990 modificado por la Ley 979 de 2005, que se presume la existencia de sociedad patrimonial y hay lugar a declararla judicialmente, cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años entre un hombre y una mujer sin impedimento para contraer matrimonio, o si habiendo impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o ambos compañeros, la sociedad o sociedades conyugales se encuentran disueltas.

 Cabe anotar que la sociedad conyugal nacida del matrimonio, se disuelve por divorcio, por la separación de bienes o de cuerpos, por la muerte de uno de los cónyuges, por la nulidad del matrimonio, y por mutuo acuerdo. De este último requisito es pertinente establecer la diferencia entre disolución y liquidación, lo cual en concepto de la Corte Constitucional en Sentencia C-700 de 2013, “disolver” consiste en terminar la relación jurídica de la comunidad de bienes, y “liquidar” se refiere a cuantificar la masa de bienes y distribuirla entre los cónyuges. Así pues, que cuando la norma dispone como requisito para que se presuma la existencia de la sociedad patrimonial, que la sociedad o sociedades conyugales de los compañeros permanentes casados con terceras personas estén disueltas, excluye la obligatoriedad de que aquella o aquellas estén liquidadas.

domingo, 8 de diciembre de 2019

Exigen libertad de victimas del despojo

Piden investigar juez, fiscal y abogados que se han prestado para cometer estas aberraciones en contra de las víctimas. 

En los actos se hizo presente, la señora Ángela
 Salazar, integrante de la Comisión de la verdad

Apartadó-diciembre de 2019- Información institucional-Las organizaciones abajo firmantes repudiamos la decisión del Juez Promiscuo Municipal de Apartadó Eifer Augusto Zuluaga, de privar de la libertad a las lideresas y líderes Sandra Medrano, Rosember Ibañez, Freddy Correa, Saulo David, Tito David Gómez, Omar Quintana, Víctor Manuel Correa, Julio Correa y Edilberto Úsuga, quienes junto con sus familias y actuando en derecho han reclamado sus tierras a través de la Ley 1448 de 2011 y Ley 975 de 2005. 

Los despojados de sus tierras habitantes y propietarios tradicionales de la Vereda Guacamayas, Corregimiento de Macondo, del territorio colectivo de La Larga y Tumaradó –COCOLATU-, han sido judicializados por el Fiscal Pascual Argiro Villa Pérez Fiscal 30 Especializado EDA de Antioquia, bajo las falsas imputaciones del delito de desplazamiento forzado y concierto para delinquir invadieron predios como miembros cabecillas de una supuesta banda. 
Pese a la adversidad, los campesinos no se rinden.

La repudiable actuación del Fiscal y el Juez desconoce la Sentencia SU 648 de 2017 emitida por la Corte Constitucional y la providencia de la Corte Suprema de Justicia del 11 de diciembre de 2018, que reconoció a esta comunidad como víctimas, ordenando la restitución de los predios 

El Juez frente a las pocas evidencias presentadas ordena la medida de aseguramiento, a pesar que tres de ellos, tienen más de 70 años y ninguno representan peligro para la sociedad, pues es para toda la región que son personas que viven en su Vereda. 

Sandra Medrano, es madre de dos hijas y cabeza de familia, ha sufrido agresiones en la vereda Guacamayas por parte de los opositores a los procesos de restitución. En junio del 2016, una de estas agresiones la obligó a dormir en la intemperie estando en condiciones de embarazo. 

Así que la medida de aseguramiento es arbitraria, toda vez que los imputados no tienen posibilidad de alterar la investigación, de colocar en riesgo a las presuntas “victimas” y es su interés comparecer al proceso para acreditar su ajenidad con los hechos que se le endilgan. Quienes por las falsas imputaciones han sido privados de la libertad en lo que a todas luces es un contubernio que favorece a empresarios despojadores que gozan desde 1996 de su libertad y del usufructo de la propiedad por la lideresa y los lideres detenidos injustamente.
 

En los mismos actos, las organizaciones firmantes, entregaron el informe sobre el despojo de tierras  en Urabá, a la Comisión de la Verdad, con  presentaciones culturales y actos simbólicos

La Esperanza,  nunca se pierde. Un canto a la vida

Este hecho representa un ataque y venganza contra los campesinos que buscan la restitución de sus predios ordenados por los jueces, magistrados de restitución de tierras y las altas cortes. 

Las actuaciones contra derecho aseguran la impunidad de empresarios, estos si despojadores, luego de planes criminales desatados desde 1996 quienes han usufructuado las tierras de las familias desplazadas desde hace 23 años. El aparato judicial incapaz de sancionar los responsables de más de 20 desplazamientos forzados, y a los empresarios miembros o directivas de la empresa Inmobiliaria e Inversiones ASA S.A. presidida por Humberto Duque, así que estamos ante un contubernio judicial, en el que se ensañan con las víctimas del conflicto armado. 

También retornaron los rostros de la angustia

Los fiscales y Jueces de la región oficiosamente actúan para identificar el plan criminal, archivan las denuncias por amenazas o asesinatos de más de 20 líderes desde el 2008 por reclamar sus tierras. El último asesinato en esta subregión entre Urabá Antioqueño y Choco fue el de Porfirio Jaramillo en enero del 2017, quien vivía a 10 minutos de las fincas de los campesinos de Guacamayas. 

La Fiscalía ha sido ineficaz para investigar a la Inmobiliaria declarada como despojadora por la Corte Constitucional y la Corte suprema de Justicia Sala Penal. 

Estos 9 líderes, junto con más de 500 indígenas, afrocolombianos, afromestizos y campesinos presentaron el 10 de diciembre pasado un informe ante la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-, sin que se haya surtido con celeridad la corroboración de pruebas presentadas sobre la situación de despojo en Urabá y Bajo Atrato desde 1996 hasta 2016, y que se está consolidando con estas decisiones.

Por fortuna los despojados han tenido serio acompañamiento
 de varias organizaciones sociales 

Por estas razones exigimos: 


Al Fiscal General de la Nación (E) para que cese la persecución judicial ilegal contra los 9 líderes y sus comunidades. 

Ordenar la libertad inmediata de los campesinos líderes reclamantes de tierra. 

A la Unidad de Desmonte asumir con prontitud las amenazas y asesinatos de líderes y comunidades que reclaman sus tierras y acudieron a la JEP esperando justicia. 

A la JEP en debido proceso dar la celeridad a las investigaciones priorizando el informe “Van por nuestras tierras a sangre y fuego”. 

La solidaridad ha  sido  de vital importancia.

Al Consejo Superior de la Judicatura tomar las medidas disciplinarias contra los abogados que se han prestado para este montaje judicial, incluyendo al Juez Promiscuo Municipal de Concordia Antioquia Luis Antonio Cepeda Ruiz, que se prestó para emitir las ordenes de captura. 

A la Procuraduría General de la Nación para que designe una Agencia Especial que vigile el proceso judicial que se ha iniciado contra estos líderes. 

A las entidades del Gobierno Nacional y a la judicatura adoptar las medidas necesarias para acelerar los procesos de restitución de tierras de estos campesinos y campesinos ordenados por jueces de restitución de tierras garantizando uso y goce de los mismos. 
Cesar la persecución ilegal contra los campesinos reclamantes de tierras. 

Por desgracia nuevamente los despojados  son revictimizados, 
en esta ocasión por agentes del Estado.

Firmantes:

 

Instituto Popular de Capacitacón -IPC- 

Corporación Jurídica Libertad 

Fundación Forjando Futuros 

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 

Asociación de Reclamantes Tierra y Paz

Concluyó reparación en Pueblo Bello

Fueron más de 6 años de trabajo en el Plan de Reparación Colectiva, proyectado para subsanar los daños ocasionados por el conflicto armado a este emblemático corregimiento de Turbo. 

Con actividades deportivas, concluyeron proceso
 de reparación colectiva e Pueblo Bello- Turbo.

Diciembre de 2019- Información institucional-Con la entrega de la cancha de fútbol, dotaciones deportivas y artísticas, se dio el cierre administrativo del Plan Integral de Reparación Colectiva del corregimiento Pueblo Bello, ubicado en la vía Turbo - San Pedro de Urabá, en Antioquia. 

Este cierre se dio en el marco de la visita que realizó a Urabá el director General de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez. 

Con la firma del acta, se dieron por cumplidas las 17 medidas del plan de reparación que incluía medidas de satisfacción, de rehabilitación y de restitución, y garantías de no repetición, que contribuyeron a la reparación de los daños sufridos por esta comunidad con ocasión del conflicto, en el casco urbano y las nueve veredas del corregimiento, el cual tiene una población aproximada de 5.000 personas. 

La reparación colectiva de Pueblo Bello significó una inversión de $1.858.302.774, que se vio reflejada en el restablecimiento de las actividades productivas y las dinámicas socioeconómicas que se habían visto interrumpidas por el conflicto, y en la implementación de la estrategia psicosocial Entrelazando, que permitió devolver la confianza entre sus pobladores y recuperar el tejido social. 

A los actos, asistió,el director General de la Unidad
 para las Víctimas, Ramón Rodríguez. 

Durante la ejecución de este plan de reparación, la Unidad le entregó a la comunidad un tractor y un camión, los cuales fortalecieron la productividad de la comunidad y sus formas de cooperativismo. 

Asimismo, este proceso vinculó a la niñez y juventud de Pueblo Bello, con la entrega de dotaciones tecnológicas, para las instituciones de las veredas, instrumentos musicales, dotaciones deportivas, artísticas, vinculando a cerca de 500 jóvenes en actividades como el teatro y la música. Hoy, Pueblo Bello cuenta con una banda musical y marcial con el talento de la Corporación Jóvenes con Futuro, que involucra en la actualidad a 80 jóvenes. 

Recuento de los hechos 

Entre el 13 y 14 de enero de 1990, un grupo de aproximadamente 60 hombres fuertemente armados, pertenecientes a una organización paramilitar creada por Fidel Antonio Castaño Gil denominada "Los Tangueros" realizaron un ataque, motivado en el robo de varias cabezas de ganado de propiedad de Castaño, por guerrilleros que posteriormente las transportaron a través de Pueblo Bello. 

Posteriormente, sacaron de sus casas a un número indeterminado de hombres, a quienes llevaron a la plaza del pueblo y lista en mano, escogieron a 43 que fueron amarrados, amordazados y forzados a abordar dos camiones. Al parecer los 43 hombres, entre ellas 3 menores de edad, fueron asesinados el 14 de enero de 1990. 

Camino hacia la reparación 

Dentro de la lista de daños que había dejado el rastro de la violencia en el corregimiento, se podía evidenciar que se causaron afectaciones en la dinámica cultural, comunitaria, en los espacios de encuentro de la población, daños socioculturales, procesos organizativos, económicos, entre otros. 

La Unidad comenzó a realizar los primeros acercamientos en el 2012 y en el 2013 fue incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV), para iniciar con la identificación del daño y demás acciones que permitieron la elaboración, implementación y cumplimiento del plan colectivo. 

Una de las primeras materializaciones del plan, en coordinación con la Gobernación de Antioquia, fue la construcción del Centro Social y Comunitario Remanso de Paz, que la comunidad considera un templo de la memoria donde resguardan los recuerdos de sus seres queridos y el relato de los hechos, para que nunca más se repitan. 

Hoy, Pueblo Bello Brilla con luz propia, atrás quedaron los calificativos derivados del conflicto, y aunque este proceso culmina, los integrantes del comité de impulso aseguran que continuarán fortaleciendo lo que han logrado a través de la reparación colectiva, como el reconocimiento y apoyo de organizaciones internacionales y entidades del sistema. 

“La implementación se dio acorde con lo que solicitamos, con lo que trabajamos por largo rato, ante todo en la construcción y generación de empresa, porque nos permitieron hacer cambios en el camino, cambios que fueron muy positivos, nosotros como líderes sabemos que hay medidas que siguen y se deben completar, que no le competen directamente a la Unidad, como las vías, el acueducto, que son responsabilidad de los gobiernos departamental y nacional”, expresó Ramón García, integrante del comité de impulso de Pueblo Bello. 

El gobierno nacional se ha comprometido con estas comunidades,
 para  que estos hechos de violencia no se vuelvan a repetir.

Más acompañamiento 


De otro lado, en Turbo son 64 Esquemas Especiales de Acompañamiento Familiar, a través de los cuales se han venido fortaleciendo iniciativas para la generación de ingresos, con población desplazada previamente focalizada, que venía siendo acompañada y atendida después de un proceso de caracterización, dentro del protocolo de retornos y reubicaciones de la Unidad para las Víctimas en Urabá Darién. 

En este Distrito Especial Oortuario de Turbo se hará entrega de 64 Esquemas Especiales Familiares, por parte de la Unidad para las Víctimas, representados en activos e insumos para las Víctimas afectadas por el desplazamiento, en el marco de la ruta de retornos y reubicaciones. 

Dentro de los elementos que recibirán estas familias para fortalecer sus iniciativas productivas, se incluyen Kits de panadería, cafetería, restaurante, insumos y dotaciones para tienda, miscelánea, belleza, confecciones, semovientes, entre otros activos cuya inversión es de $160 millones, recursos que les permitirá a estas familias estabilidad económica y un medio de ingreso sostenible en el tiempo. 

Además de los insumos, los beneficiados de estos Esquemas Especiales Familiares recibieron acompañamiento y orientación con el objetivo de fortalecer sus capacidades de emprendimiento y el aporte personal en torno a cuatro pilares amor, gratitud, el perdón y la familia. 

En la territorial Urabá Darién continuará la entrega e implementación de 229 esquemas familiares, un proceso que se ha venido desarrollando con población retornada o reubicada, focalizada en la ruta de retornos y reubicaciones en los municipios de Apartadó, Carepa, Necoclí, Chigorodó, Mutatá, San Pedro de Urabá y Turbo. 

Las dotaciones incluyen: Kits de panadería, cafetería, restaurante, insumos y 
dotaciones para tienda, miscelánea, belleza, confecciones, 
semovientes, entre otros activos cuya inversión es de $160 millones,

viernes, 29 de noviembre de 2019

Ex FARC trabajan enfoque de género

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en alianza con el British Council, implementó en este municipio una estrategia para promover acciones comunitarias con enfoque de género y de derechos para las mujeres excombatientes y las habitantes de la comunidad.

Desde el mes de julio, el Comité de Mujer y Género Ambientalista para la construcción de la paz y la reconciliación de la vereda San José de León, en el municipio de Mutatá, participó en este proyecto comunitario con enfoque de género. (Foto: Comunicaciones ARN)

Mutatá, Antioquia, noviembre de 2019- Información institucional-La vereda San José de León, en el municipio de Mutatá (Antioquia), fue uno de los escenarios en los que se implementó el proceso ‘Acciones comunitarias con enfoque de género y derechos de las mujeres’, en el que participaron 32 personas, mujeres, hombres y jóvenes, exintegrantes de Farc-Ep y personas de la comunidad, algunas de las cuales integran el Comité de Mujer y Género Ambientalista para la construcción de paz y la reconciliación. 

Las mujeres participaron de un proceso formativo durante cinco meses, en jornadas continuas de tres días, en las que conocieron sobre derechos de las mujeres, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos, crearon una agenda de trabajo y formularon un proyecto comunitario. Además, realizaron dos jornadas de sensibilización sobre los conocimientos adquiridos a través del teatro y juegos mixtos a las comunidades de Caucheras, Guapá, Chadó y el mismo San José de León.
“Para nosotras, este proceso significó mucho porque como parte de este proyecto comunitario vamos a avanzar en la construcción de la Casa de la Mujer, con el apoyo de la ARN y el British Council. Este era uno de los sueños que teníamos en el Comité de Mujeres, lo teníamos para realizar y no sabíamos cuándo; es una felicidad muy grande porque nos va a servir para seguir saliendo adelante, tanto los hombres como mujeres de la vereda y comunidades aledañas”, expresó María Noralba Quiroz, excombatiente y líder del Comité. 

Por su parte, la coordinadora de la ARN en Urabá, Carolina Rodríguez, expresó que fortalecer las capacidades de las mujeres excombatientes es un avance importante en la reincorporación: “sumar conocimientos y herramientas en temas de género y liderazgo les permite ejercer una verdadera ciudadanía activa para la construcción de proyectos personales, familiares y comunitarios”.
Esta estrategia, orientada al fortalecimiento de la ciudadanía activa de las mujeres, es una de las acciones que se realizan en el marco del compromiso del Gobierno colombiano con el proceso de reincorporación de las y los exintegrantes de las Farc-Ep. Fue liderada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y diseñada atendiendo orientaciones de la Mesa Técnica de Género del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). 

En el desarrollo de este proceso, se sumó el British Council como un importante aliado que aportó su experiencia internacional y local en el fortalecimiento de la ciudadanía activa de diferentes poblaciones a través del programa Active Citizens, el cual complementa la experiencia de la ARN en procesos de reincorporación comunitaria y fortalece la contribución de este organismo internacional del Reino Unido en la construcción de paz en Colombia. 

Según el Registro Nacional de Reincorporación, 25% de los exintegrantes de las Farc-Ep en proceso de reincorporación, son mujeres (2.608). Este proceso benefició a más 300 participantes, entre exintegrantes de las Farc-Ep y mujeres de las comunidades.

jueves, 28 de noviembre de 2019

Destituyen guarda de tránsito de Apartadó

La Procuraduría ha comenzado a desempolvar varios procesos que se ventilan esta dependencia del Ministerio Público y en las últimas horas se conoció la destitución de una funcionaria de tránsito y el llamado a juicio de la señora Sara Moreno, Ex alcaldesa encargada de esta localidad, por presunta violación a la ley 80, o de contratación, como se le conoce a esta norma.

Nayibe Lozano Mosquera 

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años a la agente de tránsito de Apartadó, Antioquia, Nayibe Lozano Mosquera, por abuso del cargo para beneficio propio. 

La Procuraduría Provincial de Apartadó comprobó que Lozano Mosquera utilizó su cargo para exigir dinero a una ciudadana, a cambio de no sancionarla por infracción a una norma de tránsito, que le habría generado la inmovilización de una moto y la imposición del correspondiente comparendo. 

El ente de control calificó la falta de la funcionaria como gravísima a título de dolo, por desarrollar una conducta tipificada en el artículo 40 del Código Penal como concusión, y señalada en el artículo 48 numeral 1 del Código Único Disciplinario. 

Contra la presente decisión la disciplinada y su apoderado presentaron recurso de apelación que será resuelto por la Procuraduría Regional de Antioquia.